CC - T377-2013

Sentencia T-377/13

AGENCIA OFICIOSA DE PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN PRESTANDO SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Requisitos para determinar la legitimidad del padre o madre del hijo que presta el servicio militar La legitimación por activa para presentar una acción de tutela no sólo se predica de la persona que solicita directamente el amparo de sus derechos fundamentales, sino también de quien actúa como agente oficioso de una persona, cuando a ésta le es imposible promover su propia defensa, siempre que dicha circunstancia se manifieste en la solicitud. En numerosos pronunciamientos, esta Corporación ha establecido que son dos los requisitos para que una persona pueda constituirse como agente oficioso: “La presentación de la solicitud de amparo a través de agente oficioso tiene lugar, en principio, cuando éste manifiesta actuar en tal sentido y cuando de los hechos y circunstancias que fundamentan la acción, se infiere que el titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados se encuentra en circunstancias físicas o mentales que le impiden actuar directamente.” En relación con el primer requisito, esto es, la manifestación expresa por parte del agente oficioso de actuar en tal calidad, se observa que su cumplimiento no se exige de forma estricta, comoquiera que se ha aceptado la legitimación del agente siempre que de los hechos y de las pretensiones se haga evidente que actúa como tal. Por consiguiente, en criterio de la Corte, (i) si existe manifestación expresa del agente o (ii) si de los hechos se hace evidente que actúa como tal, el juez constitucional deberá analizar el cumplimiento del

segundo requisito y determinar si, en el caso concreto, las circunstancias le impiden al titular de los derechos presuntamente vulnerados actuar por sí mismo. Precisamente, la necesidad de acreditar la imposibilidad de actuar directamente tiene justificación en el hecho de preservar la autonomía y voluntad de una persona mayor de 18 años, quien es titular de la capacidad legal o de ejercicio, por virtud de la cual se le reconoce su plena aptitud para acudir ante los jueces, en defensa de sus propios derechos, cuando éste considere que los mismos están siendo amenazados o vulnerados. Por esta razón, un agente oficioso sólo podrá actuar por otro cuando se pruebe una circunstancia física o mental que le impida al interesado interponer una acción de tutela directamente. AGENCIA OFICIOSA-Ejercicio del servicio militar no es por sí solo un motivo que justifique la imposibilidad para solicitar personalmente el amparo de tutela El servicio militar obligatorio en Colombia implica una limitación de tiempo y de espacio al soldado que lo presta, de manera que, quien resulte apto para contribuir con este servicio al país, deberá permanecer acuartelado en un batallón de 12 a 24 meses, dependiendo de la modalidad de prestación. Sin embargo, el reglamento de las fuerzas militares prevé la posibilidad de que quienes estén reclutados puedan obtener permisos para ausentarse de los lugares de acuartelamiento. Los soldados que se encuentran prestando servicio militar obligatorio pueden excepcionalmente salir de su lugar de acuartelamiento, cuando soliciten un permiso por razones personales o familiares o cuando éste les sea otorgado como estímulo por su buen

comportamiento. A pesar de lo anterior, la Sala reconoce que el otorgamiento de dichos permisos es una facultad discrecional del superior y que, en ocasiones, el soldado puede estar prestando servicio militar obligatorio en lugares alejados que dificultan la posibilidad de salida y entrada del batallón. Sin embargo, las citadas circunstancias no implican que un soldado se encuentre incomunicado. El soldado acuartelado tiene derecho a enviar correspondencia y, por ende, a la posibilidad real y efectiva de comunicarse con el exterior, no sólo mediante permisos sino también por medio de cartas a sus familiares. Esta Corporación, en reiterada jurisprudencia, ha determinado que no es posible derivar como consecuencia necesaria de la prestación del servicio militar, la imposibilidad del reclutado mayor de edad para actuar directamente por vía de acción de tutela, cuando considere vulnerados sus derechos fundamentales. El hecho de estar prestando servicio militar no constituye una razón que por sí sola justifique la posibilidad de aceptar la agencia oficiosa en la solicitud de la tutela, razón por la cual se deberán determinar en cada caso concreto las situaciones particulares que materialicen la imposibilidad del reclutado de actuar directamente por vía de la acción de tutela. MINIMO VITAL-Concepto/MINIMO VITAL-Requisitos para la protección de agente oficioso de persona incorporada al servicio militar El mínimo vital es aquel conjunto de elementos necesarios e insustituibles para que una persona pueda vivir en condiciones básicas de dignidad. En materia de tutela, su protección se somete a la necesidad de demostrar que la conducta del demandado es la generadora de una violación frente a su

