CC - T1181-2005

Sentencia T-1181/05

VIA DE HECHO EN PROCESO EJECUTIVO-Terminación del proceso por reliquidación del crédito de UPAC VIA DE HECHO-Defecto sustantivo LEY 546 de 1999-Doctrina de la Corte Constitucional sobre el artículo 42 parágrafo 3 PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Terminación al entrar en vigencia Ley 546/99 PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Evolución jurisprudencial JUEZ CIVIL-Requisitos para dar por terminados procesos ejecutivos hipotecarios Para que un juez civil deba dar por terminado un proceso ejecutivo hipotecario iniciado para el cobro de un crédito destinado a la financiación de vivienda individual de largo plazo, deben confluir únicamente dos condiciones: (i) que el proceso haya sido iniciado antes del 31 de diciembre de 1999 y (ii) que la entidad acreedora haya aportado a él la reliquidación del crédito. Se infiere que no es necesario que el ejecutado solicite al juez la terminación del proceso, ya que ésta se produce por “ministerio de la ley” y por tanto aquel debe “declararla oficiosamente.”. Como consecuencia de lo anterior, es dable afirmar que respecto de los procesos ejecutivos hipotecarios en curso a 31 de diciembre de 1999, la decisión judicial de no darlos por terminados, constituye una clara vía de hecho por defecto sustantivo, no solo por ampararse en una interpretación equivocada del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, sino además, por desconocer la jurisprudencia de la Corte Constitucional

DEBIDO PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Deben darse

por terminados los procesos en curso a 31 de diciembre de 1999, una vez aportada la reliquidación del crédito. DEBIDO PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Una vez aportada la reliquidación del crédito al proceso, éstos deben ser tramitados y archivados sin más trámite Reiteración de Jurisprudencia Referencia: expedientes T-1139009, T1139383, T-1155933, T-1156121, T1156890, T-1198010, T-1198034 y T1198036. Acciones de tutela instauradas por Gladys Stella Quintero Barragán y Carlos Miguel Quintero contra el Juez Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga y la Sala Civil del Tribunal Superior de la misma ciudad; Mauricio Montero Torres contra el Juez Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga; Flor Guadalupe Muñoz López contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto y la Sala Civil del Tribunal Superior de esa ciudad; Ricardo Cenidelfonso Saenz Castellanos y Olga Lucia Junca Vargas contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá; Blanca Lilia Gómez Díaz contra el Juez Séptimo Civil del Circuito de Bucaramanga, la Sala Civil del Tribunal Superior de esa ciudad y el Banco Granahorar; Mery Cardoso Corredor contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva; Jaime Navarro Clavijo y Lucila Sandoval de Navarro contra el Juez Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga, la Sala Civil del Tribunal Superior de la misma ciudad y

Central de Inversiones S.A. CISA, y la instaurada por Saín Humberto Cuadros Villamizar contra el Juzgado Primero Civil del Circuito y la Sala Civil del Tribunal Superior de Cúcuta. .

Magistrada Ponente:

Dra. CLARA INES VARGAS

HERNÁNDEZ

Bogotá D. C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil cinco (2005). La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las contenidas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión del fallo adoptado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de tutela instaurada por Gladys Stella Quintero Barragán y Carlos Miguel Quintero; el proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, dentro de la acción de tutela instaurada por Mauricio Montero Torres; el dictado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de tutela instaurada por Flor Guadalupe Muñoz López; los proferidos por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el proceso de acción de tutela iniciado por Ricardo Cenidelfonso Castellanos y Olga Lucía Junca Vargas; el dictado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de tutela instaurada por Blanca Lilia Gómez Díaz; los adoptados por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior

de Neiva y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el trámite de la acción de tutela interpuesta por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva; el proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro de la acción de tutela instaurada por Lucía Sandoval de Navarro y Jaime Navarro Clavijo, y el dictado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de tutela iniciada por Saín Humberto Cuadros Villamizar. Mediante auto de agosto 12 de 2005, la Sala de Selección de Tutelas No. 8 de esta Corporación, decidió seleccionar los procesos de tutela radicados bajo los números T-1139009, T-1139383, T-1155933, T-1156121 y T1156890, para su revisión ante la Corte. Posteriormente la Sala de Selección de Tutelas No. 10 de esta Corporación, en Auto de octubre 7 de 2005, seleccionó para su revisión los expedientes de tutela número T-1198010, T-1198034 y T-1198036. Estos últimos procesos fueron acumulados a los primeros mediante auto proferido por la Sala Novena de Revisión de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

