CC - C776-2006

Sentencia C-776/06

INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR

INEPTITUD SUSTANTIVA DE DEMANDA-Ausencia de cargos

Referencia: expediente D-6228

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 24 (parcial), 26 (parcial), 27 (parcial) y 28 (parcial) de la Ley 812 de 2003

Demandantes: Eberto Enrique Díaz

Montes, Roberto Castro Barrios y Manuel Castillo Vásquez

Magistrado Ponente:

Dr. NILSON PINILLA PINILLA

Bogotá, D. C., trece (13) de septiembre de dos mil seis (2006). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

S E N T E N C I A

I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos Eberto Enrique Díaz Montes, Roberto Castro Barrios y Manuel Castillo Vásquez presentaron demanda contra los artículos 24 (parcial), 26 (parcial), 27 (parcial) y 28 (parcial) de la Ley 812 de 2003, por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006 “Hacia un Estado Comunitario”.

Por no haber la mayoría impartido aprobación al proyecto presentado por el ponente inicial, Magistrado Jaime Araujo Rentería, el expediente fue asignado al despacho del Magistrado que sigue en turno en orden alfabético. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la

demanda de la referencia.

II. NORMAS DEMANDADAS A continuación se transcriben las disposiciones demandadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 45.231 de 27 de junio de 2003 y se subraya lo acusado como inconstitucional: LEY 812 DE 2003 (27 de Junio) Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, Hacia un

Estado Comunitario

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA: (…) ARTÍCULO 24. SUBSIDIO INTEGRAL. Modifícase el artículo 20 de la Ley 160 de 1994 el cual quedará así: “Establécese un subsidio integral que se otorgará por una sola vez, para el desarrollo de proyectos productivos en sistemas de producción de carácter empresarial, con principios de competitividad, equidad y sostenibilidad, que integre a pequeños y medianos productores beneficiarios de los Programas de Reforma Agraria, ubicados en los sectores geográficos definidos de acuerdo con los criterios del artículo anterior.

El monto del subsidio incluye el valor de la tierra y las inversiones complementarias, tales como: Capital fijo, adecuación predial, capacitación y asistencia técnica y comercialización, determinadas en el proyecto productivo y se otorgará por una sola vez al sujeto de Reforma Agraria, con arreglo a las políticas que señale el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a los criterios de elegibilidad que determine la Junta Directiva del INCORA o quien haga sus veces, y en las zonas definidas en el proceso de planeación de la Reforma Agraria.

Las fuentes de financiación de este subsidio se obtendrán del presupuesto nacional, de recursos de cooperación internacional, donaciones directas y la participación del sector privado”. (…) ARTÍCULO 26. CONDICIONES DEL SUBSIDIO INTEGRAL. Modifícase el artículo 22 de la Ley 160 de 1994, el cual quedará así: “El otorgamiento del subsidio integral se hará efectivo siempre que el proyecto productivo presente condiciones de viabilidad técnica, económica y social que garanticen su competitividad, equidad y sostenibilidad, condiciones que serán evaluadas y certificadas por el INCORA o quien haga sus veces, y de conformidad con la disponibilidad presupuestal. Para garantizar el destino y la eficiencia de la inversión pública, los beneficiarios del subsidio deberán suscribir un contrato de operación y funcionamiento en el cual se determinen sus compromisos y responsabilidades, durante un período no inferior al definido en el proyecto productivo y en ningún caso menor a cinco (5) años. El incumplimiento del contrato generará el retiro inmediato del subsidio y la pérdida de sus derechos patrimoniales generados dentro del proyecto productivo. El monto del subsidio integral para comprar tierra podrá ser del ciento por ciento del valor del predio.” ARTÍCULO 27. CONTRATO DE ASIGNACIÓN O TENENCIA PROVISIONAL. En las zonas definidas en el proceso de planeación de la Reforma Agraria, las tierras adquiridas o expropiadas por el INCORA o quien haga sus veces, podrán entregarse a los beneficiarios mediante contrato de asignación o tenencia provisional hasta por un término de cinco (5) años, previa definición del proyecto productivo a desarrollar, a cuya finalización el

