CC - T-185 de 2026
Corte Constitucional
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Detalles
- Título
- CC - T-185 de 2026
- Autor
- Corte Constitucional
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Constitucional
- Año
- 2026
T-185-26
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Segunda de Revisión
SENTENCIA T-185 DE 2026
Referencia: expedientes T-11.698.587 y T-11.732.539
(acumulados).
Asunto: acción de tutela instaurada por José Darío Pinto Salazar contra la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones) y acción de tutela instaurada por Elizabeth Oviedo Ruiz contra el municipio de Momil (Córdoba).
Tema: derecho a la seguridad social en materia pensional; mora patronal; confiabilidad de la historia laboral; cálculo actuarial; deberes de recaudo de las administradoras de pensiones; e inoponibilidad al afiliado de cargas administrativas, financieras o de cobro derivadas del incumplimiento del empleador.
Magistrado ponente: Carlos Camargo Assis
Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026).
En ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, la Sala Segunda de Revisión
de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño, Juan Carlos Cortés González y Carlos Camargo Assis, quien la preside, profiere la siguiente:
SENTENCIASíntesis de la decisión La Sala revisa dos acciones de tutela acumuladas en las que los accionantes alegan barreras para acceder a la definición o reconocimiento de sus derechos pensionales. En el primer expediente, José Darío Pinto Salazar cuestiona la negativa de Colpensiones de reconocerle la pensión de vejez, al considerar que la administradora no incorporó en su historia laboral todos los períodos efectivamente laborados para Ferticol, afectados por mora patronal y por el trámite liquidatorio de esa empresa. En el segundo expediente, Elizabeth Oviedo Ruiz controvierte la falta de saneamiento completo de los aportes pensionales omitidos por el municipio de Momil, situación que ha impedido consolidar su historia laboral y avanzar en la definición de su situación pensional. Se revocarán las decisiones de instancia revisadas y en su lugar se concederá el amparo en
historia laboral y avanzar en la definición de su situación pensional. Se revocarán las decisiones de instancia revisadas y en su lugar se concederá el amparo en ambos expedientes acumulados. En el expediente T-11.698.587, el material probatorio allegado en sede de revisión confirma que Colpensiones sí formuló la reclamación concursal por la deuda pensional de Ferticol, que dentro de esa reclamación y de sus anexos se individualizaron períodos a nombre de José Darío Pinto Salazar y que parte de esos ciclos fueron aprobados como créditos oportunamente presentados, mientras otros quedaron clasificados como pasivo cierto no reclamado. Esa información robustece, y no debilita, la conclusión de que la administradora no podía negar la pensión con base en una historia laboral incompleta ni hacer oponibles al actor la mora patronal, la depuración de la cartera o las contingencias del trámite liquidatorio. En consecuencia, se dejará sin efectos
la Resolución SUB-260166 de 2025 y se ordenará a Colpensiones que, con base en la totalidad del material probatorio recaudado en sede administrativa y constitucional, corrija integralmente la historia laboral del actor, incorpore los períodos que resulten acreditados conforme a la regla de inoponibilidad de la mora patronal y, de verificarse el cumplimiento de los requisitos legales —como lo indica de manera consistente el acervo obrante en esta actuación—, reconozca y pague la pensión de vejez, sin trasladar al afiliado los efectos de la mora patronal, de la depuración de cartera o de las controversias administrativas derivadas del proceso liquidatorio.Por otro lado, en el expediente T-11.732.539 la afectación no corresponde a una ausencia absoluta de actuaciones frente al cálculo actuarial. Con la respuesta allegada por Colfondos en sede de revisión se constató que la accionante se encuentra activa en el
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad desde el 1 de septiembre de 1995, que el municipio de Momil efectuó un pago por cálculo actuarial el 2 de marzo de 2026, referencia 125112, y que varios períodos entre 1995 y 2008 fueron acreditados en la historia laboral[1]. No obstante, persiste una barrera pensional, porque permanece pendiente de pago un cálculo actuarial generado el 8 de abril de 2026, referencia 145223, correspondiente a los períodos 1995-07 y 1995-08[2], y porque la definición de la situación pensional exige que, una vez se saneen los saldos pendientes, Colfondos actualice integralmente la información y adopte la decisión técnica que corresponda. Por ello, se concederá el amparo a los derechos a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna, se negará el amparo del derecho de petición, se ordenará al municipio de Momil actualizar y pagar el cálculo actuarial pendiente, y se impartirá a Colfondos una
orden instrumental de actualización, información y definición prestacional, sin atribuirle la mora patronal ni imponerle el pago de los aportes omitidos.
