CC - T344-2011

Sentencia T-344/11

PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Caso en que el Ministerio de Defensa negó el reconocimiento de pensión de sobrevivientes Se puede indicar que en virtud del principio de subsidiariedad, la acción de tutela es improcedente para ordenar el reconocimiento de una pensión de sobreviviente. Sin embargo, de manera excepcional y de conformidad con las particularidades del caso concreto, la solicitud de amparo será procedente si el juez de tutela determina que (i) los beneficiarios del derecho pensional son sujetos de especial protección constitucional; (ii) los medios ordinarios de defensa judicial no son idóneos para proteger los derechos presuntamente vulnerados; y, (iii) existe certeza sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales si el reconocimiento de la pensión no se hace efectivo como mecanismo transitorio. En caso de constatar la procedibilidad de la acción de tutela, ésta está llamada a prosperar si se encuentra plenamente demostrada la afectación de los derechos fundamentales del accionante o de su núcleo familiar; y, cuando conforme a las pruebas allegadas al proceso, el juez de tutela constata que efectivamente, a pesar de que le asiste al accionante el derecho a la pensión que reclama, éste fue negado de manera caprichosa o arbitraria. No es posible requerir a la jurisdicción constitucional para reemplazar la competencia que para estos efectos le había sido otorgada a los jueces ordinarios, así como tampoco para remediar la omisión de acudir en los términos establecidos a los mecanismos instituidos en ese entonces por la ley para proteger los

derechos fundamentales. Así pues, cabe indicar que en el presente caso, no se cumplieron los requerimientos y precisiones, claramente depurados por la jurisprudencia de esta Corporación, teniendo en cuenta que la accionante espero ocho años después de proferida la última resolución para cuestionar su legalidad mediante la acción de tutela. En conclusión, la presente acción de tutela no satisface el requisito de subsidiariedad PENSION DE SOBREVIVIENTES-Caso en que fue negada por cuanto la demandante la solicitó en calidad de cónyuge sobreviviente y de compañera permanente, sin aportar prueba de una u otra calidad

Referencia: expediente T-2890559

Expediente T-2890559 Acción de tutela instaurada por Rosa Elisa Santander Sánchez contra el Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Presidencia de la República y Procuraduría General de la Nación.

Magistrado Ponente:

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO.

Bogotá D.C., cinco (5) de mayo de dos mil once (2011). La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Luís Ernesto Vargas Silva, María Victoria Calle Correa y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Nacional y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA Dentro del proceso de revisión del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Sub-Sección “A” en el

trámite de la acción de tutela instaurada por Rosa Elisa Santander Sánchez contra Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y Procuraduría General de la Nación.

I. ANTECEDENTES El pasado mes de julio de dos mil diez, la ciudadana Rosa Elisa Santander Sánchez interpuso acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad y mínimo vital, los cuales fueron vulnerados por el Ministerio de Defensa Nacional al negarse a reconocer su pensión de sobrevivientes.

Hechos.

1. Manifestó la ciudadana Rosa Elisa Santander Sánchez que tiene 61 años, viuda del mayor del Ejército Félix Manuel Niño Lugo, con quien contrajo matrimonio civil el 30 de octubre de 1981 en la

2 Expediente T-2890559 ciudad de Ureña Estado de Táchira de la Republica Bolivariana de Venezuela. Agregó que el matrimonio fue registrado y protocolizado ante Notario Público mediante Escritura Pública número 3635 del 14 de junio de 1989.

2. Durante tal unión procrearon a José Félix Niño Santander, quien nació el 6 de marzo de 1979 debidamente reconocido.

3. Mencionó que su esposo para los años ochenta fue encargado de combatir al narcotraficante José Gonzalo Rodríguez Gacha, por lo que fueron trasladados al municipio de Pacho Cundinamarca, sin embargo comunicó que a consecuencia de la persecución y amenazas directas en su contra y de su familia se hizo necesario regresar a Bogotá. Añadió que infortunadamente las intimidaciones

continuaron hasta el punto de ser asesinado el 30 de mayo de 1989 en Bogotá.

