CC - T001-2026

T-001-26

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sentencia T-001 de 2026

Referencia: expediente T-11.282.527

Asunto: acción de tutela instaurada por Juan Martín en contra de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Colpensiones y otros

Magistrado ponente: Carlos Camargo Assis

Bogotá D.C., dieciséis (16) de enero de dos mil veintiséis (2026).

La Sala Novena de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional [1], integrada por la magistrada Natalia Ángel Cabo y los magistrados Juan Carlos Cortés González y Carlos Camargo Assis, quien la preside, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere la siguiente:

SENTENCIA

Aclaración previaEn el presente asunto se hará referencia a la historia clínica e información relativa a la salud física del accionante. Por lo tanto, como medida de protección a la intimidad, se emitirán dos versiones de esta sentencia. Una con los nombres reales que la Secretaría General de la Corte remitirá a las partes y autoridades involucradas, y otra con nombres ficticios que seguirá el canal previsto por esta Corporación para la difusión de información pública. Lo anterior de conformidad con la Circular Interna N.º 10 de 2022 de la Corte Constitucional y los artículos 61 del Acuerdo 01 de 2025 y 21 de la Ley 1712 de 2014.

Síntesis de la decisión

La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional conoció la acción de tutela

Síntesis de la decisión

La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional conoció la acción de tutela promovida por el apoderado judicial del señor Juan Martín contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y otros. El apoderado sostuvo que las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales de su representado al mínimo vital, a la seguridad social, a una vida digna y al debido proceso, al negarse a reconocerle la pensión de invalidez, a pesar de encontrarse acreditada una pérdida de capacidad laboral del 72.84% y haber cotizado las semanas requeridas bajo el régimen del Acuerdo 049 de 1990.

El apoderado judicial indicó que Colpensiones calificó la pérdida de capacidad laboral del señor Juan Martín -quien cuenta con 89 añosen un 72.84%, con fecha de estructuración del 17 de marzo de 2015, pero negó el reconocimiento de la prestación pensional. Debido a ello presentó una demanda con el fin de lograr dicho reconocimiento. No obstante, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali negó las pretensiones de la demanda. Según lo expuesto en la acción de tutela, el tribunal desconoció sus derechos al abstenerse de ordenar a Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez en atención al principio de la condición más beneficiosa. A juicio del apoderado, dicha decisión se apartó de la jurisprudencia constitucional que protege las expectativas legítimas de quienes

principio de la condición más beneficiosa. A juicio del apoderado, dicha decisión se apartó de la jurisprudencia constitucional que protege las expectativas legítimas de quienes consolidaron su derecho bajo regímenes anteriores más favorables y omitió valorar la situación de vulnerabilidad del señor Juan Martín , derivada de su avanzada edad, sus graves problemas de salud y la falta de ingresos para su subsistencia.

Luego de verificar el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, la Sala Novena de Revisión encontró acreditada la vulneración de los derechos fundamentales del señor Juan Martín al mínimo vital, a la seguridad social, a una vida digna y al debido proceso. La Corte determinó que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente y en una violación directa de la Constitución, al apartarse injustificadamente de la línea jurisprudencial fijada en las sentencias SU-442 de 2016, SU-556 de 2019, SU-299 de 2022, SU-038 de 2023, SU-072 de 2024 y SU-087 de 2025.La Corte recordó que el principio de la condición más beneficiosa no se limita a la aplicación del régimen inmediatamente anterior, sino que permite aplicar de forma ultractiva el Acuerdo 049 de 1990 cuando el afiliado consolidó su expectativa legítima bajo ese marco normativo y se encuentra en condiciones de especial protección. En este caso, la Sala destacó que el actor (i) cumplió con la densidad de semanas exigida por el

ultractiva el Acuerdo 049 de 1990 cuando el afiliado consolidó su expectativa legítima bajo ese marco normativo y se encuentra en condiciones de especial protección. En este caso, la Sala destacó que el actor (i) cumplió con la densidad de semanas exigida por el Acuerdo 049 de 1990 antes de su derogatoria, (ii) es una persona de la tercera edad en situación de discapacidad, (iii) carece de medios económicos estables para subsistir y (iv) no está en condiciones de seguir cotizando al sistema de pensiones.

En consecuencia, la Corte (i) r evocó las decisiones de instancia que declararon improcedente la acción de tutela; y (ii) dejó sin efectos la sentencia proferida el 8 de septiembre de 2023 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali. En su lugar, confirmó la sentencia de primera instancia del proceso ordinario laboral, proferida el 24 de enero de 2022 por el Juzgado 004 Laboral del Circuito de Cali.

