CC-T294-1994

Sentencia No. T-294/94 ACCION DE TUTELA-Desistimiento El apoderado no estaba expresamente facultado para desistir de la presente acción de tutela, o sea que se encontraba sin legitimación para la realización de la anterior conducta, lo cual conlleva tomar como no presentado el desistimiento. Se concluye, entonces, que se ha pretermitido la segunda instancia mediante un acto ilegítimo, a pesar de que el accionante ha ejercitado el derecho a impugnar el fallo de tutela. ACTA DE POSESION-Validez/REVOCACION DE ACTO ADMINISTRATIVO-Improcedencia/DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Vulneración Un acta de posesión es un acto administrativo válido, que debe cumplirse. Por consiguiente, se le viola un derecho adquirido al posesionado si se le entraba el ejercicio de su cargo, sin previa decisión judicial, además esto desconoce el debido proceso administrativo, máxime cuando no hubo consentimiento expreso del afectado. Se resalta, la violación del artículo 29 de la C.P. que estableció el debido proceso y tiene razón la petición de amparo, enfocada como mecanismo transitorio dado que el derecho a ocupar una curul es limitado en el tiempo y puede hablarse de perjuicio irreparable si hubiere que esperar a la decisión de la jurisdicción contencioso administrativo. DERECHO AL EJERCICIO DEL PODER POLITICO/CONGRESISTA-Renuncia del principal/DERECHOS DEL SUPLENTE Si un ciudadano figura en lista electoral en reglón que le posibilita el acceso a una Corporación Pública en caso de renuncia del titular, y esta circunstancia ocurre, y se sienta la posesión, entonces la expectativa se

convierte en realidad. En este instante surge un derecho de aplicación inmediata que no requiere desarrollo legal y que hay que respetar. CONGRESISTA-Acta de compromiso No puede la Corte dejar pasar por alto semejante procedimiento, que considera de suma gravedad, por cuanto contradice de manera palmaria la filosofía que inspira a la Constitución en materia de la representación, y, concretamente, constituye un fraude a los artículos 134 y 261 de la Carta, ya vigentes en la época en que se suscribió el "Acta de Compromisos", por cuanto desvirtúa el espíritu de dichas normas. En efecto, una de las principales razones que llevó al Constituyente de 1991 a suprimir las suplencias, fue la de erradicar definitivamente en Colombia prácticas irregulares, clientelista y antidemocráticas como éstas, que lamentablemente eran tan frecuentes antes de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, y que fueron factor decisivo para el deterioro del prestigio del Congreso colombiano a los ojos de la opinión pública. Con estas prácticas se desconoce la voluntad política del elector ya que, a través de tratos individuales hechos a espalda de esa opinión se burla la decisión consignada en las urnas para dar paso a la satisfacción de intereses personales. AUXILIOS PARLAMENTARIOS Los auxilios parlamentarios fueron expresamente prohibidos por el artículo 355 de la C.P., en razón también a los abusos, irregularidades y corruptelas a que esta institución, consagrada en la reforma constitucional de 1968, dio origen por parte de muchos congresistas. En consecuencia, no

es correcto pactar su distribución, bajo el disfraz de "recurso, y aportes" entre congresistas y, entre estos y un gobernador. PERJUICIO IRREMEDIABLE/CONGRESISTA-Ejercicio de Funciones En verdad, está para vencerse el período legislativo y, si se considera, como lo cree esta Sala de Revisión, que los efectos de un acta de posesión deben llevarse a término mientras no haya decisión judicial que la suspenda o anule, entonces, sí hay un perjuicio irremediable en el derecho político que se expresa en el ejercicio del poder público y debe por consiguiente aceptarse lo pedido en la tutela.

REF: EXPEDIENTE T-22865

Peticionario: Miguel Angel Muriel

Silva.

Procedencia: Juzgado 6º Civil del

Circuito de Santa Fe de Bogotá.

Temas: Miembros del Congreso: Renuncia del principal.

Estabilidad del Acto Administrativo.

