CC - C993-2000

Sentencia C-993/00

NOTA DE RELATORIA: Esta sentencia C-993 del 2 de agosto de 2000, fue declarada nula por Auto 091/00 de Sala Plena del 11 de octubre de 2000, que aparece al final del texto y reemplazada por sentencia C-1369/00

Referencia: expediente D-2764

Norma Acusada: Artículo 449 parcial del Código

Sustantivo del Trabajo.

Demandantes: Alirio Uribe Muñoz y

Diana Teresa Sierra Gómez.

Magistrado Ponente:

Dr. ANTONIO BARRERA

CARBONELL

Santafé de Bogotá, D. C., agosto dos (2) de dos mil (2000). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y de los trámites establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente,

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES.

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos Alirio Uribe Muñoz y Diana Teresa Sierra Gómez, solicitaron a esta Corporación la declaración de inexequibilidad parcial del artículo 449 del Código Sustantivo del Trabajo. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia.

II. NORMA DEMANDADA.

A continuación se transcribe el texto del artículo 449, destacando con negrillas lo acusado. “CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Decretos 2663 y 3743 de 1950 adoptados por la ley 141 de 1961 como

legislación permanente Parte 2ª. Título 2º . Capitulo IV Declaratoria y Desarrollo de la huelga Efectos jurídicos de las huelgas Artículo 449. Subrogado por el artículo 64 de la ley 50/90. la huelga sólo suspende los contratos de trabajo por el tiempo que dure. El empleador no puede celebrar entretanto nuevos contratos de trabajo para la reanudación de los servicios suspendidos, salvo en aquellas dependencias cuyo funcionamiento sea indispensable a juicio del respectivo inspector del trabajo, para evitar graves perjuicios a la seguridad y conservación de los talleres, locales, equipos, maquinarias o elementos básicos, y para la ejecución de las labores tendientes a la conservación de cultivos, así como para el mantenimiento de semovientes, y solamente en el caso de que los huelguistas no autoricen el trabajo del personal necesario de estas dependencias. PARAGRAFO. El inspector del Trabajo deberá pronunciarse sobre las solicitudes del inciso anterior en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de su presentación”.

III. LA DEMANDA.

A juicio de los actores, el segmento normativo acusado viola los artículos 1, 2, 3, 13, 16, 39, 53, 56 y 93 de la Constitución, y los instrumentos internacionales contenidos en los Convenios 87 y 98 de la O.I.T. suscritos y ratificados por nuestro país. Las razones en que fundamentaron su demanda se pueden resumir de la siguiente manera: La huelga es un derecho fundamental consagrado en la Constitución y desarrollado en la ley laboral, mediante el cual los trabajadores cuentan con

un mecanismo legítimo para presionar un mejoramiento real en sus condiciones de trabajo y de vida, tanto en el orden personal como familiar. No obstante lo dicho anteriormente, el aparte acusado entorpece el disfrute pleno del derecho de huelga, en cuanto impone a los trabajadores que acuden a este medio una serie de consecuencias jurídicas que a la postre lo debilitan. En efecto, la suspensión del pago del salario, la pérdida de la antigüedad para el cómputo de sus prestaciones económicas, y el no pago de los aportes a los que se encuentra obligado el empleador, en materia de seguridad social, son algunas de las secuelas que surgen de la suspensión de los contratos laborales. En estas condiciones, la incongruencia entre el segmento normativo acusado y el Ordenamiento Superior, se concreta en los siguientes aspectos: - Se viola el artículo 13 de la Constitución, pues el artículo 449 del C.S.T. suspende los contratos laborales de los trabajadores que se encuentran en huelga, lo cual da lugar a las consecuencias jurídicas ya anotadas. En cambio, otra cosa sucede con los trabajadores que no votaron la huelga, pues éstos no se ven afectados porque continúan laborando y sus contratos de trabajo siguen vigentes en las mismas condiciones en que fueron pactados. Por ello, los contratos de los segundos no se suspenden, y las obligaciones a cargo de las partes siguen incólumes. El legislador, según la forma en que lo dispuso en el segmento acusado, consagró un tratamiento diferente e injustificado entre trabajadores pertenecientes a una misma empresa, al no permitir que los trabajadores en huelga reciban sus salarios y las demás prestaciones a cargo del empleador

