CC - T590-2006

Sentencia T-590/06

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES

POR VIA DE HECHO-Procedencia excepcional ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR VIA DE HECHO-Defectos VIA DE HECHO-Defecto fáctico en decisión judicial

VIA DE HECHO POR DEFECTO FACTICO-Configuración

VIA DE HECHO POR DEFECTO FACTICO-Clases PRINCIPIO DE CONGRUENCIA-Inobservancia conlleva a vulneración del derecho al debido proceso VIA DE HECHO Y PRINCIPIO DE CONGRUENCIA-Vulneración DEBIDO PROCESO-Vulneración por incongruencia entre petitum y fallo cuestionado

Referencia: expediente T-1290968

Acción de tutela interpuesta por Ligia Gómez Gómez contra el Juzgado Veinte Civil Municipal de Medellín.

Magistrado Ponente:

Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA

Bogotá D.C., Veintisiete (27) de julio de dos mil seis (2.006). La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados JAIME ARAÚJO RENTERÍA, LIGIA GALVIS ORTIZ, en su calidad de Conjuez y NILSON PINILLA PINILLA, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA que pone fin al trámite de revisión de las sentencias proferidas por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín de Diciembre 13 de 2.005 y el Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Medellín, dentro de la ACCION DE TUTELA seguida por la señora Ligia Gómez Gómez contra el Juzgado Veinte

Civil Municipal de Medellin, con citación oficiosa de los herederos indeterminados de Camilo Puerta Valencia y sus herederos determinados Patricia Pasos Sepúlveda y Teresa Valencia Vargas; todos, en su calidad de demandados en el Proceso de Restitución de Inmueble cuestionado con la presente acción.

I. LOS ANTECEDENTES.

Funda la parte actora, el petitum de su escrito tutelar en los hechos que a continuación se sintetizan:

1. Los hechos.

Señala la parte actora que en el Juzgado Veinte Civil Municipal de Medellín, cursó Proceso de Restitución de Inmueble Arrendado sobre el bien ubicado en la Carrera 50C No 79-26 Local Comercial No 100, contiguo al parqueadero el “Cafetero”, esgrimiendo como causal la mora en el pago de los cánones de arrendamiento, juicio aquél que fue iniciado por la ahora accionante contra los herederos indeterminados de Camilo Puerta y sus herederos determinados, Patricia Pasos Sepúlveda, cónyuge y Teresa Valencia Vargas, madre. Informa que la señora Patricia Pasos Sepúlveda, hizo uso del derecho de retención por razón de mejoras que afirma se realizaron en el inmueble, las cuales fueron avaluadas según dictamen pericial así: Mejoras del parqueadero, habitación y cuarto útil: $15.000.000.oo; Mejoras vivienda de los trabajadores: $6.700.000.oo; Apartamento ubicado en el segundo piso: $11.000.000.oo. Indica que el auxiliar de la justicia designado para la realización del experticio, alude a tres clases de mejoras plantadas en el inmueble ubicado en

la carrera 50C No 79-26 Barrio Miranda del Municipio de Medellín, donde existen tres contratos de arrendamiento independientes; esto es, para el parqueadero, para el local comercial y para el apartamento. Afirma que no obstante, por el Juzgado atacado se profirió sentencia de mérito, declarando la terminación del contrato de arrendamiento sobre el local comercial, ordena la restitución del inmueble, y además, dispuso reconocer a la parte demandada la suma de $34.000.000.oo por concepto de mejoras, más $12..342.817.85 por indexación, para una suma total de $46.342.817.85. Atendiendo que el proceso es de mínima cuantía, y por tanto de única instancia presentó a la Agencia Judicial solicitud de aclaración de la sentencia, para que se limitara a reconocer únicamente las mejoras correspondientes al local objeto de restitución por cuanto se condenaba al pago de mejoras que se referían a otros dos contratos de arrendamiento diferentes, es decir, al parqueadero y al apartamento. De dicho pedimento se pronunció el Juzgado rechazando la petición, manifestando que su presentación fue extemporánea, por cuanto aquella debió presentarse durante el término de traslado del dictámen pericial. Por último, agrega que en esta clase de procesos los fallos no pueden dictarse ni ultra ni extra petita, y aquí se está decidiendo más allá de lo pedido, porque la demanda solo se dirigió para que se declarara la terminación del contrato correspondiente al local comercial, y no al parqueadero y al apartamento.

