CC - T065-2014
Corte Constitucional
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Detalles
- Título
- CC - T065-2014
- Autor
- Corte Constitucional
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Constitucional
- Año
- 2014
Sentencia T-065/14
SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE LA POLICIA NACIONAL-Caso en que abuelo solicita la afiliación a salud de su nieto menor como beneficiario al Subsistema de Salud de la Policía Nacional LEGITIMACION POR PASIVA EN TUTELA-Entidad pública
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD E INMEDIATEZ EN LA
ACCION DE TUTELA-Requisitos de procedibilidad
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL DE NIETO DE
PENSIONADO DE LAS FUERZAS MILITARES/SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE LA POLICIA NACIONAL-Aspectos que deben analizarse para determinar si la persona es beneficiaria o no de este subsistema La normatividad que estructura al Sistema de Salud de la Policía Nacional, con el fin válido de asegurar la sostenibilidad del mismo, estableció un catálogo taxativo de las personas que pueden ser beneficiarias de los afiliados cotizantes al Subsistema de Salud en mención, dentro del cual se encuentran: (i) el cónyuge o el compañero o la compañera permanente del afiliado; (ii) los hijos menores de 18 años de cualquiera de los cónyuges o compañero (a) permanente, que hagan parte del núcleo familiar o aquellos menores de 25 que sean estudiantes con dedicación exclusiva y que dependan económicamente del afiliado; (iii) los hijos mayores de 18 años con invalidez absoluta y permanente, que dependan económicamente del afiliado y cuyo diagnóstico se haya establecido dentro del límite de edad de cobertura; y por último, a falta de cónyuge, compañero o
compañera permanente e hijos con derecho, (iv) los padres del afiliado que no estén pensionados, y que dependan económicamente de él. De la anterior explicación, se deduce que los nietos de los afiliados sometidos al régimen de cotización del Sistema de Salud de la Policía Nacional, por regla general no pueden acceder en calidad de beneficiarios a dicho subsistema, ya que no se encuentran incluidos dentro de la lista cerrada y de interpretación restrictiva que contiene el Artículo 24 del Decreto 1795 de 2000. DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL DE NIETO DE PENSIONADO DE LAS FUERZAS MILITARES-Orden a Policía Nacional afiliar a nieto como cotizante dependiente
Referencia: expediente T-4.061.267
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Asunto: Acción de tutela interpuesta por José Jesús González López, en calidad de agente oficioso del menor Luis David Rodríguez González, contra la Dirección de SanidadSeccional Cundinamarca, de la Policía
Nacional.
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá DC., tres (3) de febrero de dos mil catorce (2014) La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA En el proceso de revisión del fallo de tutela adoptado por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, que revocó la providencia del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá, Cundinamarca, correspondiente al trámite de la acción de amparo constitucional impetrada por José Jesús González López, en representación de su nieto Luis David Rodríguez González, contra la Dirección de Sanidad - Seccional Cundinamarca, de la Policía Nacional.
I. ANTECEDENTES 1. 1. Hechos 1.1.1. Dentro del proceso de restablecimiento de derechos adelantado en favor del menor Luis David Rodríguez González, el día 22 de abril de 2013, la Comisaría de Familia del Municipio de Arbeláez resolvió disponer la custodia provisional y el cuidado del niño Rodríguez González en cabeza de sus abuelos maternos, atribuyéndoles la obligación de velar por el cuidado, la protección, el bienestar y la garantía plena de los derechos del infante1.
