CC - T1022-2001
Corte Constitucional
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Detalles
- Título
- CC - T1022-2001
- Autor
- Corte Constitucional
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Constitucional
- Año
- 2001
Sentencia T-1022/01
COMUNIDAD INDIGENA-Movilidad cultural e identidad Las sociedades y las culturas se han ido formando y conformando paulatinamente a través de la historia. La naturaleza humana va trazando las líneas de una nueva estructura, en un proceso vital que congrega un cúmulo de costumbres, tradiciones, sentimientos, actitudes, característicos de una determinada colectividad. Esta realidad no es extraña a las comunidades indígenas, quienes desde la conquista y colonización europea del continente americano sufrieron la implantación, generalmente violenta, de estructuras políticas, religiosas, económicas y sociales con el fin -hoy por hoy bastante discutiblede “civilizar” a estos pueblos. De lo que sí no cabe duda es del peyorativo proceso de aculturación que desde antiguo han padecido los pueblos indígenas. En este orden de cosas la comunidad Yanacona prohijó la religión católica -tema en el cual los extremos procesales demuestran consenso-, sin que ello haya interferido o afectado negativamente su identidad de pueblo indígena, ya que al respecto conserva un conjunto de costumbres y tradiciones, con los sentimientos inherentes que se trasmiten a través de la tradición. COMUNIDAD INDIGENA-Libre opción religiosa/LIBERTAD DE CULTOS EN COMUNIDAD INDIGENALímites/LIBERTAD DE CULTOS EN COMUNIDAD INDIGENA-Conflictos/DERECHO A LA INTIMIDAD-Ruido por difusión de cultos/COMUNIDAD INDIGENA YANACONA-Imposición de religión protestante por predicador Se equivoca el demandante al pretender trivializar el conflicto suscitado con las autoridades del cabildo indígena de Caquiona
reduciendo el enfrentamiento entre la religión católica y la religión protestante que profesa la IPUC. Si se leen con detenimiento las declaraciones rendidas por los deponentes, así como los escritos presentados por el Gobernador del Cabildo, se concluye lo siguiente: a) No se trata solamente del enfrentamiento religioso, sino de las repercusiones que tal contienda entraña frente a la organización social, política y económica de la comunidad, toda vez que, los indígenas que se han afiliado a la IPUC se oponen al modo de producción comunitaria y a las obligaciones de vigilancia, al propio tiempo que desconocen las tradiciones ancestrales. b) Se violan los derechos de los demás miembros de la comunidad al obligarlos a escuchar el culto protestante mediante amplificadores y se desafía las decisiones tomadas por la autoridad tradicional, luego de agotado un proceso. c) No se desconoce la libertad de culto a los miembros de la IPUC; simplemente se le advierte a sus correligionarios que el ejercicio de tal libertad se condiciona y desplaza fuera de los linderos del territorio del resguardo.
Referencia: expediente T-437064
Acción de tutela instaurada por Luis Antidio Anama Ramírez, contra el Cabildo Indígena Yanacona, Resguardo Caquiona de Almaguer (Cauca).
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA
Bogotá, D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001). La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ALFREDO BELTRAN SIERRA, MANUEL
JOSE CEPEDA ESPINOSA y JAIME ARAUJO RENTERIA, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente, SENTENCIA dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Promiscuo Municipal de Almaguer (Cauca) y el Juzgado Civil del Circuito de Bolívar (Cauca).