Magistrado Ponente:

ALEJANDRO MARTINEZ

CABALLERO

Santa Fe de Bogotá D.C., veintiocho (28) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994). La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa.

EN NOMBRE DEL PUEBLO

Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela identificado con el número de radicación T-22865, adelantado por Miguel Angel Muriel Silva.

I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto

No. 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala, procediéndose a dictar la sentencia de revisión.

1. Solicitud.

Miguel Angel Muriel Silva impetró acción de tutela contra la Presidencia de la Cámara de Representantes, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Constan en el expediente los siguientes hechos: a) El 30 de junio de 1993 se presentó Miguel Angel Muriel Silva, ante la mesa directiva de la Cámara de Representantes y tomó posesión del cargo de Representante a la Cámara por la circunscripción electoral del departamento del Putumayo. Adjuntó renuncia escrita, pero sin autenticar, de quien venía siendo el titular: Julio Mesías Mora Acosta. En todo caso, la posesión está firmada por el Presidente, el Primer Vicepresidente y el Secretario de la Cámara. En la Inspección judicial se indicó que también firmó el Segundo Vicepresidente. b) El 1º de julio de 1993, mediante escrito dirigido al Presidente de la Cámara de Representantes, Julio Mesías Mora Acosta dice que es falsa su renuncia y solicita la anulación de los actos administrativos que aquella ha desencadenado. c) Se constató en Inspección judicial, la existencia de una carta fechada el 29 de junio de 1993 que Julio Mesías Mora Acosta, envió al Secretario General de la Cámara.

En dicha carta dice Mora : "me permito manifestarle a la Presidencia

que no existe compromiso alguno con mi (sic) segundo renglón Doctor Miguel Angel Muriel Silva para dejarlo asistir a la Honorable Corporación". d) El 1º de julio de 1993 el Presidente de la Cámara le comunica al Secretario General que "no se ordene a registro la inscripción del nuevo nombre ni tampoco incorporado (sic) a la nueva lista", refiriéndose a la inscripción del actor como Representante a la Cámara. e) Con esta conducta del Presidente de la Cámara de Representantes, el peticionario considera que se está violando el derecho al debido proceso en actuaciones administrativas (artículo 29 C.P.) debido, según el accionante, a que: "a) El documento, o escrito de renuncia es el original y por lo tanto se presume auténtico, por el carácter privado que tiene y hay presunción de haberse presentado de buena fe; b) Dicho documento no se ha tachado de falso, por autoridad competente; c) Que el suscrito se encuentra debidamente posesionado, con credencial No. 006 y no ha sido impugnado dicho acto administrativo por autoridad judicial competente y d) Que dentro del reglamento interno de la Cámara, es decir, la Ley 5º de 1992, no exige que las renuncias sean presentadas autenticadas, precisamente por la presunción de auténticas". g) Aunque Muriel Silva ya se había posesionado, la Mesa Directiva de la Cámara expide la Resolución 368 en la cual se resuelve no "dar trámite a la posesión" (tiene fecha 7 de julio de 1993). Con posterioridad hay un

proyecto de Resolución, sin número pero firmada por el Presidente y el secretario General de la Cámara revocando la Resolución 368. Esta revocatoria no ha producido efecto alguno. h) El Proyecto de Revocatoria de la Resolución 368 es remitido al Presidente de la Cámara mediante memorando 217 de 10 de agosto de 1993, va sin la firma del Presidente, pero posteriormente figura en este expediente el proyecto ya firmado por Francisco José Jattin Safar (Fl.120). i) Hay un memorando del jefe de la División Jurídica al Presidente de la Cámara en el cual se dice que la posesión de Miguel Angel Muriel, del 30 de junio de 1993, está revestida de legalidad y por lo mismo debe revocarse la Resolución 368 de 7 de julio de 1993. j) Hay prueba plena de la elección de julio Mesías Mora Acosta como representante a la Cámara por la circunscripción electoral del Putumayo y figura Miguel Angel Muriel Silva como Segundo Renglón. k) Muriel Silva declara que esa unión se hizo como "única forma para poder ganar las elecciones" y que se acordó "repartir el período", lo cual se consignó en un documento firmado el 30 de septiembre de 1991 "porque yo a sabiendas de que es costumbre dentro de la política no cumplirle al Segundo Renglón lo pactado verbalmente yo fui cuidadoso y me he hecho cumplir mi derecho, habiéndole hecho firmar este compromiso antes de las elecciones". l) Efectivamente, el "compromiso" es el siguiente: ACTA DE COMPROMISO: Conste por medio del presente escrito celebrado entre los Doctores