La decisión se adoptó en atención a que el menor de 5 años de edad2 padece un retraso en el desarrollo cognitivo y de lenguaje, la madre cuenta con una 1 Cuaderno 1, folio 1. 2 Tal y como consta en el Registro Civil de Nacimiento de Luis David Rodríguez González, el menor nació el día 12 de julio de 2008. (Cuaderno 1, folio 9). 3 incapacidad absoluta y permanente3 que le impide asumir de manera individual su crianza, y el padre ha estado ausente durante toda la vida del infante, sin brindarle
ningún apoyo en su cuidado y manutención. 1.1.2. Luego de que le fue conferida la custodia provisional y el cuidado de Luis David Rodríguez, el señor José Jesús González López, pensionado de la Policía Nacional y afiliado al régimen de cotización del Subsistema de Salud de la mencionada institución, solicitó verbalmente a la entidad accionada extender al niño la prestación del servicio de salud como beneficiario suyo. 1.1.3. El actor sostuvo que el Departamento de Sanidad de la Policía negó sistemáticamente la solicitud de afiliación en comento. 1.2. Solicitud de amparo constitucional Con fundamento en los hechos expuestos, José Jesús González López, en representación de su nieto Luis David Rodríguez González, mediante acción de tutela interpuesta el día 13 de junio de 2013, solicitó al juez constitucional amparar los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y los derechos de los niños, y en consecuencia, ordenar la afiliación del menor, en calidad de beneficiario, al Subsistema de Salud de la Policía Nacional. 1.3. Contestación de la entidad accionada El día 14 de junio de 2013, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá - Cundinamarca, a quien le correspondió conocer la acción de amparo objeto de análisis, ofició al Departamento de Sanidad de la Policía Nacional, para que en el término de dos días se pronunciara respecto de lo planteado en el escrito de tutela. No obstante ello, el juez observó que la entidad guardó silencio respecto del requerimiento4.
II. TRÁMITE PROCESAL 2.1. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 24 de junio de 20135, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá - Cundinamarca, tuteló los derechos fundamentales de Luis David Rodríguez González, ordenando a la entidad accionada afiliar al 3 En el folio 7 del Cuaderno 1 se observa que el Área de Medicina Laboral de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, a los tres días del mes de febrero del año 2000, encontró que la señora Diana Daneri González, madre de Luis David Rodríguez González, padece un “RETARDO MENTAL”. 4 El día 25 de junio de 2013, la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional – Seccional Cundinamarca, radicó en el Juzgado Segundo Civil del Circuito la contestación a los hechos y fundamentos jurídicos plasmados en el escrito de tutela. 5 Cuaderno 1, folio 19. 4 menor “en calidad de cotizante dependiente del señor JOSÉ JESÚS GONZÁLEZ LÓPEZ (…)”6, sin exigir pago o contraprestación económica alguna.
Para tomar la decisión atrás referida, el a quo sostuvo que por tratarse de una madre discapacitada y un menor de edad, sujeto de especial protección constitucional, la negativa de la entidad accionada “demuestra su falta de humanidad (…) pues es sabido que en estas condiciones la afiliación es obligatoria sin que pese la norma”7. 2.2. Impugnación La Jefe Seccional de Sanidad Departamento de Policía Cundinamarca, Adriana
Martínez Ávila, apeló el fallo de tutela proferido en primera instancia, con fundamento en los siguientes argumentos: En lo concerniente a la procedencia del amparo, sostuvo que no existe una afectación al derecho fundamental a la salud del menor, pues no se está ante una acción u omisión de la entidad que haya afectado o amenace vulnerar dicha garantía constitucional, toda vez que Luis David Rodríguez, desde día 12 de junio de 2012, se encuentra afiliado al régimen subsidiado de salud a través de la EPS-S Colsubsidio. Ahora bien, en cuanto al fondo del asunto, adujo, en primer lugar, que el actor no aportó copia de ninguna de las solicitudes supuestamente elevadas a la entidad, y que de ello no existe reporte alguno en la “ESAPB” del municipio de Fusagasugá. En segundo lugar, respecto a lo pretendido por el accionante, precisó que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 24 del Decreto 1795 de 20008, los nietos no son considerados beneficiarios de los cotizantes al interior del Sistema de Salud de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional; lo anterior, teniendo en cuenta que Luis David Rodríguez no es hijo adoptivo del tutelante por el hecho de tener la custodia provisional del menor. En tercer lugar, respecto de la decisión tomada en el fallo, afirmó que el a quo no “analizó la capacidad económica del accionante para sufragar los gastos que ocasiona la afiliación del menor como cotizante dependiente, ya que no se analizó si quiera si el accionante carecía o no de capacidad de pago, [o] si dicha afiliación con costo económico afectaba su mínimo vital (…)”.
