CC - T389-2025

T-389-25REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Novena de Revisión

Bogotá, DC., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

La Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Natalia Ángel Cabo y los magistrados Juan Carlos Cortés González y Juan Jacobo Calderón Villegas (e), quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente:

Aclaración previa

En el presente asunto se hará referencia a información sensible respecto de los esquemas de protección asignados a las accionantes y el demandante. Como ello puede comprometer su seguridad, la Sala emitirá dos copias de este documento: uno con los nombres reales, que la Secretaría General remitirá a las partes y autoridades involucradas en cada caso; y otro en el que los nombres de los involucrados se reemplazarán por unos ficticios, para reservar su identidad[1].

Síntesis de la decisión

A la Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional le correspondió examinar las acciones de tutela promovidas por las señoras María, Sonia, Beatriz y el señor Juan contra la Unidad Nacional de Protección – UNP. Las accionantes y el demandante pertenecen a la población líder y defensora de derechos humanos y estimaron que la entidad accionada

SENTENCIA T-389 DE 2025

Referencia: expedientes AC T-10.972.404, T10.979.680, T-11.001.103 y T-11.027.359.

Asunto: acciones de tutela presentadas por María, Sonia, Beatriz y Juan contra la Unidad Nacional de

Protección.

Tema: debido proceso en la asignación de

10.979.680, T-11.001.103 y T-11.027.359.

Asunto: acciones de tutela presentadas por María, Sonia, Beatriz y Juan contra la Unidad Nacional de

Protección.

Tema: debido proceso en la asignación de esquemas de protección de líderes(as) sociales.

Magistrado ponente (e): Juan Jacobo Calderón Villegas. SENTENCIAvulneró sus derechos fundamentales porque redujo los esquemas de protección de los cuales son beneficiarios sin adelantar un análisis técnico, objetivo, suficiente y claro de sus niveles de riesgo. En su criterio, la UNP fundamentó sus decisiones en una indebida valoración de las amenazas que han recibido y de los contextos en que ejercen sus funciones de defensa de los derechos humanos.

La Corte determinó que las acciones de tutela eran procedentes y analizó si se había configurado la carencia actual de objeto en alguno de los asuntos objeto de revisión. Sostuvo que esto ocurrió únicamente en el expediente T10.979.680, en el cual se configuró un hecho superado porque la UNP adoptó medidas por lo menos equivalentes a las que conformaban el esquema de protección inicial de la accionante. Pese a ello, la Sala estimó que era necesario hacer uso de su facultad para emitir un pronunciamiento de fondo sobre ese caso.

Luego, esta Corporación concluyó que la UNP vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la vida, a la integridad personal y a la seguridad personal de las accionantes y el demandante. En concreto, se

argumentó que la entidad accionada (i) omitió realizar una valoración detallada del nivel de riesgo a partir de la matriz de calificación; (ii) dispuso la reducción injustificada de los esquemas de seguridad; y (iii) no aplicó un enfoque diferencial de género al valorar el riesgo de las accionantes.

Por tanto, la Sala adoptó los siguientes remedios judiciales. En el expediente T-10.979.680 revocó los fallos de instancia y, en su lugar, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado. Además, exhortó a la UNP para que, en lo sucesivo, en los procedimientos de reevaluación del nivel de riesgo de la señora Sonia asegure el cumplimiento pleno de los requisitos previstos en el Decreto 1066 de 2015 y las subreglas reiteradas en el fundamento 65 de esta providencia.