4. Agregó que tras la muerte de su marido, solicitó ante el Ministerio de Defensa la pensión de sobrevivientes. Sin embargo, mediante la Resolución 2900 del 11 de abril de 1990, la pensión fue negada argumentando que el matrimonio celebrado no era válido ante la Constitución Política de 1886. Por lo anterior, mencionó que interpuso los recursos de reposición y apelación solicitando revocar la resolución que negaba la pensión. Pese a ello, la decisión fue confirmada con ocasión de la Resolución 5512 del 1 de agosto de 1990.

5. Mencionó que en el año 2002 solicitó nuevamente el reconocimiento de la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes de su cónyuge causante alegando la calidad de compañera permanente. Pese a ello, ésta fue nuevamente negada mediante la Resolución 2610 del 18 de junio de 2002 por haberse solicitado invocando dos calidades tan diferentes como son la de cónyuge sobrevivientes y la de compañera permanente.

6. Por último, mencionó que está enferma de osteoartrosis degenerativa erosiva, que no tiene seguridad social, no tiene dinero que le permita solventar sus necesidades económicas, es la pensión de sobrevivientes su única alternativa de subsistencia.

Solicitud de tutela. Con fundamento en los hechos narrados anteriormente la ciudadana Rosa Elisa Santander Sánchez requirió el amparo a su derecho fundamental a la pensión de sobrevivientes que consideró vulnerado con la negativa del 3 Expediente T-2890559

Ministerio de la Defensa a reconocer dicha pensión de sobrevivientes y

solicitó “PROCEDER EN EL TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 48

HORAS A DICTAR Y EMITIR UNA NUEVA RESOLUCIÓN PENSIONAL

MEDIANTE LA CUAL SE ME RECONOZCA Y PAGUE DE

INMEDIATO MI PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES Y/O SUSTITUCIÓN

A LA CUAL TENGO PLENO E IRRENUNCIABLE COMO LEGITIMA

ESPOSA CASADA POR LO CIVIL CON EL DIFUNTO MAYOR DEL

EJÉRCITO FÉLIX MANUEL NIÑO LUGO Q.E.P.D. CONFORME

CONSTA EN MI PARTIDA MATRIMONIAL PROTOCOLIZADA EN LA NOTARIA PRIMERA DE BOGOTÁ.” Respuesta de la entidad demandada.

Asumido el conocimiento de la acción de tutela por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Sub-Sección “A”, se ordenó mediante oficio del 2 de agosto de 2010 la notificación de las partes accionadas; Presidente de la República, Ministro de Defensa Nacional y Director del Ejército Nacional y al Procurador General de la Nación. La Presidencia de la República se pronunció respecto de los hechos de la tutela y solicitó ser excluida de la controversia objeto de análisis ya que este organismo no tiene ningún tipo de competencia e injerencia en los asuntos relacionados con el reconocimiento de pensión de sobrevivientes. Por su parte la Procuraduría General de la Nación, consideró que sólo se puede acudir a la acción de tutela cuando se vulneren derechos fundamentales y en el presente caso no se evidencia ningún tipo de

trasgresión. A su turno, el Ministerio de Defensa Nacional se pronunció sobre los hechos constitutivos de la acción de tutela por conducto de la Coordinadora Grupo de Prestaciones Sociales. Al respecto, manifestó la accionante ha solicitado, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes pero que ésta ha sido negada en varias oportunidades; primero por la Resolución 2900 del 1 de abril de 1990 que resolvió dejar a salvo y en poder del Ministerio las Prestaciones Sociales del causante, en este sentido sostuvo lo siguiente: pues no existía claridad sobre los hijos legítimos del causante y la accionante según pruebas recaudadas tuvo vínculo matrimonial anterior al matrimonio con el señor NIÑO LUGO. Informó que el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de reposición frente a la decisión pero la misma fue confirmada mediante la Resolución 5512 del 1 de abril de 1990, precisando 4 Expediente T-2890559 nuevamente sobre el argumento para negarla radica en los graves indicios de subsistencia de un vínculo matrimonial de la reclamante. De igual manera la entidad demandada mencionó que en el año 1997 se presentó José Félix Niño Santander hijo del causante a reclamar las prestaciones sociales siendo estas reconocidas ya que aportó sentencia del Juzgado Catorce de Familia de Bogotá en la que se concluyó que no es hijo de Luís Armando Dumes y sí de Félix Manuel Niño Lugo. De igual manera mencionó la entidad demandada que los derechos fueron reconocidos mediante la Resolución 13250 de 20 de octubre de 1997. Por otro lado, el Ministerio de Defensa completó su respuesta diciendo