I. ANTECEDENTES

1. El señor Miguel, actuando en calidad de apoderado judicial del señor Juan Martín, interpuso una acción de tutela en contra de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, y la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones), al considerar vulnerados los derechos fundamentales de su representado al mínimo vital, a la seguridad social, a una vida digna y al debido proceso. Sostuvo que la autoridad judicial accionada adoptó una decisión con base en la postura de la Corte Suprema de Justicia sobre la condición más beneficiosa, desconociendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cual

digna y al debido proceso. Sostuvo que la autoridad judicial accionada adoptó una decisión con base en la postura de la Corte Suprema de Justicia sobre la condición más beneficiosa, desconociendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cual resultaba más favorable a los intereses de su poderdante.

1. Hechos[2]

1.1. La pérdida de capacidad laboral del actor y la reclamación de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez

2. El apoderado judicial manifestó que el señor Juan Martín, actualmente de 89 años[3], presenta múltiples patologías que afectan gravemente su salud. Estas condiciones fueron valoradas por Colpensiones, entidad que mediante dictamen No. 2015019LO del 8 de junio de 2015[4] determinó una pérdida de capacidad laboral (en adelante PCL) del 72.84% por enfermedad de origen común y con fecha de estructuración del 17 de marzo de 2015[5].

3. Indicó que el accionante cotizó un total de 814 semanas, de las cuales 793 corresponden a aportes efectuados con anterioridad al 1º de abril de 1994.4. Señaló que en el año 2016, su representado solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. Sin embargo, la entidad, mediante la Resolución No. GNR 393969 del 30 de diciembre de 2016, negó la petición, al considerar que el solicitante no cumplió con el requisito de cotizar 50 semanas dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. Además, precisó que el Acuerdo 049 de 1990 no era aplicable al caso,

petición, al considerar que el solicitante no cumplió con el requisito de cotizar 50 semanas dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. Además, precisó que el Acuerdo 049 de 1990 no era aplicable al caso, pues el principio de la condición más beneficiosa solo podía invocarse respecto de la Ley 100 de 1993.

5. Posteriormente, el 5 de agosto de 2020, el accionante presentó una nueva solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, invocando la aplicación del principio de la condición más beneficiosa. No obstante, Colpensiones, mediante la Resolución No. SUB 172314 del 12 de agosto de 2020, negó por las mismas razones el reconocimiento de la prestación reclamada[6].

1.2. El proceso ordinario laboral para obtener el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez

6. Ante la negativa de Colpensiones, el 26 de enero de 2021, el actor promovió una demanda ordinaria laboral en contra de dicha entidad. El demandante solicitó que, en virtud del principio de la condición más beneficiosa se le aplicara el Acuerdo 049 de 1990 (aprobado por el Decreto 758 de 1990) y se realizara el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.

7. Decisión de primera instancia del proceso ordinario laboral[7]. El Juzgado 004 Laboral del Circuito de Cali, mediante sentencia del 24 de enero de 2022 (i) reconoció el derecho a la pensión de invalidez del accionante y ordenó a la entidad demandada efectuar el pago correspondiente a partir del 5 de agosto de 2017, por

reconoció el derecho a la pensión de invalidez del accionante y ordenó a la entidad demandada efectuar el pago correspondiente a partir del 5 de agosto de 2017, por un valor de $737.717, equivalente al salario mínimo legal mensual vigente para ese año, tanto para las mesadas ordinarias como una mesada adicional, para un total de 13 mesadas anuales[8]. (ii) Asimismo, dispuso el pago de la indexación de las mesadas pensionales causadas desde el 5 de agosto de 2017[9] y ordenó realizar los descuentos para salud del retroactivo pensional. Finalmente, (iii) ordenó a Colpensiones descontar del retroactivo pensional la suma de $3.663.926 pagado por concepto de indemnización sustitutiva de vejez[10].

8. El juzgado fundamentó su decisión en la Resolución SUB-172314 del 12 de agosto de 2020, mediante la cual Colpensiones determinó que el actor presentaba una PCL del 72.84% de origen común, con fecha de estructuración del 17 de marzo de 2015, aspecto que no fue controvertido por las partes.