Instituto procederá a transferirles su dominio, siempre que acrediten haber establecido en ellas empresas agropecuarias competitivas y sostenibles. Durante la vigencia del contrato, los beneficiarios recibirán exclusivamente el subsidio referente a las inversiones complementarias, tales como: Capital fijo, adecuación predial, capacitación y asistencia técnica y comercialización, determinadas en el proyecto productivo y se otorgará por una sola vez al sujeto de Reforma Agraria, con arreglo a las políticas que señale el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a los criterios de elegibilidad que determine la Junta Directiva del INCORA o quien haga sus veces. Si durante el término del contrato el beneficiario incumple las obligaciones a su cargo, el INCORA o quien haga sus veces, mediante acto administrativo debidamente motivado determinará su exclusión de la empresa agropecuaria, seleccionando en el mismo acto nuevo beneficiario, quien aportará solidariamente el monto de la inversión realizada por el beneficiario incumplido. ARTÍCULO 28. OTRAS FORMAS DE ACCESO A LA TIERRA. El INCORA, o quien haga sus veces, promoverá otras formas de acceso a la tierra, con el fin de ampliar el acceso de los campesinos a su uso y explotación, para lo cual deberá propender a:

1. Vincular propiedades del Estado en cualquiera de los niveles, mediante contratos de comodato o arrendamiento en función de proyectos productivos de empresas pequeñas o medianas.

2. Recuperar tierra abandonada de la reforma agraria, para el negocio agropecuario con opción de readjudicación a nuevos productores o desplazados.

3. Utilizar tierras recibidas por el Estado a cualquier título o por cualquier

procedimiento.

4. Arrendar predios, por el tiempo de duración de los proyectos productivos, o el leasing con opción de compra.

5. Constituir sociedades de riesgos compartidos, con base en contratos claros en distribución de utilidades.

6. Vincular tierras adquiridas por el Estado para Reforma Agraria, contratando sus adecuaciones y desarrollo con una empresa ejecutora para ser administrados una vez logrado el punto de equilibrio de los proyectos. Los productores que reciben la tierra se vinculan desde el principio con la mano de obra por jornal, y generan un fondo de ahorro para la compra posterior de la tierra y su explotación, según parámetros de Reforma Agraria.

7. Promover contratos de comodato gratuito entre particulares, cuya celebración también dará derecho al subsidio para el proyecto productivo.

Todas las opciones anteriores se sujetarán a las disponibilidades presupuestales.

III. LA DEMANDA Los demandantes consideran violados los artículos 2, 11, 13, 25 y 64 de la Constituci ón Pol ítica, con base en los siguientes argumentos: Afirman que el Plan Nacional de Desarrollo contiene disposiciones que violan preceptos constitucionales y desconocen normas contenidas en tratados de derechos humanos ratificados por Colombia en razón de que: i) los artículos 24 y 26 de la Ley 812 de 2003, que regulan la adquisición del subsidio integral para proyectos productivos, condicionaron el otorgamiento del subsidio a los sistemas de producción de carácter empresarial con principios de competitividad; ii) el artículo 27 establece que el contrato de asignación de tierras estará sujeto a que los beneficiarios acrediten haber establecido