contenido esencial y que su defensa se torna necesaria dada las condiciones particulares en las que se encuentra el accionante, en los términos previstos en el Decreto 2591 de 1991. Esta Corporación se ha pronunciado en varias oportunidades sobre el derecho al mínimo vital, en casos en los que se invoca la condición de agente oficioso de personas reclutadas por el Ejército Nacional, cuando éstos tenían a su cargo el deber de proveer por la subsistencia de otros. En la mayoría de los casos se ha dado un tratamiento especial, cuando se trata de hombres que tenían a su cargo hijos menores de edad o esposas o compañeras permanentes en estado de gestación, al momento en que fueron incorporados a las filas. En aquellos casos en que no se presente una afectación al mínimo vital de menores de edad o de esposas o compañeras permanentes en estado de gestación, solamente es posible acceder a la protección del citado derecho, cuando se acredite que quien se encuentra prestando servicio militar, además de ser quien proveía al sustento de una persona, es realmente el sujeto llamado a responder legalmente por otro. AGENCIA OFICIOSA DE PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN PRESTANDO SERVICIO MILITAR OBLIGATORIOImprocedencia de tutela por cuanto el actor no tiene legitimidad por activa en representación de su hijo mayor de edad El hecho de que el joven se encuentre prestando servicio militar obligatorio, no constituye una razón que justifique la agencia oficiosa en el caso concreto, por lo que deberá declararse la improcedencia de la solicitud de amparo de los derechos a la educación y a la igualdad del joven, máxime cuando en el expediente no existe una prueba de alguna circunstancia que permita hacer

una excepción a la regla general de improcedencia en estos casos. Llegar a una conclusión diferente generaría el desconocimiento de la autonomía del joven e incluso podría generar una decisión contraria a sus intereses, pudiéndose ordenar una desincorporación que vaya en contravía de su proyecto de vida. En conclusión, la Sala considera que la accionante no se encuentra legitimada para interponer la acción de tutela a nombre de su hijo, máxime que no se encuentra dentro del expediente pronunciamiento alguno de este último en el sentido de confirmar los hechos que dieron origen a la solicitud de amparo, la cual fue presentada hace más de seis meses, tiempo que esta Sala considera suficiente para que el presunto afectado emitiera algún pronunciamiento

Referencia: expediente T-3791626

Asunto: Acción de tutela instaurada por la señora Leonor Pérez González, en calidad de agente oficioso de Luis Eduardo Muñoz Pérez, contra la Nación, Ministerio de

Defensa Nacional, Ejército Nacional, Dirección de Reclutamiento

Magistrado Ponente:

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Bogotá DC, veintiocho (28) de junio de dos mil trece (2013). La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 y subsiguientes del Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado la siguiente:

SENTENCIA En el proceso de revisión de los fallos de tutela proferidos por la Sala de Decisión Civil y de Familia del Tribunal Superior de Bogotá y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, correspondientes al trámite de la acción de amparo constitucional impetrada por la señora Leonor Pérez González, como agente oficiosa de Luis Eduardo Muñoz Pérez, contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Dirección de Reclutamiento.

I. ANTECEDENTES 1. 1. Hechos 1.1.1. La accionante manifiesta que es una persona de 39 años de edad que sufrió un impacto de bala en la cabeza, razón por la cual, junto con su escasa formación académica, no puede trabajar. 1.1.2 Afirma que Luis Eduardo Muñoz Pérez, su único hijo, asistía al colegio Rufino José Cuervo de Bogotá, en donde cursaba décimo grado. Así mismo señala que en las horas de la mañana trabajaba como mensajero, con el propósito de obtener los recursos necesarios para asegurar la subsistencia de los dos. 1.1.3. Sostiene que el día 22 de octubre de 2012, mientras abordaba un vagón de Transmilenio, su hijo, mayor de edad, fue reclutado por el Ejército Nacional y conducido al Batallón 100, Cuarta Brigada de Bogotá. 1.1.4. Con posterioridad, la accionante obtuvo un certificado de estudios, el cual le fue entregado al “Sargento Calderón”, quien le informó que el mismo debía ser remitido al “Sargento Yanis Chacón” en el Batallón Joaquín París de

San José del Guaviare, donde su hijo prestaría el servicio militar. 1.1.5. Aduce que, en el mes de noviembre de 2012, envió el certificado escolar al batallón que se le había indicado, sin que hasta el momento hubiese recibido respuesta alguna. 1.2. Solicitud de amparo constitucional La señora Pérez González solicita el amparo de su derecho fundamental a la subsistencia, así como los derechos a la educación e igualdad de su hijo Luis Eduardo Muñoz Pérez, los cuales considera vulnerados por la autoridad pública demandada, por una parte, porque su hijo era quien le proveía alimentos y manutención y, por la otra, porque fue reclutado sin que pudiera terminar sus estudios de bachillerato y sin darle la oportunidad de que cuando los terminara, como ocurre con otros soldados, accediera a la prestación del servicio como soldado bachiller. En consecuencia, pide que se ordene al Ejército Nacional desincorporar inmediatamente a su hijo Luis Eduardo Muñoz Pérez. 1.3. Contestación de la demanda El Director de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército Nacional explicó que la accionante había solicitado la desincorporación de su hijo al Comandante del Batallón de Infantería de Aerotransportado No. 19 Gr. Joaquín Paris. En este orden de ideas, advirtió que su dependencia es incompetente para tomar cualquier decisión sobre la situación de dicho soldado, pues después de entregar a los conscriptos que resultaron aptos para prestar el servicio militar, la facultad para decidir sobre los desacuartelamientos quedaba a cargo de la Unidad Militar respectiva. Así las cosas, procedió a remitir la acción de tutela

al citado batallón para que fuera contestada por el Comandante1. 1.4. Intervención de la Procuraduría General de la Nación El Procurador Judicial 11 de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles emitió concepto sobre los hechos objeto de la presente tutela. Al estudiar el asunto consideró que se debía conceder el amparo solicitado, pues, en tiempos de paz, los hijos únicos se encuentran eximidos constitucionalmente de la obligación de prestar el servicio militar.

II. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN 2.1. Primera instancia 2.1.1. La Sala de Decisión Civil y de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sentencia del 6 diciembre de 2012, declaró la improcedencia de la acción de tutela. Al respecto argumentó que Luis Eduardo Muñoz Pérez debió acudir directamente ante el juez constitucional, pues por ser mayor de edad, su madre no podía actuar como agente oficioso, a menos que demostrara que él no estaba en condiciones de promover su propia defensa, tal y como se prevé en el artículo 10 del Decreto 2591 de 19912. 1 La respuesta de la entidad demandada obra en los folios 18 y 19 del cuaderno principal.

Sin embargo, no existe constancia de la remisión al Batallón de Infantería No. 19 General Joaquín París. 2 El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, en el aparte pertinente, dispone que: “(…) También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa (…)”.

2.1.2. Por lo demás, el juez de instancia también señaló que la accionante no probó su imposibilidad para trabajar, ni la existencia de una dependencia económica frente a su hijo. Finalmente, sostuvo que tampoco se exteriorizó que el Ejército Nacional le haya otorgado un trato distinto a sujetos que se encuentran en la misma condición, como supuesto del cual depende la violación del derecho a la igualdad. 2.2. Impugnación En los términos previstos en el Decreto 2591 de 1991, la accionante interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida por la Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, en el que solicitó que, al momento de decidir favorablemente sus pretensiones, se ordenara al Ejército Nacional trasladar a su hijo nuevamente a Bogotá. 2.3. Segunda instancia 2.3.1. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 24 de enero de 2013, revocó la decisión del a quo. Para el juez de segunda instancia, la señora Pérez González se encuentra legitimada para actuar como agente oficioso de su hijo, toda vez que éste se encuentra imposibilitado físicamente para acudir ante un juez de tutela, por estar prestando el servicio militar obligatorio en San José del Guaviare. 2.3.2. Como consecuencia de lo anterior, consideró que se desconoció su derecho fundamental de petición, pues la entidad accionada no se pronunció respecto de los impedimentos aducidos por la señora Pérez González, a través de los cuales pretendió demostrar que su hijo se encuentra eximido de la prestación del servicio militar obligatorio.

2.3.4. Con fundamento en lo anterior, se ordenó a la Jefatura de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional y al Comandante del Batallón de Infantería de Aerotransportado No. 19 Gr. Joaquín París, dar respuesta a los hechos que adujo la accionante como impedimentos para que su hijo prestara el servicio militar obligatorio, en el término de 48 horas siguientes a la notificación del fallo.

III. PRUEBAS RELEVANTES QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE 3.1. Copia de declaración extraproceso rendida el 29 de octubre de 2012 en la Notaria 48 de Bogotá por Hernando Calderón Gordillo y Carlos Julio Fiaría, en la que afirman que el señor Luis Eduardo Muñoz Pérez es hijo único y que dependía de su madre la señora Pérez González. 3.2. Copia de un comprobante de envío de Inter Rapidísimo, sin fecha legible, con destino al señor Yanis Chacón en el Batallón Joaquín París en San José del Guaviare. 3.3. Copia de la cédula de ciudadanía de la accionante. 3.4. Certificación expedida el 22 de octubre de 2012 por la Secretaría Académica del colegio Rufino José Cuervo, en la que consta que el señor Luis Eduardo Muñoz Pérez se encontraba cursando décimo grado en esa institución. 3.5. Copia del registro civil de nacimiento del señor Luis Eduardo Muñoz Pérez, en el que consta que nació el 1° de septiembre de 1994.

IV. REVISIÓN POR LA CORTE CONSTITUCIONAL

4.1. Competencia Esta Sala es competente para revisar las decisiones proferidas en la acción de tutela de la referencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política. El expediente fue seleccionado por medio de auto del 28 de febrero de 2013 proferido por la Sala de Selección número Dos. 4.2. Trámite surtido en la Corte Constitucional 4.2.1. En auto de abril 8 de 2013, el Magistrado Sustanciador dispuso oficiar a la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas y al Batallón de Infantería de Aerotransportado No. 19 Gr. Joaquín París del Ejército Nacional, para que remitieran copia de la respuesta a la petición presentada por la señora Leonor Pérez González, en relación con la desincorporación de su hijo Luis Eduardo Muñoz Pérez y, adicionalmente, para que informaran la situación militar de éste, en especial, si se encontraba prestando servicio militar obligatorio o, en caso contrario, las razones de su desacuartelamiento. 4.2.1.1. El 16 de abril de 2013, se recibió respuesta de la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas, a través de la cual el Director de esta dependencia reiteró que la competencia para decidir sobre la desincorporación del señor Muñoz Pérez le corresponde al Batallón de Infantería de Aerotransportado No. 19 Gr. Joaquín París, motivo por el que puso en conocimiento de dicho Batallón la decisión proferida en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia, en la que se amparó el derecho fundamental de petición de la accionante.

Por otro lado, afirmó que el señor Muñoz Pérez sigue prestando servicio militar obligatorio en el Batallón de Infantería de Aerotransportado No. 19 Gr. Joaquín París, en donde, por su destacado desempeño y buen comportamiento, se encuentra incorporado en calidad de Dragoneante. 4.2.1.1. Después de vencido el término probatorio se recibió respuesta por parte del Batallón de Infantería de Aerotransportado No. 19 Gr. Joaquín París, en la que informa que el señor Muñoz Pérez se encuentra prestando servicio militar en dicha unidad como Dragoneante de la Compañía de Instrucción y que no existe ninguna solicitud de desacuartelamiento. 4.2.2. En el mismo auto de abril 8 de 2013, se dispuso oficiar a la accionante para que informara: (i) si su hijo Luis Eduardo Muñoz Pérez se encuentra actualmente prestando servicio militar obligatorio y (ii) por qué razón está imposibilitado para interponer directamente la acción de tutela. También se pidió remitir a esta Sala de Revisión: (i) copia de la solicitud de desincorporación dirigida al Batallón de Infantería de Aerotransportado No. 19 Gr. Joaquín París y (ii) copia del registro civil de nacimiento. El 22 de abril de 2013, la accionante dio respuesta a los citados requerimientos, en el sentido de manifestar que su hijo continúa prestando servicio militar obligatorio en el municipio de Calamar. Adicionalmente, señala que su hijo no pudo presentar directamente la acción de tutela, por cuanto mientras estuvo en Bogotá, no se le permitió tener comunicación con

él. Por último, resaltó que el fallo de segunda instancia protegió su derecho fundamental de petición, pese a que esa no fue su pretensión, pues, en sus propias palabras, “lo que estoy solicitando es que me regresen a mi hijo, para que siga viendo por mi y su hermana de 14 años y siga sus estudios porque es una persona muy responsable y muy buen estudiante”3. En todo caso, manifestó que no existe un escrito de solicitud de desincorporación, porque dicha solicitud se elevó verbalmente. 4.3. Problema jurídico 4.3.1. A partir de las circunstancias fácticas que dieron lugar al ejercicio de la acción de tutela, de las pruebas recaudadas y de las decisiones adoptadas en las respectivas instancias judiciales, esta Corporación debe, en primer lugar, determinar si existe legitimación por activa por parte de la señora Pérez González para obrar como agente oficioso de su hijo, una persona mayor de edad, que actualmente se encuentra prestando servicio militar obligatorio. En caso afirmativo, la Sala deberá establecer si se configura una vulneración de los derechos fundamentales a la educación y a la igualdad del señor Muñoz Pérez por parte del Ejército Nacional, al reclutarlo para prestar el servicio militar obligatorio, a pesar de estar cursando el décimo grado. 4.3.2. En segundo lugar, esta Corporación igualmente debe precisar, si se configura una vulneración del derecho a la subsistencia de la señora Pérez González, por el hecho de que el Ejército Nacional no haya procedido a la desincorporación de su hijo, del cual supuestamente depende para vivir. 3 Folio 44 del cuaderno 1.

4.3.3. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, por un lado, la Sala (i) hará una breve referencia a los requisitos para que una persona pueda actuar como agente oficioso y centrará su examen en la hipótesis referente a la prestación del servicio militar obligatorio. En caso de que sea procedente la agencia oficiosa, se examinará (ii) el alcance de esa obligación constitucional, para establecer concretamente si un colombiano mayor de edad que se encuentra cursando sus estudios de secundaria, puede ser reclutado o no por el Ejército Nacional. Adicionalmente, se procederá a examinar (iii) las condiciones bajo las cuales puede invocarse la protección del derecho al mínimo vital, en especial, cuando su salvaguarda depende del modelo de vida que se adopta por parte de otra persona. 4.4. De la agencia oficiosa frente a las personas que se encuentran prestando servicio militar obligatorio 4.4.1. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: “También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.” Conforme a esta disposición, la legitimación por activa para presentar una acción de tutela no sólo se predica de la persona que solicita directamente el amparo de sus derechos fundamentales, sino también de quien actúa como agente oficioso de una persona, cuando a ésta le es imposible promover su propia defensa, siempre que dicha circunstancia se manifieste en la solicitud. En numerosos pronunciamientos, esta Corporación ha establecido que son dos

los requisitos para que una persona pueda constituirse como agente oficioso: “La presentación de la solicitud de amparo a través de agente oficioso tiene lugar, en principio, cuando éste manifiesta actuar en tal sentido y cuando de los hechos y circunstancias que fundamentan la acción, se infiere que el titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados se encuentra en circunstancias físicas o mentales que le impiden actuar directamente.”4 4.4.2. En relación con el primer requisito, esto es, la manifestación expresa por parte del agente oficioso de actuar en tal calidad, se observa que su cumplimiento no se exige de forma estricta, comoquiera que se ha aceptado la legitimación del agente siempre que de los hechos y de las pretensiones se haga evidente que actúa como tal5. 4 Sentencia T-796 de 2009 M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 5 Sobre el particular se pueden revisar las Sentencias T-452-01 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-197 de 2003 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-652 de 2008 M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-275 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Por consiguiente, en criterio de la Corte, (i) si existe manifestación expresa del agente o (ii) si de los hechos se hace evidente que actúa como tal, el juez constitucional deberá analizar el cumplimiento del segundo requisito y determinar si, en el caso concreto, las circunstancias le impiden al titular de los derechos presuntamente vulnerados actuar por sí mismo. 4.4.3. Precisamente, la necesidad de acreditar la imposibilidad de actuar

directamente tiene justificación en el hecho de preservar la autonomía y voluntad de una persona mayor de 18 años, quien es titular de la capacidad legal o de ejercicio, por virtud de la cual se le reconoce su plena aptitud para acudir ante los jueces, en defensa de sus propios derechos, cuando éste considere que los mismos están siendo amenazados o vulnerados. Por esta razón, un agente oficioso sólo podrá actuar por otro cuando se pruebe una circunstancia física o mental que le impida al interesado interponer una acción de tutela directamente. Al respecto esta Corporación ha expresado que: “[E]l agente oficioso o el Defensor del Pueblo y sus delegados, sólo pueden actuar dentro de los precisos límites que la ley ha señalado a sus actuaciones; por lo tanto, no pueden de ninguna manera arrogarse la atribución de interponer acciones de tutela a su arbitrio, es decir, sin que esté justificado plenamente el supuesto fáctico que la norma exige para legitimar sus actuaciones, cual es, que el afectado en sus derechos fundamentales no pueda promover directamente su propia defensa, por hallarse en una situación de desamparo e indefensión, o que solicite la intervención de dicho defensor.”6 Adicionalmente, cabe precisar que, como regla general, la relación filial no le permite a un padre actuar a nombre de su hijo mayor de 18 años, pues es precisamente la mayoría de edad la que le pone fin a la figura de la representación. En efecto, en la Sentencia T-294 de 20007 se advirtió que: “En esta materia, el juez ha de ser absolutamente estricto, pues ampliar la posibilidad de representación de los padres a los hijos

mayores de edad, puede convertirse en la negación de su personalidad, de su libre albedrío, etc. Por medio de este amplificador de legitimidad, por llamarlo de alguna manera, basado en el lazo familiar o en el amor filial, podría llegar el padre a obtener por parte del juez de tutela órdenes contrarias a los derechos del hijo, y, específicamente su voluntad, desconociendo, principalmente, su autonomía. Por tanto, el exigir que el interesado sea quien directamente reclame por sus derechos no puede considerarse como un mero formalismo, pues lo 6 Sentencia T-493 de 1993 M.P. Antonio Barrera Carbonell 7 M.P. Alfredo Beltrán Sierra que está en juego, en estos casos, es la libertad de cada sujeto para autodeterminarse y disponer de sus derechos.” Con fundamento en lo anterior, la Sala procederá a examinar si el hecho de que una persona se encuentre prestando servicio militar obligatorio, constituye por sí solo una razón que justifique la imposibilidad de actuar directamente por vía de la acción de tutela. 4.4.4. El servicio militar obligatorio en Colombia implica una limitación de tiempo y de espacio al soldado que lo presta, de manera que, quien resulte apto para contribuir con este servicio al país, deberá permanecer acuartelado en un batallón de 12 a 24 meses, dependiendo de la modalidad de prestación. Sin embargo, el reglamento de las fuerzas militares prevé la posibilidad de que quienes estén reclutados puedan obtener permisos para ausentarse de los lugares de acuartelamiento. En efecto, el Decreto 85 de 1989 “por el cual se reforma el reglamento de régimen disciplinario para las fuerzas militares” define permiso como la

“autorización que se concede al personal de las fuerzas militares para no asistir al servicio, por un tiempo generalmente corto. Los permisos se otorgan como premio o cuando medien razones personales o familiares que lo justifiquen plenamente.” En lo que se refiere a los permisos por razones personales o familiares, el artículo 61 del citado decreto, establece que se podrán conceder por los Directores de Escuelas o Comandantes de Unidad Táctica hasta por quince días y por los Comandantes de Compañía hasta por ocho. Por su parte, los permisos otorgados como premio, se sujetan a la previa motivación que haga el superior con atribuciones disciplinarias, conforme se dispone en el artículo 44 de la Ley 836 de 20038. 4.4.5. Desde esta perspectiva, no cabe duda de que los soldados que se encuentran prestando servicio militar obligatorio pueden excepcionalmente salir de su lugar de acuartelamiento, cuando soliciten un permiso por razones personales o familiares o cuando éste les sea otorgado como estímulo por su buen comportamiento. A pesar de lo anterior, la Sala reconoce que el otorgamiento de dichos permisos es una facultad discrecional del superior y que, en ocasiones, el soldado puede estar prestando servicio militar obligatorio en lugares alejados que dificultan la posibilidad de salida y entrada del batallón. Sin embargo, las citadas circunstancias no implican que un soldado se encuentre incomunicado, puesto que el Decreto 2048 de 1993, por virtud del cual se reglamenta la prestación del citado servicio, establece que: “El ciudadano que esté prestando el servicio militar, tiene derecho al suministro de papel y sobres

8 Por la cual se expide el reglamento del Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares. para comunicarse con sus familiares. Para tal efecto, la Sección de Personal de cada Unidad tiene la obligación de relacionar y remitir la correspondencia de los soldados para que llegue oportunamente a su destino, con la franquicia establecida por la ley.”9 En consecuencia, se evidencia que el soldado acuartelado tiene derecho a enviar correspondencia y, por ende, a la posibilidad real y efectiva de comunicarse con el exterior, no sólo mediante permisos sino también por medio de cartas a sus familiares. 4.4.6. Esta Corporación, en reiterada jurisprudencia, ha determinado que no es posible derivar como consecuencia necesaria de la prestación del servicio militar, la imposibilidad del reclutado mayor de edad para actuar directamente por vía de acción de tutela, cuando considere vulnerados sus derechos fundamentales. Así, por ejemplo, en la Sentencia T-565 de 200310, se declaró la improcedencia del amparo que solicitaron los padres de un mayor de edad, que fue reclutado para prestar servicio militar obligatorio como auxiliar regular de la Policía Nacional en el municipio de Vélez (Santander). La solicitud de amparo versaba sobre el cambio en la modalidad en que su hijo debería prestar el servicio militar, comoquiera que se graduó mientras prestaba el citado servicio. En criterio de esta Corporación, en dicho caso, no se cumplieron los requisitos de la agencia oficiosa, de forma que, si era voluntad del reclutado solicitar la protección de sus derechos, él podía acud