que en el año 2001 la accionante requirió nuevamente el reconocimiento de su pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge y compañera permanente; solicitud que fue resuelta en la Resolución 2610 del 18 de junio de 2002, en la que se sostuvo que no podía acceder a lo pretendido invocando dos calidades diferentes. Por último la entidad demanda, afirmó que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la señora Rosa Elisa Santander Sánchez. Al respecto mencionó: “Así mismo, con el mayor respecto, me permito solicitar a ese Honorable Despacho Judicial, se sirva RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la presente Acción de Tutela, si a ello hubiere lugar, toda vez que no le asiste razón fáctica, ni jurídica a la parte tutelante para proceder en contra de este Ministerio, máxime que el Grupo de Prestaciones Sociales de esta Entidad, teniendo en cuenta que hace mas de ocho años se solicito a la actora prueba para acreditar su calidad y hasta la fecha se había guardado silencio sin que la haya comprobado.” Pruebas relevantes que obran dentro de este expediente. Del material probatorio que obra en el expediente la Sala destaca lo siguiente:  Fotocopia de la Escritura Pública número 3635 del 14 de junio de 1989, en la que se protocolizó el matrimonio civil realizado en la República de Venezuela, Estado de Táchira, Municipio Ureña el 30 de octubre de 1981 entre Rosa Elisa Santander Sánchez y Félix Manuel Niño Lugo. (fl.18-20)  Fotocopia de la Escritura Pública número 136 del 30 de octubre de

1981 en la que se constituyó el matrimonio civil entre Rosa Elisa Santander Sánchez y Félix Manuel Niño Lugo.(fl.21-23) 5 Expediente T-2890559  Fotografías aportadas por la accionante en compañía del causante Félix Manuel Niño Lugo y José Félix Niño Santander hijo de la pareja.(fl.27)  Fotocopia de la cédula de identidad militar del oficial en ejercicio del causante Félix Manuel Niño Lugo.(fl.31)  Fotocopia de la cédula de ciudadanía del causante.(fl.32)  Fotocopia del registro de defunción de Félix Manuel Niño Lugo. Figura como denunciante, Rosa Elisa Santander Sánchez.(fl.33)  Fotocopia de la declaración extraproceso del señor José Ignacio Toledo Lugo en la que declaró: “Conozco hace aproximadamente veinticinco (25) años a la señora ROSA ELISA SANTANDER SÁNCHEZ como la esposa legítima de mi primo FÉLIX MANUEL NIÑO LUGO (Fallecido) quienes se casaron por lo civil en Venezuela y de dicho matrimonio quedó un hijo de nombre JOSE FÉLIX NIÑO SANTANDER.” (fl.44)  Fotocopia de la Resolución 2900 del 11 de abril de 1990 en la que se negó la pensión de sobrevivientes con base en el siguiente argumento: “Que este Ministerio ofició a la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin de establecer el motivo por el cual la Cédula de Ciudadanía de la señora ROSA ELISA, fue rectificada en el año 1982. La mencionada entidad en Oficio