9. La autoridad judicial concluyó que, aunque el demandante no cumplía con el número de semanas exigido por la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, había acreditado 793.44 semanas cotizadas antes del 1º de abril de 1994, motivo por elcual aplicó el principio de la condición más beneficiosa. Además, consideró que el actor es un sujeto de especial protección constitucional debido a su porcentaje de PCL y a su precaria situación económica, la cual afecta su mínimo vital.

Igualmente, precisó que, pese a la antigüedad del dictamen médico (2015), el

actor es un sujeto de especial protección constitucional debido a su porcentaje de PCL y a su precaria situación económica, la cual afecta su mínimo vital. Igualmente, precisó que, pese a la antigüedad del dictamen médico (2015), el accionante continúa con hipoacusia neurosensorial bilateral y problemas lumbares, y que no se encuentra pensionado.

10. Colpensiones interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera instancia. Sostuvo que no se acreditaron de manera objetiva ni técnica los presupuestos legales para el reconocimiento de la pensión de invalidez, pues el único dictamen médico allegado era antiguo, no reflejaba todas las patologías y carecía de valor suficiente para demostrar la pérdida de capacidad laboral. Alegó que, conforme al artículo 44 de la Ley 100 de 1993 y a la jurisprudencia aplicable, los dictámenes deben ser recientes y no constituyen tarifa legal, por lo cual el juez debía valorar integralmente los demás medios probatorios. En ese sentido, afirmó que la negativa administrativa se ajustó al marco normativo vigente y que no existían pruebas que acreditaran una afectación al mínimo vital del actor[11].

11. Decisión de segunda instancia del proceso ordinario laboral.

(Sentencia cuestionada mediante la acción de tutela)[12]. El 8 de septiembre de 2023, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali revocó la decisión de primera instancia y en su lugar absolvió a Colpensiones. El tribunal concluyó que el actor no cumplía con el requisito mínimo de semanas cotizadas exigido por la Ley 860 de 2003, pues, según la historia laboral, no había efectuado aportes dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la

concluyó que el actor no cumplía con el requisito mínimo de semanas cotizadas exigido por la Ley 860 de 2003, pues, según la historia laboral, no había efectuado aportes dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez -17 de marzo de 2015-, al registrar su última cotización en febrero de 2011.

12. En relación con el principio de la condición más beneficiosa, la autoridad judicial reconoció la existencia de un precedente constitucional sobre el tema, en particular lo previsto en las sentencias SU-442 de 2016 y SU-556 de 2019 de la Corte Constitucional, en las cuales la Corte admitió “aplicar de manera ultractiva las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 en lo que respecta a la exigencia de densidad de semanas de cotización, a pesar de que la condición de invalidez se hubiere estructurado en vigencia de la Ley 860 de 2003”[13]. No obstante, precisó que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia no acoge la aplicación del test de procedencia señalado por esta Corporación.

13. Por lo tanto, sostuvo que la aplicación del principio de la condición más beneficiosa debe sujetarse a los límites temporales definidos por el precedente vertical de la Corte Suprema de Justicia y, una vez superado este requisito, solo procede aplicar la norma inmediatamente anterior a la vigente. En virtud de lo anterior, concluyó que no resultaba procedente aplicar la condición más beneficiosa al caso del actor, dado que la invalidez se estructuró en una fecha muy posterior al periodo en el cual dicho principio ha sido reconocido por la jurisprudencia ordinaria laboral, esto es, entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26

beneficiosa al caso del actor, dado que la invalidez se estructuró en una fecha muy posterior al periodo en el cual dicho principio ha sido reconocido por la jurisprudencia ordinaria laboral, esto es, entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006[14].1.3. La acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y Colpensiones

14. El 20 de febrero de 2025, el señor Juan Martín a través de apoderado judicial presentó una acción de tutela. Señaló que su representado no tiene recursos para su sostenimiento y vive de la solidaridad de algunos vecinos. Afirmó que la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada omitió valorar los precedentes de la Corte Constitucional, desconociendo el principio de la condición más beneficiosa.

15. En consecuencia, solicitó que se amparen los derechos fundamentales de su representado al mínimo vital, a la seguridad social, a una vida digna y al debido proceso y en virtud de ello se ordene: (i) revocar la sentencia No. 246 proferida el 8 de septiembre de 2023 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali; (ii) ordenar a Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a partir del 17 de marzo de 2015; (iii) disponer el pago de las mesadas pensionales adeudadas junto con los incrementos legales y los intereses moratorios; (iv) condenar en costas y agencias en derecho y lo que resulte probado ultra y extra petita; (v) ordenar la indexación de las mesadas pensionales; (vi) declarar que la PCL del actor es del 72.84%. Finalmente, pidió la aplicación del

ultra y extra petita; (v) ordenar la indexación de las mesadas pensionales; (vi) declarar que la PCL del actor es del 72.84%. Finalmente, pidió la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, atendiendo a la calidad de su representado como sujeto de especial protección y al precedente judicial fijado por la Corte Constitucional en las sentencias “C-789 de 2002, SU-120 de 2003, SU-442 de 2006, SU-190 de 2015 y SU-199 de 2017”.