y, en cambio, los demás trabajadores que no votaron la huelga, sí puedan percibir las mencionadas contraprestaciones. De esta manera, deja a los huelguistas en una situación de manifiesta debilidad por cuanto no cuentan con los medios económicos para poder subsistir durante el tiempo en que dure la suspensión de labores Es por ello, que tal diferenciación, no resulta proporcional ni razonable, pues ésta no se compadece con el principio de igualdad establecido en la Constitución. - Se violan los artículos 16 y 39 de la Constitución, pues concluida la etapa de arreglo directo y a pesar de que los trabajadores pueden optar por la declaratoria de huelga o someter sus diferencias a un tribunal de arbitramento, no gozan de la capacidad plena para adoptar una decisión de esta naturaleza. Evidentemente, el trabajador desde antes de votar la forma en que desea como habrá de resolverse el conflicto colectivo, conoce que en caso de inclinarse por la huelga le traerá como consecuencia inevitable el no pago de su salario. Por ello, el legislador quiebra su voluntad, porque éste ante la posibilidad real de no contar con un ingreso mientras dure la huelga termina renunciado a ejercer este derecho, y de paso a las aspiraciones previstas en los pliegos de condiciones. El artículo 56 de la Constitución se infringe, en razón de que el disfrute de la huelga se encuentra garantizado para todos los trabajadores, salvo la excepción prevista para los servicios públicos domiciliarios. Sin embargo el segmento normativo que se acusa, al disponer la suspensión del pago de los salarios en contra de los huelguistas, establece una restricción que

sobrepasa la excepción prevista en el mencionado mandato constitucional. De esta manera, la expresión demandada no guarda coherencia alguna con los fines, principios, derechos y valores en que se fundamenta nuestro Estado Social de Derecho. “Este abuso del legislador en el caso de la huelga que impone como limite el hambre del trabajador durante su ejercicio en la práctica termina perjudicando los trabajadores de los sindicatos más débiles, ya que los sindicatos más fuertes pueden y así lo hacen pactar que durante los días de huelga se paguen salarios, mientras que los sindicatos débiles sus afiliados terminan perdiendo el ingreso de los días de huelga lo cual se traduce en una desprotección respecto de los sindicatos más debilitados”. - El segmento normativo acusado viola los artículos 53 y 93 de la Constitución, en cuanto desconoce los Convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país y, concretamente, el artículo 23.4 de la Declaración de los Derechos Humanos y los Convenios 87/48 y 98/49. En efecto, la norma demandada no facilita el pleno desarrollo de la libertad sindical, y persiste de cualquier forma y a cualquier precio en la intromisión en las actividades propias de las organizaciones sindicales, con el propósito cierto de desestabilizarlas y entorpecer su funcionamiento. De esta manera, las organizaciones de los trabajadores pierden su herramienta más importante, como es la huelga, que es el medio más idóneo para defensa de sus derechos.

IV. INTERVENCION CIUDADANA.

La ciudadana Amalia Filomena Ambrosio intervino en este proceso, con el fin de defender la constitucionalidad de la norma acusada. Los argumentos

