CC - T565-2023

T-565-23TEMAS-SUBTEMAS

Sentencia T-565/23

ACCIÓN DE TUTELA-Improcedencia de tutela por inexistencia de vulneración de derecho a la salud por cuanto no existe un hecho generador de la presunta afectación

REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL -Sala Quinta de RevisiónSENTENCIA T-565 de 2023

Referencia: Expediente T-9.328.383.

Acción de tutela instaurada por Sara contra el Área de Sanidad de la Policía Nacional de ABC (departamento XYZ) y la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.

Magistrado ponente (E): Miguel Polo Rosero

Bogotá D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y los magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y Miguel Polo Rosero (E), quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:

SENTENCIA1. Nota previa: En observancia de la Circular Interna No. 10 de 2022 de la Corte Constitucional, sobre la anonimización de nombres en las providencias disponibles al público en la página web de esta Corporación, la Sala de Revisión dispuso que la presente sentencia fuera presentada en dos ejemplares. Una con el nombre real y la información completa de las personas involucradas en el caso objeto de examen, y otra con nombres ficticios. Esta medida se adopta con el

propósito de resguardar la privacidad y confidencialidad médica de la accionante, debido a que en el proceso se mencionan aspectos relativos a su condición de salud que figuran en la historia clínica.

I. ANTECEDENTES

2. La accionante, Sara, interpuso acción de tutela contra el Área de Sanidad de la Policía Nacional de ABC (departamento XYZ) y la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, con el argumento de que, desde su nacimiento en 1998, fue diagnosticada con ambigüedad sexual y sometida a una vaginoplastia para la reconstrucción de los genitales femeninos. Por razón de ese procedimiento, ha presentado molestias, dolor y problemas de salud relacionados con el diagnóstico de vellos gruesos en tercio inferior del introito vaginal, por lo que busca obtener tratamientos médicos urgentes, como la depilación láser para pelo soprano, los cuales, según afirma, la EPS ha negado. La demandante señala que su salud se deteriora día a día, en perjuicio de su bienestar emocional, por lo que solicita la protección de sus derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas.

A. HECHOS RELEVANTES[1]

3. La accionante señala que, desde su nacimiento, fue diagnosticada con ambigüedad sexual, hidronefrosis bilateral, seno urogenital e I.V.U., por lo cual fue sometida a una vaginoplastia e injertos de piel a los dos años y medio de edad, lo que implicó una reconstrucción de los genitales femeninos[2].

4. Relata que, en el año 2013, acudió a un control de seguimiento por ginecología, donde se le diagnosticó la presencia de vellos gruesos en el tercio inferior del introito vaginal, motivo por el que se le ordenó realizar una

4. Relata que, en el año 2013, acudió a un control de seguimiento por ginecología, donde se le diagnosticó la presencia de vellos gruesos en el tercio inferior del introito vaginal, motivo por el que se le ordenó realizar una colposcopia, la cual –por la estrechez vaginal– no pudo llevarse a cabo, lo que condujo a la recomendación de una vaginohisteroscopia.

5. Luego de realizada la vaginohisteroscopia, se encontró un cúmulo de vello en su vagina que causaba dolor. Fue remitida a cirugía plástica-ginecológica enBogotá, pero refirió que no se brindó una solución específica para la acumulación de vellosidades[3]. Aunado a ello, advirtió que dicha situación afecta su confianza con el cuerpo, lo que ha generado depresión, ansiedad y otros problemas de salud mental[4].

6. En el año 2022, la accionante fue atendida nuevamente por ginecología y dermatología por la persistencia de los vellos intravaginales y la estrechez vaginal, lo que continuó causándole dolor. Afirmó que su médico tratante indicó “depilación láser para pelo soprano y valoración por cirugía plástica”[5], además de control de dermatología y ginecología.

7. La accionante alega que ha solicitado estos servicios al Área de Sanidad de la Policía Nacional de ABC, Seccional departamento XYZ, pero no ha obtenido una respuesta favorable, por la supuesta falta de contratación para dichas especialidades. Como resultado de esta situación, refiere que su salud se sigue deteriorando, y que requiere urgentemente los tratamientos mencionados para llevar una vida en condiciones dignas.

8. En consecuencia, la demandante presentó acción de tutela buscando

especialidades. Como resultado de esta situación, refiere que su salud se sigue deteriorando, y que requiere urgentemente los tratamientos mencionados para llevar una vida en condiciones dignas.

8. En consecuencia, la demandante presentó acción de tutela buscando proteger sus derechos a la salud y a la vida digna. Con tal fin, le pide al juez constitucional que ordene a la EPS Sanidad de la Policía Nacional, Seccional departamento XYZ, que emita las órdenes de servicio para depilación láser, valoración por cirugía plástica, control dermatológico y ginecológico, así como otros tratamientos y procedimientos necesarios. Además, solicita la opción de recibir atención médica en otra parte del país, en caso de que la accionada no cuente con una red de prestadores para garantizar la prestación del servicio en la ciudad de ABC, incluyendo apoyo económico para pasajes y viáticos, debido a la precaria situación financiera de su familia.

B. OPOSICIÓN A LA DEMANDA DE TUTELA

9. A pesar de haber sido notificadas, según manifestación del juez de tutela de primera instancia, el Área de Sanidad de la Policía Nacional de ABC

(departamento XYZ) y la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional guardaron silencio.

C. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

10. El Juzgado 3 Penal del Circuito de ABC (departamento XYZ), en sentencia del 6 de febrero de 2023, declaró improcedente el amparo de los derechosfundamentales invocados. Al respecto, consideró que –con sujeción al acervo

probatorio allegado a la acción de tutela– no existe prueba que permita concluir que la señora Sara efectivamente hubiese radicado su solicitud ante el Área de Sanidad de la Policía Nacional, con el fin de que se le autorizara el procedimiento consistente en la depilación láser para pelo soprano y la valoración por cirugía plástica, y tampoco para el control de dermatología y ginecología. En este sentido, la accionante procedió directamente a instaurar la acción de tutela, sin haber agotado el camino previo, consistente en acudir a la autoridad competente para obtener un pronunciamiento respecto de lo solicitado. En este orden de ideas, no se advierte una vulneración que resulte imputable a la autoridad demandada.

D. IMPUGNACIÓN

11. La demandante impugnó la decisión de primera instancia, con el argumento de que cumplió con todos los requerimientos señalados a través de comunicaciones telefónicas y conversaciones por WhatsApp, en donde le fue informado que no había contratada ninguna entidad con capacidad para realizar los procedimientos y que no había disponibilidad en la agenda para citas.

Asimismo, se le manifestó que estaban en conversaciones internas para abordar su situación[6].

12. La accionante asegura que su historial médico respalda su petición y agrega que el silencio de las accionadas, tras notificarle la tutela, sugiere aceptación de sus pretensiones, por lo que pide que se reconsidere la decisión de instancia y se ordene la realización de los procedimientos médicos solicitados, incluyendo la depilación láser y las consultas médicas de seguimiento.

13. Durante el trámite de la impugnación, la accionante presentó los siguientes elementos de juicio: (i) capturas de pantalla de un chat de WhatsApp

incluyendo la depilación láser y las consultas médicas de seguimiento.

13. Durante el trámite de la impugnación, la accionante presentó los siguientes elementos de juicio: (i) capturas de pantalla de un chat de WhatsApp sostenido con el contacto “Piedad Sanidad”; (ii) unas cotizaciones emitidas por la IPS Es Laser LTDA, con fechas del 22 de noviembre de 2022 y 08 de febrero de 2023, dirigidas a la médico tratante Adriana. En ellas se detalla el costo del tratamiento de depilación láser para la paciente Sara; y (iii) un formato de solicitud y justificación del Comité Técnico Científico de Procedimientos, Insumos, Dispositivos u otros Servicios Médicos, que no se encuentran incluidos en el plan de servicios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la

Policía Nacional - SSMP.

E. DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIAEntidad prestadora Tipo de documento y fecha de la prestación Diagnóstico y tratamiento Hospital Central Epicrisis de fecha 17 de abril de 1998

Dx[7]: Ambigüedad sexual y otros.

Tratamiento: recién nacido remitido al HOCEN para estudio de malformación sexual.

Liga Contra el Cáncer Seccional Departamento XYZ Examen diagnóstico, histeroscopia de fecha 16 de agosto de 2013

Antecedentes: neovagina por ambigüedad sexual al nacimiento.

Dx: Folículos pilosos en tercio inferior de vagina. Clínica Santa María S.A.S.

Evolución de fecha 13 de noviembre de 2014

Antecedentes: neovagina, ambigüedad sexual al nacimiento.

Dx: vellosidades en tercio inferior de vagina.

Tratamiento: remisión a ginecología.

Clínica Santa María S.A.S. Concepto médico ginecología reconstructiva, de fecha 25 de febrero de 2016

Antecedentes: vaginoplastia a la edad de 2 años, presencia de vellos en introito vaginal desde hace 3 años.

Examen físico: vello abundante en introito vaginal, neovagina corta de

2 cm.

Tratamiento: no se cuenta con la especialidad

14. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de ABC, en sentencia del 03 de marzo de 2023, argumentó que la actora no presentó pruebas que confirmaran la presentación de la solicitud de autorización de tratamiento ante la entidad demandada, a pesar de sostener conversaciones con una funcionaria. Por ende, se decidió confirmar el fallo de primera instancia, declarando que la acción de tutela carece de sustento, por la falta de acreditación de la solicitud realizada.

F. RESEÑA CRONOLÓGICA DE LA HISTORIA CLÍNICAnecesaria, usuaria pendiente por junta médica para remisión a cirugía plástica.

Clínica Santa María S.A.S. Historia clínica de fecha 10 de mayo de 2022

Antecedentes: Malformación sexual, vaginoplastia.

Examen físico: vello abundante en introito

vaginal y cavidad interna de neovagina, que es corta, aprox. 2 cm.

Análisis: solución a salida de vellos en introito, no es quirúrgica.

Tratamiento: remisión a dermatología o medicina estética, para valorar posibilidad de depilación láser. Se da alta por cirugía.

Clínica Santa María S.A.S.

Historia clínica de fecha 26 de mayo de 2022

Examen físico: vellosidad en introito vaginal.

Dx: Hipertricosis no especificada. Tratamiento: Sugiere depilación láser para pelo soprano, cita con dermatólogo que tenga disponible depilación láser. Adrianadermatóloga Recomendación de fecha 24 de agosto de 2022

Antecedente: ambigüedad sexual, vellos en cavidad vaginal.

Tratamiento: se sugiere depilación láser.

Dirección de Sanidad Orden de control del 22 de agosto de 2022

Acción de salud: Consulta de control por especialista en dermatología.

U.T. Semillas de Esperanza CSM San Roque EpicrisisHospitalización Antecedente: trastorno depresivo recurrente, con síntomas psicóticos, trastornos de pánico desde hace ocho meses.Tratamiento: internación por 25 días Es Laser LTDA Cotización para depilación láser del 08 de febrero de 2023

Dirigida a: Adriana.

Objeto: Cotización para depilación láser a paciente

Sara.

Precio por sesión: $

230.000.

Sesiones: 8.

Precio total: $ 1.840.000.

Adriana, Dermatóloga - Policía Nacional - Dirección de Sanidad. Formato de solicitud y justificación del Comité Técnico Científico de Procedimientos, Insumos, Dispositivos u otros Servicios Médicos, que no se encuentran incluidos en el plan de servicios del SSMP. (documento sin fecha) Dx: Hipertricosis no especificada. Datos del procedimiento solicitado fuera del plan de beneficios de salud del SSMP: Depilación láser área genital.

Cantidad: 8.

Tiempo de tratamiento: 8 meses.

Costo: $ 1.840.000.

Descripción del procedimiento: paciente de 24 años de edad, antecedentes de vello púbico en cavidad vaginal que está afectando su estabilidad emocional y relación personal afectiva. Se recomienda depilación láser.

Justificación técnicocientífica: no existen otras alternativas terapéuticas y ayudaría a mejorar su autoestima que está muy afectada, al igual que sus relaciones afectivas.

Alternativas del plan de beneficios empleadas antes de realizar elrequerimiento: no hay alternativas.

Médico solicitante: Adriana.

Entidad en la que labora: Policía Nacional.

Concepto de junta de pares: sin diligenciar.

Aprobado por Comité Técnico Científico: sin diligenciar.

Firmas del comité: sin diligenciar.

II. CONSIDERACIONES

A. COMPETENCIA

15. Esta Sala de Revisión es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241

diligenciar.

II. CONSIDERACIONES

A. COMPETENCIA

15. Esta Sala de Revisión es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991; así como en virtud del auto del 28 de abril de 2023 proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Cuatro de esta Corte, que decidió someter a revisión la decisión adoptada por los jueces de instancia[8].

B. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

16. Legitimación en la causa por activa: De acuerdo con el artículo 86 del texto superior y el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[9], cualquier persona es titular de la acción de tutela cuando sus derechos fundamentales resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o, excepcionalmente, de un particular, en los casos establecidos en la Constitución y la ley.

17. En el asunto bajo examen, se advierte que en la acción de amparo se acredita la legitimación en la causa por activa por parte de la señora Sara, pues se constata que actúa en nombre propio, a fin de lograr la protección de sus derechos fundamentales a la salud y a la vida digna.18. Legitimación en la causa por pasiva: La solicitud de amparo se dirigió inicialmente en contra del Área de Sanidad de la Policía Nacional de ABC y la

Dirección de Sanidad de la Policía Nacional que, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1795 de 2000, prestan el servicio público esencial en salud a sus afiliados y beneficiarios[10]. Al momento de ser presentada la acción de tutela, la demandante estaba afiliada como beneficiaria en dichas entidades. Por tal motivo, les atribuyó la vulneración de los derechos fundamentales referidos. En este sentido, esta Sala de Revisión considera que se satisface en su contra la legitimación en la causa por pasiva, por cuanto, de acreditarse la violación alegada, eran las entidades que estaban obligada a garantizar el derecho fundamental a la salud de la actora. Así las cosas, en su caso, la habilitación para comparecer a este trámite constitucional se da tanto por (i) su calidad de autoridad pública como (ii) por la naturaleza del servicio prestado[11].

19. Ahora bien, durante el trámite de revisión ante la Corte Constitucional, en una primera búsqueda realizada el 15 de junio de 2023 en el aplicativo ADRES, con el número de cédula de la accionante, se pudo evidenciar que ella no hacía parte de la Base de Datos Única de Afiliados –BDUA–, que contiene la información de los afiliados a los regímenes contributivo y subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, lo cual resultaba coincidente con su afiliación como beneficiaria del régimen de excepción del SSMP.

20. Sin embargo, en una nueva búsqueda realizada el 4 de agosto de 2023, en el mismo aplicativo ADRES, se halló que la accionante se encuentra afiliada a la

EPS MUTUAL SER, en el régimen subsidiado como cabeza de familia. A pesar de que dicha EPS es la nueva entidad prestadora de salud de la accionante, no se ha demostrado ninguna conducta vulneradora de su parte, por lo que no se considera necesario ordenar su extraordinaria vinculación en sede de revisión[12].

21. En este sentido, se preserva únicamente la legitimación en la causa por pasiva respecto del Área de Sanidad de la Policía Nacional de ABC y la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, en tanto que, según jurisprudencia reiterada de este tribunal, una entidad prestadora de servicios de salud no puede interrumpir los tratamientos o servicios proporcionados a una persona que pierde la calidad de beneficiario[13]. Ello se debe a que, conforme con el principio de continuidad en salud, la persona tiene el derecho a que se le brinde el servicio y el tratamiento hasta que se asegure que la atención pase a ser responsabilidad de otra entidad.

Esto implica que aquella EPS que prestó un servició de diagnóstico, tratamiento yrehabilitación debe orientar y acompañar al usuario de los servicios de salud, hasta tanto se cumpla con la coordinación necesaria para que la nueva entidad asuma prospectivamente la continuación del tratamiento[14].

22. Inmediatez: Este tribunal ha expuesto que el propósito de la acción de tutela es asegurar la protección inmediata de los derechos fundamentales, como se infiere de lo previsto en el artículo 86 del texto superior. Esto significa que este instrumento judicial, por querer del Constituyente, corresponde a un medio de defensa previsto para dar una respuesta oportuna, en aras de garantizar la

efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza, lo que se traduce en la obligación de procurar su ejercicio dentro de un plazo razonable, pues de lo contrario no se estaría ante el presupuesto material para considerarlo afectado[15].

23. Si bien la Constitución y la ley no establecen un término de caducidad, en la medida en que lo pretendido con el amparo es la protección concreta y actual de los derechos fundamentales, la jurisprudencia ha señalado que le corresponde al juez de tutela –en cada caso en concreto– verificar si el plazo fue razonable. Para tal efecto, deben considerarse las circunstancias personales del actor, su diligencia, sus posibilidades reales de defensa y el surgimiento de derechos de terceros[16]. Este cálculo se realiza entre el momento en que se genera la actuación que causa la vulneración o amenaza del derecho y aquél en la que el presunto afectado acude al amparo para solicitar su protección.

24. Conforme con lo anterior, en el presente asunto, se observa que la accionante no cuenta con una orden médica o autorización, debido a que el tratamiento “depilación láser de pelo soprano” se encuentra excluido del Plan de Servicios del SSMP, por lo que no hay evidencia de que la parte accionada hubiese negado explícitamente el tratamiento solicitado por la accionante. En este mismo sentido, se constata el diligenciamiento del “Formato de Solicitud y Justificación del Comité Técnico Científico de Procedimientos, Insumos, Dispositivos u Otros Servicios Médicos, que no se encuentran incluidos en el

Plan de Servicios del SSMP” (documento sin fecha). El citado formato muestra, de igual manera, que la entidad accionada estaba en proceso de evaluar la solicitud médica de la accionante, lo cual contradice cualquier afirmación de una negativa explícita por parte de la entidad demandada.

25. Ahora bien, y pese a lo anterior, en el expediente se cuenta con distintas recomendaciones por parte de dos dermatólogos, siendo la última la de la profesional Adriana, dermatóloga de Sanidad de la Policía Nacional, quienexpidió recomendación de fecha 24 de agosto de 2022, en la que se sugiere la práctica del procedimiento que la demandante busca a través de la acción tutela, esta última presentada el 24 de enero de 2023. Así las cosas, entre estos dos momentos transcurrieron aproximadamente cinco meses, plazo que se considera prudente y razonable, cumpliendo así con el requisito de inmediatez establecido.

26. Subsidiariedad: El artículo 86 de la Constitución Política de 1991 establece que la acción de tutela sólo procede cuando el afectado carece de otra acción judicial para la realización de sus pretensiones, a menos que se utilice como medida transitoria para evitar un perjuicio irremediable. Además, se ha aceptado que el amparo constitucional es viable cuando, aun existiendo otros recursos judiciales en el ordenamiento jurídico, éstos resultan ineficaces o inidóneos para evitar o precaver la violación de un derecho constitucional fundamental.

27. Además, en la sentencia T-130 de 2014, la Corte explicó que el propósito

de la acción de tutela es la protección efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, de acuerdo con lo establecido en la Constitución. De ahí que, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, cuando no existe una actuación u omisión del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneración de las garantías fundamentales en cuestión.

28. Respecto de lo anterior, este tribunal indicó que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipotéticas, y que, por lo tanto, no se haya concretado una acción lesiva de los derechos en el mundo material y jurídico, ello resultaría violatorio del derecho al debido proceso de los sujetos pasivos de la acción, atentaría contra el principio de la seguridad jurídica y, en ciertos eventos, podría constituir un indebido ejercicio de la acción de tutela. Esto es así, porque se omitirían los trámites y procedimientos que se señalan en el ordenamiento jurídico para la obtención o satisfacción de determinadas pretensiones, para acudir, erróneamente, al mecanismo del amparo constitucional, sin que exista un supuesto fáctico o material que permita endilgar una violación. Por consiguiente, cuando el juez constitucional no encuentra ninguna conducta atribuible al accionado, respecto de la cual se pueda determinar la presunta amenaza o

violación de un derecho fundamental, debe declarar la improcedencia de la acción de tutela, pues no es posible recurrir a este mecanismo de defensa judicial, sin antes agotar las vías ordinarias de reclamación de los derechos, como se deriva del requisito de subsidiariedad del amparo constitucional.29. En esta oportunidad, la Sala Quinta de Revisión tiene a su cargo el análisis del expediente de la acción de tutela presentada por la señora Sara contra el Área de Sanidad de la Policía Nacional en ABC (departamento XYZ), y la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. La controversia se centra en la presunta violación de los derechos a la salud y a la vida en condiciones dignas, alegados por la accionante, quien argumenta la necesidad de acceder a los tratamientos médicos de “depilación láser”, “valoración por cirugía plástica” y citas de control por ginecología y dermatología.

30. En este sentido, y siguiendo lo expuesto en la citada sentencia T-130 de 2014, se procederá a examinar detenidamente el caso en cuestión. Para ello, en primer lugar, se llevará a cabo una revisión minuciosa de los hechos que han sido debidamente acreditados. A continuación, se determinará si el Área de Sanidad de la Policía Nacional de ABC (departamento XYZ) y la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional pueden entenderse como comprometidos en la supuesta transgresión de los derechos fundamentales que la solicitante ha invocado, esto es, se determinará si existe una conducta que pueda considerarse efectivamente lesiva de los derechos que fueron enunciados. 31. Hechos debidamente acreditados. Así las cosas, en relación con el presente asunto, se han verificado los siguientes acontecimientos:

32. Para el momento de la interposición de la acción de tutela, la accionante

lesiva de los derechos que fueron enunciados. 31. Hechos debidamente acreditados. Así las cosas, en relación con el presente asunto, se han verificado los siguientes acontecimientos:

32. Para el momento de la interposición de la acción de tutela, la accionante estaba afiliada al régimen de excepción del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (SSMP), en calidad de beneficiaria de su madre, desde el día de su nacimiento el 10 de abril de 1998, hasta el momento en que cumplió los 25 años. Actualmente, la Base de Datos Única de Afiliados indica que la actora está afiliada al régimen subsidiado de salud a través de la

entidad MUTUAL SER EPS.

33. La historia clínica aportada demuestra que, desde los dos (2) años, fue intervenida quirúrgicamente para la reconstrucción de su área genital femenina[17]. A raíz de este procedimiento, en el año 2013[18], a sus 15 años, fue diagnosticada con estrechez vaginal y vellos al interior de la cavidad vaginal, motivo por el cual fue remitida con la especialidad de cirugía plástica ginecológica.

34. En el año 2016 fue valorada por un especialista en cirugía plástica y reconstructiva, quien advirtió que la accionante fue sometida a Junta Médica para la realización de cirugía plástica ginecológica, por lo cual sería remitida al IVnivel para valoración, dado que no contaban con la especialidad en la institución[19].

35. El 18 de febrero de 2016, la Dra. Mariana, profesional del área de cirugía plástica y reconstructiva del citado SSMP, determinó como tratamiento, la realización de cirugía plástica reconstructiva, colgajo fascio y miocutaneo de

35. El 18 de febrero de 2016, la Dra. Mariana, profesional del área de cirugía plástica y reconstructiva del citado SSMP, determinó como tratamiento, la realización de cirugía plástica reconstructiva, colgajo fascio y miocutaneo de introito vaginal, siendo remitida a anestesia general[20].

36. El 10 de mayo de 2022 fue valorada nuevamente por la profesional Mariana, quien advirtió que la solución a la salida de vellos en el introito vaginal no era quirúrgica sino dermatológica, remitiéndola con un especialista en dermatología o medicina estética, para valorar la posibilidad de realización de depilación láser y dando el alta por cirugía plástica[21].

37. El 26 de mayo de 2022 fue atendida por una profesional en dermatología, la doctora Juliana, quien le diagnosticó hipertricosis no especificada, y sugirió plan para la realización de depilación láser para pelo soprano, en región genital, introito vaginal[22].

38. Posteriormente, la dermatóloga adscrita a la Policía Nacional, Adriana, en atención del 24 de agosto de 2022, se refirió a la depilación láser para la paciente Sara, indicando que, ante su cuadro médico, “se solicita depilación láser” [23].

39. Posteriormente, a esta misma profesional, se dirigió una cotización realizada los días 22 de noviembre de 2022[24] y 08 de febrero de 2023[25], en favor de la paciente Sara, para el procedimiento “depilación general en área genital en una intervalo de 8 sesiones por valor de $1.840.000”.

40. Luego, la dermatóloga Adriana diligenció un formato de solicitud y

favor de la paciente Sara, para el procedimiento “depilación general en área genital en una intervalo de 8 sesiones por valor de $1.840.000”.

40. Luego, la dermatóloga Adriana diligenció un formato de solicitud y justificación ante el Comité Técnico Científico de Procedimientos, Insumos, Dispositivos u otros Servicios Médicos que no se encuentran incluidos en el plan de servicios del SSMP, en calidad de profesional de la salud adscrito al Área de Sanidad de la Policía Nacional[26], advirtiendo de la inexistencia de alternativas en el plan de servicios de sanidad militar, para tratar la patología de la accionante.

41. Por lo demás, se aportaron capturas de pantalla de conversaciones sostenidas por WhatsApp, con el contacto “Piedad Sanidad”. Estascomunicaciones, que van desde noviembre de 2022 hasta enero de 2023, reflejan los persistentes intentos de la parte accionante por concertar una cita en nombre de “Sara” (presumiblemente la accionante). En respuesta, el contacto mencionado informa sobre la falta de disponibilidad de agenda y sugiere contactar a un "Teniente"[27]. No obstante, la Sala no encuentra en esta información una descripción precisa del procedimiento médico requerido, ni órdenes médicas pendientes por realizar para tal propósito.

42. Sobre la existencia o no de una conducta lesiva de los derechos invocados por la accionante. Basándose en el acervo probatorio presentado durante el proceso de tutela, se constata que la accionante no tenía programadas

citas médicas de control pendientes en las disciplinas de cirugía plástica y dermatología. En efecto, desde el 10 de mayo de 2022, se registró su alta médica en el ámbito de la cirugía plástica, debido a que el especialista consideró que dicho tratamiento no era la opción apropiada para su situación.

43. La accionante manifiesta haber notificado a la entidad accionada, a través de una funcionaria, vía telefónica y por WhatsApp, sobre la necesidad de recibir un procedimiento médico (depilación láser) prescrito por su médico tratante. Sin embargo, del análisis del expediente se evidencia que no existe prueba siquiera sumaria que demuestre que la accionante radicó formalmente la solicitud de autorización para dicho procedimiento ante las entidades accionadas, ya que no se evidencia en ellas una petición expresa de autorización para el procedimiento médico. Las conversaciones se limitan a preguntar sobre la fecha de una cita, sin especificar el procedimiento requerido, y se brindan respuestas generales sobre la falta de contratación y disponibilidad de agenda.

44. Es importante resaltar q