CC - T1088-2007

Sentencia T-1088/07

INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE PENSION DE VEJEZArtículo 37 de la Ley 100/93

MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL E INDEMNIZACION SUSTITUTIVA-Caso en que no existe otro medio porque acción caducó/SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL E INDEMNIZACION SUSTITUTIVA-Caso en que demandante se encuentra en estado de debilidad manifiesta/SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL-Procedencia excepcional de la tutela debe ser analizada de manera menos restrictiva Es claro que el ordenamiento jurídico prevé un mecanismo de defensa judicial para dar solución al conflicto jurídico planteado por la presente acción. En efecto, en contra de la Resolución mediante la cual la Caja Nacional de Previsión Social negó el reconocimiento de la indemnización sustitutiva solicitada por el actor, el demandante contaba con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para que, en el escenario de la jurisdicción contencioso administrativa, viera satisfecha su pretensión. No obstante lo anterior, la Sala encuentra que en su escrito de tutela el señor Zea no hizo ninguna mención respecto del ejercicio del medio de defensa judicial con el cual contaba, ni tampoco solicitó que la protección tutelar requerida se concediera con carácter temporal, sino que su pretensión se dirige a que ésta se otorgue de manera definitiva. De estos elementos se infiere que el accionante no ejerció la acción que procedía contra el acto administrativo que negó el reconocimiento de la indemnización sustitutiva, acción que en este momento ya se encuentra caduca, por lo que en la

actualidad no existe otro medio de defensa judicial al que el actor pueda acudir en procura de los derechos fundamentales que estima conculcados. Tal y como lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional, la valoración de estas circunstancias se debe efectuar teniendo en cuenta las condiciones particulares del afectado. En ese sentido, el hecho de que se trate de un sujeto de especial protección constitucional que se encuentra en un estado de debilidad manifiesta, necesariamente implica que no se pueda reclamar de él la misma diligencia que se exige de las demás personas, por lo que no podría evaluarse con la misma rigurosidad el ejercicio oportuno de las acciones respectivas. Es evidente que en este caso la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, dada la dilación de los procesos y en razón de la avanzada edad del actor, no constituía un mecanismo idóneo y oportuno para dar solución al debate jurídico en torno a la vulneración de los derechos fundamentales invocados. Aun cuando el demandante hubiera acudido a la acción contencioso administrativa para debatir las pretensiones formuladas mediante el mecanismo de protección constitucional, tal mecanismo judicial no resultaría idóneo, por cuanto, de un lado, la realidad procesal indica que la solución de la controversia puede superar la expectativa de vida del actor y, del otro, el mínimo vital del demandante se encuentra efectivamente vulnerado frente a la inexistencia de una fuente de recursos que le permita solventar sus necesidades básicas. En este sentido, y bajo las particulares circunstancias del presente asunto, el hecho de que el accionante no hubiera ejercido el mecanismo de defensa judicial ordinario

con el que contaba, se torna irrelevante. La Sala concluye que en este caso la acción de tutela se erige como único medio de defensa judicial idóneo para dar solución a la controversia planteada por el actor, frente a la ineficacia de los mecanismos de defensa con los que contaba el demandante y teniendo en cuenta que su situación exige la adopción de medidas de carácter inmediato y urgente, a fin de impedir la prolongación del daño que podría originarse al actor como consecuencia de la decisión adoptada por la entidad. PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-No puede evaluarse el cumplimiento de este requisito de procedibilidad desde el momento en que entró a regir la Ley 100/93 En lo que toca con el supuesto problema de inmediatez que se presenta en el asunto sub examine y que sirvió de argumento para que el a quem despachara de forma desfavorable las pretensiones del demandante, debe señalarse que el juez de segunda instancia erró en la forma en que valoró dicho presupuesto. En efecto, el fallador consideró que no se cumplió con el requisito de inmediatez porque entre la fecha en que empezó a regir la Ley 100 de 1993 y el momento en que el accionante solicitó la prestación pasaron doce (12) años, extremos temporales respecto de los cuales el juez no debió efectuar el análisis del cumplimiento del requisito de procedibilidad; en efecto, no tiene sentido evaluarlo desde el momento en que entró a regir la Ley 100 de 1993, ya que es posible que luego de su entrada en vigencia el accionante haya mantenido la expectativa de efectuar las cotizaciones necesarias para acceder a la pensión de vejez y, en este sentido, que haya