en que basó su participación se contraen a los siguientes puntos: En primer término, los argumentos expuestos por los demandantes, son por si mismos insuficientes, pues éstos no tuvieron en cuenta que las consecuencias previstas en la disposición demandada, se derivan de lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 53 del Código Sustantivo del Trabajo. En consecuencia, la demanda resulta inepta por no haber hecho la integración de la proposición jurídica en forma completa. En cuanto a la acusación misma, contrario al sentir de los actores, resulta lógico sostener que en caso de adelantarse una huelga uno de los efectos jurídicos que ésta produce será la suspensión del contrato de trabajo, y como consecuencia de ello, el no pago de los salarios durante el tiempo en que ella dure. Lo anterior, es una consecuencia directa de la no prestación del servicio a cargo del trabajador, toda vez que el contrato de trabajo supone la concurrencia de tres elementos: la prestación del servicio, la subordinación y la remuneración. Por otro lado, la norma tiene elementos teleológicos que permiten justificar su constitucionalidad, pues el legislador a través de la disposición que se demanda buscó lograr el equilibrio necesario los intereses de cada una las partes, mientras se resuelve el conflicto colectivo e impedir que la huelga se alargue de manera innecesaria en el tiempo. Además, pretende que los trabajadores tengan un interés cierto en reanudar las labores interrumpidas; de otra manera, a éstos no les asistiría ningún interés en reanudar las mismas, toda vez que tendrían asegurado tanto el disfrute del derecho a la huelga, como el pago salarial, lo cual resultaría desproporcionado e

inequitativo para el empleador. El no pago de los salarios durante la huelga resulta razonable, en cuanto el salario es una contraprestación directa del servicio personal recibido. Además, los efectos de la suspensión de los contratos no van más allá del tiempo de duración de la huelga. "De otro lado, la huelga supone sacrificios económicos para ambas partes, esto es, para el empleador y para los trabajadores, por ende, no puede predicarse la existencia, como ligeramente lo hacen los demandantes, que la empresa reporta beneficios de una huelga, en la medida en que no paga salarios; porque esa empresa tampoco recibe ingreso alguno por el hecho de que no puede desarrollar la actividad de la cual percibe sus ingresos". Finalmente, tampoco les asiste la razón a los demandantes, en cuanto la norma censurada viola los Convenios de la O.I.T., pues este mismo organismo, a través del Comité de Libertad Sindical expresó que "la deducción salarial de los días de huelga no plantea objeciones desde el punto de vista de la libertad sindical"; por ello, la norma acusada, no atenta contra el núcleo esencial del derecho de huelga.

V. INTERVENCION DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y

SEGURIDAD SOCIAL.

El ciudadano Pedro Nel Londoño Cortes, en su condición de apoderado del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, intervino para hacer la defensa constitucional del segmento normativo acusado. En razón de lo anterior, solicitó a la Corte declarar exequible el artículo 449 del Código Sustantivo del Trabajo, en lo acusado. Las razones en que justificó la

constitucionalidad del referido aparte, se contraen a lo siguiente: La expresión acusada contenida en el artículo 449 del C.S.T., consagra diversos efectos jurídicos que se presentan en la huelga. Sin embargo, se observa que este derecho, conforme el artículo 56 de la Constitución, no hace parte del grupo de los llamados derechos fundamentales de aplicación inmediata, porque ha sido la misma Constitución la que ha exigido su desarrollo legal para el disfrute del mismo. Siendo la relación o contrato de trabajo, un acto que debe reunir los elementos descritos en el artículo 23 del C.S.T., para que exista, resulta innegable entender que la remuneración a cargo del empleador y en favor del trabajador se presenta como una consecuencia directa de la prestación del servicio. En este sentido, el segmento normativo acusado guarda perfecta armonía con dicha disposición, y además, con otras normas de rango constitucional, toda vez que al empleador, también le asisten derechos, como el de la propiedad y, por lo tanto, no puede soportar, sin retribución alguna, el costo que significa la suspensión de labores cuando se ha declarado la huelga. "En estas condiciones y armonizando los derechos constitucionales de empleadores y trabajadores, contenidos en las disposiciones legales que entre otras se ha citado, es por lo que el no pago de los salarios y en general la suspensión del contrato de trabajo, durante la huelga, se encuentra constitucionalmente justificado, pues no hay prestación de un servicio y en consecuencia no habría derecho a la remuneración".

VI. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION.