empresas agropecuarias competitivas y sostenibles, y iii) el artículo 28 autoriza al INCORA o a la entidad que haga sus veces para que adjudique tierras, incluidas aquellas abandonadas por la población desplazada por la violencia. Sostienen que las normas demandadas desconocen los principios del Estado Social de Derecho establecidos en el artículo 2º superior, como son el servicio a la comunidad, la prosperidad general y la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constituci ón; violan el derecho a la igualdad de los trabajadores agrarios consignado en el artículo 13, y desconocen la protección especial que el Estado debe garantizar a los campesinos para lograr el acceso progresivo a la propiedad de la tierra en virtud del artículo 64; además, en razón de la violación del derecho a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, dichas normas afectan derechos fundamentales que se encuentran estrechamente ligados a la tierra, como el derecho a una vida digna. Dicen también que el Plan Nacional de Desarrollo quebranta normas de tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad, los cuales obligan al Estado colombiano a adoptar medidas de orden interno para garantizar la vigencia de los derechos allí consagrados y a abstenerse de adoptar disposiciones contrarias a los mismos, como son: la obligación de los Estados de adoptar medidas para lograr la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, consagrada tanto en la Convenci ón Americana sobre Derechos Humanos (art. 26), como en el Protocolo de San Salvador (art. 1) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) (art. 2); el derecho al uso y goce

de los bienes (art. 21 de la Convenci ón Americana); el derecho a la igualdad ante la ley, establecido en el art. 24 de la Convenci ón Americana; el derecho a una alimentación adecuada (art. 11 del PIDESC y 12 del Protocolo de San Salvador); el derecho al trabajo (art. 7 del PIDESC y 6 del Protocolo de San Salvador); el derecho a la vida digna (art. 4 de la Convenci ón Americana), y el principio de igualdad y no discriminación entendido como una norma de ius cogens. Indican que el artículo 24 de la Ley 812 de 2003 condiciona la entrega del subsidio a que se trate de “sistemas de producción de carácter empresarial”, con lo que manifiestamente aplica la lógica económica capitalista y desecha la lógica económica campesina. Al no permitirle al campesino elegir la alternativa que mejor se ajuste a sus necesidades, se le estará imponiendo una situación que lo obliga a subordinarse a la lógica empresarial si quiere acceder a los beneficios ofrecidos. De esta manera, una vez los campesinos que quieran seguir siendo tales, o aquellos que no puedan dejar de serlo, queden eliminados de los programas de subsidio, serán incluidas otras personas que no son campesinos ni trabajadores agrarios pero tienen los medios para sostener sistemas productivos de carácter empresarial. Exponen que el artículo 64 de la Constituci ón establece el deber en cabeza del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, toda vez que éstos desarrollan una actividad que reporta beneficios a la economía del país, en especial a la producción de alimentos,

con un mínimo de impacto ambiental y que requiere el apoyo estatal para poder mejorar el ingreso y la calidad de vida de los campesinos. Manifiestan que conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 812 de 2003, el INCORA (actualmente el INCODER) deberá promover otras formas de tenencia de la tierra con el fin de ampliar el acceso a su uso y explotación mediante la recuperación de tierra abandonada de la reforma agraria, para el negocio agropecuario, con opción de readjudicación a nuevos productores y desplazados. Afirman que dicha norma permite que aquella entidad despoje de sus tierras a los campesinos víctimas del desplazamiento forzado, los cuales, una vez hayan cesado las causas que generaron el desplazamiento y el Estado haya garantizado su retorno en condiciones de igualdad, no podrán regresar a sus tierras en razón de que éstas les habrán sido expropiadas (sic). Así, al permitir la norma citada que un campesino con las condiciones originales de la Ley 160 de 1994 o de la Ley 135 de 1961, beneficiario de la reforma agraria, sea sustituido por otro “productor”, se estará desconociendo la obligación contenida en el art. 64 de la Constituci ón. Manifiestan que el artículo 28 de la Ley 812 de 2003 emplea la expresión “abandono de la tierra” sin hacer distinción entre las diversas causas que le pudieron dar origen, lo cual es importante al momento de determinar si el abandono de la propiedad rural se dio por circunstancias ajenas a la voluntad de quien explotaba económicamente la tierra, ya sea caso fortuito o fuerza