SEGUNDO SALVADOR LASSO GOMEZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número que al pie de su firma aparece y en su calidad de Garante y el Doctor JULIO MESIAS MORA ACOSTA, también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 14.983.312 de Cali en su calidad de compromisario, nos comprometemos a cumplir los siguientes puntos en Cláusulas.- CLAUSULA PRIMERA: El doctor Julio Mesías Mora Acosta, asistirá al Congreso de la República al ser electo el 27 de octubre de 1991, presentando su renuncia irrevocable el día 30 de junio de mil novecientos noventa y tres 1993 para dejar asistir al Segundo renglón Doctor Miguel Angel Muriel Silva. CLAUSULA SEGUNDA: El Doctor Julio Mora Acosta se compromete a canalizar los recursos y aportes que correspondan en la Cámara a la Intendencia Nacional del Putumayo, hoy Departamento del Putumayo, para repartirlos equitativamente con el señor Gobernador y su segundo renglón Doctor Miguel Angel Muriel Silva en las necesidades prioritarias del Departamento donde hayan adquirido compromisos sociales con sus selectores. CLAUSULA TERCERA: El Representante Julio Mora Acosta, dejará en libertad una asistencia o cargo de los que correspondan a su segundo renglón Doctor Miguel Angel Muriel Silva. CLAUSULA CUARTA: El Doctor Miguel Angel Muriel Silva también se compromete a canalizar los recursos que correspondan en el Congreso cuando asista en igualdad de proporciones por intermedio del Departamento del Putumayo.

CLAUSULA QUINTA: El Doctor Segundo Salvador Lasso Gómez en su

calidad de garante se compromete a hacer cumplir el anterior compromiso tanto civilmente o en su calidad de Gobernador Electo. Dado en Mocoa, a los treinta días de septiembre de mil novecientos noventa y uno (1991) a lo cual nos comprometemos cumplir bajo la gravedad del juramento y firmamos por quienes en ella intervenimos. (siguen firmas). m) Mediante Certificación jurada, Julio Mesías Mora Acosta acepta haber suscrito "el compromiso", aunque advierte que verbalmente lo modificó Muriel Silva a cambio de un puesto público en el Parlamento con salario superior a $800.000,oo. En la misma declaración Julio Mora Acosta agrega que no existe ningún compromiso con Muriel Silva, que se invalida "cualesquier presentó renuncia" y que él firmó hojas en blanco y una de ellas debió ser utilizada para escribir la citada renuncia a la curul. n) Lo concreto es que, "al doctor Muriel Silva: a) No se le ha hecho el registro correspondiente en la lista de Representantes; b) No se le ha entregado la oficina respectiva; c) No se le ha corrido la Resolución para nombrar su Unidad Legislativa de conformidad con la Ley 5ª; d) No se ha afiliado al fondo de Previsión Social del Congreso; e) No se le ha entregado su respectiva curul para legislar; y f) No se ha incluido en la nómina para el pago de las dietas correspondientes " (certificado del Secretario General de la Cámara de Representantes, 2 de agosto de 1993). En resumen, Miguel Angel Muriel Silva se posesionó como Representante a la Cámara pero NO ha ejercido el cargo ni gozado de sus prerrogativas,

debido a la actitud asumida por el Presidente de dicha Corporación el 1º de julio de 1993 en la comunicación que dio origen a esta tutela.