El señor Procurador, al rendir el concepto de rigor, expuso que el aparte

acusado se ajusta a la Constitución, siempre y cuando las causas que originan la huelga no sean imputables al empleador. En consideración a lo anterior, solicitó a la Corte que la expresión demandada sea declarada exequible en forma condicionada, para lo cual, razonó de la siguiente manera: En primer término, la expresión acusada debe interpretarse en forma sistemática, pues para su cabal entendimiento debe acudirse a lo dispuesto en el artículo 53 del C.S.T., toda vez que en esta norma se regula, como uno de los efectos de la suspensión laboral, el no pago de los salarios durante el tiempo en que los trabajadores se abstengan de realizar la prestación del servicio, lo que ocurre en el caso de huelga declarada en los términos previstos por la ley. Resulta necesario, por consiguiente, hacer la integración normativa entre el artículo 449, en lo acusado, con el mandato contenido en el artículo 53 del Código Sustantivo del Trabajo, debido a la relación de conexidad que existe entre dichas disposiciones. En consecuencia, el juicio de constitucionalidad debe referirse a ambas normas. En segundo lugar, en relación con la consecuencia que se deriva por la suspensión de los contratos de trabajo durante el desarrollo de la huelga, consistente en el no pago de salarios por el tiempo de su duración, resulta importante distinguir dos situaciones: de una parte, cuando la suspensión del trabajo y disfrute de la huelga tienen como fines el mejoramiento de las condiciones económicas y profesionales de los trabajadores, y de otra parte, cuando la huelga resulta imputable al empleador. - En el primero de los casos, el segmento normativo se ajusta a la

Constitución, toda vez que la suspensión de labores por la declaratoria de huelga, faculta a los trabajadores y al empleador a no cumplir con las obligaciones a su cargo; la prestación del servicio (trabajador), y el pago de los salarios (empleador). En estas circunstancias, la norma acusada se justifica de una parte, por el carácter sinalagmático del contrato de trabajo que implica equivalencia de las prestaciones entre los titulares de los extremos de la relación laboral. La correlativa privación del derecho al salario constituye, desde esta óptica, una consecuencia de la cesación de actividades por parte de los trabajadores puesto que, según el principio universal en materia contractual, ninguna de las partes está en mora de cumplir sus obligaciones si la contraparte no cumple con las suyas, tal como lo consagra el artículo 1609 del Código Civil para los contratos bilaterales, género al cual pertenece el contrato de trabajo. - En cambio, en los casos en que se presenta la segunda hipótesis, es decir, la declaratoria de huelga resulta imputable al trabajador, el efecto jurídico será el reconocimiento de los salarios durante el período en que dure la huelga. Por lo anterior, se considera que “los efectos jurídicos de la huelga, regulados en los artículos 53 y 449 del C.S.T., se ajustan a los dictados superiores, siempre y cuando se establezca que la huelga no es consecuencia del incumplimiento injustificado de los términos contractuales y legales por parte de los empleadores. En caso contrario, la autorización para retener o deducir los salarios de los trabajadores huelguistas es inconstitucional”.

VII. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.

1. El problema jurídico planteado.

Según los términos de la demanda, las intervenciones registradas en el curso del proceso y el concepto emitido por el Procurador General de la Nación, le corresponde a la Corte establecer si la expresión acusada del art. 449 del C.S.T. viola la Constitución, dado que como lo aseveran los actores la huelga es un derecho de los trabajadores cuyo ejercicio debe ser garantizado y no ser objeto de restricciones irrazonables que lo hagan nugatorio, como la que aparece prevista en la referida expresión, pues el no pago de salarios doblega la voluntad de aquéllos ante el empleador y los obliga a desistir de sus pretensiones de mejoramiento de las condiciones de trabajo. Concretamente y para dar respuesta a la acusación la Corte habrá de responder seguidamente estos interrogantes: a) ¿Si la norma acusada contiene una restricción irrazonable y desproporcionada que impide el ejercicio del derecho de huelga?. b) ¿Si la referida norma establece un trato diferente entre trabajadores que participan y no participan en la huelga?. c) ¿Si la regulación contenida en dicha norma comporta una extralimitación de la competencia del legislador para reglamentar el derecho de huelga, en la medida en que la Constitución sólo prohibió su ejercicio en materia de servicios públicos esenciales?, y d) ¿Qué consecuencias jurídicas podrían derivarse del hecho de que la huelga sea imputable a la culpa del empleador?.