I. ANTECEDENTES
1. Expediente T-11.698.587. José Darío Pinto Salazar contra Colpensiones 1.1. La acción de tutela
1. El 21 de agosto de 2025, el señor José Darío Pinto Salazar interpuso acción de tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensionesy vinculó a Fertilizantes Colombianos S.A. -Ferticolen liquidación y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Alegó la vulneración de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna y al debido proceso, con ocasión de la negativa de reconocimiento de su pensión de vejez mediante la Resolución SUB-260166 del 13 de agosto de 2025.[3] 1.2 Hechos constitucionalmente relevantes
2. El accionante nació el 3 de agosto de 1963 y, para la fecha de los hechos
relevantes del trámite constitucional, contaba con 62 años. Laboró para Ferticol, mediante contrato de trabajo a término indefinido, entre el 6 de diciembre de 1994 y el 28 de enero de 2022, para un total aproximado de veintisiete años, un mes y veintitrés días.[4]
3. En el expediente obran dos referencias relevantes sobre la densidad de cotización del actor. De una parte, en los antecedentes del trámite y en el reporte de historia laboral aportado al proceso se indicó que José Darío Pinto Salazar registraba 910,14[5] semanas cotizadas. De otra, al expedir la Resolución SUB-260166 del 13 de agosto de 2025, Colpensiones señaló expresamente que el interesado acreditaba 6.552días laborados, equivalentes a 936 semanas.[6]
4. En el expediente obran distintas cifras sobre el total de semanas (1.557,29; 1.562,14 y 1.562,24)[7], divergencia que se explica por procesos de depuración técnica de ciclos y días cotizados.[8]
1.562,14 y 1.562,24)[7], divergencia que se explica por procesos de depuración técnica de ciclos y días cotizados.[8]
5. El accionante aportó certificaciones expedidas por Ferticol, la certificación CETIL generada a través del Ministerio de Hacienda, un acta de revisión de períodos de seguridad social suscrita el 29 de septiembre de 2023, soportes médicos relacionados con traumatismo de tendón del manguito rotador, contractura muscular, síndrome de abducción dolorosa y dolor crónico, así como certificación del Sisbén que lo ubica en condición de pobreza moderada.[9]
6. El actor sostuvo que Colpensiones no había incorporado en su historia laboral la totalidad de los períodos efectivamente laborados para Ferticol y que, por esa razón, la administradora le negó el reconocimiento de la pensión de vejez. Las actuaciones posteriores relacionadas con la reclamación concursal presentada por Colpensiones, la clasificación de créditos dentro del proceso liquidatorio y las respuestas
actuaciones posteriores relacionadas con la reclamación concursal presentada por Colpensiones, la clasificación de créditos dentro del proceso liquidatorio y las respuestas allegadas por las entidades serán reseñadas en el acápite correspondiente al trámite en sede de revisión y valoradas en el caso concreto.
7. El accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna y al debido proceso y, en consecuencia, pidió que se ordenara a Colpensiones reconocer y pagar la pensión de vejez teniendo en cuenta la totalidad de las semanas efectivamente laboradas, incluidas aquellas no reportadas por mora patronal. Así mismo, solicitó que se ordenara a la entidad efectuar la depuración integral de su historia laboral, incorporando los períodos omitidos, y adoptar las medidas necesarias para garantizar el pago de las cotizaciones adeudadas por el empleador, sin trasladarle las consecuencias de dicha omisión. 1.3. Trámite procesal
8. El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Barrancabermeja admitió la
1.3. Trámite procesal
8. El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Barrancabermeja admitió la acción el 25 de agosto de 2025. En sentencia del 4 de septiembre de 2025, el despacho declaró improcedente el amparo solicitado. Consideró que la controversia era de índole prestacional y debía resolverse ante la jurisdicción ordinaria laboral, sumado a que el actor no acreditó la inminencia de un perjuicio irremediable.[10]
9. Impugnada la decisión por el accionante, la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en fallo del 7 de octubre de2025, confirmó la decisión. El fallador de alzada concluyó que no se superó el requisito de subsidiariedad, pues el actor no interpuso los recursos administrativos de reposición y apelación contra la Resolución SUB-260166 de 2025 que le negó la pensión.[11]
10. Al interior de este proceso de tutela se allegaron las siguientes respuestas de