Gladys Stella Quintero Barragán y Carlos Miguel Quintero, Mauricio Montero Torres, Flor Guadalupe Muñoz López, Ricardo Cenidelfonso Saenz Castellanos y Olga Lucia Junca Vargas, Blanca Lilia Gómez Díaz, Mery Cardoso Corredor, Lucila Navarro Clavijo y Jaime Navarro Clavijo, y Saín Humberto Cuadros Villamizar, instauraron sendas acciones de

tutela contra los despachos judiciales donde se tramitan los procesos ejecutivos que se siguen en su contra, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a una vivienda digna. Las razones que aducen se concretan en que los despachos demandados se niegan a dar por terminados los procesos ejecutivos hipotecarios, pese a que ya fue aportada la respectiva reliquidación en cada uno de los procesos, y a que en concordancia con la Ley 546 de 1999 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es su obligación actuar en ese sentido. Se amparan los demandantes en una serie de sentencias de tutela que han decidido asuntos similares y en las sentencias C-383, C-747 y C-700 de la Corte Constitucional, en las que se tomaron decisiones que dejaron sin vigencia el sistema UPAC.

1. Son fundamento de las demandas, los siguientes hechos: - Expediente T-1139009. Demandado: Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga y la Sala Civil del Tribunal Superior de la misma ciudad.

La señora Gladys Stella Barragán y el señor Carlos Miguel Quintero adquirieron, por un monto de $16.000.000, un crédito destinado a la adquisición de vivienda con el Banco Central Hipotecario BCH el 25 de julio de 1997. Posteriormente, como consecuencia de haber incurrido en mora en el pago de las cuotas de esa obligación, el Banco Central Hipotecario inició un proceso ejecutivo hipotecario ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, despacho que profirió auto de mandamiento de pago el 6 de

mayo de 1998. Dentro de este proceso, la entidad demandante aportó la reliquidación del crédito de conformidad con lo dispuesto en la Ley 546 de 1999. El crédito quedó incluido dentro del convenio interadministrativo de compraventa de cartera celebrado entre el BCH y Central de Inversiones

S.A. CISA.

Afirman los demandantes que los despachos judiciales que conocieron del proceso ejecutivo, no accedieron a disponer la terminación del proceso, no obstante haberla solicitado mediante un incidente de nulidad que fue despachado negativamente en primera instancia y resuelto en el mismo sentido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bucaramanga.

• Expediente T-1139383. Demandado: Juzgado Cuarto Civil del

Circuito de Bucaramanga. El señor Mauricio Montero Torres adquirió un crédito para adquisición de vivienda con el Banco AV-Villas por un monto de $14.080.000. Debido al no pago de las cuotas del citado crédito al Banco AV-Villas, esa entidad inició un proceso ejecutivo en contra del señor Montero Torres en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga, que mediante auto de septiembre 8 de 1999 libró mandamiento de pago. Dentro del trámite del proceso ejecutivo, el Banco AV-Villas, aportó la reliquidación del crédito objeto de cobro, y ante esta situación, el 18 de diciembre de 2003 el demandante solicitó la terminación del proceso. Posteriormente, el 16 de marzo de 2004 presentó un incidente de nulidad de todo lo actuado, peticiones que fueron falladas de manera desfavorable a sus pretensiones.

• Expediente T-1155933. Demandado: Juzgado Tercero Civil del

Circuito de Pasto y la Sala Civil del Tribunal Superior de esa ciudad. La señora Flor Guadalupe Muñoz López adquirió un crédito para adquisición de vivienda en el Banco Colmena. Por incurrir en mora en el pago de esa obligación, el 2 de diciembre de 1998 esa entidad financiera inició un proceso ejecutivo en su contra ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la ciudad de Pasto. El 23 de febrero de 2001, la apoderada del Banco Colmena en el proceso ejecutivo aportó la reliquidación del crédito de la demandante en concordancia con la Ley 546 de 1999. Por lo anterior, el 17 de junio de 2003 la señora Muñoz López presentó ante el juzgado de conocimiento del proceso ejecutivo una solicitud de terminación y archivo del proceso, esto con fundamento en el parágrafo 3 del artículo 42 de la Ley 546 de 1999. No obstante lo anterior, mediante auto de junio 25 de 2003, ese despacho judicial negó la solicitud. Posteriormente, el 26 de enero de 2004, presentó ante ese mismo despacho un incidente de nulidad, petición que fue despachada por el Juez de manera negativa bajo el argumento de que ese proceso no había terminado por ningún medio legal, pues una vez presentada la reliquidación el crédito no había quedado al día, recurrida esta decisión, la Sala Civil del Tribunal Superior de Pasto confirmó el fallo. - Expediente T-1156121. Demandado: Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá. El señor Ricardo Cenidelfonso Saenz Castellanos y la señora Olga Lucía