I. ANTECEDENTES.
1. Hechos El señor LUIS ANTIDIO ANAMA RAMIREZ en su calidad de miembro activo de la Iglesia Pentecostal Unidad de Colombia, invocó como vulnerados los derechos fundamentales de libertad de conciencia, libertad de cultos y libertad de expresión y difusión del pensamiento por parte del Cabildo Indígena Yanacona del resguardo de Caquiona en el municipio de Almaguer, departamento del
Cauca. Las acciones perturbadoras por parte de la demandada se resumen de la siguiente manera: - La primera fue la respuesta a la solicitud que hiciera de manera formal el 24 de mayo de 2000 para llevar a cabo un programa de “renovación espiritual” en la plaza principal del poblado de manera periódica. El Gobernador mediante acta No. 0001 de 5 de junio de 2000, le señaló que la practica de cualquier religión distinta de la católica debía realizarse por fuera del resguardo, lo cual a su juicio, es un acto de discriminación injustificado. - El segundo acto conculcador de los derechos constitucionales fundamentales relacionados, fue la interrupción violenta que hicieron
miembros de la guardia cívica del cabildo demandado de la reunión religiosa que llevaba a cabo en una casa ubicada en la vereda “La Estrella” del corregimiento de Caquiona, municipio de Almaguer en el Cauca. Refiere que fue detenido junto con otros miembros pertenecientes al culto y mantenido en un calabozo durante 16 horas. Adicionalmente, se le prohibió el regreso al resguardo indígena para continuar con el ejercicio de pastor y se les prohíbe a los demás miembros de la comunidad escoger libremente su religión. En contraposición a los argumentos planteados en la demanda, el señor EVERTH QUINAYAS OMEN, actuando como Gobernador del Cabildo de Caquiona, afirmó que la comunidad por él representada no acepta que se continúe profesando la religión del señor ANAMA RAMIREZ dentro del territorio del cabildo, pues esto ha contribuido a enfrentamientos entre los católicos y los evangélicos, atentando contra los usos, costumbres y tradiciones propias de la comunidad. Dicha decisión se tomó en ejercicio de la autonomía y respeto de la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas, reconocida en la Constitución.
2. Pretensiones.
De acuerdo con lo consignado en la petición de tutela, se solicita lo siguiente: “1. Tutelar los derechos fundamentales a la libertad de conciencia, libertad de cultos, libertad de expresar y difundir pensamiento y opiniones, reunirse y manifestarse pública y pacíficamente.
2. Ordenar que el Gobernador Indígena Yanacona de Caquiona señor EVERT QUINAYAS OMEN, permita las libertades
antes mencionadas y no envié la guardia cívica a impedir los cultos, menos detenerme y encalabozarme sin justa causa.”
3. Pruebas Recaudadas. Fotocopia de la petición para realizar las jornadas de “renovación espiritual”, dirigida al señor EVERTH QUINAYAS OMEN, del 24 de mayo de 2000. Acta 001 del 5 de junio de 2000 del Cabildo Indígena Yanacona del resguardo de Caquiona, municipio de Almaguer en el Cauca. Fotocopia de la tarjeta de Predicador del señor LUIS ANTIDIO ANAMA, expedida por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Constancia del Alcalde Municipal de Almaguer (Cauca) del 5 de octubre de 2000, en la cual certifica que el señor EVERTH QUINAYAS OMEN ejerce el cargo de Gobernador del Cabildo Indígena de Caquiona desde el 1 de enero de 2000. Fotocopia del decreto del 2 de enero de 2000, “por el cual se establecen listas de candidatos y elecciones para elegir el nuevo cabildo de indígenas de la parcialidad de Caquiona municipio de Almaguer Cauca, para el periodo del año dos mil. Fotocopia del acta de posesión de los miembros que integran el Cabildo Indígena de la parcialidad de Caquiona municipio de Almaguer, para el periodo del año dos mil, del 2 de enero de 2000. Declaración juramentada de la señora IMELDA BELTRAN MAMIAN ante el juez promiscuo municipal del Almaguer (Cauca).
Declaración juramentada del señor EVERTH ANTIMO JUSPIAN PAPAMIJA ante el Juez promiscuo municipal de Almaguer (Cauca). Declaración juramentada del señor ANTIMO MACIAS ante el Juez promiscuo municipal de Almaguer (Cauca). Declaración juramentada de la señora ELCIRA CHILITO CHILITO ante el Juez promiscuo municipal del Almaguer (Cauca). Fotocopia de la Resolución número 1032 de noviembre 2 de 1995 del Ministerio del Interior, “por la cual se reconoce personería jurídica especial a la entidad religiosa denominada IGLESIA PENTECOSTAL UNIDAD DE COLOMBIA”. Fotocopia del certificado de existencia y representación legal de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, expedida por el subdirector de libertad religiosa y de cultos del Ministerio del Interior del 14 de agosto de 2000. Declaración juramentada del señor HENRY OMEN QUINAYAS ante el Juez promiscuo municipal de Almaguer (Cauca). Declaración juramentada del señor NELSON JIMENEZ PAPAMIJA ante el Juez promiscuo municipal de Almaguer (Cauca). Declaración juramentada del señor BERTULIO ASTUDILLO ante el Juez promiscuo municipal de Almaguer (Cauca). Declaración juramentada del señor VIRGILIO QUINAYAS BELTRAN ante el Juez promiscuo municipal de Almaguer (Cauca). Declaración juramentada del señor EVERTH QUINAYAS ante el Juez promiscuo municipal del Almaguer (Cauca).