No.200261 de fecha 21 de febrero de 1990, comunica que la Cédula de Ciudadanía expedida el 14 de diciembre de 1972 a nombre de ROSA ELISA SANTANDER DE DUMEZ, se despachó con base en la partida matrimonial F. 238 de la Parroquia de San Rafael de Cúcuta, y que posteriormente la misma ciudadana solicitó rectificación por supresión a la partícula “DE” para lo cual presentó sentencia de separación de mayo 25 de 1982, del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cúcuta.” (fl.121)  Fotocopia de la Resolución 5512 del 1 de agosto de 1990 en la que se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 2900 del 11 de abril de 1990. En este sentido se concluyó lo siguiente: “Que en la misma providencia administrativa se manifestó que la señora ROSA ELISA SANTANDER SÁNCHEZ, no tiene derecho al reconocimiento y pago de suma alguna a su favor, porque según se colige de los datos proporcionados por la Registraduría Nacional del Estado 6 Expediente T-2890559 Civil en respuesta a oficio enviado por parte de este Ministerio, la citada señora posee un vínculo matrimonial anterior vigente, el cual impide que pueda ser considerada como cónyuge del causante.” (fl.124)  Fotocopia de la Resolución 13250 del 20 de octubre de 1997 en la que se reconocieron las prestaciones sociales a favor de José Félix Niño Santander hijo del causante.  Fotocopia de la Resolución 2610 del 18 de junio de 2002 en la que

se negó la pensión de sobrevivientes solicitada, al respecto se mencionó: “Que tomando en cuenta que la peticionaria invoca dos calidades tan diferentes como son la de cónyuge sobrevivientes y la de compañera permanente, sin que realmente pruebe alguna de ellas, se debe aportar por parte de la interesada pronunciamiento judicial proferido por autoridad competente en el que se le reconozca el derecho a la sustitución pensional requerido, en razón a que la carga de la prueba recae en este caso sobre la parte interesada.” Decisiones judiciales objeto de revisión. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera SubSección “A” consideró, en primer lugar, que tanto la Presidencia de la República como la Procuraduría General de la Nación carecían de legitimación por pasiva, frente a la presunta violación de los derechos invocados. En relación con los hechos de la tutela, el Juzgado consideró que los mismos pueden ser debatidos ante la justicia ordinaria teniendo en cuenta que la actora no ha demostrado su condición de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes del oficial del Ejército. En este sentido concluyó: “Por lo que al no existir certeza de la calidad que la hace beneficiaria de gozar de un derecho, mal puede generarse vulneración a un derecho fundamental cuando se carece del mismo y es la propia accionante quien se ha sustraído para aclarar su situación por espacio de 20 años, desde que el detallaron las inconsistencias y la manera de hacer efectivo el derecho reclamado, como es acudir a las instancias judiciales que el ordenamiento jurídico le concede.” 7 Expediente T-2890559

En consecuencia, declaró improcedente el amparo constitucional de los derechos fundamentales invocados por Rosa Elisa Santander Sánchez. Impugnación. La señora Rosa Elisa Santander Sánchez impugnó la decisión proferida por el Tribunal El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Sub-Sección “A” con el objeto de solicitar la revocatoria de la misma y que, en su lugar, se concedieran las pretensiones solicitadas. La actora discrepó del fallo ya que la segunda instancia no apreció y valoró las pruebas aportadas, donde se demuestra ampliamente que es la viuda legítima del causante. Mencionó que aportó la partida matrimonial en la que consta la celebración del matrimonio con Félix Manuel Niño Lugo el día 30 de octubre de 1981 y que esta misma fue protocolizada por la Escritura Pública número 3635 del 14 de junio de 1989. Por lo que solicitó, “DICTEN UN NUEVO FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA CONCEDIÉNDOME EN MI FAVOR MI TUTELA #20102226 ORDENÁNDOLE AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y

AL EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA QUE PROCEDAN EN EL

TÉRMINO DE LA DISTANCIA A DICTAR UNA RESOLUCIÓN

PENSIONAL FECHADA 2010 MEDIANTE LA CUAL SE ME

RECONOZCA Y PAGUE DE INMEDIATO MI SAGRADA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES.” Sentencia de segunda instancia. El Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B luego de hacer un recuento de los hechos de la tutela y la decisión tomada en la primera instancia, consideró que el caso

objeto de análisis se concentra en la procedencia de la tutela cuando el accionante ha dejado vencer los término para acudir a la justicia ordinaria. Al respecto mencionó: “Añádase a lo expuesto que el carácter subsidiario de la presente acción implica que la parte actora ha debido acudir ante la jurisdicción ordinaria para controvertir el referido acto administrativo en el término legalmente establecido, y no esperar ocho años después de proferido para cuestionar su legalidad a través de la acción de tutela.” No obstante, imposibilidad de lograr el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes mediante la acción de tutela, el Consejo de Estado dejo en claro que los derechos pensiónales no prescriben por lo que la accionante puede pedir el reconocimiento en cualquier momento invocando la 8 Expediente T-2890559 condición de compañera permanente, aspecto que consideró el Alto Tribunal no fue examinado en la resolución 2610 de 2002. Por los argumentos anteriormente expuestos el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B confirmó la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en cuanto a la improcedencia de la tutela frente al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