Junca Vargas, adquirieron el 25 de marzo de 1993 un crédito para compra de vivienda con la Corporación de Ahorro y Vivienda Conavi. Debido a la mora en el pago de la obligación, esa entidad financiera presentó una demanda ejecutiva con título hipotecario contra los demandantes ante el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, este despacho mediante auto del 5 de octubre de 1998 admitió la demanda y libró mandamiento de pago a favor de Conavi. El 9 de julio de 2001 la entidad demandante expidió una certificación en la que indica que la reliquidación del crédito hipotecario fue aplicada a la obligación, el día 28 de febrero de 2000. El 17 de enero de 2003, el Juzgado Sexto Civil del Circuito dictó sentencia ordenado a la demandante reliquidar el crédito según lo estipulado en la Ley 546 de 1999. Posteriormente, el 31 de julio de 2003, esa entidad financiera aportó una liquidación del crédito “conforme sentencia” en la que se hace la redenominación, según la citada Ley. El primero de junio de 2004 se realizó el remate del bien, y en razón a la ausencia de postores, el apoderado de la parte demandante solicitó la adjudicación del bien inmueble. Acto seguido, mediante auto del 1º de febrero de 2005, el Juez Sexto Civil del Circuito adjudicó el bien a Conavi. Concluyen los demandantes que dentro del proceso ejecutivo que se siguió en su contra, nunca se presentó la suspensión a que se refiere el parágrafo tercero del artículo 42 de la Ley 546 de 1999. De la misma manera, afirma

que nunca figuró en su debido tiempo la reliquidación ordenada por la misma norma, así como tampoco fue terminado el proceso de conformidad con ese mandato legal.

• Expediente T-1156890. Demandados: Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bucaramanga, Sala Civil del Tribunal Superior de esa ciudad y el Banco Granahorrar.

La señora Blanca Lilia Gómez Díaz adquirió un crédito para adquisición de vivienda con el Banco Granahorrar por un monto de $23.000.000. Por haber incurrido en mora en el pago de la obligación, Granahorrar inició en marzo de 1998 un proceso ejecutivo hipotecario ante el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bucaramanga en contra de la señora Gómez Díaz. Con posterioridad, en el trámite del proceso ejecutivo fue allegada por parte de entidad financiera, la reliquidación del crédito objeto de cobro en concordancia con lo dispuesto en la Ley 546 de 1999. No obstante lo anterior, el Juez Séptimo Civil del Circuito de Bucaramanga, negó una solicitud de terminación y archivo del proceso, y de la misma manera, la Sala Civil del Tribunal Superior de esa ciudad confirmó el auto mediante el cual se había negado la declaratoria de nulidad y terminación del proceso.

• Expediente T-1198010. Demandado: Juzgado Segundo Civil del

Circuito de Neiva. La señora Mery Cardoso Corredor accedió a un crédito para adquisición de vivienda con el Banco Central Hipotecario. Debido a la mora en el pago de su obligación, esa entidad financiera inició en contra de la señora Cardoso

un proceso ejecutivo hipotecario ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva, que mediante providencia de febrero 2 de 1999 libró mandamiento ejecutivo de pago. El crédito quedó incluido dentro del convenio interadministrativo de compraventa de cartera celebrado entre el BCH y Central de Inversiones

S.A. CISA.

Afirma la demandante que el Juzgado de conocimiento del proceso ejecutivo seguido en su contra, el 21 de agosto de 2002, debido a que ninguna de las partes presentó liquidación del crédito, y sin dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999, suspendiendo el proceso para que entre la corporación y la deudora acordaran la reliquidación o reestructuración del préstamo, procedió a “LIQUIDAR Y RELIQUIDAR” la obligación objeto de cobro, en concordancia con el artículo 42 de la Ley 546 de 1999, a su juicio sin estar facultado para ello, pues la citada Ley en ningún aparte facultó a los jueces para realizar y aprobar de manera oficiosa la denominada reliquidación. Agregó la demandante que la liquidación realizada por el Juez demandando no tuvo en cuenta una serie de abonos realizados a la obligación. De la misma manera indicó que, dentro del proceso no fue consultado el valor real de la vivienda, pues le ha realizado una serie de mejoras que aumentaron su valor.