2. La solución al problema jurídico. 2.1. La Corte en diversos pronunciamientos se ha ocupado de analizar

extensamente el contenido y alcance del derecho1 de huelga. Asi, mediante sentencia C-432/962, al pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 451 del C.S.T., condensó los criterios jurisprudenciales sobre esta temática, en los siguientes términos: “- El derecho a la huelga no es un derecho fundamental, puesto que para su ejercicio requiere de reglamentación legal.3

1 C-110/94, C-473/94, C-548/94, C-085/95, C-450/95, C-075/97.

2 M.P. Carlos Gaviria Díaz 3 Sent. T-443/92 M.P. José Gregorio Hernández Galindo “- Sólo puede ejercerse legítimamente el derecho a la huelga cuando se respetan los cauces señalados por el legislador.4 “- El derecho a la huelga puede ser objeto de tutela cuando se encuentra en conexión íntima con los derechos al trabajo y a la libre asociación sindical, derechos que si ostentan el carácter de fundamentales.5 “- El derecho a la huelga solamente puede excluirse en el caso de los servicios públicos esenciales, cuya determinación corresponde de manera exclusiva al legislador, 6 o los señalados como tales por el Constituyente, de acuerdo con la interpretación realizada acerca del contenido de las normas constitucionales vigentes. “- El derecho a la huelga puede ser restringido por el legislador para proteger el interés general y los derechos de los demás.7 “- El derecho a la huelga también puede ser restringido por el legislador cuando de su ejercicio se deriva la alteración del orden público.8 “De acuerdo con estos parámetros, puede afirmarse que, según la

Constitución, el derecho de huelga está restringido de dos formas: “a. Está prohibido su ejercicio en los servicios públicos esenciales que determine el legislador y, obviamente en los señalados como tales por el Constituyente, de acuerdo con la interpretación realizada acerca del contenido de las normas constitucionales vigentes. “b. En los demás casos, su ejercicio debe ceñirse a la reglamentación que de él haga el legislador 2.2. Como se infiere de la jurisprudencia de la Corte el derecho de huelga no es absoluto, y se encuentra condicionado a la reglamentación que establezca el legislador, quien puede imponer restricciones o limitaciones por razones de orden público, para proteger los derechos ajenos y de la colectividad y asegurar la prestación de los servicios públicos y, en general, 4 Sent. C-473/94 M.P. Alejandro Martínez Caballero 5 Sent. Idem 6 Sents. C-110/94 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-473/94 M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-179/94 M.P. Carlos Gaviria Díaz 7 Sent. T-443/92 M.P. José Gregorio Hernández Galindo 8 Sent. 115/91 Corte Suprema de Justicia y C-548/94 Corte Constitucional M.P. Hernando Herrera Vergara con el fin de alcanzar una finalidad constitucional que se estime esencial o constitucionalmente valiosa. No obstante, como tantas veces lo ha señalado la Corte al referirse a las limitaciones de los derechos que son admisibles constitucionalmente, las restricciones que se impongan al ejercicio del derecho de huelga deben ser

