CC - T1667-2000

Sentencia T-1667/00

ACCION DE TUTELA-Improcedencia para sustituir a las autoridades en las competencias asignadas por la Constitución Política GOBIERNO NACIONAL-Formulación anual del presupuesto y ley de apropiaciones/JUEZ DE TUTELA-Imposibilidad de modificar presupuesto para incremento salarial de servidores públicos ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Improcedencia incremento salarial para servidores públicos Reiteración de jurisprudencia Referencia: expedientes acumulados T359192, 359193, 359194, 359230, 359231, 359232, 359233, 359234, 359235, 359236, 359461, 359462, 359466, 359699, 359781, 359786, 359787, 359793, 359881, 359882, 359883, 359884, 359885, 359887, 359888, 359889, 359908, 359961, 360068, 360074, 360113, 360203, 360213, 360366, 360401, 360402, 360403, 360404, 360405, 360419, 360420, 360421, 360422, 360423, 360430, 360491, 360496, 360907, 360932, 361024, 361025, 361026, 361027, 361028, 361099, 361169, 361170, 361171, 361172, 361173, 361175, 361323. Acciones de tutela contra el Gobierno Nacional, por una presunta violación de los principios mínimos consagrados en el artículo 53 Superior, y los derechos fundamentales a la igualdad y el trabajo.

Actores: CASDELO DE GONZALEZ

EVELIA MARIA, POMARES DE

POLO FLOR MARIA, GUERRERO

DE MARQUEZ ROSA ELVIRA,

YEPEZ PIMIENTA ILDEFONSO

ANTONIO, PEREZ BRICEÑO

MIRIAM CECILIA, MUÑOZ

RAMIREZ JOAQUIN DE JESUS,

LAVALLE POMARES EDGARDO

RAFAEL, COLON VARELA

FRNKLIN, POLO MARQUEZ

ZORAIMA DOLORES, GARCIA DE

MONTALVO ARACELY ESTHER,

RAMIREZ MARIA ASTRID, GODOY

ORTIGOZA LUZ MERY, GUZMAN

SERRANO MARTHA CECILIA,

GOMEZ ARIAS MARIA

MARGARITA Y HERRERA ALZATE

CARMEN CECILIA, VELEZ

RENGIFO MARINA Y OTROS,

PARRA JIMENEZ MARIA IRENE,

QUINTERO ESCOBAR LEONARDO,

GUTIERREZ ALVAREZ AMPARO

DEL SOCORRO, POLO SILVERA

UBALDO RAFAEL, GARCIA

CASTILLO GILMA, ARIAS

TERNERA MARGARITA, PACHECO

HERNANDEZ MILADIS ONDINA,

BARRIOS CANTILLO

CANDELARIA MARIA, BASTIDAS

PORTOCARRERO PAX ZULIMA,

CORTES OSORIO MARIA

BERENICE, GIRALDO GALLEGO

JOAQUIN EMILIO, CANDELO

QUINTERO HARVEY, OBANDO

GARCIA STELLA Y OTROS, MAZO

MIRA MARTHA NELLY, CORREA

BARRIENTOS GABRIEL

MELKIADES, ARIZA GIL AURA,

CARDONA MARTINEZ CONSUELO,

ORJUELA ZAPATA NASLY, PEÑA

TAMAYO JUDITH DEL SOCORRO,

SAMPER MIRANDA GLORIA

MARINA, RACINES DURAN SONIA

MARIA, JUVINAO RUIZ ROSA

ELENA, ESMERAL LOPEZ LYDA

ROSA, POLO PAYARES CECILIA,

VEGA DE MENDOZA GRACIELA

MERCEDEZ, RODRIGUEZ SUAREZ

ISABEL DE JESUS, SILVA DE POLO

JOSEFINA DEL CARMEN,

ESCORCIA IBAÑEZ ILDA ROSA,

PEREZ ARAQUE ALEJANDRO

CESAR, DELGADO CASTILLO

ALVARO, ARROYO TIRADO JORGE

LUIS Y OTROS, PABA BARBOSA

CARMELINA, CHAPARRO DE

ARANGO LILIA Y OTROS,

JARAMILLO VELASQUEZ

MAGOLA, VARGAS HERRERA

VIRGINIA, CARABALLO PARRA

LUZ ARMIDA, GUTIERREZ

BETANCUR MARIA ELENA,

CARDONA PUERTA ELBA LUZ,

MARIN RAMIREZ MIGUEL ANGEL,

MORENO ROSERO LUIS

ALEJANDRO Y OTRO, JIMENEZ

CONRADO CARMEN JULIA, VIVES

HENRIQUEZ MANUEL POLONIO,

URIELES PALMA KELY CECILIA,

VARELA AVILA MARLENE,

PEDRAZA NIEBLES LUIS ADOLFO,

VILLA GONZALEZ ANA MARIA DE

LOS DOLORES y HENAO

VALENCIA HARVEY Y OTROS.