2. Actuación Procesal. 2.1. Sentencia del Juzgado 6º Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá del 26 de julio de 1993.

Inicialmente, el Juzgado pone de presente que la acción de tutela fue ejercida como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable ya que, por tratarse de un acto administrativo, está sujeto a la jurisdicción contencioso administrativa. Seguidamente, el Juzgado estimó: "un amparo como el recabado en la solicitud tutelar no puede concederse sobre la base de que se ha infringido el debido proceso por cuestionarse la autenticidad de un documento que desde antes de su presentación ya había sido objeto de desconocimiento por parte de la persona a quien el mismo se atribuye. Pero es que además, y constituye éste el segundo aspecto que reclama nuestra atención, es un documento que según el mismo accionante fue suscrito mucho antes de que la persona a quien se atribuye fuera electo, lo que nos lleva inexorablemente a preguntarnos si será eficaz un acto mediante el cual se renuncia a algo que todavía no se tiene ?. No obstante la pregunta solamente queda planteada, ya que en caso de que se dé a posteriori el debate sobre la legalidad del acto administrativo al que nos venimos refiriendo, uno de los puntos medulares del mismo será la evaluación de dicha contingencia". Añadió el A-quo que "así las cosas, el titular del segundo renglón de la lista para la Cámara por el Departamento del Putumayo no está privado de la

investidura, ni el Presidente de la Corporación ha determinado que es nula la posesión del accionante como Representante. Por consiguiente, el acto supuestamente ilegal se limita a impedir la inclusión del nombre del peticionario Muriel Silva en la lista de Representantes. Debemos resaltar sobre el tópico que, aunque la Carta no lo dice en forma explícita, el acto o la omisión de la autoridad pública que amenace o ponga en peligro un derecho constitucional fundamental, debe ser arbitrario, y que la exclusión de la frase en el texto legal se debió a que no podía presumirse la arbitrariedad de los actos oficiales". Finalmente, el Juzgado concluye que "el acto atacado no reviste la calidad de arbitrario sino que se fundamentó en la comunicación del representante Mora Acosta, en el sentido de que no había firmado el texto de la renuncia. Ahora, como la misma carece de autenticación, y la autenticación debe acompañar a todo acto de un particular que se haga valer ante la autoridad pública (como es la Cámara de Representantes), venimos a concluir que la orden de no incluir al accionante Muriel Silva en la lista de Representantes no es arbitraria, y por lo tanto, no es atacable por el afectado por la vía de la tutela; sin perjuicio de que utilice los otros mecanismos previstos en el ordenamiento legal". En ese orden de ideas, el Juzgado 6º Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá denegó la tutela impetrada por Miguel Angel Muriel Silva. 2.12 -Impugnación. El apoderado del actor impugnó la providencia.

Alegó que se violó el debido proceso por cuanto se exigió una formalidad no prescrita por la Constitución y la ley, no se siguió el trámite previsto luego de la posesión, desconociéndose los principios de las actuaciones administrativas. Así mismo, el refutador expresó que se ha violado el derecho fundamental del ejercicio político, ya que la conducta desplegada por la Presidencia de la Cámara de Representantes impide el desarrollo del derecho político de ser elegido. De otra parte, el apoderado del actor sostuvo que a pesar de existir otro medio de defensa judicial, es evidente que resulta un inminente perjuicio irremediable por conducta de la Presidencia de la Cámara, pues el Sr. Muriel Silva no puede impugnar su propio acto de posesión y nunca se definiría la presente controversia. En ese orden de ideas, el accionante solicitó que se revocara el fallo del Juzgado. 2.13 -Desistimiento. El apoderado del accionante desistió de la presente acción de tutela, porque de acuerdo a un concepto jurídico de la División Jurídica de la Cámara de Representantes, favorable a la posición de su representado, "se dirime el conflicto suscitado ... y como consecuencia de ello se proyectó la resolución , por la cual revoca y deja sin valor y efecto la Resolución No. 368 del 7 de julio de 1993, por consiguiente la tutela impetrada la cual buscaba el mismo fin, se queda sin piso, porque su objetivo ha sido subsanado y reivindicado el Derecho vulnerado, el cual quedó impreso en dicha Resolución administrativa". No sobra repetir que el proyecto de Resolución no surtió efectos prácticos y