necesarias, indispensables, razonables y proporcionadas a la finalidad que se pretende alcanzar, con el fin de no hacerlo nugatorio o impracticable, pues si ello no es así, se atentaría contra la libertad sindical. De lo expuesto se colige que la reglamentación de la huelga, específicamente en lo que concierne con la calificación de las consecuencias jurídicas que se derivan del hecho de la cesación colectiva del trabajo no puede considerar exclusivamente los intereses de los trabajadores, en cuanto a las repercusiones económicas, familiares y sociales que de ella se derivan. Es necesario armonizar éstos con los intereses generales de la comunidad, en lo relativo a la continuidad en la prestación de ciertos servicios y a la necesidad de preservar las fuentes de producción y de empleo, y aún con los intereses del propio empleador, vinculados al derecho de propiedad, al desarrollo de la actividad económica y al reconocimiento de una ganancia lícita, justa y apropiada a su esfuerzo empresarial. 2.3. El segmento normativo acusado no puede ser analizado en forma aislada, sino en armonía con los arts. 51 y 53 del Código Sustantivo del Trabajo. En efecto: La primera de dichas normas regula las causales por las cuales se produce la suspensión del contrato de trabajo, que pueden ser imputables a una de las partes de la relación de trabajo o ambas, es decir, tanto del trabajador como del empleador. Expresamente en el numeral 7 se prevé la suspensión del contrato “por huelga declarada en la forma prevista en la ley”. De otra parte, la segunda de las referidas disposiciones establece:

“Artículo 53. Efectos de la suspensión. Durante el periodo de las suspensiones contempladas en el art. 51 se interrumpe para el trabajador la obligación de prestar el servicio prometido, y para el empleador la de pagar los salarios de esos lapsos, pero durante la suspensión corren a cargo del empleador, además de las obligaciones ya surgidas con anterioridad, las que le correspondan por muerte o por enfermedad de los trabajadores. Estos periodos de suspensión pueden descontarse por el patrono al liquidar vacaciones, cesantías y jubilaciones”. Por lo anterior, la Corte hará la unidad normativa y analizará en conjunto la constitucionalidad de los arts. 449, en lo acusado, 451-7 y 453 del C.S.T. 2.4. La cesación colectiva del trabajo por los trabajadores, en ejercicio del derecho de huelga, produce unos efectos jurídicos de orden laboral que inciden, entre otras cuestiones: i) en la extinción o vigencia o continuidad de los contratos individuales de trabajo, y en su eventual despido o remplazo; ii) sobre el salario, esto es, si hay derecho o no al pago de salarios durante el periodo de duración de la huelga; y iii) en la repercusión de la suspensión de la relación laboral en dicho periodo, para efectos de la liquidación de ciertas prestaciones o derechos laborales y la continuidad en el sistema de seguridad social. La huelga implica, en razón de su propia naturaleza, que a los trabajadores les asiste el derecho para suspender en forma colectiva y temporal la prestación de los servicios a que se encontraban obligados en virtud del contrato de trabajo, lo cual conlleva a que se pueda considerar que existe

una negativa a cumplir con éste y a que se configure su incumplimiento. En tales circunstancias, se ha discutido arduamente acerca de si tal conducta puede dar lugar o no la ruptura del vínculo laboral. La solución que los doctrinantes y las diferentes legislaciones dieron en un principio a dicha problemática fue que la huelga producía la extinción de la relación laboral contractual, con la consecuencia de que el empleador podía negarse a readmitir en la empresa, sin responsabilidad alguna de su parte, a los trabajadores que habían participado en aquélla. El reconocimiento constitucional del derecho de huelga, la necesidad de asegurar su vigencia y ejercicio prácticos, y las consecuencias nefastas que en el orden personal, familiar, social y político se derivaban de la pérdida del empleo de los trabajadores, determinó que las diferentes legislaciones optaran por consagrar el principio de que la huelga lícita, esto es, no ilícita o abusiva, no tenía la virtud de extinguir el vínculo laboral, sino la de suspenderlo transitoriamente durante el periodo de su duración. El ejercicio del derecho de huelga, por consiguiente, deja incólumes las relaciones laborales y la situación de pertenencia del trabajador a la empresa. La relación jurídica contractual al seguir vigente, en caso de que la huelga logre los propósitos que la determinaron, tiene la virtud de modificarla, en el sentido de incorporar las pretensiones y reivindicaciones laborales de los trabajadores. El mantenimiento de la relación jurídica contractual se justifica, además, por la idea que subyace en el derecho de huelga reconocido constitucionalmente, en el sentido de que los trabajadores al celebrar los