Finalmente, resaltó que el peticionario no alegó ningún inconveniente que impida la continuidad del menor en el régimen subsidiado de salud. 2.3. Sentencia de segunda instancia 6 Cuaderno 1, folio 32. 7 Cuaderno 1, folio 30 8 “Por el cual se estructura el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”. 5 Desatado el recurso de apelación, a través de providencia del 14 de agosto de 20139, la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca consideró que la impugnación estaba llamada a prosperar, motivo por el cual revocó el fallo de primera instancia. Para arribar a dicha decisión, estimó que la acción de amparo era improcedente, pues, en cuanto a la subsidiariedad de la tutela, el actor no acudió a otros medios idóneos para la defensa de los derechos supuestamente conculcados, toda vez que “el camino lógico era elevar esa solicitud ante el ESPAB del municipio de Fusagasugá”10, y no acudir primero al juez de tutela, para que sea éste quien ordene a la Dirección de Sanidad el reconocimiento inmediato de Luis David Rodríguez González como beneficiario del servicio de salud. Al respecto de dicha afirmación, el ad quem observó que en el expediente no obra ninguna prueba que demuestre que tal solicitud fue efectivamente elevada, ya sea de forma verbal o escrita; por el contrario, recalcó el juez, fue la misma entidad accionada la que adujo no haber recibido ninguna petición por parte del accionante, dirigida a obtener lo pretendido en sede de tutela.
Finalmente, en lo tocante a la existencia de algún perjuicio irremediable que justifique la procedencia de la acción, afirmó que el actor no puso de presente “que su nieto esté desprotegido en salud, o que presente alguna situación que no haya sido atendida, más bien se estableció que actualmente se encuentra afiliado al régimen subsidiado en la EPS COLSUBSIDIO. De modo que el amparo no resulta viable siquiera de manera transitoria para evitar algún perjuicio irremediable (…)”11. 2.4. Actuaciones en sede de revisión 2.4.1. El expediente de la referencia fue seleccionado para revisión por la Sala de Selección de Tutelas Número Nueve, mediante Auto del veintiséis (26) de septiembre de dos mil trece (2013)12. 2.4.2. Mediante Auto del dos (02) de diciembre de dos mil trece (2013) se decretaron pruebas con el fin de establecer con certeza el estado de afiliación de Luis David Rodríguez González al Sistema de Seguridad Social en Salud. 2.4.3. En atención a la anterior providencia, se allegó al proceso: (i) información acerca del estado de la afiliación de Luis David Rodríguez González al Subsistema de salud de la Policía Nacional; e (ii) información acerca del estado de la afiliación del menor al Régimen Subsidiado de Salud, a través de la EPS-S Colsubsidio.
III. PRUEBAS 9 Cuaderno 2, folio 4. 10 Cuaderno 2, folio 7. 11 Cuaderno 2, folio 8. 12 Cuaderno de Revisión, folio 3 a 8.
6 A continuación se enumeran las pruebas relevantes para la resolución del presente conflicto:
1. Oficio del Área de Medicina Laboral de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, en el que se informa la incapacidad absoluta y permanente que padece
la señora Diana Daneri González Rivera13.
2. Registro Civil de Nacimiento de Luis David Rodríguez González14.
3. Copia de la Resolución No. 061, mediante la cual se falló el proceso de restablecimiento de derechos adelantado a favor de Luis David Rodríguez González en la Comisaría de Familia del Municipio de Arbeláez15.
