CC - SU1299-2001

Sentencia SU.1299/01 PRINCIPIO NO REFORMATIO IN PEJUS-Competencia restringida del juez de segunda instancia La interdicción peyorativa al juez de segunda instancia, esto es, la limitación de su competencia a lo favorable para el apelante único, es una garantía constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa. Sin dicha garantía, y ante la eventualidad de que el superior agrave la condena impuesta por el inferior, el ejercicio del derecho a la defensa y el principio de favorabilidad se verían gravemente restringidos, ya que el condenado tendría que asumir el riesgo de ejercer su derecho de defensa contra la decisión judicial adversa, lo que supondría desincentivar su utilización y desproteger a la parte débil frente al poder punitivo del estado. El constituyente quiso evitar esta restricción. Sin desconocer los derechos de los demás actores en el proceso penal, quienes pueden evitar, también apelando, la restricción de la competencia del superior a favor del ejercicio de los derechos del procesado o condenado, se consagró a nivel constitucional la prohibición categórica al superior de agravar la pena cuando el condenado es apelante único, para de esta forma rodear de garantías el ejercicio libre del derecho de defensa. PRINCIPIO NO REFORMATIO IN PEJUS-No se podía imponer multa/RECURSO DE CASACION PENAL-No procede por el tiempo fijado para la pena En atención a la doctrina constitucional sobre la no reformatio in pejus no podría el superior agravar la pena impuesta por el inferior en el sentido de adicionarla para imponerle a los condenados la pena de multa en cuantía de mil pesos ($ 1.000),

cuando el juez penal de primera instancia no los condenó a dicha pena. Por esta sola razón, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca ha debido conceder la tutela solicitada, ya que los accionantes no disponían de otro medio de defensa judicial igualmente idóneo a la acción de tutela para la defensa de sus derechos fundamentales de defensa y debido proceso. En efecto, siendo la pena máxima dispuesta para el delito de peculado culposo, por el cual fueron condenados, de tres años de privación de la libertad, los tutelantes no cumplían con el requisito de procedibilidad de la casación penal, ya que el artículo 211 del Código de Procedimiento Penal vigente en ese entonces exigía para su admisibilidad que el delito tuviera dispuesta una pena privativa de la libertad de mínimo ocho años de prisión. JUEZ DE TUTELA-Violaciones de derechos no invocadas por el accionante Para la Corte no hace ninguna diferencia que los accionantes no hayan interpuesto la tutela contra la sentencia que los empeoró solicitando específicamente la revocatoria de la pena de multa. El juez de tutela no está atado por las pretensiones específicas del peticionario. La acción de tutela por su informalidad y por su función garantista de los derechos fundamentales habilita al juez para proteger cualquier derecho que encuentre vulnerado, así el accionante no lo haya invocado. Lo cierto es que el fallo penal de segunda instancia agravó su situación al imponer adicionalmente la pena de multa pese a ser los condenados apelantes únicos, en abierta violación del inciso 2 del artículo 31 de la Constitución. Lo importante en

2 este punto es resguardar el principio constitucional de la no reformatio in pejus, y reiterar en consecuencia la clara y amplia jurisprudencia constitucional Corte en este punto. INDEMNIZACION DE PERJUICIOS-Existencia de medio judicial para impugnar aumento de condena Si bien la acción de tutela es procedente para obtener la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa respecto de la agravación de la pena cuando el delito no es de aquellos cuya cuantía permita recurrir en casación, en lo que respecta a la agravación de la condena en perjuicios por el ad quem dicha acción no es procedente. Ello es así porque el ordenamiento jurídico establece un medio judicial específico e idóneo para impugnar el fallo penal agravatorio de la indemnización de perjuicios y la acción de tutela – en estas circunstancias – tiene un carácter subsidiario. PRINCIPIO NO REFORMATIO IN PEJUS-Tutela parcial por el aspecto para el que no proceda la casación Una interpretación sistemática de las normas que regulan la casación penal y civil, con las normas que regulan la acción de tutela, lleva a la conclusión que en caso de inconformidad con la sentencia condenatoria de segunda instancia, el afectado por la decisión judicial debió haber fraccionado sus pretensiones de forma que si estaba inconforme con la totalidad del fallo agravatorio de segunda instancia elevara la acción de tutela por la agravación de la condena adicionada con la multa e interpusiera el recurso extraordinario de casación con respecto a la agravación de la condena en perjuicios.