2. Trámite procesal

16. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante auto del 24 de febrero de 2025, inadmitió la demanda, ya que el apoderado judicial del señor Juan Martín no aportó el poder especial que lo habilitaba para actuar en su nombre. Una vez subsanada la irregularidad, la Sala mediante auto del 7 de marzo de 2025 avocó el conocimiento de la acción de tutela y corrió traslado a las accionadas para que ejercieran su derecho de defensa.

17. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali realizó un recuento de las actuaciones surtidas y sostuvo que la decisión censurada se fundamentó en un análisis razonable de los medios probatorios y del criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia el cual no acoge la aplicación de la procedencia del test señalado por la Corte Constitucional. Además, señaló que el presente asunto no cumplía con el requisito de inmediatez debido a que la sentencia cuestionada fue emitida el 8 de septiembre de 2023 y, para la fecha de interposición de la acción de tutela, había transcurrido un lapso superior a un año y cinco meses.

sentencia cuestionada fue emitida el 8 de septiembre de 2023 y, para la fecha de interposición de la acción de tutela, había transcurrido un lapso superior a un año y cinco meses.

18. El Juzgado 004 Laboral del Circuito de Cali remitió el enlace del expediente cuestionado y relató lo sucedido en esa instancia.19. Colpensiones. De manera extemporánea[15] solicitó declarar la improcedencia del amparo. Indicó que el estudio de la acción de tutela requiere una evaluación más rigurosa respecto de la procedibilidad, por cuanto podría desnaturalizar la finalidad de este mecanismo de protección, de carácter subsidiario y residual. Asimismo, precisó que el Juzgado Penal del Circuito de Roldanillo

(Valle del Cauca) conoció una acción de tutela con hechos similares al aquí planteado y “negó el amparo por improcedente”, configurándose así la cosa juzgada constitucional.

3. Sentencias objeto de revisión

20. Primera instancia[16]. En sentencia del 18 de marzo de 2025, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no se cumplían los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. Señaló que la decisión cuestionada por el accionante fue emitida el 8 de septiembre de 2023 y la tutela se presentó el 20 de febrero de 2025, lo que significa que transcurrieron más de seis meses sin una justificación válida lo que excede el plazo razonable para activar este mecanismo excepcional. Además, el alto tribunal indicó que no se acreditaron circunstancias excepcionales que

significa que transcurrieron más de seis meses sin una justificación válida lo que excede el plazo razonable para activar este mecanismo excepcional. Además, el alto tribunal indicó que no se acreditaron circunstancias excepcionales que permitieran flexibilizar el requisito de inmediatez ni se expuso motivo alguno que justificara la demora.

21. Asimismo, resaltó que la acción de tutela carecía del requisito de subsidiariedad, pues el accionante pudo haber hecho uso del recurso extraordinario de casación. Indicó que dicho recurso era el medio idóneo para controvertir la sentencia de segunda instancia, máxime cuando, al tratarse de una prestación económica de tracto sucesivo, el actor contaba con interés económico suficiente para acceder a él.

22. Impugnación[17]. El apoderado judicial impugnó la decisión al considerar que no se valoró la situación de vulnerabilidad en que se encuentra su representado.

Insistió en que el señor Juan Martín, de 89 años es una persona en condición de debilidad manifiesta, quien vive solo, depende de la caridad de sus vecinos y carece de recursos propios para su sostenimiento. Además, señaló que su mandante requiere atenciones en salud que no han podido ser cubiertas dentro del régimen subsidiado. Indicó que a pesar de cumplir con los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, Colpensiones no ha reconocido dicha prestación, lo cual afecta de manera directa y grave los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a una vida digna de su representado.

23. Segunda instancia[18]. La Sala de Decisión de Tutelas No. 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 20 de

al mínimo vital y a una vida digna de su representado.