4. Información suministrada vía telefónica a este despacho, en la que el actor comentó acerca de su núcleo familiar, de su capacidad y situación económica, y de las solicitudes elevadas a la Dirección de Sanidad Seccional Cundinamarca de la Policía Nacional, en las que solicitaba la afiliación de su nieto al Subsistema de Salud de la Policía Nacional16.
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 4.1. Competencia Esta Sala es competente para revisar la decisión proferida en la acción de tutela de la referencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política. 4.2. Procedencia de la acción constitucional 4.2.1. Legitimación por activa El Artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece “que se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa”. Y, por otro lado, el Artículo 44 de la Constitución Política señala que cualquier persona, natural o jurídica, puede exigir de la
autoridad competente la garantía de los derechos de los niños. 13 Cuaderno 1, folio 7. 14 Cuaderno 1, folio 9. 15 Cuaderno 1, folio 10 a. 16 Con base en los principios de celeridad, eficacia, oficiosidad e informalidad que gobiernan la gestión del juez constitucional; esta Corporación, en el ejercicio de su función de revisión de fallos de tutela, ha considerado que en ocasiones, para lograr un protección efectiva de los derechos fundamentales, resulta menester requerir información por vía telefónica sobre algunos aspectos fácticos específicos del caso que requieran mayor claridad al interior del trámite de la acción. En lineamiento con lo anteriormente dicho, se pueden revisar entre otras providencias, las sentencias T-603 de 2001, T-476 de 2002, T-341de 2003, T-.643 de 2005, T-219 de 2007 y T-726 de 2007. 7 En el sub judice, el accionante solicita la protección de los derechos de su nieto, pretendiendo que se permita la afiliación a salud del menor como su beneficiario al Subsistema de Salud de la Policía Nacional. Al respecto, esta Corporación considera que el señor José Jesús González López se encuentra legitimado para solicitar la protección de los derechos fundamentales de Luis David Rodríguez González, primero, ya que como se dijo, cualquier persona puede solicitar la garantía de los derechos de los niños, y segundo, puesto que a partir del día 22 de abril de 2013, la Comisaría de Familia del Municipio de Arbeláez dispuso la custodia provisional y el cuidado del niño en cabeza de él y la señora Teresa de
Jesús Rivera de González, abuela materna de Luis David. En otras palabras, tal y como lo dispuso la Comisaría de Familia en comento, es el señor González López el encargado de velar por el cuidado, la protección y el bienestar del menor garantizándole el pleno de sus derechos, lo que lo legitima para deprecar el amparo constitucional de los derechos fundamentales de Luis David Rodríguez González. 4.2.2. Legitimación por pasiva La Dirección de Sanidad – Seccional Cundinamarca de la Policía Nacional es una autoridad pública, pues surge como dependencia de la Dirección General de la Policía Nacional, que se encarga de administrar los recursos del Subsistema de Salud de la Policía Nacional e implementar las políticas, planes y programas que adopte el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y el Comité de Salud de la Policía Nacional17. En consecuencia, según lo establece el Artículo 5 del Decreto 2591 de 199118, la entidad accionada es demandable a través de la acción de tutela. Por tal motivo, encuentra esta Sala la legitimación en las partes para actuar al interior del trámite que hoy nos ocupa. 4.2.3. Inmediatez Teniendo en cuenta que, primero, el señor González López se dirigió verbalmente a la entidad accionada después del día 22 de abril de 2013, fecha en la que se le otorgó la custodia provisional y el cuidado de Luis David, deprecando la vinculación del menor al Subsistema de Salud de la Policía Nacional, y, segundo, que la acción de tutela fue elevada el 13 de junio de 2013, entiende esta Sala que