la situación sigue idéntica: el posesionado Miguel Angel Muriel Silva no ha ejercido sus funciones. 2.2. Auto del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá -Sala Civil, del 6 de septiembre de 1993. El Magistrado Bernardo Morales Casas, aceptó el desistimiento y en consecuencia, ordenó devolver las diligencias al juzgado de origen. 2.3. Auto del Juzgado 6º Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá, del 17 de septiembre de 1993. El Juzgado, ordenó el envío del expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 2.4. Auto de la Corte Constitucional, de 7 de marzo de 1994. Expresamente dijo esta Corporación: "La Sala considera que el desistimiento presentado por el apoderado del Sr. Muriel Silva no era procedente pues el precitado abogado, según el poder presentado dentro del proceso (folio 60), no estaba habilitado expresamente para ejecutar la conducta de desistir, como se nota en el siguiente aparte: confiero poder especial ... para que en mi nombre y representación, continúe y lleve hasta su terminación la presente acción de tutela. Mi apoderado queda facultado para todos los actos que sea necesaria mi intervención, impugne la providencia, si es necesario y demás actos que lo faculta la ley. Así mismo, el artículo 343 del Código de Procedimiento Civil preceptúa que: Artículo 343. Quiénes no pueden desistir de la demanda. No pueden desistir de la demanda: (...)

3. Los apoderados que no tengan facultad expresa para ello. (...) De lo anterior se deduce que el apoderado de Miguel Angel Muriel Silva no

estaba expresamente facultado para desistir de la presente acción de tutela, o sea que se encontraba sin legitimación para la realización de la anterior conducta, lo cual conlleva tomar como no presentado el desistimiento. Se concluye, entonces, que se ha pretermitido la segunda instancia mediante un acto ilegítimo, a pesar de que el accionante ha ejercitado el derecho a impugnar el fallo de tutela. En ese sentido la Corte Constitucional no es aun competente para conocer de la presente acción de tutela, pues falta el surtimiento de una etapa del mencionado proceso. Por lo anterior, esta Sala de Revisión enviará el expediente de tutela de la referencia al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá - Sala Civil-, para que ante dicha Corporación se le dé trámite a la solicitud de impugnación presentada por el apoderado de Miguel Angel Muriel Silva". Devuelto el expediente al Tribunal de Santafé de Bogotá, el Magistrado Bernardo Morales Casas registró proyecto de sentencia el cual fue derrotado y se convirtió en salvamento de voto. Los Magistrados que hicieron mayoría en la Sala Civil, discreparon de la ponencia original, confirmaron el fallo impugnado, pero ordenaron expedir copias con destino al Procurador General de la Nación para que se investigue, si así lo considera, los hechos administrativos que motivan la tutela. 2.5. Sentencia del Tribunal de Santafé de Bogotá, Sala Civil, de 13 de abril de 1994. Estas fueron algunas de las razones expuestas por el ad-quem: " 2. La acción de tutela que se estudia exclusivamente contempla el desconocimiento del artículo 29 de la Constitución