1. Competencia Es competente esta Sala de la Corte Constitucional para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela de la referencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9o., de la Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Problema jurídico Con fundamento en la situación fáctica y las decisiones tomadas por los jueces de instancia le corresponde a la Sala Octava de Revisión determinar si en el presente caso la acción de tutela es procedente para ordenar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes solicitada por la actora, por la presunta violación de sus derechos fundamentales de la señora Rosa Elisa Santander Sánchez a la seguridad social, a la igualdad y mínimo vital.

En este sentido, la Corte deberá determinar si a la luz del caso concreto los mecanismos ordinarios de defensa judicial son idóneos para proteger los derechos invocados. Así mismo, deberá establecer si en caso de no conceder la acción impetrada como mecanismo transitorio, se causaría un perjuicio irremediable en los derechos fundamentales de la actora. Con el propósito de dar solución al problema jurídico planteado, esta Sala deberá pronunciarse sobre la regla general de improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Particularmente, reiterará la regla jurisprudencial según la cual, la acción de tutela, en principio, es improcedente en los casos en que mediante ésta se pretende el reconocimiento de una prestación de carácter económico como la pensión de sobrevivientes. 9 Expediente T-2890559

3. Principio de subsidiariedad de la acción de tutela. Improcedencia de la acción de tutela para ordenar el reconocimiento de una pensión.

Reiteración de Jurisprudencia. De acuerdo con el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela “sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro

medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.” Así mismo, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela es improcedente en los casos en que el accionante tenga a su alcance otros recursos o medios de defensa judicial para la protección de sus derechos. En este sentido, esta Corporación ha sostenido que la acción de tutela obedece al principio de subsidiariedad1, es decir, no es un mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho; no puede ser empleada para revivir oportunidades procesales vencidas como consecuencia de la inactividad injustificada del interesado; y, no constituye un último medio judicial para alegar la vulneración o afectación de un derecho. En efecto, conforme a su naturaleza constitucional, en criterio de la Corte Constitucional, la acción de tutela es el mecanismo preferente de protección de los derechos fundamentales, cuyo ejercicio debe estar dirigido a obtener un amparo efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren. Es por ello, ha dicho la Corporación, que la acción de tutela no puede ser entendida como una instancia idónea para tramitar y decidir conflictos de rango legal, pues con este propósito, el legislador dispuso los medios y recursos judiciales adecuados, así como las autoridades y jueces competentes. En desarrollo del principio de subsidiariedad, la jurisprudencia constitucional ha señalado que en los casos en que el accionante tenga a

su alcance otros medios o recursos de defensa judiciales, la acción de tutela procederá excepcionalmente en los siguientes eventos: (i) Los medios ordinarios de defensa judicial no son suficientemente idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados; 1 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121 de 2003. 10 Expediente T-2890559 (ii) Aún cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales2. (iii) El accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y niñas) y por tanto su situación requiere de particular consideración por parte del juez de tutela3. Con fundamento en lo anterior, en reiteradas oportunidades esta Corte ha señalado que la acción de tutela es improcedente para ordenar el 2 Con relación a los requisitos para que se configure un perjuicio irremediable, en la sentencia T-225 de 1993, la Corte señaló: “Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener en cuenta la presencia concurrente de varios elementos que configuran su estructura, como la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como

mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados.” Al examinar cada uno de los términos que son elementales para la comprensión de la figura del perjuicio irremediable, nos encontramos con lo siguiente: A). El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder prontamente". Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética. Se puede afirmar que, bajo cierto aspecto, lo inminente puede catalogarse dentro de la estructura fáctica, aunque no necesariamente consumada. Lo inminente, pues, desarrolla la operación natural de las cosas, que tienden hacia un resultado cierto, a no ser que oportunamente se contenga el proceso iniciado. Hay inminencias que son incontenibles: cuando es imposible detener el proceso iniciado. Pero hay otras que, con el adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el desenlace efectivo. En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa inmediata del efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una causa perturbadora se desvanece el efecto. Luego siempre hay que mirar la causa que está

produciendo la inminencia. B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la Real Academia. Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la prontitud. Pero además la urgencia se refiere a la precisión con que se ejecuta la medida, de ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias particulares. Con lo expuesto se verifica cómo la precisión y la prontitud dan señalan la oportunidad de la urgencia. C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona. La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas. Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran significación para la persona, objetivamente. Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a todas luces inconveniente. D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad

de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna. Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos. Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías básicos para 11 Expediente T-2890559 reconocimiento de una pensión4. Al respecto, la Corporación ha indicado que ello es así porque la acción de tutela no es el medio procesal idóneo para tramitar y decidir las controversias suscitadas alrededor del reconocimiento de derechos de carácter legal. En tal sentido, ha considerado que el juez de tutela no debe indicarle a una entidad encargada del reconocimiento de una pensión, el contenido, alcance y efectos de sus decisiones frente a las solicitudes encaminadas a obtener el reconocimiento y pago de una prestación económica, pues su competencia se circunscribe a verificar que la entidad responsable proporcione una respuesta oportuna y de fondo a las solicitudes presentadas por los presuntos beneficiarios de esta prestación económica5. Al respecto, en la sentencia T-182 de 20046, la Corte precisó: “La definición de la titularidad y el reconocimiento de una pensión ante la administración, constituye en principio un asunto ajeno al ámbito de la jurisdicción constitucional en sede de tutela, siendo competencia del juez de tutela la verificación de los términos establecidos legalmente para dar respuesta a los peticionarios, independientemente de su resultado, pues en aras de proteger el derecho de petición debe

ordenar a la autoridad competente en cada caso dar una respuesta que resuelva de fondo lo solicitado.” Sin embargo, en determinados casos, la Corte Constitucional ha admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener el reconocimiento de una pensión7. Con base en el concepto de perjuicio el equilibrio social. De acuerdo con lo que se ha esbozado sobre el perjuicio irremediable, se deduce que hay ocasiones en que de continuar las circunstancias de hecho en que se encuentra una persona, es inminente e inevitable la destrucción grave de un bien jurídicamente protegido, de manera que urge la protección inmediata e impostergable por parte del Estado ya en forma directa o como mecanismo transitorio.” (Negrilla fuera del texto original). 3 Ver entre otras, las sentencias: T-656 de 2006, T-435 de 2006, T-768 de 2005, T-651 de 2004, y T-1012 de 2003. 4 Ver entre otras, las sentencias:T-685 de 2006, T-203 de 2006, T-973 de 2005, T-691 de 2005, T-443 de 2005 y T-425 de 2004. 5 Ver entre otras, las sentencias: T-848 de 2006, T-990 de 2005, T-996 de 2005, T-917 de 2005 y T-627 de 2005. 6 7 Ver entre otras, las sentencias: T-816 de 2006, T-1309 de 2005, T-971 de 2005, T691 de 2005, T-605 de 2005, T-859 de 2004, T-580 de 2005 y T-425 de 2004. Acerca de la procedencia de la acción de tutela en los casos en que la entidad responsable

negó el reconocimiento de derecho pensional en virtud de la configuración de una vía 12 Expediente T-2890559 irremediable, en la sentencia T-529 de 20078, la Corte señaló los requisitos jurisprudenciales que deben ser tenidos en cuenta para determinar la procedencia de la acción de tutela en esta materia: “Con fundamento en el criterio general expuesto, según el cual la acción de tutela es procedente para reconocer derechos pensionales, únicamente cuando el juez constitucional llegue a la convicción de que es necesario brindar una protección urgente e inmediata que no es posible lograr a través del mecanismo ordinario de de