En relación con los expedientes T-10.972.404, T-11.001.103 y T-11.027.359, la Sala (i) revocó los fallos de instancia proferidos en los procesos de tutela y, en su lugar, concedió el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la vida, a la integridad personal y a la seguridad personal de las accionantes y el demandante; (ii) dejó sin efectos las resoluciones que redujeron los esquemas de protección; (iii) ordenó a la UNP que, en los cinco días siguientes a la notificación de esta providencia, restablezca el esquema de protección del que eran beneficiarios las accionantes y el demandante justo

antes de que se expidieran los actos administrativos que la Corte dejó sin efectos; y (iv) ordenó a la UNP que, en el término de los diez días siguientes a la notificación de esta sentencia, adelante todas las gestiones necesarias para iniciar el procedimiento de reevaluación del nivel de riesgo de las accionantes y el demandante, para lo cual deberá asegurar el cumplimiento pleno de los requisitos previstos en el Decreto 1066 de 2015 y las subreglas reiteradas en el fundamento 65 de esta providencia. Además, advirtió que la UNP contará con un término máximo de tres meses para expedir y notificar los actos administrativos correspondientes.Por otro lado, la Sala advirtió a la Fiscalía General de la Nación – FGN acerca de su deber de adoptar las medidas necesarias para impulsar las investigaciones que corresponda teniendo en cuenta las condiciones específicas de las accionantes y el demandante.

Finalmente, con base en la información suministrada por la Contraloría General de la República, la Corte advirtió que la UNP se enfrenta a graves problemáticas en materia presupuestal, lo que influye directamente en el cumplimiento de sus objetivos misionales y en la oportuna y efectiva asignación de esquemas de protección a quienes los requieren. Además, encontró que en los actos administrativos mediante los cuales la accionada resuelve las solicitudes de otorgamiento de medidas de protección, se incluye un numeral en el que advierte que la entrega de esas medidas queda sujeta a la disponibilidad de recursos.

En consecuencia, la Sala estimó necesario reiterar la orden proferida en el

numeral vigésimo séptimo de la Sentencia SU-546 de 2023, en el sentido de ordenar al Gobierno Nacional que inicie los trámites indispensables para disponer de la asignación presupuestal suficiente en favor de la UNP, a efectos de asegurar que la población líder y defensora de derechos humanos goce de la protección requerida en el marco de las actividades que están llamadas a desarrollar, con medidas de seguridad idóneas que protejan su vida e integridad física. Además, exhortó a la UNP para que, en lo sucesivo, en los actos administrativos mediante los cuales adopta o modifica esquemas de protección prescinda del numeral referido previamente.

I. ANTECEDENTES[2]

1. Expediente T-10.972.404

Hechos

1. El 27 de enero de 2025, la señora María presentó acción de tutela contra la Unidad Nacional de Protección – UNP por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, la igualdad y la seguridad personal . [3]

2. Afirmó que es lideresa social, defensora de derechos humanos y presidenta de la Junta de Acción Comunal – JAC de la ciudad uno, y que debido a sus actividades ha recibido múltiples amenazas, las cuales denunció ante la Fiscalía General de la Nación – FGN. Indicó que en el año 2023 la UNP, a través del Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo – CTAR, evaluó su situación

y determinó que se encontraba en un nivel de riesgo extraordinario, al que se le asignó el valor de 52.77%. Así, por sugerencia del Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas – CERREM, la UNP profirió la Resolución 002788 de 2023 , en la que otorgó a la accionante un esquema de protección consistente en una persona de protección, un chaleco blindado y un medio de comunicación, por una temporalidad de 12 meses. [4]Trámite procesal y respuesta de la entidad accionada

3. Transcurrido ese periodo, el CERREM evaluó nuevamente el nivel de riesgo de la accionante y lo validó como extraordinario, pero con un valor del 50.55%. Por eso, mediante la Resolución DGRP 011886 de 2024 , la UNP ajustó el esquema de protección en el sentido de ratificar un chaleco blindado y un medio de comunicación, y finalizar la persona de protección. Ese acto administrativo fue confirmado a través de la Resolución DGRP 000242 de

2025 . [5] [6]

4. La accionante sostuvo que la decisión de ajustar su esquema de protección “no incluyó un análisis técnico, claro y suficiente sobre el inminente riesgo que [padece], ni consideró el contexto de vulnerabilidad al que permanentemente [está] expuesta” , debido a la presencia de grupos armados al margen de la ley en la vereda en la que reside. Señaló que esta situación no solo pone en riesgo su vida, sino que también implica un obstáculo para que desarrolle en condiciones óptimas sus funciones de defensora de derechos humanos.

