CC - T659-2012

Sentencia T-659/12

DERECHO A LA EDUCACION-Prohibición retención de notas o certificados por no pago de pensión DERECHO A LA EDUCACION-Procedencia de la acción de tutela para su protección DERECHO A LA EDUCACION-Prevalencia sobre derecho de la institución educativa a obtener el pago por sus servicios Ha sostenido la Corte que la protección de los intereses económicos de las instituciones educativas no puede quebrantar los derechos fundamentales del educando. En reiteradas ocasiones, esta Corporación ha mencionado que los planteles educativos no están habilitados para retener los documentos requeridos por los estudiantes. Así pues, lo que se pretende al fijar esta línea jurisprudencial es salvaguardar los derechos de los menores con el fin de no vulnerar e interrumpir abruptamente su formación académica, más aún cuando las instituciones, por medio de las acciones consagradas en ley, pueden garantizar y hacerle exigible al deudor incumplido la satisfacción de sus obligaciones. En síntesis, la retención injustificada de esta clase de documentos se convierte en una conducta lesiva del derecho a la educación, contraria al principio de dignidad humana y atentatoria del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Esto, debido a que la entrega de los certificados académicos no es sinónimo de condonación de deudas, pues en ningún momento se libera al deudor para que cumpla con el pago de los compromisos adquiridos. PREVALENCIA DEL DERECHO A LA EDUCACION-Límites DERECHO A LA EDUCACION-Padres de familia no pueden abusar de sus derechos e incurrir en cultura del no pago ACCION DE TUTELA CONTRA INSTITUCION EDUCATIVAEntregar certificados académicos de menores para continuar su proceso educativo

Referencia: expediente T-3421893

Acción de tutela instaurada por Gloria Milena Barrera Murcia contra el Colegio Colsubsidio Ciudadela Colsubsidio CEIC.

Magistrado Ponente:

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil doce (2012). La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Luís Ernesto Vargas Silva, María Victoria Calle Correa y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Nacional y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA Dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Bogotá y el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES El pasado mes de diciembre de 2011, la ciudadana Gloria Milena Barrera interpuso acción de tutela ante el Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Bogotá y solicitó el amparo de los derechos fundamentales a la educación y de petición a favor de sus hijas María Paula Muñoz Barrera y Valentina Muñoz Barrera, los cuales fueron presuntamente vulnerados por el Colegio Colsubsidio Ciudadela Colsubsidio, al no expedir las certificaciones de terminación de estudio de los años académicos del 2007 al 2010, solicitud que fue negada por el plantel educativo por mora

en el pago de las matrículas académicas de mayo a diciembre de 2010. De acuerdo con la solicitud de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, la accionante sustenta su pretensión en los siguientes:

Hechos:

1. Indicó la accionante que matriculó a sus hijas Maria Paula Muñoz Barrera y Valentina Muñoz Barrera en el Colegio Colsubsidio en el 2 año 2010 con el fin de continuar sus estudios en la institución educativa.

2. Informó que a partir del mes de mayo de 2010 fue desvinculada laboralmente, por lo que a partir del mismo mes no pudo seguir pagando las mensualidades de sus hijas.

3. Posteriormente, aseguró que al finalizar el año de 2010 solicitó a la entidad educativa la entrega de los documentos y/o certificaciones del tiempo cursado en la institución. Sin embargo, el colegio negó la expedición de los documentos hasta tanto no se encontrara a paz y salvo.

4. Agregó que el colegio le informó el proceso de recaudo de la cartera morosa se encontraba en cobro pre-jurídico ante una firma de abogados denominada Grupo Consultor Andino1. En consecuencia, el 3 de noviembre de 2011 se puso en contacto con la firma de abogados y ofreció un acuerdo de pagos sobre las pensiones por el valor de $3.180.000, acuerdo que no fue aceptado por la firma, toda vez que la totalidad de la deuda ascendía a

$4.500.000.

5. Añadió que envió al departamento de Cartera y Recaudo del Colegio un derecho de petición con una nueva propuesta de pago y requirió la entrega de las certificaciones académicas. Sin embargo,

la entidad demandada manifestó que posteriormente daría respuesta en cuanto a la entrega de los documentos solicitados.

6. Indicó que hasta la fecha de la interposición de la tutela las directivas del Colegio aún no se habían pronunciado sobre la entrega de las certificaciones pendientes. Empero, reiteraron que el total de la deuda iba en $4.142.2862.

7. Por último, manifestó la actora que la negativa del colegio de expedir las certificaciones pendientes imposibilitó que las menores pudieran estudiar el año académico del 2011.