las entidades. En primer lugar, Colpensiones solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Señaló que la solicitud de reconocimiento pensional presentada por el actor el 4 de agosto de 2025 fue resuelta desfavorablemente mediante la Resolución SUB-260166 del 13 de agosto siguiente, al estimar que no acreditaba el número mínimo de semanas cotizadas exigido para acceder a la pensión de vejez. Añadió que el accionante no interpuso los recursos administrativos procedentes contra ese acto y que, en todo caso, la controversia debía ser resuelta por la jurisdicción ordinaria laboral. Sostuvo, además, que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable ni de una situación de vulnerabilidad que habilitara la procedencia excepcional del amparo. Finalmente, afirmó que su actuación se ajustó al marco normativo aplicable, en tanto la administradora debe fundar sus
decisiones en la información incorporada a la historia laboral, elaborada a partir de los reportes del empleador y de las certificaciones válidamente registradas en el sistema.[12]
11. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva. Expuso que no recibió petición alguna del accionante y que la Oficina de Bonos Pensionales carece de competencia para reconocer o negar la prestación reclamada, pues su intervención se limita a los eventos en que Colpensiones solicita el trámite de un bono pensional o de una cuota parte, actuación que, según indicó, no se ha promovido en este asunto. Agregó que la actualización o modificación de la historia laboral corresponde exclusivamente a Colpensiones, mientras que la certificación de tiempos laborados es una carga atribuida a los empleadores a través del sistema CETIL, trámite que, en este caso, ya habría sido adelantado por
Ferticol.[13]
12. Por su parte, Fertilizantes Colombianos S.A. -Ferticolen liquidación aceptó
Ferticol.[13]
12. Por su parte, Fertilizantes Colombianos S.A. -Ferticolen liquidación aceptó los hechos relacionados con la existencia de la relación laboral y con la mora en el pago de los aportes pensionales. Con fundamento en el precedente fijado en la Sentencia T-043 de 2025, sostuvo que la mora patronal es inoponible al trabajador y que las omisiones institucionales en el recaudo, cobro o traslado de aportes no pueden trasladarse al afiliado para frustrar su acceso a la pensión. En esa medida, solicitó que se declarara procedente la acción de tutela y que se ordenara a Colpensiones asumir el reconocimiento y pago de la prestación, sin perjuicio de las actuaciones que deban surtirse dentro del proceso liquidatorio para la satisfacción de las acreencias pensionales. No obstante, también pidió su desvinculación, al considerar que la competencia para definir el derecho pensional
liquidatorio para la satisfacción de las acreencias pensionales. No obstante, también pidió su desvinculación, al considerar que la competencia para definir el derecho pensional reclamado recae en la administradora, mientras que el tratamiento de la deuda por aportesinsolutos debe sujetarse a las reglas propias de la liquidación forzosa administrativa.[14] 1.4. Sentencias objeto de revisión
13. Primera instancia.[15] El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Barrancabermeja profirió sentencia el 4 de septiembre de 2025, dentro de la acción de tutela promovida por José Darío Pinto Salazar contra la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, en la que se solicitó el amparo de los derechos a la seguridad social y al mínimo vital, con ocasión de la negativa administrativa del reconocimiento de la pensión de vejez.
14. En esa providencia, el despacho judicial declaró improcedente la acción constitucional. Para sustentar la decisión, el juez de primera instancia concluyó que el
conflicto planteado por el accionante se relacionaba con el reconocimiento de una prestación económica de naturaleza pensional y con la discusión sobre el cumplimiento de requisitos legales, en particular el cómputo de semanas y el efecto de periodos presuntamente no aportados o no reflejados en la historia laboral. Sobre esa base, consideró que existía un medio de defensa judicial principal e idóneo ante la jurisdicción ordinaria laboral para controvertir el acto administrativo y debatir, con amplitud probatoria, las certificaciones de tiempo de servicios y la eventual responsabilidad del empleador o de la administradora en el recaudo de aportes. En el análisis de procedencia, el juez señaló que la tutela no podía utilizarse como mecanismo alternativo para desplazar las acciones ordinarias, y que no se acreditaban elementos suficientes para habilitarla como mecanismo transitorio.
15. En relación con la inmediatez y con la necesidad de una protección urgente,
el juez estimó que no se acreditó un escenario de perjuicio irremediable, ni una afectación actual y grave del mínimo vital que hiciera impostergable la intervención del juez constitucional. De igual forma, tuvo en cuenta que el debate requería un examen probatorio integral sobre historia laboral, semanas efectivamente cotizadas, periodos reportados, periodos omitidos y eventuales gestiones de cobro, lo cual reforzaba la necesidad de acudir a la vía judicial ordinaria.
