CC-T278-1999

Sentencia T-278/99

ACCION DE TUTELA-Improcedencia general pago de acreencias laborales DERECHO AL MINIMO VITAL DE LOS TRABAJADORES-Pago oportuno de salarios ADMINISTRACION MUNICIPAL-Pago oportuno de salarios ADMINISTRACION MUNICIPAL-Pago de salarios previa disponibilidad presupuestal o inicio de diligencias para su consecución Reiteración de Jurisprudencia

Referencia: Expedientes T-196532

Peticionario: Ramón Alberto Alvarez

Rodríguez

Magistrado Ponente:

Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ

Santafé de Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días del mes de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999). El señor Ramón Alberto Álvarez Rodríguez, interpuso acción de tutela contra el Alcalde Municipal y la Tesorera Municipal de Santo Domingo (Antioquia). Señala que en su calidad de Personero municipal, no ha recibido el pago de sus salarios correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 1998, con lo cual su situación económica y la de su familia se ha visto gravemente afectada, toda vez que se ha retrasado en el pago de sus obligaciones. Por lo anterior, considera violados sus derechos fundamentales al trabajo, al pago oportuno de su salario y a la unidad familiar. Solicita se ordene a los demandados efectuar el pago de los dos meses de salarios dejados de pagar. En el expediente obran declaraciones del alcalde y de la tesorera municipal, en las cuales señalan que las cuentas bancarias que tiene el municipio fueron embargadas por la DIAN, en razón a las deudas pendientes que administraciones anteriores contrajeron con

dicha entidad. Mediante decisión de primera instancia, el Juzgado Promiscuo Municipal de Santo Domingo (Antioquia), negó la tutela. Consideró que aparece probado en el expediente, que el no pago de los salarios adeudados al actor obedece a la difícil situación financiera que vive el Municipio. La jurisprudencia de esta Corporación ha dejado claro que la tutela no es el mecanismo judicial idóneo para el pago de acreencias laborales. Sin embargo, esta procede de manera excepcional en aquellos casos en los cuales la falta de salario afecta las condiciones mínimas de los demandantes, cuando se busca evitar un perjuicio irremediable, cuando no se cuenta con otros medios de defensa judicial, o cuando estos resultan ineficaces para la protección de los derechos afectados, teniendo en cuenta el apremio que demande su protección.1 Si bien es cierto que el actor cuenta con otra vía judicial para reclamar los salarios adeudados, es evidente que la mora en la cancelación de los mismos afecta su mínimo vital y el derecho fundamental a la subsistencia. Por lo tanto, la tutela habrá de concederse, y se revocará la decisión de instancia. RESUELVE Primero. REVOCAR el fallo proferido el Juzgado Promiscuo Municipal de Santo Domingo (Antioquia) del 12 de noviembre de 1998. En su lugar, CONCEDER la tutela al señor Ramón Alberto Álvarez Rodríguez. Segundo. ORDENAR al Alcalde Municipal de Santo Domingo (Antioquia) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación del presente fallo, proceda a pagar los salarios al señor Ramón

Alberto Álvarez Rodríguez, siempre y cuando exista la debida partida presupuestal. Si esta fuere insuficiente, dispondrá del término ya señalado para iniciar las gestiones tendientes a obtener los recursos necesarios para el pago efectivo y completo de lo ordenado. Tercero. LÍBRENSE por la Secretaría General de esta Corporación, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional cúmplase. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ CARLOS GAVIRIA DÍAZ Magistrado Ponente Magistrado 1 Sobre el pago oportuno de la remuneración consultar Sentencias T-167 de 1994 M.P. Hernando Herrera Vergara, T-015 de 1995 M.P. Hernando Herrera Vergara, T-063 de 1995 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-146 de 1996 M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-437 de 1996 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-565 de 1996 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-641 de 1996 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-006 de 1997 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-081 de 1997 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-234 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-273 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-527 de 1997 M.P. Hernando Herrera Vergara, T-529 de 1997 M.P. Hernando Herrera Vergara, T-012 de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero,T-696 de 1998 M.P. Antonio

Barrera Carbonell entre otras..

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO PABLO ENRIQUE LEAL

RUÍZ Magistrado Secretario General (E)