Tema: Aumento anual de salarios para los servidores públicos.

Magistrado Ponente: CARLOS

GAVIRIA DÍAZ

Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre del año dos mil (2000). La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero, y Carlos Gaviria Díaz, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA en el proceso de revisión de los fallos proferidos por distintos despachos judiciales del país, dentro de los procesos de tutela instaurados por diversos empleados y pensionados del sector público, en contra del Presidente de la República; los Ministros de Hacienda y Crédito Público; Desarrollo; Educación; Trabajo y Seguridad Social; Justicia y del Derecho; Defensa; Salud; Jefe de Departamento Administrativo de la Función Pública; el Director de Planeación Nacional; el Director de la Policía Nacional y la Caja de Sueldos y Retiro de la Policía Nacional, entre otros. Los expedientes llegaron a la Corte Constitucional, por remisión que hicieron las secretarías de los distintos despachos judiciales. La Sala de Selección No. 9 de tutelas de la Corte Constitucional, por auto del quince (15) de septiembre del año 2000, ordenó la revisión de los casos de la referencia, así como su acumulación, para ser decididos en una sola sentencia, si la Sala de Revisión así lo consideraba pertinente. Correspondiéndole a la Sala Cuarta de Revisión adoptar la decisión, se determinó que, al existir identidad en los hechos que motivaron las diversas acciones, era procedente la acumulación decretada por la Sala de

Selección, razón por la que se proferiría un solo fallo para decidir los procesos de la referencia, salvo por los expedientes radicados bajo los números T-360.644 y 361.503, que tratan sobre otros asuntos y se resolverán por separado.

I. ANTECEDENTES Los hechos que dieron origen a las acciones de la referencia, pueden

resumirse así:

A. Hechos y pretensiones.

1. Los actores, servidores públicos vinculados a distintas entidades del Estado, y algunos de ellos pensionados de la Policía Nacional, consideran que la decisión del Gobierno Nacional de no reconocer aumento alguno a los salarios de los empleados públicos, y a las pensiones de quienes devengaban para enero de 2000, más de dos (2) salarios mínimos mensuales, es contraria a sus derechos fundamentales, específicamente de los derechos a un salario digno y justo (artículo 25); móvil y proporcional

(artículo 53); así como al reajuste periódico de las pensiones (artículo 53). Y, en especial, del derecho a la igualdad (artículo 13), por cuanto unos servidores públicos sí obtuvieron un aumento en sus salarios y mesadas pensionales, así: Los empleados y pensionados cuya asignación a enero de 2000 fue inferior a dos (2) salarios mínimos, recibieron un aumento del nueve por ciento (9%). Por su parte, a los Congresistas y a otros funcionarios como Magistrados de las Altas Cortes; el Fiscal General de la Nación; el Procurador General de la Nación; el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo, se les reconoció un reajuste del quince punto tres por ciento (15.3%), pese a la política de ajuste fiscal que

promovió el Gobierno.

2. Entienden los diversos actores que las decisiones económicas del Gobierno no pueden desconocer los derechos laborales de quienes prestan o prestaron sus servicios a los distintos entes del Estado, pues las asignaciones que éste está obligado a reconocer como empleador, deben, por lo menos, mantener su valor adquisitivo. Dentro de este contexto, consideran que el Gobierno tenía el deber de reconocer a todos y cada uno de los empleados y pensionados estatales, un aumento o reajuste en sus emolumentos, que les permitiese conservar el poder adquisitivo de éste, toda vez que en razón del fenómeno de la inflación, éstos resultan inferiores a los que percibían el año inmediatamente anterior.

3. En este sentido, los diversos actores solicitan, con fundamento en decisiones de esta Corporación, específicamente en las sentencias T-102 de 1995 y C-710 de 1999, se ordene al Gobierno Nacional aumentar sus salarios y pensiones, en un porcentaje igual o similar al índice de precios al consumidor que certifique el Departamento Administrativo de EstadísticaDANE-, con el fin de conservar el valor adquisitivo de los mismos.