Memorial del 18 de octubre de 2000, presentado por el señor EVERT QUINAYAS OMEN al Juzgado Promiscuo Municipal de Almaguer (Cauca). Certificado de existencia y representación legal del Resguardo indígena Caquiona, ubicado en el municipio del Almaguer, departamento del Cauca, suscrito por el Jefe de asuntos indígenas del Cauca del Ministerio del Interior. 3.1. Pruebas practicadas por la Corte Constitucional. Mediante auto del 11 de julio de 2001, esta Corte decretó algunas pruebas con el fin de obtener información sobre : 1) la opinión personal de dos miembros del Cabildo Indígena Yanacona, Resguardo Caquiona de Almaguer (Cauca) que no militen en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y de dos miembros del mismo resguardo que sí militen en esta Iglesia, en relación con los puntos que luego se indican ; 2) la naturaleza, sentido y propósitos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, al igual que su posición frente a los grupos étnicos que no prohijan su ritos ; 3) valores, costumbres, tradiciones, creencias y ritos religiosos dela comunidad indígena Yanacona, particularmente en lo concerniente al Resguardo Caquiona de Almaguer (Cauca) ; 4) los demás hechos y circunstancias relevantes al asunto bajo examen. Consecuencia de lo anterior se allegó al plenario lo siguiente : Concepto antropológico del doctor CARLOS VLADIMIR ZAMBRANO ph.D., en materia de cultura y religiosidad en el resguardo de Caquiona, pueblo Yanacona.
Concepto socio-antropológico acerca de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, suscrito por la doctora ANA MERCEDES PEREIRA S. Declaración juramentada del señor EVERTH ANTIMO JUSPIAN PAPAMIJA, ante el Juzgado Civil del Circuito de Bolívar (Cauca). Declaración juramentada de la señora IMELDA BELTRAN ante el Juzgado Civil del Circuito de Bolívar (Cauca). Declaración del señor EMIGDIO CHICANGANA OMEN ante el Juzgado Civil del Circuito de Bolívar (Cauca). Declaración de la señora LIVIA MAJIN QUINAYAS ante el Juzgado Civil del Circuito de Bolívar (Cauca).
II. DECISIONES OBJETO DE REVISION El Juzgado Promiscuo Municipal de Almaguer (Cauca), mediante providencia del 18 de octubre de 2000 concedió el amparo solicitado al amparo de los siguientes motivos: - Frente a la invocación de derechos legítimos por ambas partes, se concluye que las autoridades indígenas no han respetado la coexistencia igualitaria y la autonomía de las distintas confesiones religiosas al no permitirles en términos de respeto y de igualdad la celebración de sus cultos. - En segundo lugar, las decisiones y acciones de las autoridades indígenas no están ajustadas a derecho, porque no han sido tolerantes ni han facilitado el espacio para el desarrollo de la libertad religiosa. - En tercer lugar, si existe un uso irrazonable por parte de la comunidad religiosa de los altoparlantes que atenta contra la intimidad y la
libertad de las familias vecinas. - Finalmente, si bien se reconoce la ruptura del paradigma tradicional relacionado con la forma de vida y concepción del mundo por parte de la comunidad Caquiona, se considera que la restricción absoluta mediante acciones arbitrarias atenta contra el respeto de las minorías religiosas derivado de la Carta Política y el derecho a la diversidad étnica y cultural. El Gobernador de la comunidad indígena demandada, inconforme con la decisión formuló impugnación dentro de los términos legales, de la cual conoció el Juzgado Civil del Circuito de Bolívar (Cauca), quien a través de sentencia del 18 de enero de 2001 revocó la decisión del a quo con apoyo en los siguientes argumentos: - Todos los derechos llegan hasta donde comienzan los derechos de los demás. En el caso concreto la comunidad religiosa se extralimita y pone en peligro la cultura indígena que tiene una protección constitucional especial al querer cambiar la religión de los comuneros del resguardo. - La comunidad lo único que hace es tratar de proteger su futuro