decidido no solicitar la indemnización sustitutiva de dicha pensión, ya que el afiliado que se encuentra en esta situación tiene la posibilidad de aceptar esta prestación o de optar por la pensión de vejez. PRINCIPIO DE INMEDIATEZ Y TERMINO A PARTIR DEL CUAL DEBE CONTARSE-Momento en que efectivamente se presentó vulneración del derecho fundamental El término para determinar si se cumple o no con el requisito de inmediatez debe contarse a partir del momento en que efectivamente se presentó la vulneración del derecho fundamental, esto es, desde que la entidad manifestó su negativa en el reconocimiento del derecho a la indemnización sustitutiva. Así las cosas, debe considerarse que el señor conoció el contenido de dicho acto administrativo el dieciocho (18) de septiembre de dos mil seis (2006) y que ejerció la acción de tutela pasados algo más de siete meses desde esa fecha, lapso que en criterio de la Sala no resulta exagerado si se considera que es una persona de la tercera edad que se encuentra en una situación de debilidad manifiesta, circunstancia frente a la cual, tal y como se señaló, el juicio de procedibilidad debe ser menos estricto. DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA INDEMNIZACION SUSTITUTIVA O DEVOLUCION DE SALDOS-Es imprescriptible Es claro entonces que la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos, son beneficios pensionales que se otorgan a las personas que cumplen parcialmente con los requisitos para acceder de manera definitiva a la pensión de vejez, esto es, que si bien tienen el requisito de la edad no han cotizado el número de semanas exigidas por la Ley -en el régimen de prima

mediao que no tienen el capital requerido para acceder al derecho a la pensión -en el régimen de ahorro individual-. Para lo que interesa a esta causa y específicamente en relación con la situación del afiliado que, en el régimen de prima media con prestación definida, cumple con la edad mínima para pensionarse pero no reúne el requisito de las semanas cotizadas, debe señalarse que el artículo 37 citado no impone a los afiliados la obligación de seguir trabajando hasta completar el mínimo de semanas cotizadas, ni tampoco la carga de tener que renunciar a la expectativa de completar el tiempo de cotización, bajo la obligación de tramitar el reconocimiento de la indemnización sustitutiva. En efecto, esta Corporación ha señalado que el afiliado que se encuentra en esta situación tiene la posibilidad de aceptar esta prestación o de optar por la pensión de vejez, para lo cual deberá seguir cotizando hasta el cumplimiento del requisito de semanas de cotización. En este punto es importante resaltar el hecho de que, tal y como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corte, el derecho a la indemnización sustitutiva al igual que las demás prestaciones consagradas en el sistema general de pensiones, es imprescriptible, lo que significa que puede ser reclamada en cualquier tiempo. Lo anterior implica que dicha prestación puede ser reclamada en cualquier tiempo, siempre que el interesado haya cumplido la edad para pensionarse pero no haya cotizado al Sistema de Seguridad Social en Pensiones por un tiempo igual o superior al mínimo requerido para la obtención de la pensión de vejez.

DERECHO A LA INDEMNIZACION SUSTITUTIVA-Definición

PENSION DE VEJEZ-Facultad de recibir devolución de saldos o indemnización sustitutiva cuando se ha cumplido la edad y no los demás requisitos/DERECHO A LA PENSION DE VEJEZ-Continuación de cotización para satisfacer requisito cuando se ha cumplido solo el de la edad En relación con el ámbito de aplicación de las normas de Ley 100 que establecen el derecho a reclamar la indemnización sustitutiva, asunto que incide directamente en la solución del problema jurídico planteado por el presente asunto, debe señalarse que esta cuestión ya había sido objeto de pronunciamiento por parte de esta Corporación en sentencia T-972 de 2006, providencia en la cual la Corte estableció que estas normas se aplican a todos los habitantes del territorio nacional y a todas aquellas situaciones que al momento de su expedición no se hubieren consolidado. Se concluye, las normas que regulan lo referente a la indemnización sustitutiva también tienen aplicación en relación con aquellas personas que cotizaron bajo la vigencia de la anterior normatividad y cuya situación jurídica no se consolidó en aplicación de normas precedentes, lo que exige que su definición se efectúe bajo el imperio de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, las entidades encargadas de su reconocimiento no pueden oponerse a éste bajo el argumento de que las cotizaciones de hayan realizado con anterioridad a la Ley 100 de 1993 y que, en consecuencia, no son las aplicables las disposiciones normativas de dicha Ley, ya que, tal como se estableció, las normas establecidas en la Ley 100 de 1993 son de orden público, lo que implica que ellas son de inmediato y obligatorio cumplimiento y, por tanto,