hay una proximidad temporal entre la presunta vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de Luis David Rodríguez y la activación del mecanismo de amparo, toda vez que transcurrió un término razonable (de no más de dos meses), en el que José Jesús González López acudió a la jurisdicción 17 Artículo 15, Ley 352 de 1997. 18“ARTICULO 5o. PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA. La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley (…)”. 8 constitucional a través de esta vía. 4.2.4. Subsidiariedad La acción de tutela es un mecanismo de origen constitucional encaminado a la protección inmediata y concreta de los derechos fundamentales, en los eventos en los que no exista otro medio de defensa judicial, o en los que aun existiendo, éstos no sean idóneos y eficaces para garantizarlos, o no tengan la potencialidad de evitar un perjuicio irremediable. En este orden de ideas, en principio los conflictos originados en las actuaciones de la administración pública deben ser desatados al interior de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo19, por lo que, por regla general, la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para atender esa clase de controversias, teniendo en cuenta su especificidad y complejidad. No obstante lo anterior, la Sala encuentra que al interior de la jurisdicción en comento no existe un mecanismo de defensa judicial idóneo o eficaz que permita
la salvaguarda del derecho fundamental en cuestión, pues teniendo en cuenta, primero, que no existe una solicitud escrita del accionante dirigida a la autoridad accionada pidiendo la afiliación de su nieto al Subsistema de Salud, y, segundo, que tampoco hay una respuesta expresa remitida al actor por parte de la entidad en la que sea evidente la supuesta negativa, en el proceso judicial que se podría llegar a adelantar en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se desataría, primariamente, el conflicto en torno a la existencia y legalidad de un eventual acto administrativo, discusión que se tornaría compleja por las dificultades probatorias que se presentarían, y, debido a la naturaleza de las acciones judiciales en aquella jurisdicción, de forma secundaria e inciertamente, se podría llegar a tocar el debate concerniente a la aparente amenaza de los derechos fundamentales de Luis David Rodríguez González. En conclusión, al encontrar la Sala que la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedencia del mecanismo de amparo constitucional, pasará a plantear y desatar el problema jurídico constitucional, para así verificar si existe, 19 Respecto a la existencia de mecanismos judiciales ordinarios la Corte, en Sentencia T453 de 2009, señaló que: “Fue así como la Constitución Política dispuso un sistema jurídico al que todas las personas tienen derecho a acceder, con el fin de que, en el mismo, todos los conflictos jurídicos fueren resueltos en derecho en virtud de normas sustanciales y procesales preexistentes, erigiendo diversas jurisdicciones (ordinaria -artículo 234-, contencioso
administrativa -artículo236-, constitucional –artículo 239-) y en cada una de éstas determinando la competencia material, las autoridades y las acciones y procedimientos para su acceso.// De esta forma, el ordenamiento jurídico ofrece normas procesales y sustanciales ejecutadas por autoridades previamente instituidas, para que sean resueltos todos los conflictos que en él sucedan. (…)// Así, la acción de tutela es un mecanismo efectivo para el amparo de los derechos fundamentales cuyo ejercicio ante la existencia de otros medios de defensa judicial, no significa el remplazo de éstos, sino el desarrollo mismo de su finalidad, esto es, que en interés de la salvaguarda de los derechos fundamentales afectados, la acción de tutela procederá de manera excepcional y subsidiaria ante la inexistencia de un medio de defensa judicial o ante la amenaza de configuración de un perjuicio irremediable”. 9 o no, una amenaza a las garantías fundamentales del menor agenciado. 4.3. Planteamiento del problema jurídico constitucional Corresponde a la Sala resolver si la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional amenazó o vulneró el derecho fundamental a la salud del niño Luis David Rodríguez, al impedir su acceso al Subsistema de Salud de dicha entidad en calidad de beneficiario de José Jesús González López argumentando que, conforme a la normatividad vigente, los nietos no son considerados beneficiarios de los cotizantes del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, pese a que el menor depende económicamente del señor González López. Para resolver el problema arriba planteado, la Sala, en primer lugar, estudiará la