como indígenas, al conservar sus mismas costumbres y cultura. Para el despacho “son claras las tensiones entre el reconocimiento de grupos culturales con tradiciones, practicas y ordenamientos jurídicos diversos y la consagración de derechos fundamentales con pretendida validez universal”. Sin embargo, esta aceptación de premisas definidas como universales debe ser compatible con las necesidades particulares de los miembros de grupos culturales distintos. - Finalmente, está demostrado que el resguardo indígena de Almaguer es de origen colonial y desde aquellos días tenía autonomía administrativa y jurisdiccional que le da al cabildo la calidad de “vocero de la comunidad, ejecutando el mandato de conformidad con
sus usos y costumbres que se basan en lo tradicional, lo que ha servido para mantener y mejorar su cohesión interna como pueblo indígena.”
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1. Competencia.
La Corte Constitucional es competente para revisar la decisión judicial mencionada en el expediente de la referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. Corresponde a la Sala Primera de Revisión de Tutelas adoptar la decisión respectiva, según el reglamento interno y el auto de la Sala de Selección número 4 del 3 de abril de 2001.
2. Problema jurídico planteado.
Los hechos narrados por el demandante, los testimonios recogidos por miembros de la comunidad Yanacona y los escritos presentados por el Gobernador Indígena del Cabildo de Caquiona, establecen un conflicto entre la libertad de predicar un culto y la autonomía de los pueblos indígenas para defender su identidad cultural. Mientras que los declarantes que se encuentran vinculados a la Iglesia Pentecostal Unidad de Colombia (IPUC), señalan que las autoridades indígenas del Cabildo de Caquiona han hecho uso desproporcionado de la fuerza en su contra impidiéndoles injustificadamente realizar manifestaciones religiosas dentro del territorio del resguardo; el Gobernador, así como otras autoridades indígenas justifican sus acciones en la autonomía que tiene la autoridad del Resguardo para impedir que se continúen ejecutando actos que, en su criterio, solamente se encuentran dirigidos a perjudicar su unidad cultural y socio económica.
De acuerdo con lo manifestado por el señor EVERTH QUINAYAS en su escrito de impugnación, la introducción del culto evangélico de la IPUC ha creado conflictos más o menos graves dentro de la comunidad indígena. El primero, la perturbación de la tranquilidad por contaminación auditiva de la zona en la cual se lleva a cabo el culto, mediante altavoces y amplificadores que impiden el sueño de los habitantes de la zona que no participan del mencionado acto. El segundo, el fenómeno de descomposición social que implica por cuanto los indígenas que profesan el credo de la IPUC se niegan a cumplir con las labores de vigilancia y trabajo comunitario establecidos por la comunidad, mostrando una clara contienda frente a quienes profesan la religión católica, la cual ha sido aceptada de manera mayoritaria por los lugareños, especialmente porque no afecta las decisiones de la comunidad en otros ámbitos.
3. Movilidad cultural e identidad.
Las sociedades y las culturas se han ido formando y conformando paulatinamente a través de la historia. La naturaleza humana va trazando las líneas de una nueva estructura, en un proceso vital que congrega un cúmulo de costumbres, tradiciones, sentimientos, actitudes, característicos de una determinada colectividad. Esta realidad no es extraña a las comunidades indígenas, quienes desde la conquista y colonización europea del continente americano sufrieron la implantación, generalmente violenta, de estructuras políticas, religiosas, económicas y sociales con el fin -hoy por hoy bastante discutiblede “civilizar” a estos pueblos. De lo que sí no cabe duda es del peyorativo proceso de aculturación que desde antiguo han padecido los pueblos indígenas.