2. Las pretensiones.

Por la actora se presentó acción de tutela esgrimiendo la vulneración de su

derecho fundamental al debido proceso y su correlativo a la defensa. Así mismo y como corolario de la anterior declaración solicita que se disponga la protección de las mencionadas garantías constitucionales y se dicte la sentencia que en derecho corresponda.

3. Intervención de la autoridad judicial accionada. 3.1. En respuesta a lo ordenado por el Juzgado 16 Civil del Circuito de Medellín, el Órgano de Justicia acusado señaló respecto a la presunta violación del derecho de defensa que éste no fue vulnerado, como quiera que el Proceso de Restitución por mora en al pago de los cánones de arrendamiento, se llevó a cabo observando todas las ritualidades de ley y donde la parte demandada tuvo la oportunidad de defenderse, aportando las pruebas necesarias y en general ejerciendo su derecho de contradicción.

Y frente a la violación del debido proceso plantea que, en el caso materia de la acción de tutela, las mejoras fueron reconocidas con base en el dictamen pericial practicado en la instancia, conforme a las pruebas que en la actuación se decretaron. En consecuencia, expresa que la decisión es razonable y en nada se adecúa a una vía de hecho judicial. 3.2 De los otros sujetos vinculados oficiosamente al trámite constitucional que se revisa, nada dijeron para oponerse o allanarse a las pretensiones.

II. DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN

1. Primera Instancia El Juzgado 16 Civil del Circuito de Medellín, mediante proveído de 1º de Noviembre de 2.005, concedió la tutela instaurada y dispuso como medida

consecuencial que se rehaga la providencia atacada teniendo en cuenta que en el asunto materia del recurso de amparo, se pretende la restitución del inmueble ubicado en la “Carrera 50C contiguo al parqueadero “EL CAFETERO” No 79-26, local sin nomenclatura oficial, pero se distingue con el No 100, y que se denominó por los peritos vivienda de los trabajadores”, y que las mejoras que se alegan solo deberán estudiarse respecto del mismo. Apoya su decisión con el argumento de que por el Juzgado accionado se ordenó la práctica de prueba pericial, la que hizo el avalúo correspondiente, con respecto a tres mejoras realizadas en el inmueble ubicado en la Carrera 50C No 79-26 Barrio Miranda del Municipio de Medellín; donde existen tres contratos de arrendamiento independientes para el parqueadero, el local comercial y el apartamento, lo que significa que se vincularon las mejoras de los otros dos contratos de arrendamiento.

2. La Impugnación 2.1 Por la señora Patricia Elena Pasos Sepúlveda, persona a la que oficiosamente se vinculó en el trámite contentivo de la tutela, se recurrió la decisión que desató la primera instancia, señalando que en ningún momento existió violación del debido proceso y el derecho de defensa como lo dice la accionante: primero, porque la relación de tenencia recae sobre un solo bien, y que consiste en un parqueadero compuesto de varias dependencias, pero en ningún momento se trató de tres inmuebles diferentes, como que solamente existió un único contrato en relación con el lote de terreno donde su cónyuge Camilo Puerta Valencia, construyó varias mejoras, y del cual se pagaban

($250.000.oo), las cuales fueron las probadas ante el Juzgado Veinte Civil Municipal de Medellín, dentro de la actuación acusada. Que la ahora accionante lo que ha hecho es utilizar todos los medios posibles para tratar de no realizar el pago exigido en la sentencia por las mejoras realizadas al inmueble.

3. Segunda Instancia.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante fallo de 13 de Diciembre de 2.005 resolvió revocar la sentencia dictada en la primera instancia, y en su lugar ordenó denegar la tutela incoada por la accionante. Manifestó el Tribunal, que el aspecto medular sobre el que se edificó la tutela radica en la valoración del dictamen pericial en cuanto al reconocimiento de mejoras alegadas por la parte demandada sobre el bien ubicado en la Carrera 50C contiguo al parqueadero “El Cafetero” No 79-26 local sin nomenlatura pero que se distingue con el No 100. Advierte el Juez Colegiado de segunda instancia que el dictamen pericial rendido en la actuación, no fue objeto de reparos en los aspectos que se discuten por la vía de la acción de tutela, lo que significa que hubo una aceptación de aquél y por tanto, se torna improcedente una acción de amparo cuando el propósito es remediar su inconformidad frente al contenido del experticio.

4. Las pruebas relevantes practicadas en las instancias.

Se tuvieron como tales las siguientes: a.) Copia de la demanda ejecutiva presentada por la parte demandada Patricia Elena Pasos Sepulveda contra Ligia Gómez Gómez. (Folio 14-17) b.) Copia del recurso de reposición interpuesto contra el auto que libra el

mandamiento de pago. (Folio 12-13) c.) Acta de Inspección Judicial. (Folio 31 vuelto, 32) d.) Expediente contentivo de la actuación acusada.

III. ACTUACION EN LA CORTE CONSTITUCIONAL.

Mediante auto de Marzo 28 de 2.006, por el Magistrado Ponente, se requirió el expediente que contiene el Proceso Abreviado de Restitución de Inmueble Arrendado, seguido por Ligia Gómez Gómez contra los Herederos Determinados Patricia Elena Pasos Sepúlveda y Teresa Valencia Vargas y Herederos Indeterminados de Camilo Puerta, por contener, precisamente, la actuación que en sede de tutela se cuestiona. De otra parte, y ante la circunstancia de no haberse recibido el expediente requerido, por auto de 15 de Mayo de 2.006, la Sala Primera de Revisión dispuso la suspensión del término para dictar sentencia hasta cuando la prueba decretada fuera recibida y valorada, por lo cual se ordenará en esta sentencia el levantamiento de aquella.

IV. FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES.

1. La competencia.

De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones judiciales mencionadas en precedencia.

2. El asunto bajo revisión.

En el caso sub examine, la señora Ligia Gómez Gómez presentó acción de tutela invocando la protección de su derecho fundamental al debido proceso y su correlativo a la defensa. Por tanto, y como corolario de lo anterior solicita

que se disponga el amparo de las mencionadas garantías constitucionales y se dicte la sentencia que en derecho corresponda, para remplazar la que aquí se ataca, proferida por el Juzgado 20 Civil Municipal de Medellín, calendada 23 de Mayo de 2.005. Habida cuenta de lo anterior, para resolver el problema jurídico planteado, la Sala expondrá: (i) la doctrina constitucional establecida por esta Corporación frente a la vía de hecho; (ii) la configuración del defecto fáctico en las decisiones de la jurisdicción y, (iii) el principio de la congruencia de la sentencia. Por último se referirá la Corte al caso concreto.

3. Doctrina constitucional sobre la vía de hecho judicial.

En sentencia T-381 de 2004 (M.P. Jaime Araújo Rentería), esta Sala hizo una exposición sobre la doctrina constitucional de la vía de hecho judicial. En esta providencia la Sala Primera de Revisión expresó: “La Corte en reiteradas ocasiones ha sostenido que la acción de tutela es improcedente contra providencias judiciales, a menos que se configure una vía de hecho, esto es que el funcionario judicial haya incurrido en algún defecto relevante en su actuación. Esta circunstancia determina la excepcionalidad de la tutela contra providencias judiciales, razón por la cual se han señalado una serie de límites estrictos que deben ser atendidos cuando se pretenda invocar la protección por el juez constitucional. (…) Por ende, la admisión de la tutela en estos casos juega un papel armonizador de las relaciones político sociales inherentes al Estado

Constitucional y democrático, dado que, aunque se establezca como principio la improcedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales, para privilegiar principios y derechos superiores tales como la autonomía, imparcialidad e idoneidad de los jueces, la cosa juzgada, la vigencia de un orden justo, la seguridad jurídica y la prevalencia y protección real del derecho sustancial (CP, artículo 228), de todas formas tal principio admite excepciones que, en vez de desdibujar los postulados antes enunciados, tienden a su consagración, en la medida en que permiten atacar errores protuberantes de los jueces, con lo cual, además, se salvaguardan derechos fundamentales como son el debido proceso, el acceso a la administración de justicia, la igualdad y la tutela judicial efectiva dentro del marco del Estado social de derecho. Con tales propósitos, la Corte tiene identificados cuatro defectos que pueden conducir al juez a incurrir en una vía de hecho, por los cuales se admite la interposición de la acción de tutela contra decisiones judiciales. Ellos son: 1) Defecto sustantivo si la decisión impugnada se funda en una norma evidentemente inaplicable 2) Defecto fáctico si resulta incuestionable que el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 3) Defecto orgánico si el funcionario judicial que profirió la decisión carece, en forma absoluta, de competencia para hacerlo 4) Defecto procedimental si el juez actuó completamente por fuera del procedimiento establecido. Así entonces, para que el juez

de tutela pueda conferir el amparo constitucional contra una sentencia judicial, debe fundar su decisión en uno, al menos, de los cuatro defectos señalados. (…) Una exigencia adicional para admitir la procedencia de la acción de tutela contra una decisión judicial, consiste en la ocurrencia de una lesión o amenaza de lesión de un derecho fundamental por parte del acto de la jurisdicción enjuiciado. Este requisito está consagrado en el artículo 86 de la Constitución como principio general de procedencia de la acción de tutela. Es del caso resaltar esta condición, en tanto “puede suceder que en un proceso se produzca una vía de hecho como consecuencia de una alteración mayúscula del orden jurídico que, no obstante, no amenaza o lesiona derecho fundamental alguno. En estas circunstancias, pese a la alteración del orden jurídico, la tutela no puede proceder. La Corte se ha pronunciado en este sentido al afirmar que la vía de hecho se configura si y sólo si se produce una operación material o un acto que superan el simple ámbito de la decisión y que afecta un derecho constitucional fundamental”. En suma, el carácter excepcional de la acción de tutela por actos arbitrarios de los jueces, impone la sujeción de este mecanismo de protección a la observancia de una serie de límites rígidos: de una parte, los establecidos en el artículo 86 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, que incluyen la vulneración o amenaza de un derecho fundamental de las personas afectadas con la decisión judicial y, de otro lado, la verificación de alguno de los

defectos de carácter sustantivo, fáctico, orgánico o procedimental a que se hizo referencia. El respeto de los límites fijados pretende garantizar la autonomía e independencia de los jueces para proferir sus fallos, como presupuesto propio del Estado de derecho.”

4. Configuración del defecto fáctico en las decisiones de la jurisdicción.

En sentencia T-109 de 2.005 dictada por la Corte Constitucional M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, se hizo un recuento jurisprudencial respecto a los defectos fácticos constitutivos de vías de hecho judiciales así: "Defecto fáctico. Reiteración de jurisprudencia. En múltiples oportunidades, la Corte Constitucional ha manifestado que la acción de tutela sólo procede respecto de valoraciones probatorias realizadas por los jueces, cuando la misma aparece de una manera manifiestamente irrazonable y ostensible. Así mismo, la valoración debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia. Lo contrario desconocería el carácter subsidiario del amparo e invadiría la órbita de la competencia y la autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones. En este orden, esta Corporación ha indicado que procede la tutela contra providencias judiciales por defecto fáctico, en los casos en los cuales la violación de la Constitución y la afectación de derechos fundamentales es consecuencia de graves problemas relacionados con el soporte fáctico de los procesos resultando “incuestionable que el juez carece del apoyo

probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”, lo cual puede configurarse en los eventos en que (i) un medio probatorio que determina el sentido de un fallo no ha sido considerado en la decisión; (ii) se presenta una ausencia absoluta y definitiva de pruebas; y (iii) la providencia está afectada por una incongruencia evidente e incuestionable entre los hechos probados y el supuesto jurídico o de la violación considerable del procedimiento. Así las cosas, la jurisprudencia ha concretado tres tipos de defectos fácticos: (i) defecto fáctico por la omisión en el decreto y práctica de pruebas; (ii) defecto fáctico por la no valoración del acervo probatorio; y (iii) defecto fáctico por la valoración defectuosa del material probatorio. Todos estos casos implican, necesariamente, que se trate de pruebas determinantes en el proceso. Sobre cada uno de los supuestos del defecto fáctico, la Sentencia T-461 de 2003 expresó: “En la primera hipótesis el funcionario judicial omite decretar y practicar las pruebas conducentes y pertinentes para adoptar la decisión, teniendo como consecuencia impedir la adecuada conducción del proceso, respecto de algunos hechos demostrables para la solución del asunto que se debate. En la segunda, el funcionario judicial cuenta con los elementos probatorios, pero omite considerarlos, no los tiene en cuenta para fundar la decisión respectiva y, analizado el caso concreto, el juez de tutela concluye que de haberse realizado su valoración, la determinación variaría sustancialmente. En la tercera hipótesis la autoridad pública actúa en contra de la

evidencia probatoria, se separa de los hechos probados y resuelve a su arbitrio el asunto jurídico que se debate.” Ahora, la Sala precisa que si bien el respeto a la autonomía judicial hace que se permita que los jueces valoren libremente el acervo probatorio dentro de las normas de la sana crítica, el valor normativo de la Constitución conlleva de manera ineludible que la falta de consideración de un medio probatorio, si éste tiene “la capacidad inequívoca de modificar el sentido del fallo”, haga procedente la acción de tutela contra la providencia judicial respectiva. En este sentido la Sentencia de Unificación 477 de 1997, expresó: “La falta de consideración de un medio probatorio que determina el sentido de un fallo, constituye una vía de hecho susceptible de control por vía de tutela. Como la prueba es el fundamento de las decisiones de la justicia, es obvio que su desconocimiento, ya sea por ausencia de apreciación o por manifiesto error en su entendimiento, conduce indefectiblemente a la injusticia judicial. La necesidad de evitar tan funesta consecuencia, violatoria del derecho al debido proceso, ha llevado a la Corte a sostener que los yerros ostensibles en esta delicada materia, pueden remediarse mediante la acción de tutela, siempre y cuando, claro está, los interesados no dispongan de otro medio de defensa judicial.” Así es como la Corte Constitucional ha reiterado en numerosas oportunidades, respecto del marco de garantías dentro del cual el funcionario judicial debe desempeñar su rol constitucional de administrar justicia en relación con la autonomía judicial, lo siguiente: “Si bien el juzgador goza de un amplio margen para valorar el material

probatorio en el cual ha de fundar su decisión y formar libremente su convencimiento, “inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (arts. 187 C.P.C y 61 C.P.L)”, dicho poder jamás puede ejercerse de manera arbitraria; su actividad evaluativa probatoria implica, necesariamente, la adopción de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el juez, racionales, es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos, esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas. El error en el juicio valorativo de la prueba." (La cursiva es original).

5. Violación al debido proceso por la inobservancia del principio de congruencia de la sentencia.

Con respecto al principio de la congruencia es claro que dicho postulado debe ser advertido por Jueces y Magistrados al proferir sus providencias, so pena, en los eventos que la incongruencia por extralimitación u omisión sea manifiesta pueda conducir la decisión judicial a una ineluctable vía de hecho. Se requiere, debe insistirse, que la disparidad entre lo pedido, lo probado y lo debatido sea notoria. La Corte ha abordado el punto materia de debate y en sentencia T-450 de Mayo 4 de 2.001 (M.P. Manuel José Cepeda), señaló: "Vía de hecho y principio de congruencia 3.1. El principio de congruencia se encuentra consagrado en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil (modificado a su vez por el Decreto Ley 2282 de 1989, artículo 1), en los siguientes términos:

"La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta. Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último. En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando éste no proceda, antes de que entre el expediente al Despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio". Este es un concepto nuclear dentro del derecho procesal civil, en virtud del cual, el juez, en su sentencia, no puede reconocer lo que no se le ha pedido (extra petita) ni más de lo pedido (ultra petita); de no ser así, con su actuación estaría desbordando, positiva o negativamente, los límites de su potestad. (…) 3.2. En la ya extensa jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la noción de vía de hecho, no existen muchos antecedentes que aludan a la violación del principio de congruencia como elemento desencadenante del juicio encomendado al juez de tutela; no obstante, es posible establecer

ciertos criterios a partir de los cuales se puede apreciar si una actuación judicial en la que se reconocen derechos más allá de lo demandado configura o no una violación del Ordenamiento Superior. 3.3. Así, la incongruencia que es capaz de tornar en de vía de hecho la acción del juez (reflejada en una providencia), es sólo aquella que "subvierte completamente lostérminos de referencia que sirvieron al desarrollo del proceso, generando una alteración sustancial, dentro de la respectiva jurisdicción, que quiebra irremediablemente el principio de contradicción y del derecho de defensa". De esta forma, cuando se realice un juicio sobre la actividad del juez, para establecer si la violación del principio de congruencia constituye o no una vía de hecho, se deberá tener en cuenta (1.) la naturaleza de las pretensiones hechas -lo pedidoy el campo de aplicación de los derechos en juego; (2.) si la sentencia o providencia judicial recae sobre materias no demandadas, debatidas o probadas en el proceso; y, (3.) si el proceso conservó, desde su apertura hasta su culminación, un espacio abierto y participativo para las partes en contienda, de modo que se asegure la existencia del debate y de la contradicción -que le son consustanciales y que son el presupuesto de una sentencia justasobre una base de lealtad y de pleno conocimiento de sus extremos fundamentales. Estos criterios de análisis deben llevar a la conclusión de que la disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo probado es protuberante, i.e., carente de justificación objetiva y relativa a materias medulares objeto del proceso. De lo contrario, el grado y el tipo de desajuste entre la sentencia y lo pedido, lo

debatido y lo probado en el proceso, será insuficiente para que se configure una vía de hecho judicial, así pueda existir una irregularidad dentro del proceso. 3.4. Y ¿cuál es la razón que justifica, en sede de tutela, la aplicación de un examen sobre la congruencia de un fallo judicial, en los términos referidos? Sin duda, la justificación se encontrará en la función encomendada al juez de amparo de proteger los derechos fundamentales de los individuos: es evidente que la incongruencia, además de sorprender a las partes del proceso, las sitúa en una situación de indefensión que, de subsistir, pese a la interposición de los recursos, y con mayor razón cuando éstos no caben o se han propuesto infructuosamente, "se traduce inexorablemente en la violación definitiva de su derecho de defensa (artículo 29 C.P.)”. Además, el principio de congruencia es una manifestación concreta de un valor constitucional supremo que limita el ejercicio de todo poder público. En una democracia constitucional, quien es investido de autoridad no detenta un poder nudo y propio, sino que adquiere la responsabilidad de servir a los asociados y contestar a sus demandas dando razones que demuestren que su acción no es caprichosa, arbitraria o desviada (artículos 1 y 2 de la C.P.). Cuando esa autoridad es jurisdiccional la exigencia que pesa sobre el funcionario, por las facultades que tiene de afectar derechos individuales y por su misión de garante del Estado Social de Derecho, es mayor en la medida en que las razones que debe dar para justificar sus decisiones deben ser construidas y articuladas de manera mucho más rigurosa que la de los órganos

políticos. Ese esfuerzo de construcción y articulación está delimitado por el debido proceso. El principio de congruencia es, entonces, un elemento del debido proceso (artículo 29 C.P.) en la medida que impide determinadas decisiones porque su justificación no surge del proceso por no responder en lo que en él se pidió, debatió, o probó". (Negrilla fuera de texto). Surge entonces de lo hasta aquí dicho, la viabilidad que tiene el Juez constitucional para proteger los derechos que en juicio, hayan sido conculcados con decisiones que desborden el limite natural que tienen los poderes públicos, cuando quiera que los pronunciamientos que emita la jurisdicción desconozcan el principio de congruencia.

6. Del caso concreto. 6.1 Consideración previa.

En el Estado Social de Derecho, los derechos fundamentales obligan a las tres Ramas del Poder Público, esto es, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. En consecuencia, los Jueces en sus providencias están en el deber de realizarlos en la práctica. En el Estado Social de Derecho todos los conflictos que se presenten entre los ciudadanos, entre el ciudadano y el Estado o entre los órganos del Estado hay que resolverlos con el prisma de los derechos fundamentales. Como dijera Norberto Bobbio, la única manera de defender los derechos fundamentales es aceptando que los derechos de los individuos pueden hacerse respetar contra todo el Estado, y cuando decimos contra todo el Estado, es contra el Gobierno, el Legislador y contra las decisiones de los Jueces que violen derechos fundamentales. 6.2 En el caso que ahora ocupa la atención de esta Corporación, la señora Ligia Gómez Gómez presentó acción de tutela invocando la protección de su

derecho fundamental al debido proceso y su correlativo a la defensa, para lo cual reclama que se disponga el amparo de las mencionadas garantías constitucionales y se dicte la sentencia que en derecho corresponda, para remplazar la que aquí se ataca, proferida por el Juzgado 20 Civil Municipal de 23 de Mayo de 2.005. Indica que dicha Agencia Judicial tramitó Proceso de Restitución de Inmueble Arrendado sobre el bien ubicado en la Carrera 50C No 79-26 Local Comercial No 100, contiguo al parqueadero el “Cafetero”, esgrimiendo como causal la mora en el pago de los cánones de arrendamiento, juicio aquél que fue iniciado por la ahora accionante contra los herederos determinados e indeterminados de Camilo Puerta, Patricia Pasos Sepúlveda cónyuge y Teresa Valencia Vargas, madre. Informa también que la parte demandada, señora Patricia Pasos en el proceso acusado, hizo uso del derecho de retención por razón de mejoras que afirma se realizaron en el inmueble, las cuales fueron avaluadas según dictamen pericial. Sin embargo, sostiene que dicho experticio alude a tres clases de mejoras realizadas en el inmueble ubicado en la carrera 50C No 79-26 Barrio Miranda del Municipio de Medellín, donde existen tres contratos de arrendamiento independientes; esto es, para el parqueadero, para el local comercial y para el apartamento. Frente a la tutela por esas razones pretendida, se despachó la primera instancia con decisión que acogió las súplicas contenidas en la acción de amparo, y la Sala Civil