mayor, o porque simplemente dejó de realizar la explotación económica requerida. Estiman que al despojar a los campesinos de la posibilidad de explotar y cultivar la tierra se les está privando del derecho al trabajo, del cual obtienen los recursos necesarios para costear servicios básicos, tales como acueducto, alcantarillado y alumbrado eléctrico, costear la educación de sus familias y acceder a una alimentación adecuada conforme a sus usos y costumbres, y que de la afectación a la propiedad de la tierra se desprende que el artículo 28 de la Ley 812 de 2003 generará un impacto negativo en las condiciones de vida digna que requieren los campesinos. Afirman que las normas demandadas quebrantan el principio de igualdad por varias razones: en primer lugar, por la equiparación de los sistemas de producción campesinos a las empresas capitalistas; en segundo lugar, por exigirles a los productores campesinos que demuestren la competitividad de sus sistemas para acceder a programas y beneficios de la reforma agraria, desconociendo sus usos y costumbres y poniéndolos en una situación de desventaja frente a los empresarios que sí ostentan dicha condición, y, en tercer lugar, porque el Estado implementa una política que desconoce las condiciones especiales de vulnerabilidad de la población campesina, no sólo por el impacto del conflicto armado sino también por la precaria situación de sus derechos económicos, sociales y culturales. Así, el Estado es responsable internacionalmente por violar una disposición de ius cogens recogida en diversos tratados de derechos humanos ratificados por Colombia.

IV. INTERVENCIONES CIUDADANAS

Durante el período de fijación en lista se recibieron escritos de las siguientes personas y organizaciones:

1. Intervención del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo Mediante escrito presentado el 4 de abril de 2006, la ciudadana Soraya Gutiérrez Arguello, obrando en representación del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo manifiesta que apoya los argumentos expuestos por los demandantes.

2. Intervención del Departamento Nacional de Planeación Mediante escrito recibido el 21 de abril de 2006, el ciudadano Alfonso M.

Rodríguez Guevara, actuando en nombre del Departamento Nacional de Planeación, expone que las normas demandadas son constitucionales y solicita a la Corte que se declare inhibida respecto de algunos cargos. Respecto del cargo sobre los requisitos para tener acceso al subsidio integral, afirma que son erradas tanto la interpretación de las normas acusadas como la argumentación en su contra puesto que, al parecer intencionalmente, los demandantes tratan de ignorar que en ellas mismas (art. 24) se dispone que dicho sistema de producción de carácter empresarial con principios de competitividad integrará a pequeños y medianos productores beneficiarios de los programas de reforma agraria, es decir, no es para grandes capitalistas. Argumenta que, en consecuencia, el subsidio integral está dirigido a los campesinos de escasos recursos económicos, quienes también son los beneficiarios de los programas especiales del Gobierno Nacional contenidos en la Ley de Reforma Agraria, Ley 160 de 1994, como respuesta a los retos de un nuevo Estado que pretende mejorar la calidad de vida de sus habitantes en cumplimiento de los principios consagrados en la Constituci ón Pol ítica.

Señala que la palabra “empresa” debe entenderse en el contexto de la Ley 812 de 2003, con un significado amplio, lo cual incluye a las formas de organización típicas del sector campesino, vale decir, la empresa básica de producción agrícola familiar o unidad agrícola familiar y que la finalidad de la norma es que los terrenos no permanezcan improductivos. Indica que, por otra parte, el concepto de competitividad de la empresa campesina ha de entenderse a la luz de la Constituci ón, en especial el art. 13 de ésta que establece que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados. Agrega que el concepto de sostenibilidad puede referirse a los recursos naturales o a la duración de la empresa y que en ambos sentidos el mismo es constitucional. Respecto del cargo relativo al deber del Estado de garantizar la propiedad de la tierra a la población campesina, expone que no está llamado a prosperar, pues los demandantes dan una interpretación sesgada a las normas demandadas, toda vez que de ellas jamás se puede inferir que el INCODER pueda extinguir la propiedad de las tierras abandonadas por quienes fueron desplazados por la violencia. Concluye el interviniente manifestando, en relación con los cargos según los cuales las normas acusadas violan el derecho a la vida digna, desconocen los fines del Estado y vulneran normas de Derecho Internacional en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que los demandantes no exponen en forma clara en qué consiste la vulneración y que, cuando más, repiten los mismos argumentos atrás considerados. Por consiguiente, la Corte debe declararse inhibida para pronunciarse sobre

estos aspectos.

3. Intervención del ciudadano Gustavo Gallón Giraldo y de la Comisi ón Colombiana de Juristas Por medio de escrito radicado el 21 de abril de 2006, el ciudadano Gustavo Gallón Giraldo, obrando en nombre propio y también en representación de la Comisi ón Colombiana de Juristas, manifiesta que respalda íntegramente los planteamientos de la demanda, los cuales expone en forma resumida.

4. Intervención del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural En escrito presentado el 20 de abril de 2006, la ciudadana Eugenia Méndez Reyes, obrando en nombre del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, solicita a la Corte que declare exequibles las normas demandadas.

Expresa que con el subsidio integral se pretende fortalecer y focalizar la oferta institucional y lograr el objetivo de mejorar la calidad de vida de los campesinos, a través del acceso a tierras y las inversiones complementarias determinadas en un proyecto productivo para cuya implementación se aporta un capital fijo, la adecuación predial y la capacitación y asistencia técnica. Agrega que cada uno de los organismos que integran el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino debe contribuir coordinadamente, teniendo en cuenta las necesidades y los intereses específicos de los hombres y mujeres campesinos, según las funciones asignadas. Señala que, en consecuencia, la acusación respecto de la imposibilidad de que los campesinos puedan acceder a los subsidios en condiciones de igualdad no es pertinente, puesto que la exigencia de presentar un proyecto productivo se acompaña con el apoyo para su formulación e implementación.

Afirma que el artículo 28 de la Ley 812 de 2003 no permite al INCODER despojar de sus tierras a los campesinos víctimas del desplazamiento forzado, sino recuperar las tierras abandonadas, para el negocio agropecuario, con opción de readjudicación a nuevos productores o desplazados. A este respecto indica que si el desplazado quiere retornar a su tierra, se le brinda el apoyo correspondiente, pero si pretende reubicarse en otro predio también se le otorga la posibilidad de permutar el suyo cuando lo posea o de acceder a otro cuando no lo posea. Añade que del desarrollo de estas normas se está ocupando la mesa de Estabilización Socioeconómica Rural y se tienen adelantos significativos, concertados entre las instituciones y las organizaciones de población desplazada.

5. Intervención de la Academia Colombiana de Jurisprudencia Por medio de escrito recibido el 21 de abril de 2006, los ciudadanos Bernardo Carreño Varela y Alfredo Lewin Figueroa, actuando en representación de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, manifiestan que las normas demandadas son exequibles, con la salvedad del artículo 28, numeral 2 de la Ley 812 de 2003, respecto de la cual solicitan a la Corte que se declare inhibida para fallar. Sus fundamentos son los siguientes: En primer lugar hacen notar que las censuras, excepto las que se formulan al numeral 2 del artículo 28, “se basan en la antinomia irreductible que, para los demandantes, existe entre la empresa capitalista y el sistema de vida y de explotación económica de los campesinos (entendidos como los campesinos