En este orden de cosas la comunidad Yanacona prohijó la religión católica -tema en el cual los extremos procesales demuestran consenso-, sin que ello haya interferido o afectado negativamente su identidad de pueblo indígena, ya que al respecto conserva un conjunto de costumbres y tradiciones, con los sentimientos inherentes que se trasmiten a través de la tradición. Igualmente, desde un punto de vista general no es dable afirmar que las raíces y valores que aseguran la permanencia de un pueblo indígena sean fijos y estáticos, debiendo al efecto conservarse éste dentro de una urna de cristal para evitar su alteración. Por el contrario, la comunidad indígena debe ser comprendida como la sociedad móvil que permanentemente está experimentando mutaciones más o menos significativas, merced a las fuerzas internas y externas que sobre ella obran. Las mutaciones cuantitativas y cualitativas no son extrañas a la sociedad colombiana. Nótese como a partir de la Constitución de 1991 se inició la construcción de un discurso legitimador de la pluriculturalidad y la multietnicidad en tanto construcción política y social, reconociendo y valorando la autonomía de los pueblos indígenas, no ya como un modelo antiguo preservado artificialmente, sino como expresión de la inestabilidad y afluencia del alma colectiva. Desde esta perspectiva es de rigor admitir las diferencias que existen en la manera como pensamos y construimos el mundo, de lo cual se sigue una diversidad de concepciones frente al tema de los derechos fundamentales, que lejos de acusar brotes de relativismo o inestabilidad, pone de manifiesto el carácter objetivo-subjetivo del proceso cognoscitivo, en el cual, al decir de Kant, juegan papel
fundamental las formas en que percibimos la realidad y nuestras categorías de entendimiento. Por lo mismo, frente a los temas indígenas resulta indispensable asumir posiciones signadas por la moderación y el buen juicio, en orden a fomentar el respeto y acatamiento que merecen la autodeterminación y el reconocimiento de las diferencias protagonizadas y reclamadas por los pueblos indígenas. Así ya lo ha expresado la Corte en la sentencia SU-510 de 19981: “En consecuencia, la Corporación ha considerado que, frente a la disyuntiva antes anotada, la Carta Política colombiana ha preferido una posición intermedia, toda vez que no opta por un universalismo extremo, pero tampoco se inclina por un relativismo cultural incondicional. Según la Corte, "sólo con un alto grado de autonomía es posible la supervivencia cultural",2 afirmación que traduce el hecho de que la diversidad étnica y cultural (C.P., artículo 7°), como principio general, sólo podrá ser limitada cuando su ejercicio desconozca normas constitucionales o legales de mayor entidad que el principio que se pretende restringir (C.P., artículos 246 y 330). En efecto, el respeto por el carácter normativo de la Constitución (C.P., artículo 4°) y la naturaleza principial de la diversidad étnica y cultural, implican que no cualquier norma constitucional o legal puede prevalecer sobre esta última,3 como quiera que sólo aquellas disposiciones que se funden en un principio de valor superior al de la diversidad étnica y cultural pueden imponerse a éste.4 En este sentido, la jurisprudencia ha precisado que, aunque el texto superior se refiere en
términos genéricos a la Constitución y a la ley como límites a la jurisdicción indígena, "resulta claro que no puede tratarse de todas las normas constitucionales y legales; de lo contrario, el reconocimiento a la diversidad cultural no tendría más que un significado retórico. La determinación del texto constitucional tendrá que consultar entonces el principio de maximización de la autonomía."5
49. Según la jurisprudencia de la Corte, en principio, la efectividad de los derechos de los pueblos indígenas, determina que los límites susceptibles de ser impuestos a la autonomía normativa y jurisdiccional de tales comunidades, sólo sean aquellos que se encuentren referidos "a lo que verdaderamente resulta intolerable por atentar contra los bienes más preciados del hombre."6
En primer lugar, tales bienes están constituidos por el derecho a la vida (C.P., artículo 11), por las prohibiciones de la tortura (C.P., artículo 12) y la esclavitud (C.P., artículo 17) y por legalidad del procedimiento y de los delitos y de las penas (C.P., 1 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 2 ST-349/96 (MP. Carlos Gaviria Díaz); ST-523/97 (MP. Carlos Gaviria Díaz). 3 ST-428/92 (MP. Ciro Angarita Barón); SC-139/96 (MP. Carlos Gaviria Díaz). 4 Según la ST-254/94 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz), las disposiciones constitucionales que permiten derivar la anterior conclusión resultan complementadas por los artículos 8° y 9° del Convenio N° 169 de la O.I.T. (Ley 21 de 1991), conforme a los cuales los pueblos indígenas tienen derecho a aplicar y a conservar sus usos y