23. Segunda instancia[18]. La Sala de Decisión de Tutelas No. 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 20 de mayo de 2025, confirmó la sentencia de primera instancia. Señaló que a diferencia de lo sostenido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el requisito de inmediatez sí se encuentra satisfecho, pues según lo expuesto en la demanda de tutela, la vulneración de los derechos del actor aún persiste alconsiderar que tiene derecho a la pensión de invalidez. No obstante, la Sala resaltó que el accionante omitió interponer el recurso extraordinario de casación contra la providencia que cuestiona. Además, no presentó justificación alguna en su demanda o en la impugnación sobre esa inactividad procesal. Finalmente, concluyó que no se acreditó la configuración de un perjuicio irremediable, al no demostrarse la concurrencia de los criterios de inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad, ni la negativa del servicio médico requerido por parte de las entidades del régimen subsidiado de salud.

4. Pruebas que obran en el expediente allegado a la Corte Constitucional

24. En el archivo digital figuran los siguientes documentos:

Tabla 1. Documentos que obran en el expediente Copia de la historia laboral del señor Juan Martín [19]. Copia de la historia clínica del señor Juan Martín emitida por el hospital departamental de San Rafael de Zarzal E.S.E., desde el 20 de enero de 2015 hasta el 27 de marzo de 2025[20].

Copia de la historia clínica del señor Juan Martín emitida por el hospital departamental de San Rafael de Zarzal E.S.E., desde el 20 de enero de 2015 hasta el 27 de marzo de 2025[20]. Comunicación del dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral emitido por Colpensiones[21]. Copia de la cédula del señor Juan Martín [22] y de su apoderado judicial[23]. Copia de la sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Roldanillo Valle del Cauca en el trámite de una acción de tutela interpuesta por el señor Juan Martín [24]. Copia de la tarjeta profesional del apoderado judicial[25].

5. Actuaciones en sede de revisión[26]

25. La Sala de Selección de Tutelas Número Ocho de la Corte Constitucional mediante Auto del 28 de agosto de 2025 seleccionó este expediente para revisión.

Por sorteo, el asunto fue repartido a la Sala Novena de Revisión presidida por el magistrado encargado Juan Jacobo Calderón Villegas, quien concluyó su periodo de encargo el 30 de septiembre de 2025. En su lugar, el magistrado Carlos Camargo Assis se posesionó ante la Sala Plena de la Corte Constitucional el 1 de octubre de 2025. En consecuencia le corresponde asumir y concluir los trámites de este proceso.

26. Mediante Auto del 7 de octubre de 2025, el magistrado sustanciador consideró necesario decretar pruebas para disponer de mayores elementos de juicio que le permitieran adoptar una decisión definitiva[27].

este proceso.

26. Mediante Auto del 7 de octubre de 2025, el magistrado sustanciador consideró necesario decretar pruebas para disponer de mayores elementos de juicio que le permitieran adoptar una decisión definitiva[27].

6. Respuestas recibidas en sede de revisiónTabla 2. Respuestas recibidas que obran en el expediente de tutela[28]

Accionante[29 ] El 13 de octubre de 2025, el accionante manifestó que vive solo desde 1980 en un inquilinato, por el cual paga un arriendo mensual de $130.000. Indicó que no tiene personas a su cargo y que sus únicos ingresos provienen del subsidio del Programa Adulto Mayor, equivalente a $230.000 mensuales. Añadió que de manera ocasional recibe la ayuda de una vecina, quien le suministra alimentos.

Señaló que tiene seis hijos: María, de 60 años, pensionada; Piedad, de 55 años, residente en España; Sebastían, de 53 años, trabajador en la empresa Colombina; Lucy, de 50 años, dedicada al hogar; y Luis, de 48 años, empleado en un taller de motocicletas en Palmira. Indicó que uno de sus hijos, José, falleció cuando era niño. Precisó que, aunque algunos de sus hijos le brindaron apoyo económico en el pasado, dicha ayuda ha sido ocasional y mínima. Afirmó que no tiene contacto con ellos desde hace más de tres años, pues cada uno atiende las obligaciones de su propio núcleo familiar.

Manifestó que su único medio de subsistencia es el subsidio del adulto mayor, con el cual cubre gastos básicos de alimentación y vivienda. Detalló que sus

con ellos desde hace más de tres años, pues cada uno atiende las obligaciones de su propio núcleo familiar.