Política, con el argumento que la ya indicada decisión del presidente de la Cámara de Representante, impide a Miguel Angel Muriel Silva el registro de su nombre como Representante a la Cámara y obtener las facultades y beneficios que ello entraña. 2.2. La nota del Presidente de la Cámara de Representantes es del tenor siguiente: " El señor Representante JULIO MESIAS MORA ACOSTA ha enviado una nota con fecha Junio 29 del año en curso donde manifiesta que no ha presentado renuncia de su Curul, formaliza legalmente en ejercicio del derecho de petición el Representante MORA ACOSTA, advierte que en ningún momento ha renunciado a su investidura parlamentaria y que por lo tanto no son idóneos de ninguna manera los documentos presentados por el señor MURIEL SILVA. " La posesión que se practicó en el día de ayer en horas de la tarde al ciudadano MIGUEL ANGEL MURIEL SILVA, para que proceda debe presentar la carta de renuncia del titular autenticada por que de lo contrario a nuestro juicio resulta irreglamentaria, ya que de tal acto sólo se predica su existencia cuando el titular o primer reglón de la lista fallezca, presente renuncia o se declare inhabilitado incompatibilidad, probadas y decididas por la Autoridad competente. " Sobre los presupuestos anteriores, espero que le de curso a las instrucciones que le imparto y esta nota es para que no se ordene a registro la inscripción del nuevo nombre ni tampoco incorporado (sic) a la nueva lista confío en que esta nota le será notificada al doctor MURIEL SILVA." 2.2.1. La literalidad de la precedente comunicación por sí

misma explica la situación afirmada en la tutela, pero también y fundamentalmente las razones del Presidente de la Cámara de Representantes para ordenar que no se inscribiera el nombre de Miguel Angel Muriel Silva como Representante a la Cámara. La nota es un acto administrativo en cuanto traduce una declaración de voluntad de un funcionario público en ejercicio de su cargo. Ahora bien, en el proceso no está demostrado que la Cámara de Representantes tenga un "Procedimiento Interno administrativo", que agotado, como lo alega el autor de la tutela, permita resolver la controversia a que se alude, el cual no contempla la Ley 05 de 1992, de Junio 7, "Por el cual se expide el reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes". Y si lo anterior es así de inmediato se ve que el Presidente de la Cámara de Representantes, por sustracción de materia no pudo violar procedimientos alguno y por ende el artículo 29 de la Constitución Política. Según lo entiende esta Sala, es la ley la encargada de desarrollar ese concepto cuando regula los actos administrativos o jurisdiccionales que prevé para la aplicación de la ley sustantiva, que concatenados para el fin que ontológicamente les corresponde configurar el concepto de proceso, el cual no debe desconocer las bases mismas de la organización política y judicial del estado y el derecho de defensa de las partes que en él intervienen.

3. Otra cosa es la posibilidad que la decisión del Presidente de la Cámara de Representantes no se adecue a derecho, al desconocer los efectos jurídicos de la posesión del peticionario, regida por la presunción de legalidad, y consiguientemente que desborde los límites

de la discrecionalidad inherente a las decisiones de los funcionarios públicos, quienes tienen la obligación de cumplir los principios y deberes que consagra la Constitución Política y la ley (C.P. arts. 2, 83, 90, 121 y 122). 3.1. Pese a lo anterior, estimase que la aludida situación administrativa está por fuera de la órbita de la tutela, a propósito que el pertinente juicio del valor legal sobre ella privativamente compete a la justicia contenciosa administrativa que no al juez de la tutela, quien tiene reducida su función de juzgamiento en el plano estrictamente constitucional de los derechos fundamentales. Competencia jurisdiccional que adquiere relevancia si no se olvida, como no puede hacerse, que la posesión de Miguel Angel Muriel Silva es la obligada consecuencia de la renuncia de Julio Mesías Mora Acosta, cuya legalidad también se cuestiona al punto que justamente motivó la orden a que se refiere esta acción, alegada por el segundo el día anterior a la misma". Hasta aquí la argumentación central del Tribunal. Para quien salvó voto: el petente fue posesionado con todas las formalidades de ley y la nota del Presidente del Congreso no podía revocar un acto administrativo de carácter particular y concreto, que goza de la presunción de legitimidad y validez.

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS

1. Competencia.

Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 3º y 241 numeral 9º de la

Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicha acción practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. Y aunque el plazo para fallar vence el 30 de julio, se toma ya la decisión para que no se torne írrita.