costumbres, "siempre que éstos no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos." 5 ST-349/96 M.P. Carlos Gaviria Díaz 6 ST-349/96 M.P. Carlos Gaviria Díaz artículo 29). En efecto, como lo ha manifestado la Corte, (1) sobre estos derechos existe verdadero consenso intercultural; (2) los anotados derechos pertenecen al grupo de derechos intangibles que reconocen todos los tratados internacionales de derechos humanos y que no pueden ser suspendidos ni siquiera en situaciones de conflicto armado (Pacto de Derechos Civiles y Políticos [Ley 74 de 1968], artículo 4-1 y 2; Convención Americana de Derechos Humanos [Ley 16 de 1972], artículo 27-1 y 2; Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes [Ley 78 de 1986], artículo 2-2; Convenios de Ginebra [Ley 5 de 1960], artículo 3°; Convención Europea de Derechos Humanos, artículo 15-1 y 2); y, (3) con relación al derecho a la legalidad del procedimiento y de los delitos y de las penas, el artículo 246 de la Constitución hace expresa referencia a que el juzgamiento se hará conforme a las "normas y procedimientos" de la comunidad indígena, lo cual supone la preexistencia de los mismos respecto del juzgamiento de las conductas. En segundo término, la Corporación ha aceptado que se produzcan limitaciones a la autonomía de las autoridades indígenas siempre que estas estén dirigidas a evitar la realización o consumación de actos arbitrarios que lesionen gravemente la
dignidad humana al afectar el núcleo esencial de los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad.
4. Libertad religiosa frente a la autonomía de las comunidades indígenas. Caso concreto.
Está probado dentro del proceso que la comunidad Yanacona del resguardo de Caquiona en el Cauca, profesa y acepta la religión católica como parte de su identidad cultural, pese a que esta religión fue impuesta mediante la colonización española. Creencia que a la vez ha obrado como una fuerza aceptada como propia dentro del proceso de reestructuración y movilidad de dicha comunidad. No obstante lo anterior, es importante aclarar que la aceptación de la religión católica, se encuentra matizada con las expresiones propias de la vida cultural e histórica propia Yanacona y especialmente, Caquiona. Como lo explica el perito experto designado por esta Sala, la virgen para la comunidad Yanacona en general es fundamental para el orden y la unidad de su pueblo : “La virgen, como emblema comunitario, es fundamental para el orden y unidad del pueblo yanacona. No solo representa la advocación local y la forma devocional consolidada, sino que instituye al orden social y a la unidad política yanacona, ligando ambos a la formación cultural que denominamos religiosidad Yanacona. Hay dos aspectos fundamentales para comprender las relaciones e importancia de la religiosidad caquioneja con el orden y unidad: En primer lugar, la existencia de la formación cultural religiosa concebida en la literatura académica como “religión popular católica; específicamente conceptualizada como religiosidad yanacona de Caquiona, explicada a partir de las categorías interpretativas y de la historia de los pobladores de Caquiona. En segundo lugar, el precepto del origen revelado en el mito fundacional, que además de
expresarlo en sí, lo liga a la comunidad, el territorio, el gobierno y la sociedad mediante el amasamiento producido para la fundación del pueblo.”7 De allí que la devoción por la virgen de Caquiona no se encuentra reducida al mero culto de una imagen, sino que tiene un contenido histórico fundamental, ligado incluso con la fundación del pueblo y en el desarrollo cotidiano del colectivo, interactuando con los miembros que la componen dentro del desarrollo de las tareas diarias : “La virgen es viva en el sentido literal de la palabra, fundadora de pueblo y organizadora de sociedad. Es viva porque para los Yanaconas de Caquiona la remanecida está profundamente ligada a la historia, la vida, la cotidianidad y el pensamiento. Lo “vivo” está presente en los actos cotidianos. Por ejemplo, la Virgen de Caquiona viste como una mujer de la comunidad : vestido ancho, faja a la cintura, enaguas, alapargatas y sombrero y como cualquier persona, la virgen posee tierras, casas y ganado, bienes que son administrados por el síndico y cuidados e incrementados por la comunidad a través del trabajo colectivo e individual. “La virgen es trabajadora, “sale a ganar para lo caliente” como cualquier habitante de la comunidad. Hace sus comisiones cargada en la espalda de sus devotos, en extenuantes jornadas hasta los sitios en donde se encuentren otros yanaconas, incluso fuera de los límites del resguardo. La virgen se autofinancia : “ella mismita va a conseguir la plata para su fiesta”. Es 7 Concepto antropológico del Ph. D. Carlos Vladimir Zambrano. Folio 186 del expediente.