VIA DE HECHO EN PROCESO PENAL-Eventos de preferencia frente a medio de defensa judicial ordinario Cuando se presenta una situación como la descrita en el presente caso, es necesario distinguir las siguientes hipótesis para efectos de establecer la procedencia de las acciones judiciales disponibles: 1) Si la sentencia no es objeto de casación porque la pena máxima establecida para el delito en cuestión es inferior a la fijada como requisito de procedibilidad del recurso, entonces la acción de tutela es la vía judicial procedente para proteger los derechos fundamentales vulnerados. 2) Si la casación se impetra respecto de las condenas en lo penal y en lo civil, ambas agravadas por el superior siendo el condenado apelante único, y en ambos casos es procedente recurrir en casación, entonces el medio judicial adecuado para proteger los derechos fundamentales es el recurso extraordinario de casación. 3) Si se recurre en casación la sentencia penal exclusivamente respecto de la condena a la indemnización de perjuicios y la cuantía así lo permite, entonces de nuevo es el recurso extraordinario de casación la vía judicial procedente, sin consideración a la pena señalada para el delito o delitos. Las anteriores hipótesis se desprenden del carácter subsidiario de la acción de tutela y son consecuentes con la reciente jurisprudencia constitucional de unificación proferida por la Corte Constitucional. ACCION DE TUTELA-Denegación por improcedencia no tiene como efecto revivir términos para interponer recursos de casación 3 Aún cuando los tutelantes presentarón la acción de tutela dentro del término para interponer el recurso de casación que vencía el 27 de octubre de 2000, lo cierto es

que al no fraccionar sus pretensiones dependiendo de los medios judiciales idóneos a su alcance y al pretender un pronunciamiento en sede de tutela respecto de la agravación de la condena indemnizatoria pese a la existencia de la causal específica de casación para este evento, dejaron precluir definitivamente los términos de que disponían para interponer en tiempo el recurso extraordinario de casación. En el presente fallo de tutela, si bien se concede la protección respecto de la imposición inconstitucional de la pena de multa, no se ordenará para revivir los términos para la interposición del recurso de casación.

Referencia: expediente T-398575

Acción de tutela instaurada por Hernán Piamba Hurtado Y Jose Guillermo Leon Penagos contra la Sala Primera Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán.

Temas: Reformatio in pejus en materia civil y subsidiariedad de la acción de tutela Tutela frente a violaciones no invocadas por el accionante

Magistrado Ponente:

Dr. MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA

Bogotá, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil uno (2001). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y previo el cumplimiento de los requisitos y trámites legales y reglamentarios, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión del fallo adoptado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca al resolver la acción de tutela

instaurada por HERNAN PIAMBA HURTADO y JOSE GUILLERMO LEON

PENAGOS contra la Sala Primera Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán.

I. ANTECEDENTES

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1. Hechos 1.1 HERNAN PIAMBA HURTADO y JOSE GUILLERMO LEON PENAGOS, ambos servidores públicos de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero – Sucursal de Popayán – durante el tiempo en que sucedieron los hechos, fueron condenados mediante sentencia del 23 de septiembre de 1999, proferida por el Juez 4º Penal del Circuito de Popayán, por el delito de peculado culposo a la pena principal de seis meses de arresto, a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por un período igual al de la pena principal, y al pago de perjuicios materiales equivalentes a diez (10) gramos oro. En los hechos que dieran lugar al procesamiento penal también estuvieron involucrados varios particulares, JHON JAIRO CARDENAS MORENO, JAIRO SANCHEZ y CECILIA RENJIFO HOYOS, a quienes se abrió proceso penal por el delito de estafa, así como otro funcionario de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, ALIRIO FERNANDEZ, quien por su parte fue condenado, en el mismo proceso penal seguido a los accionantes de tutela, por el delito de falsedad ideológica en documento público a la pena principal de tres (3) años de prisión y a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por un período igual al de la pena principal. 1.2 Los condenados PIAMBA HURTADO y LEON PENAGOS interpusieron contra