• Expediente T-1198034. Demandados: Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga, Sala Civil del Tribunal Superior de esa ciudad y Central de Inversiones S.A. CISA.

Los señores Jaime Navarro Clavijo y Lucila Sandoval de Navarro

adquirieron un crédito para adquisición de vivienda con el Banco Cafetero, posteriormente, ésta obligación fue cedida a Central de Inversiones S.A. CISA. Debido a la mora presentada en el pago de esa obligación, el 8 de abril de 1999 fue iniciado en su contra un proceso ejecutivo hipotecario ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga. Una vez aportada al proceso ejecutivo la reliquidación de su obligación por parte de la entidad financiera, los demandantes solicitaron la terminación del proceso ejecutivo, petición a la que no accedió el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga, esta decisión fue confirmada por la Sala Civil del Tribunal Superior de esa ciudad. Por lo anterior consideran que los despachos judiciales demandados incurrieron en vía de hecho, pues de acuerdo a lo ordenado por la Ley 546 de 1999 y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, una vez efectuada la reliquidación de la obligación objeto de cobro, el proceso ejecutivo debía darse por terminado. - Expediente T-1198036. Demandados: Juzgado Primero Civil del Circuito de Cúcuta y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de esa ciudad. El señor Saín Humberto Cuadros Villamizar adquirió un crédito en UPAC para adquisición de vivienda en el Banco Davivienda. Por incurrir en mora en el pago de esta obligación, esa entidad financiera inició un proceso ejecutivo hipotecario en su contra ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de la ciudad de Cúcuta, dentro del cual fue dictado mandamiento ejecutivo de pago el 14 de septiembre de 1998.

Dentro del trámite del proceso ejecutivo, y ante la inminencia del remate del bien objeto de embargo y secuestro, el señor Cuadros Villamizar solicitó al Juez de conocimiento la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso y su correspondiente terminación como consecuencia del trámite de la reliquidación de su obligación, lo anterior con fundamento el la Ley 546 de 1999 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En providencia de marzo 18 de 2005, el Juez demandado no accedió a las pretensiones del señor Cuadros Villamizar, recurrida esta decisión por el peticionario, el 25 de mayo de 2005, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cúcuta confirmó la decisión adoptada por el Juez de primer grado. Por lo anterior, considera el demandante que los despachos judiciales demandados incurrieron en vía de hecho al negarse a dar por terminado el proceso ejecutivo que se sigue en su contra pese a existir reliquidación de la obligación objeto de cobro, tal como o estipula la Ley 546 de 1999 y la jurisprudencia de loa Corte Constitucional.

2. Solicitudes Todos los demandantes solicitan que se tutelen sus derechos, y en consecuencia se decrete la nulidad de los procesos ejecutivos que se siguen en su contra a partir de las actuaciones posteriores a la reliquidación de los diferentes créditos, al tiempo que se ordene a los despachos judiciales demandados que declaren la terminación de los procesos ejecutivos sin más trámites de conformidad con el artículo 42 de la Ley 546 de 1999.

II. INTERVENCIÓN DE LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DE

LAS ENTIDADES CREDITICIAS DEMANDADAS Los argumentos expuestos por los despachos judiciales y las entidades crediticias demandadas pueden resumirse de la siguiente manera:

• Expediente T-1139009

El Juez Quinto Civil del Circuito de la ciudad de Bucaramanga, informó que, en tanto la inconformidad de los demandantes radicaba en la negativa del juzgado de dar por terminado el proceso ejecutivo que se seguía en su contra en concordancia con lo establecido en la Ley 546 de 1999, ese despacho consideraba que “...la reliquidación por sí sola no genera la terminación del proceso, solo si con esa actuación se acuerda entre las partes la reestructuración del crédito o si queda saldada la obligación por el abono que implica la mencionada reliquidación, es viable la mentada terminación, de lo contrario no, pues se estaría desconociendo la finalidad del proceso ejecutivo y los derechos fundamentales del demandante...” La Sala Civil del Tribunal Superior de Bucaramanga solicitó negar las pretensiones de la demanda, adujo que ese cuerpo colegiado no comparte la interpretación, a su juicio equivocada, que la Corte Constitucional ha hecho de la Ley 546 de 1999 respecto a la terminación de los procesos ejecutivos, en orden a ello, consideró que los procesos ejecutivos que luego de ser reliquidados continúen en mora, no se pueden dar por terminados, más aún cuando durante el trámite del proceso ejecutivo no se han interpuesto los recursos que la ley dispone ni se han controvertido adecuadamente las decisiones que el afectado considere vulneran sus derechos. Central de Inversiones S.A. CISA, en escrito dirigido a la Sala de Casación

Civil de la Corte Suprema de Justicia, solicitó negar las pretensiones de la demanda, consideró que “...en cualquier evento, una terminación del proceso n virtud de la Ley 546 de 1999, resultaría improcedente, en la medida en que la correcta interpretación del parágrafo 3º del artículo 42 de dicha ley 546, apunta hacia que la terminación del proceso ejecutivon solamente procede cuando una vez efectuada y aplicada la reliquidación ordenada por esta misma Ley, el crédito es cancelado, queda al día, o quedando un saldo pendiente el deudo0r refinancia o reestructura su obligación con la entidad financiera.” - E x p e d i e n t e T - 1 1 3 9 3 8 3 El Juez Cuarto Civil del Circuito de la ciudad de Bucaramanga, en oficio dirigido al Tribunal Superior de esa ciudad, hizo un detallado resumen de las etapas seguidas en el proceso ejecutivo seguido contra el señor Mauricio Montero Torres, entre las que se incluye la solicitud de terminación del proceso, y la respuesta negativa a esa solicitud. Concluyó indicando que el proceso seguido contra el señor Montero ha observado a cabalidad el Código de Procedimiento Civil. Por su parte, el Representante Legal para asuntos judiciales del Banco AVVillas solicitó negar las pretensiones del señor Montero Torres, en tanto, a su juicio, la sola aplicación de la reliquidación al crédito hipotecario no es suficiente razón para dar por terminado el proceso ejecutivo cuando con la

reliquidación no se cubrieron la totalidad de las cuotas en mora. - E x p e d i e n t e T - 1 1 5 5 9 3 3 E l J u z g a d o T e r c e r o C i v i l d e l C i r c u i t o d e P a s t o , e n o f i c i o d i r i g i d o a l a S a l a d e C a s a c i ó n C i v i l d e l a C o r t e S u p r e m a d e J u s t i c i a i n f o r m ó , q u e e s e d e s p a c h o j u d i c i a l e n s u m o m e n t o , n e g ó l a s o l i c i t u d d e t e r m i n a c i ó n d e l p r o c e s o e j e c u t i v o h i p o t e c a r i o q u e s e s e g u í a c o n t r a l a s e ñ o r a F l o r G u a d a l u p e M u ñ o z L ó p e z , e n r a z ó n a q u e u n a v e z a p l i c a d a l a r e l i q u i d a c i ó n a l c r é d i t o h i p o t e c a r i o o b j e t o d e c o b r o , é s t e n o q u e d ó a l d í a ,

y p o r c o n s i g u i e n t e e l p r o c e s o d e b í a c o n t i n u a r . L a S a l a C i v i l d e l T r i b u n a l S u p e r i o r d e P a s t o , e n e s c r i t o d i r i g i d o a l a S a l a d e C a s a c i ó n C i v i l d e l a C o r t e S u p r e m a d e J u s t i c i a , i n f o r m ó q u e e s e d e s p a c h o d e c i d i ó e n s e g u n d a i n s t a n c i a u n i n c i d e n t e d e n u l i d a d p r e s e n t a d o p o r l a a p o d e r a d a j u d i c i a l d e l a s e ñ o r a M u ñ o z L ó p e z ; c o n s i d e r ó e n e s e c a s o q u e l o p r e t e n d i d o p o r l a p e t i c i o n a r i a e r a c o n t r o v e r t i r u n a d e c i s i ó n q u e y a s e e n c o n t r a b a e j e c u t o r i a d a , c u a l e s l a s o l i c i t u d d e t e r m i n a c i ó n d e p r o c e s o e j e c u t i v o , q u e p r e v i a m e n t e h a b í a