Orden que debe tener un carácter retroactivo a enero del año en curso.

4. La acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales antes señalados, según se lee en los diversos escritos de tutela, se interpone, en algunos casos, como mecanismo transitorio a efectos de evitar un perjuicio de carácter irremediable y, en otros, como el único mecanismo judicial que existe en el ordenamiento jurídico colombiano para lograr el restablecimiento de los derechos que se dicen vulnerados.

B. Las sentencias de instancia.

Después de la intervención de los distintos entes estatales, que, en términos generales, solicitaron negar las acciones de tutela interpuestas en su contra, por considerar que la decisión del Gobierno Nacional de no aumentar los salarios y pensiones de quienes reciben emolumentos en cuantía mayor a dos salarios mínimos, no desconoce derecho fundamental alguno de quienes se dicen lesionados con la medida, la mayoría de despachos judiciales que conocieron de estas acciones, coincidieron en otorgar la protección impetrada. Los argumentos para arribar a tal decisión, fueron coincidentes y se pueden resumir de las siguiente manera:

1. En el marco del Estado Social de Derecho, el Gobierno Nacional no podía desconocer, con su política económica, los derechos de los trabajadores a tener un salario vital y móvil, así como el reajuste periódico de las pensiones, que la Constitución consagra en favor de trabajadores y pensionados. En especial, cuando en virtud del fenómeno de la inflación, las mesadas pensionales y las asignaciones salariales sufren una disminución que vulnera directamente los derechos fundamentales de éstos, dado que se está recibiendo un emolumento menor al que se recibía en el año inmediatamente anterior.

2. La jurisprudencia constitucional ha sido clara al señalar que el reajuste de salarios y pensiones en una economía inflacionaria como la colombiana, es un derecho irrenunciable de los trabajadores y pensionados. Mecanismo tendiente a mantener, en todo o en parte, el valor adquisitivo de sus asignaciones. Por tanto, el Gobierno Nacional tenía el deber de aumentar la remuneración de los empleados y

pensionados públicos, en un porcentaje que les permitiera mantener el poder adquisitivo de éstas. Dentro de este contexto, los diversos despachos judiciales consideraron que el Gobierno Nacional ha debido aumentar los salarios y las pensiones del sector estatal, en un porcentaje igual al índice de precios al consumidor, certificado por el Departamento Administrativo de Estadística -DANE-. En consecuencia, y con fundamento en diversas decisiones de esta Corporación, los diferentes despachos judiciales ordenaron al Gobierno Nacional y, específicamente, al Ministro de Hacienda, iniciar las gestiones presupuestales correspondientes, a efectos de hacer viable el aumento salarial al que tenía derecho cada empleado o pensionado público. Aumento que, por lo menos, debería consistir en el mismo porcentaje de variación de los índices de precios al Consumidor, certificado por el DANE, para el año inmediatamente anterior. Orden ésta que debía cumplirse entre los dos y cuatro meses de la notificación del correspondiente fallo, lapso que variaba según el despacho judicial de conocimiento. Reajuste que, según lo sentenciaron los diversos funcionarios judiciales, debía hacerse en forma retroactiva al primero (1º) de enero de 2000. Por su parte, otros despachos judiciales no accedieron a las pretensiones de algunos de los empleados y pensionados del sector público, al considerar que:

1. La decisión del Gobierno Nacional al estar materializada en diversos actos administrativos, puede ser objeto de demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, procedimiento éste que hace de la acción de tutela un mecanismo improcedente, por existir vías judiciales

diversas a ella, por medio de las cuales se puede obtener la reparación del daño que se afirma, está causando la determinación gubernamental.

2. La decisión del Gobierno Nacional no está causando un daño de carácter irremediable que haga de la acción de tutela el mecanismo idóneo para obtener la protección de los derechos fundamentales que se dicen vulnerados. Requisito éste indispensable para que proceda transitoriamente esta acción, ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial.

3. La decisión del Gobierno Nacional es de carácter general e impersonal, hecho que hace improcedente la acción de tutela, en los términos del decreto 306 de 1992.

4. La decisión del Gobierno Nacional, cuyo fundamento está en las competencias constitucionales y legales a él reconocida, y como parte del plan de ajuste económico de la actual administración, no puede ser discutida ni desconocida por los jueces de la República, menos a través de una acción tan breve y sumaria como lo es la acción de tutela.