respectivos contratos, si bien aceptan las condiciones laborales iniciales, tienen la facultad de modificarlas en la forma como lo determinen ulteriormente sus necesidades económicas, sociales y profesionales. Por lo demás, los trabajadores que van a la huelga no tienen la intención de romper el vínculo laboral, sino que utilizan un derecho para obtener mejores condiciones de trabajo; por lo tanto, sería un despropósito que para mejorar un contrato se pretendiera disolverlo9. Las anteriores consideraciones son válidas frente a la huelga lícita, no frente a la huelga ilícita o abusiva, que se puede presentar, v.gr. cuando se afecta un servicio público esencial definido por el legislador o persiga fines distintos a los profesionales o económicos, o se decrete sin haberse cumplido los requisitos y los procedimientos que la ley prevé para que pueda ser válidamente decretada y desarrollada (art. 450 C.S.T.), que puede dar lugar incluso a que el empleador quedé en libertad de despedir a los trabajadores que hubieren participado y persistan en la huelga, luego de su declaración de ilegalidad por la autoridad administrativa del trabajo (art. 451 C.S.T.)10. 2.5. El legislador colombiano optó por la solución últimamente mencionada, en el sentido de que la huelga sólo suspende y no extingue los contratos de trabajo, pues consideró dentro de la libertad política de que goza para configurar las normas jurídicas relativas a la reglamentación del derecho de huelga que aquélla era la que, a su prudente juicio, hacía menos gravosa para las partes en conflicto las dificultades de orden personal, económico, social y operativo que se derivan de la cesación colectiva del

trabajo. En efecto: Aunque se admite que el cese colectivo de las actividades conlleva la suspensión de las obligaciones contractuales a cargo de las partes, es lo cierto que la declaración de huelga constituye un alea normal para éstas, pues, de una parte, el empleador no puede continuar desarrollando su actividad económica, lo cual conduce a que tenga que soportar el consiguiente trastorno en sus áreas administrativas, financieras y operativas, que le impiden recuperar los costos en que ha incurrido, y lo alejan de la posibilidad de obtener una rentabilidad o ganancia. Y de otra parte los trabajadores, al no realizar su actividad laboral, no pueden percibir 9 Alfredo J. Ruprech. Conflictos Colectivo de Trabajo. Abeledo-Perrot Buenos Aires, pp. 172. 10 Norma declarada exequible según sentencia C-432/96 M.P. Carlos Gaviria Díaz. el pago de sus salarios, y de los derechos laborales conexos con la prestación del servicio. De esta manera el legislador, en forma razonable, al establecer la suspensión de los contratos de trabajo deja a las partes en conflicto (empleador y trabajadores), durante las etapas previas a la declaración de la huelga, la posibilidad para evaluar conjuntamente o por separado, las consecuencias jurídicas y económicas que para cada una de ellas, se derivan. - La decisión del legislador no se opone a la Constitución, en la medida en que tanto los trabajadores como los empleadores, una vez se resuelva el conflicto colectivo, pueden volver a restablecer el cumplimiento de las obligaciones propias de la relación contractual laboral en forma normal, pues los efectos jurídicos de la huelga referidos a su incidencia en dicha

relación son temporales. Por lo tanto, el trabajador no pierde su empleo, lo cual permite que se genere un clima de estabilidad laboral, con repercusiones no sólo favorables en cuanto a la necesaria armonía que deben guardar las relaciones laborales, sino en el orden económico, social y político. La suspensión de la actividad laboral ocurrida por el ejercicio del derecho de huelga brinda una mayor seguridad jurídica, por la circunstancia de que los contratos de trabajo no pueden ser modificados en contra de los intereses de los trabajadores, y sólo resultarán procedentes los ajustes a éstos, en cuanto los puntos que originaron el conflicto colectivo, resulten favorables para aquéllos. De esta manera, la referida suspensión opera como un mecanismo de ajuste temporal y específico que pone freno a los efectos negativos que se pueden llegar a producir con ocasión de la huelga. El ejercicio del derecho de huelga no puede escaparse a la función social que le es inherente, como instrumento que