pobres y sin tierra) (…) De donde concluyen que la ley, al pedir que los campesinos adopten los sistemas capitalistas los priva de sus derechos, violando la Carta”. Agregan que “la demanda acusa el numeral segundo del art. 28 de la ley 812 de 2003 porque – dicen los actoresla tierra se abandona, en las actuales circunstancias que vive Colombia, por acción de los grupos armados ilegales, lo cual significa privar a los campesinos de su propiedad, para entregarla a los violentos, violando en esta forma los textos que se citan”. Después de algunas consideraciones sobre el Estado Social de Derecho y los conceptos jurídico y económico de empresa, expresan que este es un instrumento neutro que puede utilizarse para lograr fines diferentes y que así, por ejemplo, en el campo agrario puede utilizarse para explotar la propiedad comunitaria, como se hizo en Rusia mientras duró la colectivización de la agricultura, o puede emplearse para la propiedad familiar o la granja individual. Señalan que la sola obligación de explotar una tierra mediante una empresa no significa oposición a la Constituci ón, máxime cuando ésta misma establece en su artículo 333 que el Estado estimulará el desarrollo empresarial. Agregan que no resulta válido el supuesto de que parte la demanda, de manera expresa, de que la empresa es esencialmente capitalista, y que tampoco son válidas las aseveraciones de la demanda que enfrentan de manera irreconciliable los postulados de la empresa con el modus vivendi campesino, cuando está demostrado que los campesinos utilizan la empresa como sistema para explotar sus predios, aunque eventualmente lo hagan mal. Destacan la desproporción existente entre el número de posibles beneficiarios

y la cantidad de tierra disponible e indican que siendo más los primeros, es apenas elemental que la tierra se entregue a los mejores, es decir, a quienes acrediten tener empresas competitivas, equitativas y sostenibles. Concluyen sobre este aspecto que al pedir empresas con las características indicadas, el legislador está dando estricto cumplimiento al artículo 333 de la Carta que ordena fomentar el desarrollo económico por medio de las mismas. En relación con el cargo formulado contra el artículo 28, numeral 2° de la Ley 812 de 2003, en virtud del cual el INCORA o la entidad que haga sus veces deberá propender por recuperar tierra abandonada de la reforma agraria, para el negocio agropecuario, con opción de readjudicación a nuevos productores o desplazados, exponen que puede apreciarse fácilmente que se trata de cuestiones de hecho ajenas a la constitucionalidad de la norma en sí misma, las cuales se invocan en abstracto y ni siquiera están comprobadas en casos individuales que indiquen su ocurrencia general de manera inequívoca.

6. Intervención del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER Mediante escrito presentado el 21 de abril de 2006, la ciudadana Maritza Cuello Mendoza, obrando en representación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, solicita a la Corte que declare exequibles las normas demandadas, con los siguientes argumentos: Enuncia que la política de tierras a partir de la nueva legislación se orienta como un proceso de reforma rural donde se combine el uso eficiente del suelo y el acceso equitativo a los factores de producción y que tal es el sentido de la Ley 812 de 2003 en la cual se crea el sistema de Subsidio Integral, en sus

artículos 24, 25 y 26 para comprender dos grandes componentes: la tierra como elemento básico para permitir el acceso a la propiedad, y las inversiones complementarias, tales como capital fijo, adecuación predial, capacitación, asistencia técnica y comercialización dentro de un proyecto y una actividad productiva que permita sostener y elevar el nivel de los beneficiarios con unos recursos básicos en infraestructura, mano de obra calificada, así como la capacidad de generación y apropiación de tecnologías por parte de los adjudicatarios. Señala que para la adjudicación se requiere, en todos los casos, la existencia de un proyecto productivo de carácter empresarial, sin que esto pueda significar que sea requisito obligatorio o excluyente la explotación asociativa del predio, pues se puede establecer una empresa agropecuaria unipersonal bajo los principios de competitividad, equidad y sostenibilidad a que alude la Ley 812 de 2003. Por otra parte, expone que el hecho de que el num. 2° del art. 28 de la Ley 812 de 2003 no precise las causas del abandono de las tierras adjudicadas, no puede significar que desconozca la situación de la población desplazada por la violencia, que goza de una protección estatal prioritaria.