la sentencia del 23 de septiembre de 1999 recurso de apelación como apelantes únicos. Ni la parte civil (Caja De Crédito Agrario Industrial y Minero), ni el Ministerio Público, ni la Fiscalía General de la Nación apelaron la sentencia penal de primera instancia. 1.3 La Sala Primera Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, mediante sentencia del 1º de septiembre de 2000, confirmó la sentencia condenatoria contra los autores HERNAN PIAMBA HURTADO y JOSE GUILLERMO LEON PENAGOS como responsables del delito de peculado culposo. Sin embargo, también la adicionó, imponiéndole a cada uno como pena de multa la obligación de pagar a favor del Tesoro Nacional la suma de mil pesos ($1.000,oo), y revocando la sentencia de primera instancia respecto de la condena al pago de perjuicios materiales equivalentes a diez (10) gramos oro, para remplazarla y condenar solidariamente a los apelantes al pago de perjuicios materiales en cuantía de ciento setenta y siete millones de pesos ($177.000.000,oo), con los correspondientes intereses legales desde la causación del daño (Mayo 4 de 1994). Fundamenta el fallador de segunda instancia su decisión de adicionar y revocar parcialmente la sentencia de primera instancia en la tesis según la cual la prohibición de agravar la sanción impuesta cuando el condenado es apelante único tiene límites en el principio de legalidad de la pena. Basa su tesis en sentencia del 12 de Noviembre de 1999 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

M.P. Dr. Jorge E. Córdoba Poveda, que en lo pertinente dice: "El criterio de la Sala es que la prohibición de agravar la sanción parte de la consideración de que la pena impuesta haya respetado el mínimo y el máximo previsto en la ley, y no aquella que por ignorancia o arbitrariedad judicial desconoce esos parámetros, ya que en estas condiciones no podía ser objeto de protección, pues la garantía constitucional no puede ser entendida de manera absoluta, esto es, aún a costa de la propia Constitución. Tampoco puede entenderse que la posibilidad de hacer 5 respetar una garantía fundamental, como lo es el principio de legalidad, quede exclusivamente en manos de los sujetos procesales, obligando al Juez que conoce de una apelación a confirmar una sentencia inconstitucional, so pretexto de que no puede agravar la pena al condenado cuando éste es apelante único, como si este principio fuera superior al inicialmente mencionado (art. 29 C.N., anotación de la Sala) y como si no existiere el mandato que "los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la ley". En cuanto a la adición de la pena de multa por un mil pesos ($1.000) a la pena inicial el ad quem afirma que "todo proceso de dosificación conlleva a precisas pautas legales de imperioso cumplimiento". Con respecto a la revocatoria de la condena al pago de perjuicios materiales y el aumento de la cuantía inicial de diez (10) gramos oro a la suma de $177.000.000,oo e intereses legales sobre esa suma desde la causación del daño, el fallador de segunda

instancia consideró que había lugar a imponer una condena al pago de los perjuicios materiales en cuantía mayor a la impuesta en el juez de primera instancia y que éste no podía regular discrecionalmente el monto de la condena, ya que – afirma el ad quem – "los ilícitos de peculado igualmente se concretan en interés jurídico de protección al manejo probo del interés patrimonial del Estado y de los bienes particulares que éste maneja, es decir, es pluriofensivo de donde la consecuencia es clara, habilita para la correspondiente imposición resarcitoria (arts. 103 ss C. Penal)". 1.4 Los afectados HERNAN PIAMBA HURTADO y JOSE GUILLERMO LEON PENAGOS interpusieron acción de tutela contra la Sala Primera Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, conformada por los magistrados GUILLERMO LEON BRAVO CABEZAS, JESUS ALBERTO GOMEZ GOMEZ y JUAN MANUEL IGUARAN MENDOZA, por considerar que la decisión de segunda instancia es una verdadera vía de hecho porque pese a ser ellos apelantes únicos agrava la condena al pago de perjuicios materiales, vulnerando así el derecho al debido proceso (art. 29 C.P.) y la prohibición de la reformatio in pejus (art. 31 C.P.). Solicitan, en consecuencia, se revoque la mencionada sentencia de segunda instancia.

2. Solicitud Los accionantes solicitan la protección de sus derechos fundamentales a la no reformatio in pejus y al debido proceso, consagrados en los artículos 31 y 29 de la

Constitución, respectivamente. En consecuencia, piden que se revoque la sentencia proferida en su contra por la Sala Primera Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, de fecha 1º de septiembre de 2000, mediante la que se desató el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia penal de primera instancia por ellos como apelantes únicos.