[7]

5. En consecuencia, como pretensiones de la acción de tutela solicitó ordenar a la UNP (i) mantener el esquema de protección consistente en un hombre de

defensora de derechos humanos. [7]

5. En consecuencia, como pretensiones de la acción de tutela solicitó ordenar a la UNP (i) mantener el esquema de protección consistente en un hombre de protección, un chaleco blindado y un medio de comunicación; (ii) realizar un nuevo estudio de su nivel de riesgo “bajo estándares técnicos y jurídicos, con enfoque diferencial y perspectiva de género, considerando la condición de vulnerabilidad extraordinaria en la que [se encuentra]” ; y (iii) reconocer y pagar el subsidio de transporte necesario para movilizarse junto con su escolta. Asimismo, solicitó una medida provisional consistente en suspender el cambio en su esquema de protección hasta que finalizara el proceso de tutela.

[8]

6. En auto del 28 de enero de 2025 , el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de la ciudad uno admitió la acción de tutela y negó la medida provisional debido a la ausencia de elementos de prueba que dieran cuenta de la necesidad y urgencia de mantener el esquema de protección asignado a la accionante a través de la Resolución 002788 de 2023.

[9]

7. La UNP, a través del jefe de la Oficina Asesora Jurídica , solicitó declarar improcedente la acción de tutela por inexistencia de vulneración de derechos fundamentales y por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad o, en su defecto, negar el amparo. Sostuvo que para ajustar el esquema de protección de la accionante aplicó el procedimiento establecido en el Decreto 1066 de 2015 y cumplió con las recomendaciones del

CERREM.

[10]

Sentencia objeto de revisión

[11]8. Mediante sentencia del 6 de febrero de 2025 , el Juzgado Noveno

en el Decreto 1066 de 2015 y cumplió con las recomendaciones del

CERREM.

[10]

Sentencia objeto de revisión

[11]8. Mediante sentencia del 6 de febrero de 2025 , el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de la ciudad uno negó el amparo. Argumentó que la decisión de ajustar el esquema de protección de la accionante se basó en el concepto emitido por el CERREM de Mujeres. Este tuvo en cuenta la disminución del nivel de riesgo de la accionante –que pasó del 52.77% al 50.55%–, el contexto sociopolítico de la región que ella frecuenta y que esta ejerce sus labores desde su residencia en la ciudad seis y no está inscrita en el Registro Único de Víctimas – RUV. [11]

2. Expediente T-10.979.680

Hechos

9. El 16 de noviembre de 2024, la señora Sonia presentó acción de tutela contra la UNP por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, la unidad familiar, la seguridad personal, la libertad, la paz, la tranquilidad, la libertad de locomoción, el debido proceso administrativo y el acceso a la administración de justicia . [12]

10. Afirmó que es víctima de desplazamiento forzado inscrita en el RUV, lideresa social, representante de víctimas y presidenta de la JAC de la ciudad dos. Aseguró que ha sido víctima de hostigamiento, amenazas y agresiones físicas y verbales, y que todos esos hechos fueron denunciados ante la FGN.

11. Indicó que desde hace varios años[13] es beneficiaria de un esquema de protección otorgado por la UNP. Así, por ejemplo, mediante la Resolución

físicas y verbales, y que todos esos hechos fueron denunciados ante la FGN.

11. Indicó que desde hace varios años[13] es beneficiaria de un esquema de protección otorgado por la UNP. Así, por ejemplo, mediante la Resolución 005917 de 2023 , la entidad determinó que se encontraba ante un nivel de riesgo extraordinario y ajustó el esquema de protección que se le había asignado previamente, en el sentido de finalizar un vehículo blindado y una persona de protección, implementar un vehículo convencional y ratificar

[14] dos personas de protección, un medio de comunicación, un chaleco blindado y un botón de apoyo.

12. En el 2024 el CERREM de Mujeres reevaluó el nivel de riesgo de la accionante y ratificó que este era extraordinario. Por tanto, en la Resolución DGRP 009698 de 2024 ajustó su esquema de protección, en el sentido de finalizar un vehículo convencional, una persona de protección y un botón de apoyo y ratificar una persona de protección, un medio de comunicación y un chaleco blindado. La accionante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra el acto administrativo mencionado . Sin embargo, a través de la Resolución 011829 de 2024, la UNP negó el recurso de reposición y declaró improcedente el de apelación . Entre otros, afirmó que el nivel de riesgo de la accionante había disminuido, pues pasó del 52.77% al 51.66%.

[15] [16] [17]Trámite procesal y respuesta de la entidad accionada

13. En el escrito de tutela, la actora manifestó su inconformidad con el esquema de protección que le fue otorgado. Afirmó que el estudio de su nivel

[15] [16] [17]Trámite procesal y respuesta de la entidad accionada

13. En el escrito de tutela, la actora manifestó su inconformidad con el esquema de protección que le fue otorgado. Afirmó que el estudio de su nivel de riesgo no tuvo en cuenta todos los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional, pues se omitió “la existencia de investigaciones activas por nuevas amenazas reales”[18].

14. En consecuencia, como pretensiones de la acción de tutela solicitó ordenar a la UNP (i) declarar la nulidad de las resoluciones DGRP 009698 de 2024 y DGRP 011829 de 2024; (ii) “analizar de manera detallada y completa toda la documentación, soportes y pruebas sólidas, reales, legalmente obtenidas”[19] que aportó junto con el recurso de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución DGRP 009698 de 2024; y (iii) “activar [la] ruta, para la ubicación, recuperación o liberación de [su] hermano Miguel, de 36 años; quien esta desparecido desde el 12 de octubre del 2024”[20].

Asimismo, solicitó una medida provisional consistente en suspender la modificación de su esquema de protección hasta que finalizara el proceso de tutela.

15. En auto del 22 de noviembre de 2024 , el Juzgado Segundo Administrativo de la ciudad dos admitió la acción de tutela y negó la medida provisional. Sostuvo que no era evidente la existencia de un perjuicio

irremediable para la vida o seguridad personal de la accionante, quien al momento de presentar la tutela contaba con un esquema de protección que, en principio, no resultaba insuficiente ni fue adoptado de manera arbitraria. [21]

16. La UNP, a través del jefe de la Oficina Asesora Jurídica , solicitó declarar improcedente la acción de tutela por inexistencia de vulneración de derechos fundamentales y por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad o, en su defecto, negar el amparo. Afirmó que su decisión se fundamentó en un extenso estudio técnico, especializado y objetivo, y que en ese momento se estaba adelantando una reevaluación del nivel de riesgo de la accionante, mediante la Orden de Trabajo – OT 678002.

[22]

Sentencias objeto de revisión

17. Decisión de primera instancia. Mediante sentencia del 6 de diciembre de 2024 , el Juzgado Segundo Administrativo de la ciudad dos negó el amparo. Estimó que la decisión de ajustar el esquema de protección estuvo debidamente motivada y se basó en criterios técnicos y objetivos que evidenciaron una disminución del nivel de riesgo de la accionante. Agregó que la UNP analizó de manera integral las denuncias presentadas por la actora, su carácter de víctima de desplazamiento forzado, los riesgos inherentes a las labores que ejerce y la información suministrada por terceros y por entidades públicas, como la Defensoría del Pueblo, la FGN y la Policía

[23]Nacional. Finalmente, el juzgado sostuvo que el esquema de protección asignado a la accionante “se encuentra alineado con los principios de proporcionalidad y razonabilidad, al ofrecer una protección adecuada frente a las amenazas reales y verificables sin incurrir en excesos que comprometan recursos públicos” .[24]

18. Impugnación. La actora impugnó el fallo y enfatizó en los riesgos de ejercer como lideresa social en la zona rural del departamento dos. Sostuvo que la autoridad judicial omitió valorar las nuevas amenazas que ha recibido por parte del Estado Mayor Central de las FARC-EP, la desaparición de su hermano y las numerosas denuncias que ha presentado ante la FGN (a las cuales, agregó, no se les ha dado el trámite correspondiente). Además, informó que no había recibido los resultados de la OT 678002.

[25]

19. Decisión de segunda instancia. Mediante sentencia del 6 de febrero de

2025 , la Sala de Decisión Oral No. 2 del Tribunal Administrativo del departamento uno confirmó el fallo de primera instancia. Consideró que la UNP no vulneró los derechos fundamentales de la accionante, pues la entidad siguió el procedimiento establecido en el Decreto 1066 de 2015 y basó su decisión en criterios objetivos y en las recomendaciones del CERREM. En relación con la presunta desaparición del hermano de la actora, señaló que los hechos relacionados con terceras personas no podían tenerse en cuenta para el otorgamiento de esquemas de protección. [26]

3. Expediente T-11.001.103

Hechos

20. El 29 de enero de 2025, la señora Beatriz presentó acción de tutela contra la UNP por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la

[26]

3. Expediente T-11.001.103

Hechos

20. El 29 de enero de 2025, la señora Beatriz presentó acción de tutela contra la UNP por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, la seguridad personal, la igualdad y el debido proceso . [27]

21. Afirmó que reside en la ciudad tres, es lideresa socioambiental, activista juvenil e integrante del partido político Alianza Verde Colombia, y que debido a sus actividades ha recibido múltiples amenazas en su contra y de su hijo, las cuales denunció a la FGN. Indicó que la UNP determinó que se encontraba en un nivel de riesgo extraordinario, con un valor de 53.88%. Así, por recomendación del CERREM y mediante la Resolución 003808 de 2023 , la UNP ajustó el esquema de protección que se había asignado previamente , en el sentido de implementar un vehículo blindado y una persona de protección y ratificar una persona de protección, un chaleco blindado y un botón de apoyo, por una temporalidad inicial de 12 meses.

[28] [29]Trámite procesal y respuesta de las entidades accionadas y vinculadas

22. La accionante afirmó que continuó con ese mismo esquema de protección hasta que se le notificó la Resolución DGRP 011562 de 2024 , mediante la cual se finalizaron un vehículo blindado, dos personas de protección y un botón de apoyo, se ratificó un chaleco blindado y se implementó un medio de comunicación. Esto, pese a que la entidad confirmó

que el nivel de riesgo de la actora seguía siendo extraordinario, pero con un valor del 51.66%. Contra ese acto administrativo presentó recurso de reposición, pero la entidad accionada confirmó su decisión a través de la Resolución DGRP 000238 de 2025 . [30] [31]

23. En el escrito de tutela, la actora señaló que las denuncias que presentó ante la FGN siguen en trámite y que desde que se le notificó del cambio en el esquema de protección vive “con zozobra, incertidumbre y asustada, pues

[ejerce sus] funciones sociales, ambientales y políticas, pero también [cumple] funciones de madre soltera cabeza de hogar, estudiante de Administración Pública en la ESAP, agricultora y trabajadora”[32].

24. En consecuencia, como pretensiones de la acción de tutela solicitó ordenar a la UNP (i) dejar sin valor y efecto las resoluciones DGRP 011562 de 2024 y DGRP 000238 de 2025; y (ii) “emitir un nuevo pronunciamiento que se ajuste a la normatividad constitucional, legal estatutaria y reglamentaria vigente, efectuando la debida valoración y expidiendo actos fundamentados y racionales”[33]. Asimismo, solicitó una medida provisional consistente en que se “se mantenga el esquema de seguridad actual, hasta tanto no se realice una reevaluación sobre el ajuste de medidas de protección”[34].

25. En auto del 29 de enero de 2025 , el Juzgado Promiscuo del

Circuito de la ciudad tres admitió la acción de tutela, vinculó a la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos del departamento tres y a la FGN y negó la medida provisional solicitada. Al respecto, afirmó que acceder a dicha medida implicaba adelantar un análisis de fondo de la acción de tutela y no se dirigía a evitar la afectación inminente de un derecho fundamental. [35]

26. La UNP, a través del jefe de la Oficina Asesora Jurídica , solicitó declarar improcedente la acción de tutela por inexistencia de vulneración de derechos fundamentales y por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad o, en su defecto, negar el amparo. Informó que, según el CERREM, el valor porcentual del nivel de riesgo de la accionante había disminuido y, como no se habían presentado nuevas amenazas en su contra, el ajuste del esquema de protección se encontraba justificado. Al respecto, explicó que “hay diferentes niveles de intensidad del riesgo, por ello, no todas las personas que enfrentan un riesgo extraordinario van a tener la misma medida de protección, ya que las medidas a implementar dependen del

[36]resultado de aplicación del instrumento estándar y este determinó [en el caso de la accionante] un riesgo que es EXTRAORDINARIO pero en una escala mínima” .[37]

27. La Dirección Seccional de Fiscalías del departamento tres informó que la actora había presentado tres denuncias por la presunta comisión del delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, las cuales se encontraban en etapa de indagación. Además, aportó un oficio del 3 de febrero de 2025 mediante el cual la Fiscalía Primera Seccional de la Unidad de Vida de la ciudad siete solicitó a la UNP evaluar de

públicos, las cuales se encontraban en etapa de indagación. Además, aportó un oficio del 3 de febrero de 2025 mediante el cual la Fiscalía Primera Seccional de la Unidad de Vida de la ciudad siete solicitó a la UNP evaluar de manera urgente el nivel de riesgo de la accionante para definir si resultaba procedente adoptar medidas de seguridad en favor suyo y de su familia, e informó que impartió medida de protección policiva en favor de la actora. [38] [39]

Sentencias objeto de revisión

28. Decisión de primera instancia. Mediante sentencia del 5 de febrero de 2025 , el Juzgado Promiscuo del Circuito de la ciudad tres declaró improcedente la acción de tutela y desvinculó a la FGN y a la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos del departamento tres. Estimó que no se cumplía el requisito de subsidiariedad porque la actora podía solicitar directamente ante la UNP que realizara una nueva evaluación de su nivel de riesgo o presentar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Añadió que en este caso no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable porque la accionante contaba con un esquema de protección de la UNP y con medidas de protección policiva.

[40]

29. Impugnación. La actora impugnó el fallo . Argumentó que la acción de tutela era procedente porque el proceso ordinario ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo carecía de idoneidad y eficacia, en tanto no

brindaría una protección oportuna a sus derechos fundamentales. Señaló que, en todo caso, se encontraba ante la configuración de un perjuicio irremediable porque la insuficiencia de su esquema de protección facilitaba la materialización de las amenazas que recibió. [41]

30. Decisión de segunda instancia. Mediante sentencia del 19 de febrero de 2025 , la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior de la ciudad cuatro confirmó el fallo de primera instancia. Reiteró los argumentos de la decisión impugnada y agregó que la UNP no vulneró los derechos fundamentales de la accionante. Esto, porque los actos administrativos cuestionados se basaron

[42] en las recomendaciones del CERREM y en un estudio adecuado de sus circunstancias actuales, del cual se concluyó que “en la actualidad, no existe amenaza flagrante contra su vida ni la de su menor hijo, puesto que las noticias remitidas hacen parte de la realidad sociopolíticaque afecta el orden público del país, no específicamente el lugar de domicilio de la accionante” .[43]

4. Expediente T-11.027.359

Hechos

31. El 27 de diciembre de 2024, el señor Juan presentó acción de tutela contra la UNP por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, la libertad, la seguridad personal y el debido proceso . [44]

32. Afirmó que reside en la ciudad cinco, es líder social, defensor de derechos humanos y representante legal de la Asociación de Agricultores del

departamento uno, y que debido a sus actividades ha recibido múltiples amenazas y ha sido objeto de dos atentados, en uno de los cuales murieron tres de sus trabajadores. Esos hechos fueron denunciados ante la FGN e implicaron que la UNP le asignara un esquema de protección desde el año

2021. El actor destacó que, mediante la Resolución 007935 de 2022 , la entidad determinó que se encontraba en un nivel de riesgo extremo y le concedió un esquema de protección consistente en un vehículo convencional, un vehículo blindado, cuatro hombres de protección, un chaleco blindado y un medio de comunicación, extensivos a su núcleo familiar.

[45]

33. Indicó que en el año 2024 la UNP llevó a cabo una reevaluación de su nivel de riesgo por temporalidad y lo modificó de extremo a extraordinario.

En consecuencia, profirió la Resolución DGRP 010951 de 2024 , mediante la cual se acogieron las recomendaciones del CERREM y se ajustó el esquema de protección del accionante en el sentido de finalizar un vehículo convencional y dos personas de protección, y ratificar un vehículo blindado, dos personas de protección, un chaleco blindado y un medio de comunicación, extensivos a su núcleo familiar y por una temporalidad de 12 meses. El accionante presentó recurso de reposición contra ese acto administrativo, pero la UNP lo confirmó a través de la Resolución DGRP 012606 de 2024 . Entre otros, afirmó que el nivel de riesgo del actor había disminuido, pues pasó del 81.66% al 60.55%. [46] [47]

34. En el escrito de tutela, el actor destacó que ha sido víctima de dos atentados, por lo que su seguridad personal se encuentra en un grave riesgo.

pasó del 81.66% al 60.55%. [46] [47]

34. En el escrito de tutela, el actor destacó que ha sido víctima de dos atentados, por lo que su seguridad personal se encuentra en un grave riesgo.

Además, reprochó el argumento de la UNP, según el cual “el estancamiento en las investigaciones por parte de la Fiscalía permite concluir que los hechos no ocurrieron y lo utiliza erradamente para disminuir las medidas de protección” . [48]

35. En consecuencia, como pretensión de la acción de tutela solicitó ordenar a la UNP mantener las medidas de protección adoptadas en laTrámite procesal y respuesta de las entidades accionadas y vinculadas Resolución 007935 de 2022 hasta que finalice el estudio del nivel de riesgo que en ese momento se encontraba en curso. Asimismo, solicitó una medida provisional consistente en mantener el esquema de protección otorgado en la Resolución DGRP 010951 de 2024.

36. En auto del 30 de diciembre de 2024, el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de la ciudad cinco admitió la tutela y negó la medida provisional debido a que el actor no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que exigiera la intervención inmediata del juez constitucional. Además, vinculó al proceso a las siguientes entidades: Defensoría del Pueblo Regional del departamento uno, Personería Municipal de la ciudad cinco, Procuraduría General de la Nación, Dirección Seccional de Fiscalías del departamento uno,

CERREM, Ministerio del Interior, Viceministerio para las Políticas y Asuntos

Internacionales del Ministerio de Defensa, Consejo Presidencial para los Derechos Humanos, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV y Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional.

37. La UNP, a través del jefe de la Oficina Asesora Jurídica , informó que el ajuste del esquema de protección del accionante obedeció a la disminución de su nivel de riesgo, que pasó de extremo a extraordinario. Para adoptar esa decisión, el CERREM siguió el procedimiento previsto en el Decreto 1066 de 2015. En todo caso, destacó que la entidad estaba adelantando una reevaluación del nivel de riesgo del actor por hechos sobrevinientes.

[49]

38. La Fiscalía 11 Especializada de la ciudad ocho informó que el actor ha presentado 6 denuncias por la presunta comisión del delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. De esos casos, 4 permanecen activos en etapa de indagación, y en cada uno de ellos se ordenó a la Policía Nacional oficiar a la UNP para que reevalúe el esquema de protección del accionante a partir de los nuevos hechos denunciados.

[50]

39. La Fiscalía 14 Seccional de la ciudad cinco indicó que apoyó en la investigación de 5 denuncias presentadas por el actor por la pr