decir, todo el año esta, en aras de su plata circulando a través de las complejas redes veredales que demuestran la renovación de los lazos de solidaridad y territorialidad de la comunidad. La actividad económica y ritual es de todo el año y presidida por su virgencita. A ella la visten, le hablan, le cuentan, le inventan, como el caso de “mama concia”, la Virgen de Caquiona a quien siempre la ven “embarradita” cuando llega de romeria o de comisión”8 Bajo este examen, se equivoca el demandante al pretender trivializar el conflicto suscitado con las autoridades del cabildo indígena de Caquiona reduciendo el enfrentamiento entre la religión católica y la religión protestante que profesa la IPUC. Si se leen con detenimiento las declaraciones rendidas por los deponentes, así como los escritos presentados por el Gobernador del Cabildo, se concluye lo siguiente: a) No se trata solamente del enfrentamiento religioso, sino de las repercusiones que tal contienda entraña frente a la organización social, política y económica de la comunidad, toda vez que, los indígenas que se han afiliado a la IPUC se oponen al modo de producción comunitaria y a las obligaciones de vigilancia, al propio tiempo que desconocen las tradiciones ancestrales. b) Se violan los derechos de los demás miembros de la comunidad al obligarlos a escuchar el culto protestante mediante amplificadores y se desafía las decisiones tomadas por la autoridad tradicional, luego de agotado un proceso. c) No se desconoce la libertad de culto a los miembros de la IPUC; simplemente se le advierte a sus correligionarios que el ejercicio de
tal libertad se condiciona y desplaza fuera de los linderos del territorio del resguardo. En cuanto al primer punto, la jurisprudencia de la Corte ha reconocido el derecho a la integridad étnica y cultural, en el sentido de que también es fundamental el derecho a la supervivencia cultural9, por lo cual, si los miembros de la comunidad indígena que profesan la religión evangélica desconocen la autoridad del Cabildo y se niegan a continuar con las prácticas de producción y desarrollo comunitario establecidos, atentan contra la forma de vida que la autoridad indígena intenta preservar, toda vez que la extensión de sus creencias religiosas a otros campos de la vida social hacen evidente un conflicto y una ruptura de las relaciones pacíficas de los miembros del resguardo de Caquiona. En esta dimensión, el ejercicio de la autonomía reconocida por la Carta hace que las autoridades indígenas tomen las medidas previsoras y correctivas -como en efecto ocurrió- frente al comentado incidente religioso, a fin de que el mismo no adquiera una trascendencia que tienda a descomponer los valores y la esencia de la cultura Yanacona. Como bien lo indicó el Gobernador del Cabildo, el catolicismo ha sido asimilado y aceptado por la mayoría de los indígenas del resguardo porque no se opone a sus normas, a sus costumbres, a las formas de vida desarrolladas por ellos desde el año de 1700; ni tampoco se ha constituido en factor de desconocimiento de sus autoridades tradicionales. Lo que bajo el extremo contrario si ha ocurrido con la propagación de la religión evangélica protestante. La veneración o admiración hacia la idea de Dios en un recogimiento y convicción individual, no puede transgredir el orden social que
consensual y secularmente ha establecido la comunidad. Incluso, partiendo de la movilida
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