16. Impugnación.[16] El accionante impugnó la sentencia de primera instancia.
La impugnación se dirigió a cuestionar la conclusión de improcedencia y a sostener, en lo sustancial, que la negativa de COLPENSIONES incidía de manera directa en su derecho a la seguridad social y en sus condiciones de subsistencia, y que la controversia sobre semanas y periodos laborales debía ser valorada a la luz de la especial protección constitucional que cobija el acceso a prestaciones pensionales cuando se alega afectación
del mínimo vital y se trata de personas en condición de vulnerabilidad. Así mismo, insistió en que el conflicto se originaba, al menos parcialmente, en la falta de reporte opago de aportes durante su vinculación laboral, y en la ausencia de gestiones eficaces de recaudo por parte de la administradora, lo cual, en su criterio, no podía trasladarle la carga al afiliado para negar el reconocimiento de la prestación.
17. Segunda instancia.[17] El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Civil Familia, profirió sentencia el 7 de octubre de 2025 y decidió confirmar el fallo de primera instancia. En la ratio decidendi, el Tribunal mantuvo la conclusión de improcedencia, al considerar que el asunto debía tramitarse ante la jurisdicción ordinaria laboral, por tratarse de una controversia pensional susceptible de debate probatorio amplio y con instrumentos procesales ordinarios para controvertir la decisión administrativa y, en su caso, obtener el reconocimiento de la prestación.
18. En el examen de subsidiariedad, el Tribunal resaltó que el accionante
decisión administrativa y, en su caso, obtener el reconocimiento de la prestación.
18. En el examen de subsidiariedad, el Tribunal resaltó que el accionante contaba con un mecanismo judicial principal y que la tutela no podía operar como vía sustitutiva para obtener el reconocimiento de la pensión. Además, consideró relevante que, frente al acto administrativo que negó el reconocimiento, no se evidenciaba el agotamiento de los mecanismos ordinarios disponibles en sede administrativa, lo cual reforzaba la falta de subsidiariedad del amparo.
19. En cuanto a la procedencia como mecanismo transitorio, el Tribunal concluyó que no se acreditó un perjuicio irremediable. En particular, señaló que no se demostraron elementos objetivos que permitieran tener por probada una afectación concreta e inminente del mínimo vital, ni la imposibilidad material de acudir al proceso ordinario laboral. En esa línea, valoró que las afirmaciones sobre condiciones de salud o limitaciones para laborar no se encontraban suficientemente acreditadas con soportes
ordinario laboral. En esa línea, valoró que las afirmaciones sobre condiciones de salud o limitaciones para laborar no se encontraban suficientemente acreditadas con soportes idóneos que demostraran una situación de gravedad que exigiera una intervención inmediata del juez constitucional.
20. Adicionalmente, el Tribunal consideró que la actuación administrativa cuestionada no se apreciaba, prima facie, como arbitraria o caprichosa, en la medida en que la negativa se fundó en el incumplimiento del requisito de semanas exigido para la pensión de vejez, con base en la información obrante en la historia laboral a la fecha de la decisión. Por ello, estimó que el desacuerdo del accionante con el cómputo de semanas y con la valoración de certificaciones y periodos laborales debía canalizarse por las vías ordinarias, en las que es posible solicitar y controvertir pruebas documentales, testimoniales y periciales sobre las cotizaciones efectivas, la existencia de aportes
omitidos, el deber de cobro de la administradora y el tratamiento jurídico de periodos laborados no reflejados en el registro.2. Expediente T-11.732.539. Elizabeth Oviedo Ruiz contra el municipio de Momil 2.1. La acción de tutela
21. El 18 de septiembre de 2025, la señora Elizabeth Oviedo Ruiz promovió acción de tutela contra el municipio de Momil, Córdoba, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna y de petición. Sostuvo que la entidad territorial omitió pagar y consignar el cálculo actuarial correspondiente a aportes pensionales dejados de transferir durante su relación laboral, con lo cual se obstaculizó el avance de su trámite pensional. 2.2 Hechos jurídicamente relevantes
22. La señora Elizabeth Oviedo Ruiz nació el 12 de enero de 1961 y prestó sus servicios al municipio de Momil entre el 1 de enero de 1989 y el 15 de febrero de 2022, en distintos cargos de apoyo administrativo.