s i d o n e g a d a p o r e l J u z g a d o T e r c e r o C i v i l d e l C i r c u i t o d e P a s t o . E n o r d e n a l o a n t e r i o r , c o n f i r m ó l a d e c i s i ó n r e c u r r i d a , q u e a s u v e z h a b í a n e g a d o l a n u l i d a d d e l o a c t u a d o e n e l p r o c e s o e j e c u t i v o . E l B a n c o C o l m e n a , p e s e a h a b e r s i d o n o t i f i c a d o d e l a i n i c i a c i ó n d e l p r e s e n t e p r o c e s o d e t u t e l a m e d i a n t e c o m u n i c a c i ó n d e j u n i o 2 d e 2 0 0 5 , s e a b s t u v o d e i n t e r v e n i r e n e l c a s o . - E x p e d i e n t e T - 1 1 5 6 8 9 0 E l J u z g a d o S é p t i m o C i v i l d e l C i r c u i t o d e B u c a r a m a n g a , e n o f i c i o d i r i g i d o a l a S a l a d e C a s a c i ó n C i v i l d e l a C o r t e S u p r e m a d e J u s t i c i a ,

e x p u s o u n b r e v e r e s u m e n d e l a s a c t u a c i o n e s s u r t i d a s d e n t r o d e l p r o c e s o e j e c u t i v o h i p o t e c a r i o q u e s e s i g u e c o n t r a l a s e ñ o r a B l a n c a L i l i a G ó m e z D í a z , i n c l u y e n d o l a s o l i c i t u d d e t e r m i n a c i ó n y a r c h i v o d e l p r o c e s o p o r p a r t e d e l a p a r t e d e m a n d a d a , p e t i c i ó n q u e f u e n e g a d a p o r e s e d e s p a c h o , a s í c o m o u n i n c i d e n t e d e n u l i d a d p r e s e n t a d o p o r e l l a m i s m a y q u e f u e r e s u e l t o d e m a n e r a d e s f a v o r a b l e a s u s p r e t e n s i o n e s y c o n f i r m a d o e n s e g u n d a i n s t a n c i a . A g r e g ó e l J u e z , q u e e n l o s c a s o s c o m o e l d e l a a c c i o n a n t e , n o e s p r o c e d e n t e d a r p o r t e r m i n a d o e l p r o c e s o e j e c u t i v o , s i

d e s p u é s d e p r a c t i c a d a l a r e l i q u i d a c i ó n , e l d e u d o r a ú n q u e d a e n m o r a , l o a n t e r i o r e n c o n s i d e r a c i ó n a q u e e l l o i m p l i c a r í a v i o l e n t a r e l p r i n c i p i o d e e c o n o m í a p r o c e s a l y p r e m i a r a u n d e u d o r i n c u m p l i d o q u e a ú n s i g u e d e b i e n d o e l c r é d i t o q u e s o l i c i t ó . A g r e g ó q u e l a a c c i ó n d e t u t e l e n o e s p r o c e d e n t e , e n t a n t o l a d e m a n d a n t e n o i n t e r p u s o t o d o s l o s r e c u r s o s q u e t e n í a d i s p o n i b l e s p a r a e j e r c e r s u d e r e c h o s d e d e f e n s a . L a S a l a C i v i l F a m i l i a d e l T r i b u n a l S u p e r i o r d e B u c a r a m a n g a , i n f o r m ó q u e e l p r o c e s o e j e c u t i v o l l e g ó a e s a i n s t a n c i a c o n e l o b j e t o d e r e s o l v e r u n

r e c u r s o d e a p e l a c i ó n p r e s e n t a d o c o n t r a l a p r o v i d e n c i a d e l J u z g a d o S é p t i m o C i v i l d e l C i r c u i t o q u e n e g ó l a n u l i d a d s o l i c i t a d a p o r l a p a r t e d e m a n d a d a , e s g r i m i e n d o c o m o c a u s a l l a c o n t e m p l a d a e n e l n u m e r a l 5 d e l a r t . 1 4 2 d e l C ó d i g o d e P r o c e d i m i e n t o C i v i l . R e s p e c t o a e s a d e c i s i ó n c o n s i d e r ó e l j u z g a d o q u e “ n o f u e d e n e g a t o r i o d e l a t e r m i n a c i ó n d e l p r o c e s o s i n o d e u n a n u l i d a d n o p r e v i s t a e n l a r e s p e c t i v a n o r m a p r o c e s a l c i v i l ” . E s t a d e c i s i ó n f u e c o n f i r m a d a p o r e l T r i b u n a l . A g r e g ó , e n e l p r e s e n t e c a s o q u e l a t u t e l a e s i m p r o c e d e n t e p o r c u a n t o , e n p r i m e r l u g a r ,