3. Intervenciones en el proceso de tutela de primera instancia 3.1 Los magistrados GUILLERMO LEON BRAVO CABEZAS y JESUS ALBERTO GOMEZ GOMEZ, habiéndose excusado el magistrado JUAN MANUEL IGUARAN MENDOZA, presentaron memorial a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, en el que rechazan las pretensiones de los peticionarios, por considerar que el fallo demandado no constituye una vía de hecho y 6 por lo mismo no procede la acción de tutela. Consideran que la institución de la prohibición de la reformatio in pejus contenida en el artículo 31 de la Constitución no se aplica al supuesto fáctico del fallo cuestionado. Consideran que "la reforma impeditiva en contra del procesado se haya circunscrita a la pena" y no se extiende a la condena resarcitoria de los perjuicios derivados del hecho punible. Por otro lado, advierten que "el avance del derecho ha superado el restringido concepto demoliberal de debido proceso (garantía al ius puniendi) para ampliarlo a todas las partes del conflicto y relación jurídica penal. El proceso es instrumento para protección de las garantías del procesado pero también de las víctimas".

Sostienen por último que para la resolución de discrepancias interpretativas la legislación procesal consagra el recurso extraordinario de casación, por lo que en este caso no procede la acción de tutela. 3.2 El Ministerio Público, por intermedio de la Procuradora 156 Judicial II en materia penal, María Cristina Velasco Castellanos, presentó memorial a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, en el que manifiesta su conformidad con el fallo de segunda instancia impugnado con la acción de tutela. Afirma haber sido "agente accidental" del Ministerio Público durante la segunda instancia del proceso penal seguido contra los accionantes, con ocasión de la declaratoria de insubsistencia del anterior procurador permanente ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Popayán.

4. Sentencia objeto de revisión La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, mediante sentencia del 26 de octubre de 2000, rechazó por improcedente la acción de tutela presentada por los accionantes HERNAN PIAMBA HURTADO y JOSE GUILLERMO LEON PENAGOS. 4.1 Argumenta el fallador de tutela que "al existir otro medio de defensa judicial", en este caso el recurso extraordinario de casación (art. 221 del Código de Procedimiento Penal), la acción de tutela es improcedente para impugnar decisiones judiciales. 4.2 Considera que tampoco procede la acción de tutela como mecanismo transitorio, ya que tratándose en el presente caso de cuestiones puramente patrimoniales – como es la discusión sobre el monto del pago de los perjuicios materiales – "no nos

encontramos ante un mal o daño irreparable". 4.3 Finalmente, el juez de tutela rechaza el argumento de los accionantes los cuales, con base en sentencia SU-327 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz, insisten en la ineficacia del recurso extraordinario de casación dada la conocida doctrina de la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia sobre el principio de legalidad como límite a la garantía de la no reformatio in pejus. Considera que el presente caso parte de supuestos fácticos diferentes a los resueltos en la referida sentencia de unificación. Acoge, sin embargo, la tesis del salvamento de voto a la mencionada sentencia, en el sentido de enfatizar la improcedencia de la acción de tutela cuando existe otro medio de defensa judicial, en este caso el recurso extraordinario de casación. Anota que los condenados intentan, con la tesis de la ineficacia del recurso extraordinario de casación, "arrebatar su competencia a la Sala de Casación Penal de 7 la H. Corte Suprema de justicia", pudiendo ejercer a su arbitrio cualquiera de los dos mecanismos judiciales. Por esta vía, concluye "lo relativo a la justicia penal, !quién lo creyera!, la Corte Suprema de Justicia ha dejado de ser, por obra y gracia de una acción de tutela, 'el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria' (ART. 243 C.P.)".

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

1. Competencia Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso tercero y 241, numeral noveno de la

Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Problemas jurídicos De la situación planteada en el presente proceso surgen los siguientes problemas jurídicos: a. ¿Se vulneran los derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso de los accionantes cuando el superior adiciona la pena privativa de la libertad impuesta en primera instancia mediante la imposición de una pena de multa, pese a que los condenados eran apelantes únicos? ¿Debe la Corte tutelar dichos derechos en esta hipótesis pese a que los interesados no lo pidieron expresamente? b. ¿Es procedente la acción de tutela para solicitar la revocatoria de la sentencia de segunda instancia que condena a indemnizar los perjuicios materiales causados por el ilícito, cuando el superior aumenta dicha condena pese a que los condenados fueron apelantes únicos?

La Corte procederá a resolver los anteriores interrogantes en el orden en que han sido planteados.