23. El 18 de agosto de 2025, la accionante elevó derecho de petición ante la
en distintos cargos de apoyo administrativo.
23. El 18 de agosto de 2025, la accionante elevó derecho de petición ante la administración municipal con el propósito de que se adelantaran las actuaciones requeridas para el saneamiento de los aportes pensionales no transferidos durante su vínculo laboral.
24. En respuesta a dicha solicitud, el municipio reconoció la existencia de la obligación pendiente y expidió una autoliquidación de cálculo actuarial a favor de Colfondos por valor de $35.020.900, con fechas límite de pago fijadas para el 30 de septiembre y el 31 de octubre de 2025.
25. Pese a lo anterior, la entidad territorial informó que no contaba con disponibilidad suficiente en la vigencia fiscal correspondiente y que se encontraba efectuando revisiones presupuestales encaminadas a determinar la posibilidad de realizar la consignación.
26. La accionante sostuvo que esa respuesta no satisfacía materialmente su
solicitud, en tanto la falta de pago impedía la incorporación de tales tiempos a su historia laboral y, por esa vía, obstaculizaba el avance efectivo de su trámite pensional.
27. La demandante afirmó encontrarse en condición de vulnerabilidad socioeconómica, derivada de su clasificación en el Sisbén B3, de la ausencia de ingresos propios y de su calidad de cuidadora única de su madre, de 87 años, quien presenta discapacidad visual severa y otras patologías crónicas.28. Del material probatorio obrante en el expediente se desprende, prima facie, que la controversia no versa sobre la existencia de la obligación actuarial, sino sobre la ausencia de pago oportuno por parte del municipio y sobre los efectos que dicha omisión produce respecto del acceso de la accionante a la definición de su situación pensional.
29. En sede de revisión, Colfondos fue requerida mediante auto de pruebas para
que informara el estado de afiliación, la historia laboral de la accionante, el pago del cálculo actuarial y las gestiones de cobro frente al municipio de Momil[18]. Posteriormente, mediante auto del 19 de mayo de 2026, el magistrado sustanciador dispuso su vinculación formal al trámite constitucional[19]. El 26 de mayo de 2026, la administradora rindió informe en el que indicó que la señora Elizabeth Oviedo Ruiz se encuentra activa en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad desde el 1 de septiembre de 1995, que su historia laboral fue actualizada con los períodos efectivamente cotizados y con aquellos acreditados mediante cálculo actuarial, que el municipio de Momil efectuó un pago el 2 de marzo de 2026, referencia 125112, por varios períodos entre 1995 y 2008, y que esos períodos ya fueron acreditados en la historia laboral de la afiliada[20]. Asimismo, informó que permanece pendiente de pago un cálculo actuarial del 8 de abril de 2026, referencia 145223, correspondiente a los períodos 1995-07 y 1995-08[21].
un cálculo actuarial del 8 de abril de 2026, referencia 145223, correspondiente a los períodos 1995-07 y 1995-08[21].
30. En el estado actual de la actuación, el acervo probatorio permite advertir que la barrera atribuible al municipio de Momil fue parcialmente removida, pero no superada.
En efecto, Colfondos informó que los períodos pagados con la referencia 125112 ya fueron acreditados en la historia laboral[22]; sin embargo, sigue pendiente el saneamiento de los períodos 1995-07 y 1995-08, así como las actuaciones necesarias para que, una vez pagado o actualizado el saldo correspondiente, la administradora consolide la historia laboral y defina la situación pensional de la actora[23].
31. En la solicitud de amparo, la señora Elizabeth Oviedo Ruiz pidió que se ordene al municipio de Momil efectuar el pago del cálculo actuarial a Colfondos por valor de $35.020.900 dentro del término de treinta (30) días, adoptar las medidas presupuestales necesarias para asegurar dicha consignación, proteger de manera
valor de $35.020.900 dentro del término de treinta (30) días, adoptar las medidas presupuestales necesarias para asegurar dicha consignación, proteger de manera inmediata su derecho al mínimo vital y prevenir a la entidad territorial para que se abstenga de incurrir nuevamente en omisiones que comprometan su acceso a la pensión. 2.3. Respuesta de la entidad accionada
32. El Municipio de Momil[24], a través de su vocero judicial, contestó la acción de tutela solicitando desestimar las pretensiones por inexistencia de vulneración de derechos, falta de prueba de un perjuicio irremediable e incumplimiento del requisito desubsidiariedad. Aceptó que la accionante presentó el derecho de petición el 18 de agosto de 2025 y que, en efecto, se había expedido la respectiva autoliquidación del cálculo actuarial. Frente a la presunta vulneración del derecho de petición, la entidad la negó al considerar que ya había emitido una respuesta de fondo el 11 de septiembre de 2025, aclarando que fijar una fecha exacta para la consignación resultaba presupuestalmente
considerar que ya había emitido una respuesta de fondo el 11 de septiembre de 2025, aclarando que fijar una fecha exacta para la consignación resultaba presupuestalmente complejo para la administración debido al alto monto adeudado y a la escasez de recursos.