l a a c c i ó n d e t u t e l a n o s e h i z o c o n e l o b j e t o d e r e m e d i a r l a s f a l e n c i a s u o m i s i o n e s e n q u e h u b i e r a n p o d i d o i n c u r r i r l o s d e m a n d a d o s e n e l e j e r c i c i o d e s u d e r e c h o d e d e f e n s a , y e n s e g u n d o l u g a r p o r q u e n o e s p o s i b l e d a r p o r t e r m i n a d o e l p r o c e s o m i e n t r a s n o e x i s t a u n a c u e r d o d e r e e s t r u c t u r a c i ó n d e l a o b l i g a c i ó n . E l B a n c o G r a n a h o r r a r s o l i c i t ó a l a S a l a d e C a s a c i ó n C i v i l d e l a C o r t e S u p r e m a d e J u s t i c i a d e c l a r a r i m p r o c e d e n t e l a a c c i ó n d e t u t e l a p r o p u e s t a p o r l a s e ñ o r a B l a n c a L i l i a G ó m e z D í a z . C o n s i d e r ó q u e l a d e m a n d a n t e c u e n t a c o n o t r o s m e c a n i s m o s d e d e f e n s a j u d i c i a l p a r a s o l i c i t a r l o

p r e t e n d i d o a t r a v é s d e e s t a a c c i ó n , d e l a m i s m a m a n e r a i n d i c ó q u e a j u i c i o d e e s a e n t i d a d n o e s p o s i b l e d a r p o r t e r m i n a d o u n p r o c e s o e j e c u t i v o l u e g o d e a p l i c a d a l a r e l i q u i d a c i ó n , p u e s t o q u e é s t a d e b e e n t e n d e r s e c o m o u n p a g o p a r c i a l , y n o d e l a t o t a l i d a d d e l a o b l i g a c i ó n q u e e s l o p e r s e g u i d o c o n e l p r o c e s o e j e c u t i v o . - E x p e d i e n t e T - 1 1 5 6 1 2 1 E l J u z g a d o S e x t o C i v i l d e l C i r c u i t o d e l a c i u d a d d e B o g o t á e n e s c r i t o d i r i g i d o a l a S a l a C i v i l d e l T r i b u n a l S u p e r i o r d e B o g o t á , i n d i c ó q u e e s e d e s p a c h o j u d i c i a l n o h a m e n o s c a b a d o n i n g ú n d e r e c h o f u n d a m e n t a l d e

l o s d e m a n d a n t e s , e n t a n t o l a s a c t u a c i o n e s s e g u i d a s d e n t r o d e l p r o c e s o e j e c u t i v o h i p o t e c a r i o s i e m p r e s e h a n c e ñ i d o a l a s d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s v i g e n t e s . El Banco Conavi se abstuvo de intervenir es este proceso a pesar de haber sido notificado de su admisión el 3 de mayo de 2005.

• Expediente T-1198010.

El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva, por solicitud del Tribunal Superior de esa ciudad, aportó al proceso de tutela copias del expediente contentivo de proceso hipotecario seguido contra la señora Mery Cardoso Corredor. Frente a las afirmaciones hechas en la demanda de tutela ese despacho judicial no emitió pronunciamiento alguno. A su turno, Central de Inversiones S.A. CISA, en oficio allegado al Tribunal Superior de Neiva solicitó a ese despacho judicial no acceder a las pretensiones de la demanda. Informó que en efecto a la obligación de la señora Cardoso le fue efectuada la reliquidación en los términos de la Ley 546 de 1999, el valor resultante de esta operación fue aplicado al crédito objeto de cobro, no obstante, con posterioridad a este abono no se han presentado pagos con destino a esa obligación. En orden a lo anterior, consideró esa entidad que no hay lugar a la terminación del proceso ejecutivo y que “...la correcta interpretación que

debe dársele al parágrafo tercero del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, es que la terminación del proceso ejecutivo se presenta solamente cuando una vez efectuada y aplicada la reliquidación ordenada por la Ley, el crédito queda al día, o quedando un saldo pendiente, el deudor concurrió a la entidad financ