afectan situaciones no consolidadas que se encuentren en curso. DERECHO A LA INDEMNIZACION SUSTITUTIVA-Caso en que el demandante se retiró del servicio con anterioridad a la vigencia de la Ley 100/93 El hecho de que el actor se hubiere retirado del servicio con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que, en consecuencia, las cotizaciones que efectuó hayan sido aportadas en una fecha anterior a ese momento, en nada afecta su derecho a que su situación pensional sea definida en aplicación de las normas del nuevo régimen. La primera conclusión a la que se llega es que al accionante le son aplicables las disposiciones normativas de la Ley 100 de 1993, particularmente en lo relativo a la posibilidad de solicitar la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. DERECHO A LA INDEMNIZACION SUSTITUTIVA-Argumentar que el demandante a la fecha de retiro no había cumplido con la edad exigida para poder acceder a la pensión de vejez es interpretación restrictiva Sostener que aquellas personas que no cumplieron la edad requerida para tener derecho a la pensión de vejez encontrándose vinculados al servicio, pierden por esa sola circunstancia el derecho a reclamar la indemnización sustitutiva por las semanas que efectivamente cotizaron, resulta una conclusión excesivamente restrictiva que no se compadece con la realidad de que el hecho de que exista una vinculación laboral al momento de cumplir el requisito de edad es una circunstancia que no depende enteramente de la voluntad del afiliado, sino que está sujeta a la eventualidad de que esta persona pueda acceder a un empleo o mantenerse en él. Adicionalmente, ello

propiciaría lo que el Consejo de Estado en la sentencia atrás citada denominó un “enriquecimiento sin justa causa de la entidad a la cual efectuó aportes”, ya que a pesar de que el afiliado hubiere realizado cotizaciones durante cierto tiempo, no tendría derecho a recibir la devolución de dichos saldos, aportes que en el sistema de seguridad social en pensiones constituyen el sustento económico de los afiliados una vez tiene ocurrencia la contingencia de la vejez. Es claro que una interpretación armónica de las disposiciones que regulan la figura de la indemnización sustitutiva y que resulte acorde con los mandatos de la Constitución Política que regulan el sistema de seguridad social, lleva a concluir que la norma en la cual la entidad accionada sustenta su negativa en el reconocimiento de dicha prestación, en realidad no consagra un requisito adicional para acceder a ella sino que se limita a establecer las exigencias generales para poder solicitar su reconocimiento. Por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala concluye que, en el presente asunto, el régimen de seguridad social adoptado a través de la Ley 100 de 1993 resulta plenamente aplicable a la situación del accionante. Así las cosas, la Sala encuentra que la actuación de la Caja Nacional de Previsión Social, en el sentido de no reconocer el derecho a la indemnización sustitutiva del señor, configura una violación de sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social, circunstancia por la cual se concederá el amparo deprecado.

Referencia: expediente T-1692525

Accionante: Justo Abraham Zea.

Demandado: Caja Nacional de Previsión

Social, CAJANAL.

Magistrado Ponente:

Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL

Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil siete (2007). La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra y Nilson Pinilla Pinilla, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente, SENTENCIA en el proceso de revisión de los fallos de tutela proferidos por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Arauca y la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, en relación con la acción de amparo constitucional instaurada por Justo Abraham Zea contra la Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL.

I. ANTECEDENTES.

1. La solicitud.

El señor Justo Abraham Zea presentó acción de tutela el día siete (07) de mayo de dos mil siete (2007) contra la Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL, por considerar que esta entidad vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social.