33. En cuanto al riesgo alegado por la demandante sobre la pérdida de vigencia del cálculo actuarial, el municipio sostuvo que dichas liquidaciones pueden actualizarse nuevamente a través de la plataforma de manera rápida y segura. Finalmente, argumentó que la actora no aportó prueba, ni siquiera sumaria, que demostrara la configuración de un perjuicio irremediable, y reiteró que las apreciaciones relativas al pago debían ventilarse mediante una demanda ante la jurisdicción ordinaria o contenciosa competente, toda vez que la tutela no es la vía principal para obtener el reconocimiento de este tipo de acreencias económicas. 2.4. Sentencias objeto de revisión
34. Primera instancia.[25] Mediante providencia del 30 de septiembre de 2025,
el Juzgado Promiscuo Municipal de Momil resolvió declarar improcedente la acción de tutela. Frente al derecho de petición, el juzgado encontró acreditado que el Municipio de Momil emitió una respuesta directa y de fondo el 11 de septiembre de 2025, aportando la liquidación del cálculo actuarial solicitada, por lo que declaró el hecho superado respecto a dicha garantía.
35. Respecto de la orden de pago del cálculo actuarial por valor de $35.020.900 a favor de Colfondos, el juez determinó que la acción de tutela resulta improcedente para ordenar el pago de sumas de dinero y acreencias de tipo laboral. Argumentó que el asunto amerita un debate probatorio amplio ante la jurisdicción ordinaria o contenciosoadministrativa, dado que la accionante exige un pago inmediato, mientras que la entidad territorial alega escasez de recursos. Así mismo, precisó que no bastaba con invocar
vulnerabilidad, pues la actora no aportó prueba, ni siquiera sumaria, que acreditara de qué manera específica se estaba afectando su mínimo vital para configurar un perjuicio irremediable.
36. Impugnación.[26] El 6 de octubre de 2025, la actora impugnó el fallo esgrimiendo que la respuesta de la Alcaldía fue "meramente formal", pues al no dictar medidas presupuestales concretas ni fijar una fecha cierta para el pago, el cálculo actuarial perdería vigencia y dejaría sin efecto su trámite pensional. Argumentó que en su caso confluyen todos los elementos del perjuicio irremediable por ser: (i) persona de latercera edad, (ii) carecer de ingresos, (iii) depender de la pensión para su subsistencia y
(iv) estar expuesta a la pérdida de vigencia de la liquidación. En esta instancia, allegó pruebas adicionales sobre la discapacidad visual severa de su madre y su precaria clasificación en el Sisbén.
37. Segunda instancia. [27] El 23 de octubre de 2025, el Juzgado Laboral del
clasificación en el Sisbén.
37. Segunda instancia. [27] El 23 de octubre de 2025, el Juzgado Laboral del Circuito de Lorica confirmó el fallo impugnado. En su análisis, el juzgado ratificó que, aunque el despacho no desconocía la edad de la actora, la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para lograr consignaciones o pagos de cálculos actuariales. Concluyó que la vía constitucional carece de idoneidad para dirimir conflictos económicos sobre mora patronal, reiterando que la accionante no demostró por qué la vía ordinaria resultaría ineficaz para salvaguardar sus derechos, incumpliendo de manera insalvable el requisito de subsidiariedad. 2.5. Actuaciones en sede de revisión y acumulación
38. La Sala de Selección de Tutelas Número Uno, mediante auto del 30 de enero de 2026, seleccionó para revisión los expedientes T-11.698.587 y T-11.732.539, los acumuló por unidad de materia y los repartió a la Sala Segunda de Revisión. El
fundamento de esa decisión fue la existencia de un núcleo temático común relacionado con barreras pensionales derivadas de mora patronal, inconsistencias en la historia laboral y omisiones institucionales en el recaudo o traslado de aportes.