3. Vulneración del artículo 31 inciso 2 de la Constitución por agravación de la pena por el superior cuando los condenados son apelantes únicos 3.1 Los accionantes acusan la sentencia penal proferida por la Sala Primera Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán porque les agrava la pena impuesta por el Juez 4º Penal del Circuito de Popayán en primera instancia. En efecto, si bien el ad quem mantuvo inmodificada la pena privativa de la libertad impuesta en primera instancia, adicionó la sentencia apelada exclusivamente por los accionantes al condenarlos a pagar una multa de mil pesos ($ 1.000). 3.2 La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del

Cauca, actuando en calidad de tribunal de tutela, rechazó por improcedente la acción de tutela con el argumento de que los accionantes tenían a su disposición el recurso extraordinario de casación en caso de estimar vulnerados sus derechos fundamentales. 3.3 La decisión de tutela objeto de revisión desconoce la doctrina constitucional de la Corte Constitucional tratándose de la agravación de la pena de multa impuesta por el 8 ad quem pese a haber sido los condenados apelantes únicos. Las razones que llevan a la Corte a revocar la sentencia objeto de revisión y a tutelar los derechos invocados por los tutelantes en relación con la imposición de la pena de multa en segunda instancia, recogen la doctrina constitucional en este punto, como se verá a continuación. 3.4 La no reformatio in pejus fue elevada a rango constitucional en el artículo 31 de la Constitución Política. Ella es un "principio general de derecho procesal y una garantía constitucional que hace parte del debido proceso. Consiste en la prohibición de que el superior jerárquico agrave la situación del condenado que actúa como apelante único".1 La misma Corporación ha precisado los alcances de esta institución en sucesivos fallos. Es así como en sentencias T-178 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero, resumió las características del principio de no reformatio in pejus, así: "- Cuando la apelación se interpone exclusivamente por el condenado o por su defensor, el juez de segunda instancia no puede empeorar su situación agravando la pena impuesta por el juez de primera instancia. (SU-327 de 1995, M.P. Carlos

Gaviria Díaz2 y SU-598 de 1995, M.P. Hernando Herrera Vergara). - La competencia del juez de segunda instancia se adquiere sólo en los aspectos objeto de impugnación y en lo que pueda ser desfavorable para el condenado, puesto que la apelación y las pretensiones que se involucran en ella limitan la competencia del superior jerárquico. (T-481 de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-113 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) - Este principio impone al superior la prohibición de actuar ex-oficio y exige un carácter dispositivo. (T-099 de 1994, M. P. Jorge Arango Mejía) - El principio de la no reformatio in pejus opera sólo en favor del imputado. (SU327/95, M.P. Carlos Gaviria Díaz). - El principio de legalidad de la pena no cede frente al derecho a la libertad en la segunda instancia cuando hay apelante único. (T-474 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero). - La responsabilidad para mantener la legalidad de la pena ante una sentencia de primera instancia ajena a este deber, le corresponde al Ministerio Público y a la Fiscalía, como representantes de los intereses legítimos del Estado o de la sociedad, como quiera que se encuentran facultados para interponer el recurso de 1 Corte Constitucional. Sentencia T-474 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 2 En la sentencia SU-327/95, M.P Carlos Gaviria Díaz, se definen los alcances de la reformatio in peius, estableciendo que debido a la preclusión de la oportunidad que el Estado tiene de revisar su propio acto (a

través de la Fiscalía o el Ministerio Público), y existiendo un único apelante, el juez de segundo grado adquiere competencia sólo en función del recurso interpuesto por el procesado y sólo para revisar la providencia en los aspectos en que pueda serle desfavorable. Es por esto que el juez de segunda instancia no puede, arguyendo que ha encontrado alguna irregularidad en el proceso o en la sentencia, cuya enmienda conduce a un empeoramiento de la situación del apelante, declararla en la sentencia. En el caso concreto el juez de segunda instancia, argumentando que la graduación de los mínimos y máximos que utilizó el juez de primera instancia para imponer la pena estaban errados, ya que se derivaban de una ley reformada por una ley posterior vigente al momento de acaecer los hechos punibles, decide agravar la situación de los apelantes de 24 a 44 años, de acuerdo a lo dispuesto por la ley que ignoró el juez de primera instancia. Concluye la Corte que la sentencia de segunda instancia violó la garantía de la no reformatio in peuis, por lo que decide tutelar el derecho al debido proceso de los actores. 9 apelación y los demás recursos que contempla el ordenamiento jurídico penal. (SU327 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz). - La prohibición de fallar en mayor perjuicio del apelante único cobija a toda clase de decisiones judiciales - salvo las excepciones que contemple la ley -" (C-055 de 1993 M.P. José Gregorio Hernández Galindo). - La prohibición de agravar la condena en perjuicio del apelante único se extiende a la condena por responsabilidad civil o consecuencias civiles del ilícito (T-400 de