5. La pretendida violación del derecho a la igualdad no se configura, pues se reconoció aumento sólo a aquel sector que, por sus condiciones económicas, se encuentran en condiciones que requieren de la intervención del Estado. Así, la desigualdad que se alega, no es otra cosa que una diferenciación que es válida en el contexto de un Estado Social de Derecho.

Algunos de los fallos fueron impugnados, pero con idénticas consideraciones a las reseñadas anteriormente, fueron confirmadas las decisiones de instancia. Algunas de estas providencias fueron objeto de impugnación, y revocadas por el superior jerárquico del funcionario que las emitió. Otras, por su

parte, pese a ser impugnadas, fueron confirmadas con similares consideraciones. Finalmente, algunas de ellas no fueron recurridas. Sobre todas estas decisiones, la Sala Cuarta de la Corte entrará a decidir. Para el efecto y con el fin de dar cumplimiento al deber de motivación de las sentencias, a continuación se individualizan los datos esenciales de las acciones de tutela a las que ha de referirse esta providencia y las consideraciones de la misma.

No. DEL PETICIONARIO ENTIDAD DEMANDADA

EXPEDIEN TE 359192 CASDELO DE GONZALEZ EVELIA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2

MARIA PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION LABORAL DEL CIRCUITO

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 359193 POMARES DE POLO FLOR MARIA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2

PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION LABORAL DEL CIRCUITO

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 359194 GUERRERO DE MARQUEZ ROSA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2

ELVIRA PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION LABORAL DEL CIRCUITO

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 359230 YEPEZ PIMIENTA ILDEFONSO MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2

ANTONIO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION LABORAL DEL CIRCUITO

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 359231 PEREZ BRICEÑO MIRIAM CECILIA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2

PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION LABORAL DEL CIRCUITO

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 359232 MUÑOZ RAMIREZ JOAQUIN DE JESUS MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2

PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION LABORAL DEL CIRCUITO

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 359233 LAVALLE POMARESEDGARDO MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2

RAFAEL PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION LABORAL DEL CIRCUITO

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 359234 COLON VARELA FRNKLIN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2

PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION LABORAL DEL CIRCUITO

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 359235 POLO MARQUEZ ZORAIMA DOLORES MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2

PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION LABORAL DEL CIRCUITO

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 359236 GARCIA DE MONTALVO ARACELY MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2

ESTHER PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION LABORAL DEL CIRCUITO

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 359461 RAMIREZ MARIA ASTRID MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO IBAGUE (TOL.) JUZGADO 1 PENAL

PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION MUNICIPAL

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 359462 GODOY ORTIGOZA LUZ MERY MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO IBAGUE (TOL.) JUZGADO 1 PENAL

PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION MUNICIPAL

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 359466 GUZMAN SERRANO MARTHA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO IBAGUE (TOL.) JUZGADO 1 PENAL

CECILIA PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION MUNICIPAL

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 359699 GOMEZ ARIAS MARIA MARGARITA Y MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO YOLOMBO (ANT.) JUZGADO HERRERA ALZATE CARMEN CECILIA PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION PROMISCUO DE FAMILIA

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 359781 VELEZ RENGIFO MARINA Y OTROS PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, MINISTRO DE TULUA (VALLE) JUZGADO 6 CIVIL HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTRO MUNICIPAL DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CONCEDE 359786 PARRA JIMENEZ MARIA IRENE MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO MEDELLIN JUZGADO 1 DE

PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION MENORES

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 359787 QUINTERO ESCOBAR LEONARDO MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO MEDELLIN JUZGADO 1 DE

PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION MENORES

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 359793 GUTIERREZ ALVAREZ AMPARO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO MEDELLIN JUZGADO 2 DE

SOCORRO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION MENORES

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 359881 POLO SILVERA UBALDO RAFAEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2

PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION LABORAL DEL CIRCUITO

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 359882 GARCIA CASTILLO GILMA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2

PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION LABORAL DEL CIRCUITO

NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 359883 ARIAS TERNERA MARGARITA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2

PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION LABORAL DEL CIRCUITO

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 359884 PACHECO HERNANDEZ MILADIS MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2

ONDINA PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION LABORAL DEL CIRCUITO

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 359885 BARRIOS CANTILLO CANDELARIA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2

MARIA PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION LABORAL DEL CIRCUITO

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 359887 BASTIDAS PORTOCARRERO PAX MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO ITUANGO (ANT.) JUZGADO

ZULIMA PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION PROMISCUO DEL CIRCUITO