procedencia de la afiliación de un niño al Subsistema de Salud de la Policía Nacional a través de su abuelo cotizante al Subsistema, de cara a la norma que plantea la cobertura familiar de los afiliados cotizantes a dicho sistema de salud. Y en segundo y último lugar, realizará un análisis del caso concreto. 4.4 La afiliación de un niño al Subsistema de Salud de la Policía Nacional a través de su abuelo cotizante a dicho subsistema, cuando el menor depende económicamente de éste Antes de abordar el fondo del asunto, la Sala debe resaltar que la custodia y el cuidado que se le otorga a una persona respecto de un infante (como por ejemplo la que se le atribuye al abuelo de un niño), no significa que el segundo automáticamente se convierta en hijo del primero, pues mientras que la relación paterno-filial es la correspondencia que surge, por regla general, de una relación natural en la que hay una conexión biológica entre el padre, la madre y su hijo, o, excepcionalmente, en virtud de la adopción20; la custodia comprende un deber de cuidado, orientación y acompañamiento, que a pesar de que normalmente surge de esa relación paterno filial y corresponde a los padres, también se le puede encomendar a un sujeto ajeno a dicha relación, que en todo caso velará, entre otras cosas, por la educación, vigilancia, crianza, recreación, alimentación y habitación del niño. En este orden de ideas, se concluye que un menor no es hijo de quien, a pesar de tener su custodia, no hace parte de esa relación paterno filial21, motivo por el cual, ese niño tampoco puede ser vinculado como beneficiario de dicha persona al
Sistema de Salud argumentando ser hijo de aquella. 20 Excepcionalmente, dicha relación paterno-filial puede surgir a través de la adopción, la cual está definida por el Artículo 61 de la Ley 1098 de 2006, como “una medida de protección a través de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable, la relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza”. 21 En este sentido, la Sentencia T-931 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, adujo que las decisiones que una persona (distinta de los padres biológicos o adoptivos del menor) toma sobre un niño, amparadas por tener el cuidado y la custodia del mismo “no significan la pérdida de la patria potestad ni del vínculo familiar de sangre; [ni] tampoco eximen a los padres biológicos de sus obligaciones como tales”. 10 Ahora bien, realizada la anterior aclaración, primeramente, esta Sala resalta que la normatividad que estructura al Sistema de Salud de la Policía Nacional22, con el fin válido de asegurar la sostenibilidad del mismo, estableció un catálogo taxativo de las personas que pueden ser beneficiarias de los afiliados cotizantes al Subsistema de Salud en mención23, dentro del cual se encuentran: (i) el cónyuge o el compañero o la compañera permanente del afiliado; (ii) los hijos menores de 18 años de cualquiera de los cónyuges o compañero (a) permanente, que hagan parte del núcleo familiar o aquellos menores de 25 que sean estudiantes con dedicación exclusiva y que dependan económicamente del afiliado; (iii) los hijos
mayores de 18 años con invalidez absoluta y permanente, que dependan económicamente del afiliado y cuyo diagnóstico se haya establecido dentro del límite de edad de cobertura; y por último, a falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, (iv) los padres del afiliado que no estén pensionados, y que dependan económicamente de él. De la anterior explicación, se deduce que los nietos de los afiliados sometidos al régimen de cotización del Sistema de Salud de la Policía Nacional, por regla general no pueden acceder en calidad de beneficiarios a dicho subsistema, ya que no se encuentran incluidos dentro de la lista cerrada y de interpretación restrictiva que contiene el Artículo 24 del Decreto 1795 de 2000. No obstante lo anterior, en casos similares al aquí estudiado, en los que las personas que no se encuentran legalmente dentro de la cobertura familiar de quienes son sujetos cotizantes de un régimen especial de salud, no son afiliadas como beneficiarios suyos, a pesar de depender económicamente de ellos; esta Corporación, de manera reiterada24, ha exhortado a las autoridades accionadas y competentes a implantar y aplicar analógicamente la figura del cotizante dependiente, existente en el sistema general de seguridad social25, con el objeto de que los afiliados puedan vincular al sistema especial de salud a este grupo poblacional, ya que debido a la relación de dependencia en la que se encuentran, 22 Decreto 1795 de 2000. 23Artículo 24 del Decreto 1795 de 2000:“BENEFICIARIOS. Para los afiliados enunciados en el literal a) del