Manifestó que su único medio de subsistencia es el subsidio del adulto mayor, con el cual cubre gastos básicos de alimentación y vivienda. Detalló que sus egresos mensuales ascienden a $130.000 por concepto de arriendo, $60.000 en desayuno, $240.000 en almuerzo y $240.000 en cena, los cuales logra cubrir gracias a la colaboración de una persona de su comunidad. Aclaró que no posee bienes inmuebles, vehículos ni otros activos y que no paga servicios públicos debido a las condiciones del lugar donde reside.

Explicó que desde el año 2011 no percibe ingresos laborales. Señaló que a sus 75 años trabajaba como cortero de caña en el Ingenio El Trébol, en la ciudad de Tuluá, pero debió retirarse por el deterioro de su salud, en especial por las afecciones en las rodillas y la columna. Indicó que también laboró con contratistas particulares, quienes no realizaron los aportes correspondientes a la seguridad social, circunstancia que afectó su posibilidad de acceder a una pensión.

Manifestó que su estado de salud es delicado y presenta un deterioro progresivo. Tiene artrosis severa en ambas rodillas, pérdida de audición, disminución de la agudeza visual por catarata senil, diabetes y dolor crónico en la columna. Relató que se moviliza con ayuda de un bastón y que solo puede desplazarse cortas distancias debido al dolor intenso. Indicó que, aunque recibe atención médica por parte de la EPS Emssanar, los tratamientos resultan insuficientes, ya que carece

que se moviliza con ayuda de un bastón y que solo puede desplazarse cortas distancias debido al dolor intenso. Indicó que, aunque recibe atención médica por parte de la EPS Emssanar, los tratamientos resultan insuficientes, ya que carece de los recursos económicos para adquirir los medicamentos que no se encuentran cubiertos por el régimen subsidiado. Indicó que se encuentra en tratamiento para el dolor de la columna. Señaló que le fue formulado Neurobion, una inyección cada tres días, con un costo de $15.000 por unidad. Sin embargo, el tratamiento no ha podido completarse debido a la falta de recursos económicos para adquirir las inyecciones.

En cuanto a sus gestiones administrativas y judiciales, precisó que solicitó formalmente la pensión de invalidez ante Colpensiones, la cual fue negada. Indicó que ha presentado otras acciones judiciales similares, entre ellas una tutelaradicada el 3 de septiembre de 2024 bajo el número 1100102050002024141234, que no fue seleccionada por la Corte Constitucional. Además, señaló que n o realizó aportes después de la calificación de la pérdida de capacidad laboral.

El señor Juan Martín afirmó que el Juzgado 004 Laboral del Circuito de Cali dictó sentencia a su favor el 24 de enero de 2022, pero que dicha decisión fue apelada por Colpensiones. Indicó que el proceso pasó a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que resolvió la apelación el 8 de septiembre de 2023, es decir, 17 meses y 23 días después, excediendo el término

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que resolvió la apelación el 8 de septiembre de 2023, es decir, 17 meses y 23 días después, excediendo el término legal de seis meses establecido en el artículo 121 del Código General del Proceso. Por esta razón, su apoderado sostiene que el magistrado perdió competencia para fallar, y que la actuación posterior es nula de pleno derecho.

Finalmente, el accionante aportó copia de su historia clínica y de su historia laboral, con el fin de acreditar su estado de salud, las patologías que tiene y las semanas cotizadas al sistema de seguridad social. Colpensiones[ 30] La entidad aportó el resumen de las semanas cotizadas por el empleador desde enero de 1967 a la fecha. Además, anexó el expediente administrativo que contiene las pruebas documentales relacionadas con el trámite de la solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez del señor Juan Martín [31]. Accionante[32 ] (dentro del término del traslado) El apoderado judicial del señor Juan Martín indicó que su representado tiene derecho a la pensión de invalidez, pues Colpensiones lo calificó con una PCL el 17 de marzo de 2015. Indicó que el ciudadano presenta múltiples patologías, entre ellas hipoacusia, lesiones en la columna y rodillas, afectaciones visuales, ansiedad y depresión, las cuales le han generado un deterioro progresivo de su salud.

entre ellas hipoacusia, lesiones en la columna y rodillas, afectaciones visuales, ansiedad y depresión, las cuales le han generado un deterioro progresivo de su salud.

Señaló que el Juzgado 004 Laboral del Circuito de Cali, al reconocer su situación, falló en derecho y conforme con su estado de invalidez, garantizando la protección de su mínimo vital y una vida en condiciones dignas. En consecuencia, consideró que resulta procedente aplicar el principio de la condición más beneficiosa , en concordancia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ampara a personas en situación de vulnerabilidad cuando su invalidez se estructuró bajo una normati