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 359888 CORTES OSORIO MARIA BERENICE MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO ITUANGO (ANT.) JUZGADO

PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION PROMISCUO MUNICIPAL

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE

ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 359889 GIRALDO GALLEGO JOAQUIN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO ITUANGO (ANT.) JUZGADO

EMILIO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION PROMISCUO MUNICIPAL

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 359908 CANDELO QUINTERO HARVEY MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PALMIRA (VALLE) JUZGADO 7

PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION CIVIL MUNICIPAL

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 359961 OBANDO GARCIA STELLA Y OTROS MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO TULUA (VALLE) JUZGADO

PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 360068 MAZO MIRA MARTHA NELLY MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO BELLO (ANT.) JUZGADO 2 DE

PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION FAMILIA

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 360074 CORREA BARRIENTOS GABRIEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO YOLOMBO (ANT.) JUZGADO

MELKIADES PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION PROMISCUO DE FAMILIA

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 360113 ARIZA GIL AURA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, MINISTRO DE BOGOTA JUZGADO 15 LABORAL

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTRO DEL CIRCUITO

DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, CONCEDE

MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO Y DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 360203 CARDONA MARTINEZ CONSUELO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, MINISTRO DE BOGOTA JUZGADO 15 LABORAL

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTRO DEL CIRCUITO

DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, CONCEDE

MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO Y DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 360213 ORJUELA ZAPATA NASLY PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, MINISTRO DE BOGOTA JUZGADO 15 LABORAL

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTRO DEL CIRCUITO

DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, CONCEDE

MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO Y DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 360366 PEÑA TAMAYO JUDITH DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO MEDELLIN JUZGADO 28 PENAL

SOCORRO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION MUNICIPAL

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 360401 SAMPER MIRANDA GLORIA MARINA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2

PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION LABORAL DEL CIRCUITO

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 360402 RACINES DURAN SONIA MARIA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2

PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION LABORAL DEL CIRCUITO

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 360403 JUVINAO RUIZ ROSA ELENA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2

PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION LABORAL DEL CIRCUITO

NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 360404 ESMERAL LOPEZ LYDA ROSA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2

PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION LABORAL DEL CIRCUITO

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 360405 POLO PAYARES CECILIA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2

PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION LABORAL DEL CIRCUITO

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 360419 VEGA DE MENDOZA GRACIELA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2

MERCEDEZ PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION LABORAL DEL CIRCUITO

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 360420 RODRIGUEZ SUAREZ ISABEL DE MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2

JESUS PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION LABORAL DEL CIRCUITO

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE

ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

360421 SILVA DE POLO JOSEFINA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2

CARMEN PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION LABORAL DEL CIRCUITO

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 360422 ESCORCIA IBAÑEZ ILDA ROSA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2

PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION LABORAL DEL CIRCUITO

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 360423 PEREZ ARAQUE ALEJANDRO CESAR MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2

PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION LABORAL DEL CIRCUITO

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 360430 DELGADO CASTILLO ALVARO MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO BUENAVENTURA (VALLE)

JUZGADO 5 LABORAL DEL

CIRCUITO CONCEDE 360491 ARROYO TIRADO JORGE LUIS Y MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PLANETA RICA (CORD.) JUZGADO

OTROS PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION PROMISCUO DE FAMILIA

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 360496 PABA BARBOSA CARMELINA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, MINISTERIO SANTA MARTA JUZGADO 3 PENAL

DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DEL CIRCUITO MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL CONCEDE 360907 CHAPARRO DE ARANGO LILIA Y MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PALMIRA (VALLE) JUZGADO 3

OTROS PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION LABORAL DEL CIRCUITO

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 360932 JARAMILLO VELASQUEZ MAGOLA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO MEDELLIN JUZGADO 17 CIVIL

PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION MUNICIPAL

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 361024 VARGAS HERRERA VIRGINIA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO ITUANGO (ANT.) JUZGADO

PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION PROMISCUO DEL CIRCUITO

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 361025 CARABALLO PARRA LUZ ARMIDA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO ITUANGO (ANT.) JUZGADO

PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION PROMISCUO DEL CIRCUITO

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 361026 GUTIERREZ BETANCUR MARIA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO ITUANGO (ANT.) JUZGADO

ELENA PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION PROMISCUO DEL CIRCUITO

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 361027 CARDONA PUERTA ELBA LUZ MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO ITUANGO (ANT.) JUZGADO

PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION PROMISCUO DEL CIRCUITO

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 361028 MARIN RAMIREZ MIGUEL ANGEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO ITUANGO (ANT.) JUZGADO

PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION PROMISCUO DEL CIRCUITO

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 361099 MORENO ROSERO LUIS ALEJANDRO MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PASTO TRIBUNAL SUPERIOR DEL

Y OTRO PUBLICO DISTRITO JUDICIAL CONCEDE 361169 JIMENEZ CONRADO CARMEN JULIA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2

PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION LABORAL DEL CIRCUITO

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 361170 VIVES HENRIQUEZ MANUEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2

POLONIO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION LABORAL DEL CIRCUITO

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 361171 URIELES PALMA KELY CECILIA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2

PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION LABORAL DEL CIRCUITO

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 361172 VARELA AVILA MARLENE MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2

PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION LABORAL DEL CIRCUITO

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 361173 PEDRAZA NIEBLES LUIS ADOLFO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, MINISTRO DE CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTRO LABORAL DEL CIRCUITO

DE LA DEFENSA NACIONAL Y CAJA DE CONCEDE SUELDOS Y RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL 361175 VILLA GONZALEZ ANA MARIA DE MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO MEDELLIN JUZGADO 1 DE

LOS DOLORES PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION FAMILIA

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 361323 HENAO VALENCIA HARVEY Y OTROS MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PALMIRA (VALLE) JUZGADO 3

PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION LABORAL DEL CIRCUITO

NACIONAL Y DEPARTAMENTO CONCEDE

ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

1. Competencia.

La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente para decidir, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 241, numeral 9o., de la Constitución, y 33 y 34 del decreto 2591 de 1991. Segunda.- Lo que se debate. Corresponde analizar a esta Sala, si la decisión del Gobierno de no aumentar los salarios y pensiones en el sector público para el año 2000, cuando la cuantía de éstas fuera mayor a los dos (2) salarios mínimos

legales mensuales vigentes, desconoce derecho fundamental alguno de los actores, y si tal decisión puede ser revisada mediante la acción de tutela. Tercera. Reiteración de jurisprudencia. 3.1. La Sala Plena de esta Corporación, en decisión unánime del diez (10) de agosto del año en curso, y contenida en la sentencia SU1052 de 2000, resolvió denegar las acciones de tutela que, por los mismos hechos y pretensiones contenidas en los expedientes que ahora son objeto de revisión, interpusieran distintos servidores y pensionados estatales. En el mencionado fallo, se explicaron las razones por las cuales la acción de tutela era un mecanismo improcedente para controvertir la determinación gubernamental de no aumentar los emolumentos salariales y pensionales de los servidores y ex servidores públicos que, a enero de 2000, devengasen más de dos (2) salarios mínimos. 3.2. En relación con la improcedencia de la acción de tutela para resolver sobre la decisión del Gobierno Nacional de no reajustar los salarios y pensiones estatales para el año 2000, afirmó la Sala Plena de esta Corporación: “al juez constitucional no le corresponde interferir, por vía de tutela, en las decisiones generales abstractas e impersonales confiadas por la Constitución Política a otras autoridades estatales, aunque si podría, en defensa de aquellas situaciones concretas y particulares que le competen, ordenar que se adopten medidas excepcionales con el propósito de salvaguardar los derechos de aquellos que, por quedar cubiertos en una decisión general, resultan discriminados y

por tanto desprotegidos. “De tal manera que, tal como lo consideraron los jueces de instancia, mediante la acción de tutela no es posible sustituir al Gobierno Ncional en su gestión de formular y aplicar la política fiscal del Estado, como tampoco resulta procedente, con el propósito por demás loable de proteger los derechos fundamentales, cuestionar las decisiones que con respecto a esta facultad se tomen, porque de ser posibles la sustitución y la disputa, tendríamos que concluir que el constituyente le confió al juez constitucional, por vía de tutela, el poder omnímodo de decidir en todos los asuntos públicos, incluyendo la dirección económica del Estado lo cual, además de impertinente, contradice abiertamente la Constitución Política. Este ordenamiento determina con claridad las funciones de los diferentes órganos del poder público delimitando las concurrencias, las cuales se establecen, como mecanismos de control y cooperación en la consecución de los fines del Estado, pero nunca como inmisiones o interferencias (Art. 113. C.P.). “Así las cosas, corresponde al Gobierno Nacional la formulación anual del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones que deberá co