2. Temas a discutir En el caso de estudio de la Sala Séptima de Revisión de la Corte

Constitucional se estudiará lo siguiente:

MIEMBROS DEL CONGRESO: VALIDEZ Y EJECUTORIEDAD

DEL ACTA DE POSESION.

Los actos administrativos tienen una presunción de legitimidad y una ejecutoriedad. La Legitimidad del acto administrativo. Una acta de posesión de un Parlamentario es un acto administrativo. Miguel Angel Muriel Silva se posesionó formalmente, luego el acta que la contiene se presume legítima. La legitimidad incluye necesariamente una presunción de VALIDEZ. Presunción JURIS TANTUM, es decir, que admite prueba en contrario, siempre y cuando se plantee en procesos impugnativos en los que se objeta frontalmente la validez del acto administrativo. Mientras no haya decisión jurisdiccional, permanece vigente el principio de inmutabilidad del acto administrativo. A contrario sensu, la presunción de legitimidad no necesita ser declarada por autoridad judicial. Si alguien presenta para hacerla valer, un acta de posesión debidamente firmada y en la cual se expresa que se cumplió con el artículo 122 de la

Constitución de prestar el juramento, no hay razón para que se le impida desempeñar los deberes que le incumben. Los efectos de la posesión son inmediatos porque son el punto de llegada de previo nombramiento o elección. La eficacia de la posesión no tiene efecto diferido. Los principios modernos del derecho administrativo enseñan que: "La ejecutoriedad, privilegio de decisión ejecutoria, acción de oficio o autotutela ejecutiva, términos con los que indistintamente se designa la cualidad del acto administrativo de producir sus efectos contra la voluntad de los obligados, violentando su propiedad y libertad, es lo que realmente le separa y distingue de los actos privados que necesitan del apoyo judicial para tomar sobre otras medidas ejecutorias"1 1 La ejecutoriedad del acto administrativo. 1 Derecho administrativo, Parte General, RAMON PARADA, página 140. La administración está obligada a poner en práctica los actos administrativos. Los franceses dicen "action d'office". No es posible negarse al cumplimiento de un acto administrativo, menos aún cuando es la misma autoridad que interviene en el acto quien debe facilitar su cumplimiento. Cuando el cumplimiento o ejecución corresponde a la misma entidad pública de la cual emanó el acto administrativo, aparece la calificada por los tratadistas como ejecutoriedad propia. Tratándose de Parlamentarios, si éstos fueron electos, si pasan a ocupar la curul por renuncia del titular, si se posesionan, adquirirán por estas circunstancias un derecho y un deber a ejercer el cargo, el cual no puede ser desconocido ni vulnerado (artículo 58 C.P.). Estará vigente este derecho

adquirido mientras no se anule o suspenda el acto de la posesión. Artículo 238 de la Constitución. "La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial". Mientras esto no ocurra, deben concretarse los actos materiales que son consecuencia de la posesión. Es tan importante el acta respectiva que la Constitución establece en el artículo 183 numeral 3º que si el congresista no toma posesión dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha en que fuere llamado a posesionarse perderá su investidura. Esto se compagina con el artículo 122 de la Carta que perentoriamente señala: "Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben." Respaldada la posesión en normas constitucionales, no es posible romper la concreción material de su ejecutoriedad PROPIA sino por orden judicial. Cuando el posesionado ha figurado en segundo reglón en lista electoral válida y el principal ha renunciado (bien o mal hecha la renuncia), corresponderá apreciar tal renuncia a la Mesa Directiva de la Cámara antes de la posesión, y si después de la posesión se cree que hubo equivocación de la Mesa Directiva, entonces, el Contencioso administrativo definirá la controversia. En la presente acción de tutela se señalará que un acta de posesión es un acto administrativo válido, que debe cumplirse. Por consiguiente, se le viola un derecho adquirido al posesionado si se le

entraba el ejercicio de su cargo, sin previa decisión judicial, además esto desconoce el debido proceso administrativo, máxime cuando no hubo consentimiento expreso del afectado. Artículo 73 Código Contencioso Administrativo: "Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho