CC - T445-2013

Corte Constitucional

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Título: CC - T445-2013
Autor: Corte Constitucional
Categoría: Jurisprudencia
Área del derecho: Constitucional
Año: 2013

Sentencia T-445/13

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Consejo Seccional de la Judicatura es competente para conocer y tramitar acción de tutela contra la Corte Suprema de Justicia, según auto 004 de 2004 y 100 de 2008 DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA-Reiteración Autos 004/04 y 100/08 para que tutelas contra Salas de la Corte Suprema de Justicia sean revisadas por la Corte Constitucional Esta Corporación ha señalado que cuando un Tribunal se niega a conocer de fondo el recurso de amparo, el reclamo puede presentarse ante otra autoridad judicial. Para tales efectos, el Auto 004 de 2004 estableció la regla según la cual, cuando la Corte Suprema de Justicia se niegue a dar trámite y remitir a esta Corporación los fallos relacionados con las solicitudes de amparo presentadas contra sus propias decisiones, los accionantes, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, pueden acudir ante cualquier juez, bien sea unipersonal o colegiado, incluyendo una corporación de igual jerarquía a la Corte Suprema de Justicia, para reclamar la protección de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la actuación de una de las Salas de Casación, tal y como aconteció en los casos aquí estudiados. Resulta claro que el juez escogido por el accionante no podrá suscitar conflicto de competencia con la Corte Suprema de Justicia, toda vez que es la autoridad que ya con anterioridad ha resuelto no admitir su

trámite. Tampoco podrá negarse el amparo respectivo con fundamento en la temeridad o mala fe del accionante, por cuanto para estos casos, al no existir una decisión de fondo, la vulneración sobreviniente del derecho de acceso a la administración de justicia justifica la nueva interposición de la acción de tutela. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESRequisitos generales y especiales de procedibilidad ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES PARA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONALProcedencia excepcional Esta Corporación ha determinado que este recurso procederá como mecanismo principal en el evento en que el medio judicial previsto para este tipo de controversias no resulte idóneo ni eficaz para la solución del caso concreto. Así mismo, se ha establecido que el recurso de amparo procederá como mecanismo transitorio, a pesar de la existencia de un medio judicial ordinario idóneo y eficaz, cuando es necesaria para evitar un perjuicio irremediable, que en la mayoría de los casos consiste en la afectación del mínimo vital. Para tales efectos, el juez debe evaluar aspectos tales como la edad de la persona, si es una persona de la tercera edad, el estado de salud y 2 la situación socioeconómica del núcleo familiar. Otra hipótesis se presenta cuando la persona acudió a la jurisdicción laboral ordinaria y no tuvo éxito en su pretensión de obtener la “indexación de la primera mesada pensional” a pesar de tener derecho a ella, toda vez que ya no existe ningún otro mecanismo de defensa judicial distinto de la acción de tutela contra las

providencias judiciales expedidas por los jueces laborales ordinarios. DERECHO A MANTENER EL PODER ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES Y LA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADAReiteración de jurisprudencia Esta Corporación ha determinado que el derecho a mantener el poder adquisitivo de las mesadas pensionales “no se limita a la actualización de las mesadas pensionales una vez han sido reconocidas por la entidad competente, sino que también incluye la actualización del salario base para la liquidación de la primera mesada” que es lo que se ha denominado “indexación de la primera mesada pensional”. INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONALEvolución jurisprudencial y recuento normativo Se tiene que desde 1982, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, reconoció la procedencia de la indexación de la primera mesada pensional. Sin embargo, en el año 1999, se produjo un cambio en la jurisprudencia de dicha Corporación, considerado contrario a los postulados constitucionales según el cual las pensiones deben mantener su poder adquisitivo. INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Certeza del derecho de pensiones causadas antes de 1991 determina la contabilización del término de prescripción Mediante sentencia SU-1073 de 2012 la Corte resolvió las contradicciones creadas por las diferentes decisiones judiciales proferidas al respecto y determinó la obligatoriedad de la indexación de la primera mesada, aun de aquellas que fueron reconocidas con anterioridad a la entrada en vigencia del estatuto superior. En consecuencia, dispuso que la universalidad del derecho a la indexación de la primera mesada es predicable de todos los pensionados, por cuanto sufren por igual, las graves consecuencias de la pérdida del poder

adquisitivo de la moneda y, por tanto, deben recibir igual tratamiento. CERTEZA DEL DERECHO A LA INDEXACION COMO DETERMINANTE DEL TERMINO DE CONTABILIZACION DE LA PRESCRIPCION-Precedente fijado en sentencias SU.1073/12 y SU.131/13 Una vez verificada la existencia de un defecto sustantivo en las sentencias que negaban el derecho a la indexación de la primera mesada de las pensiones reconocidas antes de la Constitución de 1991, se ordenó directamente a cada una de las entidades la actualización inmediata de la prestación y se 3 reconoció el pago retroactivo de aquellas mesadas no prescritas, a partir de la fecha de expedición de la sentencia de unificación, por cuanto sólo desde ese momento resulta exigible el derecho a la indexación de las pensiones causadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Carta Política de 1991. INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONALContabilización del término de prescripción según sentencia SU.1073/12 INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Fórmula de cálculo establecida en sentencia SU.1073/12

DERECHO A LA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA

PENSIONAL EN SITUACIONES ANTERIORES A LA EXPEDICION DE LA CONSTITUCION DE 1991-Precedente fijado en sentencia SU.1073/12

Referencia: expedientes T-3.178.400 y acumulados.

Acción de tutela instaurada por Hugo Montoya Naranjo y otros, contra el Fondo Pasivo de Ferrocarriles y otros.

Magistrado Ponente:

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

Bogotá, D.C., once (11) de julio de dos mil trece (2013) La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio, quien la preside, Nilson Elías Pinilla Pinilla y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución Política, y en los artículos 33 y concordantes del Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente: SENTENCIA Dentro del proceso de revisión de los expedientes de tutela (i) T-3.178.400 – Hugo Montoya Naranjo, (ii) T-3.178.408 - Ciro Alfonso Castellanos Bohórquez, (iii) T-3.178.409- Óscar Luis Ramírez Yepes, (iv) T-3.188.022Erasmo Antonio Rúa Sánchez, (v) T-3.207.854 - Aura Lucía Santana Díaz, (vi) T-3.210.177 - José Ignacio Gutiérrez Rodríguez, (vii) T-3.230.272 - León César Tenorio Charria, (viii) T-3.230.277 – Gerardo de Jesús Antonio Rodríguez Delgado, (ix) T-3.231.639 – Jaime Ortiz Lozada, (x) T-3.231.640 – María Alcira Martínez Avendaño, (xi) T-3.233.658José Fernando Aguirre Salazar, (xii) T-3.235.259 – Eliécer Cardozo Osuna, (xiii) T-3.237.912Henry Andrés Guerra Padilla, y (xiv) T-3.242.251Myriam Sánchez.

4 Conforme a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, mediante auto del 12 de enero de 2012, eligió para efectos de su revisión los asuntos de la referencia y decidió acumularlos entre sí por presentar unidad de materia, para ser fallados en una misma sentencia. De acuerdo con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente.

1. ANTECEDENTES 2. 1.1. Consideraciones preliminares En el asunto bajo examen se observa que en todos los casos existe unidad de materia y sus pretensiones son similares; adicionalmente, los expedientes T3.178.400, T3.178.408, T3.178.409, T3.188.022, T3.210.177, T3.231.639, T3.231.640, T3.235.259, T3.237.912 y T3.242.251 que fueron interpuestos en escritos separados, presentan además, identidad en sus aspectos esenciales, tales como: i) el supuesto fáctico transgresor, ii) el material probatorio allegado, iii) la entidad demandada, iv) los derechos fundamentales invocados y v) la argumentación jurídica que soporta el escrito de la demanda. Así las cosas, con el fin de dar claridad expositiva y coherencia argumentativa esta Sala realizará un solo recuento en bloque sobre los asuntos de la referencia, diferenciando ulteriormente algunos elementos propios de

cada caso en particular. Por otra parte, al apreciarse una naturaleza diferente en cuanto a la situación fáctica, la entidad accionada y las garantías fundamentales alegadas dentro de las acciones de tutela radicadas como T3.207.854, T3.230.272, T3.230.277 y T3.233.658, esta corporación procederá a identificar individualmente cada uno de dichos asuntos. 1.2. Expedientes T3.178.400, T3.178.408, T3.178.409, T3.188.022, T3.210.177, T3.231.639, T3.231.640, T3.235.259, T3.237.912 y T3.242.251 1.2.1. Solicitud De acuerdo con lo expuesto en las solicitudes de amparo, los señores Hugo Montoya Naranjo, Ciro Alfonso Castellanos Bohórquez, Óscar Luis Ramírez Yepes, Erasmo Antonio Rúa Sánchez, José Ignacio Gutiérrez Rodríguez, Jaime Ortiz Losada, María Alcira Martínez Avendaño, Eliécer Cardozo Osuna, Henry Andrés Guerra Padilla y Myriam Sánchez de Franco, solicitan la protección de sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social y al pago completo de las mesadas pensionales. Lo anterior, por cuanto las entidades demandadas se han negado a indexar sus primeras mesadas pensionales bajo el argumento de que éstas fueron causadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Carta Política de 1991; por tal

razón, dicha obligación no se encontraba prevista en el ordenamiento jurídico. 5 En consecuencia, instan al juez de tutela a dejar sin efecto las sentencias proferidas en la jurisdicción ordinaria laboral y, por consiguiente, se ordene al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, entidad que administra las pensiones de los empleados de la liquidada Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, indexar su primera mesada pensional y efectuar los reajustes a que haya lugar. 1.2.2. Hechos relevantes 1.2.2.1. En los procesos objeto de análisis, los actores manifestaron, básicamente, que laboraron para la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero - Caja Agraria - por más de veinte (20) años. 1.2.2.2. Al cumplir con el requisito de edad establecido en su convención colectiva de trabajo, los actores acudieron ante su empleador para que les fuera reconocido su derecho pensional. No obstante, aunque dicha prestación fue adjudicada, ésta no reajustó el último salario percibido por ellos, al valor monetario presente al momento del reconocimiento de la jubilación. 1.2.2.3. Los accionantes acudieron ante la jurisdicción laboral ordinaria con el fin de que se les reconociera el derecho a la indexación de su primera mesada pensional; sin embargo, sus pretensiones fueron negadas argumentando que dicha obligación no estaba prevista en la ley. 1.2.2.4. En algunos casos, los demandantes afirman que tuvieron que acudir en dos ocasiones a la jurisdicción ordinaria laboral para que les fuera aplicado el

precedente jurisprudencial sentado por la Corte Constitucional en las sentencias SU-120 de 2003 y C-862 de 2006. Sin embargo, sus pretensiones fueron negadas por considerar que estas ya habían hecho tránsito a cosa juzgada. 1.2.2.5. Interpuesto el recurso de casación, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, profirió sus decisiones fundamentándose en la improcedencia de la actualización del salario base de liquidación de la primera mesada pensional, para aquellas prestaciones que habían sido causadas con anterioridad a la expedición de la Constitución de 1991. 1.2.2.6. Según lo alegan los peticionarios, la Corte Suprema de Justicia incurrió en varios defectos fácticos y sustantivos que hacen procedente la acción de tutela contra providencias judiciales, al desconocer los postulados y mandatos de la Carta Política, así como el precedente jurisprudencial. A continuación, se exponen las particularidades de cada caso: Expediente Demandant Extremo de Reconocimiento Decisiones de la e la relación Pensión de Jurisdicción laboral jubilación Ordinaria Laboral THugo Del 9 de julio 21 de abril de 1997 Primera instancia: 6 3.178.400 Montoya de 1970 al 15 (Resolución Núm. Juzgado 8° Laboral de Naranjo de noviembre 0264) Descongestión del de 1991. Circuito de Bogotá. Negó por excepción de cosa juzgada-junio 27 de 2008.

Segunda instancia: Sala Laboral del

Tribunal Superior de Bogotá. Confirmó –

febrero 27 de 2009.