2. Hechos relevantes. 2.1. El señor Justo Abraham Zea, quien en la actualidad tiene setenta y siete (77) años de edad, trabajó en el Ministerio de Transporte en el cargo de obrero en los períodos comprendidos entre el dieciséis (16) de septiembre de mil novecientos sesenta (1960) hasta el diecisiete (17) de julio de mil novecientos sesenta y dos (1962) y entre el veintidós (22) de abril de mil novecientos sesenta y tres (1963) hasta el diecinueve (19) de julio de mil

novecientos sesenta y siete (1967), para un total de dos mil ciento sesenta y nueve (2169) días. Durante este tiempo, el accionante realizó las cotizaciones en salud y pensión a la Caja Nacional de Previsión Social. 2.2. Sostiene el demandante que por motivos ajenos a su voluntad no le fue posible seguir realizando las cotizaciones al sistema de seguridad social. Por esa razón, el diez (10) de marzo de dos mil seis (2006) formuló derecho de petición frente a CAJANAL, con el fin de solicitar el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de pensión de vejez a la que considera tener derecho. 2.3. Sin embargo, mediante Resolución 47890 de once (11) de septiembre de dos mil seis (2006), la entidad negó el reconocimiento de dicha prestación por considerar que “teniendo en cuenta que la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez fue creada para el servidor público por la ley 100/93 y reglamentada por el decreto 1730 de 2001, no es posible ordenar el reconocimiento de esta indemnización al(a) peticionario(a) toda vez que su retiro se efectuó con anterioridad a la vigencia de la ley 100 de 1993, pues de hacerlo se estaría concediendo a la ley efecto retroactivo, hecho éste que no está permitido por las normas legales vigentes, y además a la fecha de retiro no cumplió con el requisito de edad exigido, razón por la cual se niega la prestación solicitada”. Como fundamentos de derecho de su decisión, la entidad acudió al contenido normativo de los artículos 37, 151 inciso 1 y 283

inciso 1 de la Ley 100 de 1993 y al artículo 1° del Decreto 1730 de 2001, “por medio del cual se reglamentan los artículos 37, 45 y 49 de la Ley 100 de 1993 referentes a la indemnización sustitutiva del régimen solidario de prima media con prestación definida”.

3. Fundamentos de la acción.

El demandante manifiesta que la decisión adoptada por CAJANAL comporta una vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social, toda vez que esta situación compromete directamente su posibilidad de tener una existencia en condiciones dignas, ya que no cuenta con ningún tipo de ingresos o recursos que le permitan solventar los gastos propios de su subsistencia. Así, sostiene que es una persona de la tercera edad, que se encuentra desempleado, que no cuenta con ningún ingreso y que, debido a su avanzada edad, se encuentra en imposibilidad física de desarrollar algún tipo de labor productiva. En este escenario, estima que la indemnización sustitutiva a la que considera tiene derecho -por cuanto efectuó las cotizaciones al sistema de seguridad social durante los siete años que estuvo vinculado al Ministerio de Transporte-, es el único sustento con el que podría contar en este momento para cubrir sus necesidades básicas.

4. Pretensiones del demandante.

El demandante solicita al juez de tutela que le sean amparados los derechos fundamentales invocados, de tal manera que se ordene a la entidad accionada que proceda a cancelar el valor de la indemnización sustitutiva de pensión de vejez a la que alega tener derecho y que dicha suma sea “actualizada a la fecha, conforme a la tasa actual”.

5. Oposición a la demanda de tutela.

Avocado el conocimiento de la presente acción por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Arauca, dicha autoridad judicial ordenó que se efectuara la notificación de la misma a CAJANAL para que se pronunciara respecto de los hechos y las pretensiones invocadas por el actor. Sin embargo, vencido el término de traslado la entidad accionada guardó silencio.

II. DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN.

1. Primera instancia.

El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Arauca, mediante sentencia de veintidós (22) de mayo de dos mil siete (2007), resolvió negar el amparo solicitado. En criterio del a quo, las consideraciones expuestas por CAJANAL en la Resolución 47890 de 2006 llevan a concluir que el accionante no tiene derecho a recibir una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, toda vez que a la fecha en que se produjo su retiro el actor no había cumplido el requisito de edad exigido para acceder a dicha prestación.

2. Impugnación.

Inconforme con la decisión del juez de primera instancia, el actor la impugnó bajo la consideración de que el juzgador se limitó a reproducir los argumentos que le dieron fundamento a la Resolución 47890 de 2006 proferida por

CAJANAL.

A su juicio, el juez no consideró que su derecho a recibir una indemnización sustitutiva es un derecho adquirido e irrenunciable, que surgió con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993. Adicionalmente, manifestó que como quiera que durante los siete años que

estuvo vinculado al Ministerio de Transporte, realizó las cotizaciones a la seguridad social, “por lo menos [tiene] derecho al reintegro de dichos aportes con su respectiva actualización” ya que “el Estado en ningún momento se puede apropiar de recursos que le corresponden a sus ciudadanos (…)”.

3. Segunda instancia.

La Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca, mediante sentencia de cinco (5) de julio de dos mil siete (2007), decidió confirmar la providencia de instancia aunque por argumentos distintos a los expuestos por el a quo. Luego de efectuar un recuento de las normas a través de las cuales se ha regulado la administración del personal civil de la rama ejecutiva, el ad quem afirma que a pesar de que el accionante se retiró del servicio con anterioridad a la fecha en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, ello no significa que no pueda acceder a una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, tal y como lo ha establecido ya la jurisprudencia proferida por el Consejo de Estado. Sin embargo, a su juicio, en el presente caso la acción de tutela no resulta procedente para obtener el reconocimiento de dicha prestación, como quiera que, en primer lugar, el actor no hizo uso de los medios de defensa -tanto en sede administrativa como judicialcon los que contaba para impugnar la Resolución proferida por CAJANAL y, en segundo término, por cuanto no se cumplió con el requisito de inmediatez, toda vez que a pesar de que la Ley 100 empezó a regir en 1994, el actor sólo elevó su petición para el reconocimiento de la indemnización sustitutiva doce (12) años después de esa

fecha. Finalmente, estima que la presente acción tampoco procede como mecanismo transitorio, ya que no se demostró la inminencia en la ocurrencia de un perjuicio de carácter irremediable.

4. Material probatorio relevante en este caso.

Dentro del expediente contentivo de la presente acción de tutela, se encuentran como pruebas relevantes las siguientes: a. Fotocopia del registro civil de nacimiento y de la cédula de ciudadanía del señor Justo Abraham Zea. b. Copia del “Certificado laboral de empleadores” expedido por el Subdirector de Talento Humano del Ministerio de Transporte, donde constan los períodos laborados por el actor en dicha entidad y las cotizaciones efectuadas a la Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL durante ese lapso. c. Copia de la solicitud de reconocimiento de la indemnización sustitutiva presentada por el actor ante CAJANAL, el día diez (10) de marzo de dos mil seis (2006). d. Fotocopia de la Resolución No. 47890 de once (11) de septiembre de dos mil seis (2006) proferida por CAJANAL, mediante la cual se negó la solicitud de reconocimiento de indemnización sustitutiva formulada por el actor.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

1. Competencia.

A través de esta Sala, la Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias proferidas en el proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Problema jurídico.

De conformidad con lo expuesto en el acápite de antecedentes de la presente

providencia, se le atribuye a la Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL, la vulneración de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social del accionante, como consecuencia de la negativa en el reconocimiento de la indemnización sustitutiva solicitada por el actor, decisión que la entidad adoptó por considerar que, en primer lugar, al demandante no le es aplicable la Ley 100 de 1993 por cuanto su retiro del servicio se produjo con anterioridad a la vigencia de dicha normatividad y, en segundo término, por cuanto aun cuando se aceptara la posibilidad de que su situación fue regulada por dicha Ley, el actor no cumplió con el requisito establecido en el artículo 1 del Decreto 1730 de 2001 para efectos de obtener el reconocimiento de dicha prestación, este es -según afirma la entidadque a la fecha de retiro era necesario que el peticionario hubiere cumplido la edad establecida para poder solicitar la pensión de vejez. En este escenario y con el fin de resolver el asunto objeto de estudio, esta Sala reiterará la jurisprudencia constitucional relativa a (i) el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela frente a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial y (ii) al ámbito de aplicación del artículo 37 de la Ley 100 de 1993, norma que consagra la figura de la indemnización sustitutiva, para luego, finalmente, determinar si en el caso concreto el accionante tiene derecho al reconocimiento de la prestación requerida.

3. La procedencia excepcional de la acción tutela frente a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial. Reiteración de jurisprudencia.

3.1. La acción de tutela es un mecanismo constitucional de protección directa, inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, cuando quiera que éstos resultan vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los casos establecidos en la ley. A partir del contenido normativo del artículo 86 de la Carta Política y conforme lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional, el carácter subsidiario de la acción de tutela implica que, por regla general, ella no procede cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que éste no resulte eficaz para proteger el derecho fundamental involucrado o que se esté frente a la inminente configuración de un perjuicio de carácter irremediable, caso en el cual la tutela procede como mecanismo transitorio, hasta tanto la autoridad correspondiente se pronuncie de fondo sobre la materia objeto de litigio. De esta forma, por regla general, la acción de tutela procede para la protección de derechos fundamentales mientras no exista otro mecanismo de defensa judicial y siempre que la carencia de algún medio de amparo no obedezca a la propia incuria del interesado. Bajo esta consideración, la Corte Constitucional ha sostenido que, en principio, la acción de tutela no puede ejercerse con el fin de obtener el reconocimiento o restablecimiento de derechos pensionales, ni tampoco de prestaciones económicas derivadas del régimen de seguridad social. En efecto, esta Corporación ha precisado que el conocimiento de este tipo de solicitudes es de competencia, por regla general, de la justicia ordinaria laboral o de la contencioso administrativa según el caso, ya que su trámite exige la valoración

de aspectos litigiosos de naturaleza legal que escapan al ámbito de competencia del juez de tutela. De esta manera, las discusiones relacionadas con la titularidad de derechos en materia de seguridad social, no corresponden -por regla generalal objeto de la acción de amparo constitucional. No obstante lo anterior, este Tribunal también ha sostenido que es posible que, de manera excepcional, se ordene por la vía de la acción de tutela el reconocimiento, restablecimiento y pago de los citados derechos, siempre que a pesar de existir otro medio de defensa judicial, éste resulte ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales comprometidos. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado: “De conformidad con la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, la acción de tutela, dado su carácter subsidiario, no procede para ordenar el reconocimiento de prestaciones sociales ni para ordenar el pago de acreencias laborales, cuando existan otros medios de defensa judicial funcionales y eficaces o cuando no se produzca un perjuicio irremediable. Para la Corte, dado el carácter excepcional de este mecanismo constitucional de protección de los derechos, la acción de tutela no puede desplazar ni sustituir los mecanismos ordinarios establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. También ha señalado esta Corporación que, dada la responsabilidad primaria que cabe a los jueces ordinarios en la protección de los derechos, la procedencia de la tutela está sujeta a la ineficacia del medio de defensa judicial ordinario, situación que sólo puede determinarse en cada caso concreto.” (subraya y negrilla fuera de texto)

De esta forma, la procedencia excepcional de la acción de tutela exige del juez un análisis concreto de la situación particular del actor, con el fin de determinar si el medio de defensa judicial ordinario es lo suficientemente idóneo para proteger de manera integral sus derechos fundamentales, ya que, en caso contrario, el conflicto planteado trasciende el nivel puramente legal para convertirse en un problema de carácter constitucional. En este punto, es necesario señalar que este Tribunal también ha sostenido que el juicio de procedibilidad de la acción de tutela se tornan menos riguroso frente a los sujetos de especial protección constitucional -tales como los niños, las personas que sufren algún tipo de discapacidad, las mujeres embarazadas o los ancianos-, como consecuencia del estado de debilidad manifiesta en el que se encuentran y del especial amparo que la Constitución Política les brinda. De manera que, en estos casos, la procedibilidad de la acción se somete a reglas probatorias menos estrictas, derivadas directamente de la condición especial en la que se encuentra el afectado. En efecto, sobre este asunto la Corte Constitucional ha señalado: “(…) es pertinente acotar que en materia de procedibilidad de la acción de tutela, la Corte ha manifestado que, no obstante la rigurosidad con que el juez debe evaluar los requisitos exigidos para dar curso al mecanismo de amparo, existen situaciones especiales en las que el análisis de procedencia de la acción debe desatarse de manera más amplia y permisiva, en atención a la especial naturaleza de las personas que solicitan la protección de sus derechos constitucionales fundamentales.” De todo lo anterior, se concluye entonces que frente a la existencia de otros

mecanismos de defensa judicial, la procedencia de la acción de tutela para solicitar el reconocimiento, restablecimiento y pago de derechos patrimoniales derivados del régimen de seguridad social, se encuentra ligada a la comprobación de que dichos medios ordinarios de defensa resultan ineficaces para la protección de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados, circunstancia esta última que sólo puede verificarse de manera concreta y que, en el caso de las personas que son sujetos de especial protección constitucional, exige un juicio de procedibilidad menos riguroso y estricto. 3.2. Ahora bien, bajo las anteriores consideraciones la Sala encuentra necesario establecer, de manera previa, si el mecanismo de amparo constitucional es procedente para solicitar la protección de los derechos fundamentales invocados por el accionant