1996 M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-643 de 1997. M.P. Carlos Gaviria Díaz)." La interdicción peyorativa al juez de segunda instancia, esto es, la limitación de su competencia a lo favorable para el apelante único, es una garantía constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa. Sin dicha garantía, y ante la eventualidad de que el superior agrave la condena impuesta por el inferior, el ejercicio del derecho a la defensa y el principio de favorabilidad se verían gravemente restringidos, ya que el condenado tendría que asumir el riesgo de ejercer su derecho de defensa contra la decisión judicial adversa, lo que supondría desincentivar su utilización y desproteger a la parte débil frente al poder punitivo del estado. El constituyente quiso evitar esta restricción. Sin desconocer los derechos de los demás actores en el proceso penal, quienes pueden evitar, también apelando, la restricción de la competencia del superior a favor del ejercicio de los derechos del procesado o condenado, se consagró a nivel constitucional la prohibición categórica al superior de agravar la pena cuando el condenado es apelante único, para de esta forma rodear de garantías el ejercicio libre del derecho de defensa. Así lo ha sostenido la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia de constitucionalidad C-055 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández: "(L)a garantía reconocida por el artículo 31 de la Carta al apelante único tiene el sentido de dar a la apelación el carácter de medio de defensa del condenado y no el de

propiciar una revisión "per se" de lo ya resuelto. Así que, mientras la otra parte no apele, el apelante tiene derecho a que tan solo se examine la sentencia en aquello que le es desfavorable. Es ésta, por tanto, una competencia definida de antemano en su alcance por el propio Constituyente." 3.5 En atención a la doctrina constitucional sobre la no reformatio in pejus no podría el superior agravar la pena impuesta por el inferior en el sentido de adicionarla para imponerle a los condenados la pena de multa en cuantía de mil pesos ($ 1.000), cuando el juez penal de primera instancia no los condenó a dicha pena. Por esta sola razón, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca ha debido conceder la tutela solicitada, ya que los accionantes no disponían de otro medio de defensa judicial igualmente idóneo a la acción de tutela para la defensa de sus derechos fundamentales de defensa y debido proceso. En efecto, siendo la pena máxima dispuesta para el delito de peculado culposo, por el cual fueron condenados, de tres años de privación de la libertad, los tutelantes no cumplían con el requisito de procedibilidad de la casación penal, ya que el artículo 211 del Código de Procedimiento Penal vigente en ese entonces exigía para su admisibilidad que el delito tuviera dispuesta una pena privativa de la libertad de mínimo ocho años de prisión. 10 3.6 Por último, para la Corte no hace ninguna diferencia que los accionantes no hayan interpuesto la tutela contra la sentencia que los empeoró solicitando específicamente

la revocatoria de la pena de multa. El juez de tutela no está atado por las pretensiones específicas del peticionario. La acción de tutela por su informalidad y por su función garantista de los derechos fundamentales habilita al juez para proteger cualquier derecho que encuentre vulnerado, así el accionante no lo haya invocado (art. 14 del Decreto 2591 de 1991). Lo cierto es que el fallo penal de segunda instancia agravó su situación al imponer adicionalmente la pena de multa pese a ser los condenados apelantes únicos, en abierta violación del inciso 2 del artículo 31 de la Constitución. Lo importante en este punto es resguardar el principio constitucional de la no reformatio in pejus, y reiterar en consecuencia la clara y amplia jurisprudencia constitucional Corte en este punto. En consecuencia, la Corte procederá a revocar en este punto el fallo de tutela objeto de revisión y a anular la sentencia penal de segunda instancia impugnada en tutela con respecto exclusivamente a la adición de la pena de multa.

4. Improcedencia de la acción de tutela por existencia de medio judicial específico e idóneo para impugnar el aumento de la condena de indemnización de perjuicios 4.1 Si bien la acción de tutela es procedente para obtener la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa respecto de la agravación de la pena cuando el delito no es de aquellos cuya cuantía permita recurrir en casación, en lo que respecta a la agravación de la condena en perjuicios por el ad quem dicha acción no es procedente. Ello es así porque el ordenamiento jurídico establece un

medio judicial específico e idóneo para impugnar el fallo penal agravatorio de la indemnización de perjuicios y la acción de tutela – en estas circun