artículo 23, serán beneficiarios los siguientes: // a) El cónyuge o el compañero o la compañera permanente del afiliado. // b) Los hijos menores de 18 años de cualquiera de los cónyuges o compañero (a) permanente, que hagan parte del núcleo familiar o aquellos menores de 25 que sean estudiantes con dedicación exclusiva y que dependan económicamente del afiliado. // c) Los hijos mayores de 18 años con invalidez absoluta y permanente, que dependan económicamente del afiliado y cuyo diagnóstico se haya establecido dentro del límite de edad de cobertura. // d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, la cobertura familiar podrá extenderse a los padres del afiliado, no pensionados que dependan económicamente de él. // PARAGRAFO 1o. INEXEQUIBLE // PARAGRAFO 2o. Los afiliados no sujetos al régimen de cotización no tendrán beneficiarios respecto de los servicios de salud. // PARAGRAFO 3o. Los padres del personal activo de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, que hayan ingresado al servicio con anterioridad a la expedición de los decretos 1211 del 8 de junio de 1990 y 096 del 11 de enero de 1989 respectivamente, tendrán el carácter de beneficiarios, siempre y cuando dependan económicamente del Oficial o Suboficial. // PARAGRAFO 4o. No se admitirá como beneficiarios del SSMP a los cotizantes de cualquier otro régimen de salud.” 24Sentencias T-015 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-153 de 2006, M.P.
Rodrigo Escobar Gil, T-594 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández T-1028 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-456 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-613 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-625 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 25 Artículo 40 del Decreto 806 de 1998. 11 les resulta imposible estar afiliados al régimen subsidiado de salud, o por su situación particular, cotizar o ser beneficiarios en el régimen contributivo26. En este punto es necesario aclarar que si bien el sistema general de seguridad social en salud no contempla como beneficiario dentro de la cobertura familiar al nieto del cotizante27, así el primero dependa económicamente del segundo, también es cierto que el mismo sistema, a través del Artículo 40 del Decreto 806 de 199828, creó una figura denominada cotizante dependiente, que tiene como finalidad garantizar el derecho a la afiliación y el acceso al sistema de salud, por ejemplo, del nieto que dependa económicamente del afiliado. No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que el Subsistema de Salud de la Policía Nacional no trae consigo la alternativa del cotizante dependiente, la Sala encuentra que el déficit de la mencionada figura dificulta notablemente la aplicación del principio y deber de solidaridad que rige al sistema (especial o general) de seguridad social en salud, y también impide que se haga efectiva, entre otras, la norma constitucional que obliga a la familia, al Estado y a la sociedad a proteger y asistir al niño para garantizar su desarrollo armónico e
integral y el ejercicio pleno de sus derechos (Artículo 44 superior). En concordancia con lo dilucidado atrás, a esta Corte le ha parecido inadmisible que en regímenes especiales de salud como el del Magisterio o el de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, que se supone son más favorables para sus afiliados, no existan soluciones acordes a los principios de universalidad, progresividad y solidaridad, como si sucede en el régimen general de salud a 26 En este sentido, la sentencia T-625 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez., concluyó lo siguiente: “la Corte ha establecido en distintos casos que las personas que no se encuentran legalmente entre los beneficiarios del cotizante [a un régimen especial o excepcional], pero que efectivamente dependen de él pueden ser afilados al régimen de seguridad social en salud en el que el cotizante esté adscrito, mediante la figura de cotizante dependiente. Ello, por cuanto la relación de dependencia que ostentan les impide ser cotiz
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