7. Intervención extemporánea El día 26 de mayo de 2006 se recibió escrito de intervención de la ciudadana Marina Rojas Maldonado, obrando en nombre de la Universidad Santo Tomás, el cual, por ser extemporáneo, no será tenido en cuenta.

V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION Mediante concepto N° 4097 radicado el 17 de mayo de 2006, el Procurador

General de la Naci ón, Edgardo José Maya Villazón, solicita a la Corte declarar exequibles las disposiciones acusadas. Para ello, en relación con el debate sobre la posible violación del derecho a la igualdad, a propósito de criterios tales como “de carácter empresarial”, “competitividad” y “sostenibilidad”, plantea el Procurador la necesidad de que la Corte declare la unidad normativa existente entre los textos demandados y otros que no lo fueron, particularmente el término “capacitación” contenido en los arts. 24 y 27 de la Ley 812 de 2003. También pide considerar la frase “de la empresa agropecuaria” contenida en el último inciso del artículo 27 de la Ley 812 de 2003, por estar íntimamente relacionada con el segmento demandado del mismo artículo por el cargo de inconstitucionalidad por desigualdad de trato. A partir de lo anterior, expone el Procurador en relación con el primer problema planteado, que bajo el supuesto de que se garantice que el concepto de capacitación a que se refiere el inciso 2° del artículo 24 demandado incluya instrucción sobre aquellos aspectos que le darían a los proyectos en cuestión “carácter empresarial”, y los haría“competitivos” y “sostenibles”, las normas acusadas deberían ser consideradas exequibles. A este respecto continúa explicando que “así como el monto del subsidio integral destinado a proyectos productivos empresariales agrarios cubre la capacitación en los mismos, no se observa inconveniente económico ni jurídico para que se haga extensivo a la capacitación empresarial que requieren los campesinos para poder asumir sus responsabilidades como

cualquier persona que decida emprender, lo que va en consonancia con el artículo 64 de la Constituci ón Pol ítica, que ordena claramente la asistencia empresarial para que los campesinos mejoren sus ingresos y su nivel de vida” (las negrillas son del texto original). Asevera que esto adquiere mayor importancia si se tiene en cuenta que para garantizar el destino y eficacia de la inversión pública mediante tales subsidios, sus beneficiarios deben celebrar contratos de operación y funcionamiento, cuyo incumplimiento genera el retiro inmediato del subsidio y la pérdida de sus derechos patrimoniales generados dentro del proyecto productivo, y que así mismo el incumplimiento de las obligaciones a cargo de los beneficiarios de los contratos de asignación o tenencia provisional de tierras de la Reforma Agraria determina su exclusión de la empresa agropecuaria. De otro lado, acerca de la acusación contra el artículo 28, numeral 2° de la Ley 812 de 2003, según el cual el INCORA o la entidad que haga sus veces deberá propender por recuperar tierra abandonada de la reforma agraria, para el negocio agropecuario, con opción de readjudicación a nuevos productores o desplazados, sostiene que el artículo 52 de la Ley 160 de 1994 establece que la acción de extinción de dominio sobre predios rurales incultos no procede en los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, siendo uno de tales eventos el abandono de tierras por parte de los campesinos cuando lo hacen, no por negligencia, sino contra su voluntad como consecuencia del desplazamiento forzado a que se ven sometidos. Plantea también que hay que tener en cuenta que en los eventos de

desplazamiento forzado las víctimas pueden retornar a sus lugares de origen o a sus predios o ser reubicados por el Estado en otras tierras, y que en este último caso es viable que el Estado recupere las tierras abandonadas, y, con mayor razón, las de la reforma agraria, por haber pertenecido al mismo Estado antes de su adjudicación. Igualmente cita los mecanismos establecidos a este respecto en el artículo 18 de la Ley 387 de 1997, particularmente el que establece la necesidad de que el Estado lleve un registro de los predios rurales abandonados por los desplazados por la violencia, con el fin