Solicitud de tutela. Con fundamento en los hechos narrados anteriormente la señora Gloria Milena Barrera requirió el amparo de tutela para proteger el derecho 1Folio 52 2 Folio 11 3 fundamental a la educación que consideró vulnerado por la COLEGIO COLSUBSIDIO CEIC y solicitó: “1. SE ME AMPARE el derecho constitucional al acceso a la educación que tienen mis hijas de acuerdo con lo previsto en el (art. 67 C.N.) y en consecuencia se ORDENE la COLEGIO COLSUBSIDIO CEIC, LA

ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA

TERMINACIÓN DEL GRADO DECIMO DE MIS HIJAS MARIA PAULA MUÑOZ BARRERA Y VALENTINA MUÑOZ BARRERA, año correspondiente al 2010, y así poderlas matricular en un colegio público del distrito.” Respuesta del demandado. Asumido el conocimiento de la acción de tutela por parte del Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Bogotá, se ordenó, mediante oficio del 5 de diciembre de 2011 la notificación de la parte accionada Colegio

Colsubsidio CEIC Ciudadela Colsubsidio así como la Secretaría de Educación Distrital. La institución educativa se pronunció respecto de los hechos de la tutela y solicitó que no se tutelara el derecho invocado por la accionante, toda vez que no había incurrido en violación alguna de derechos fundamentales. La entidad accionada reprocha de la actora su pasividad al no iniciar los acercamientos para el pago de la deuda sino sólo hasta finales del año 2011, por lo cual pierde toda relevancia la interposición del mecanismo de tutela que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional es un mecanismo preferente y sumario dirigido a solucionar situaciones de amenaza o vulneración de derechos fundamentales con carácter urgente. Al respecto, menciona: “la Actora se resiente de no alcanzar las certificaciones, y si bien aduce estar desempleada, no se interesó durante un año entero en solucionar la deuda vigente, sea mediante el pago de la misma ora acordando planes o plazos de pago, pero su falta de interés la deslegitiman en los postulados de esta acción.” De otro lado, la Secretaría de Educación de Bogotá propuso la excepción de falta de legitimación en la causa pasiva, al no ser la llamada a responder sobre los hechos reclamados por la actora. La entidad distrital afirmó que el colegio Colsubsidio no hace parte del conjunto de planteles educativos oficiales del Distrito Capital. 4 Sin embargo, precisó que como entidad encargada de ejercer funciones de control, inspección y vigilancia de todos los planteles educativos privados o públicos está en la obligación de instar al despacho de tutela y/o a la parte actora “para que en caso de evidenciar irregularidades en

la prestación del servicio público de educación por parte del colegio mencionado, como consecuencia de los hechos del escrito de tutela, y que no logren ser desvirtuados o contextualizados por éste, compulse copias a la Unidad Especial de Inspección Educativa de esta Secretaría para lo de su competencia.” Por consiguiente, la entidad propuso la excepción de falta de legitimación en la causa pasiva y requirió la desvinculación del proceso. Pruebas relevantes que obran dentro de este expediente. Del material probatorio que obra en el expediente la Sala destaca lo siguiente:  Fotocopia del correo electrónico dirigido al Colegio Colsubsidio en el que se informa del envió del derecho de petición. (fl. 5)  Fotocopia del derecho de petición en la que la accionante solicita la entrega de las certificaciones estudiantiles del año académico del 2010 de sus dos hijas. En el escrito se menciona: “de manera atenta propongo se estudie la viabilidad de permitirme el pago de la deuda antes referida en dos cuotas así: una a la fecha de aprobación y la otra el 4 de diciembre del presente y la condonación del los intereses.” (fl. 8-10)  Fotocopia de las tarjetas de identidad de las menores. (fl. 13 y 14)  Fotocopia respuesta del derecho de petición del departamento de Facturación y Cartera del Colegio Colsubsidio en la que señala: “1. Para el tema de la expedición de los certificados del colegios (sic) le estaremos enviando respuesta a mas tardar el día Miércoles 16 de Noviembre, esto debido a que la misma debe ser evaluada por el personal directivo encargado del Colegio. 2. En

cuanto a la condonación de intereses nuestra propuesta sería la siguiente. Actualmente la deuda se encuentra por un valor total incluyendo intereses y gastos de cobraza e (sic) $4.599.586. A este valor se daría una condonación del 50% de los intereses 5 moratorios es decir de $457.300. Quedando así la deuda por un valor total de $4.142.286 por las dos alumnas.” (fl.11)  Fotocopia de la certificación expedida por Grupo Andino Consulto Abogados en la que acreditan la labor de seguimiento y recaudo a la deuda de la accionante.(fl. 52)  Fotocopia de la respuesta enviada por el Colegio Colsubsidio en la que la entidad sostiene que las certificaciones pendientes se entregaran una vez la cartera se normalice. (fl. 73)  Fotocopia de la Resolución número 0452 del 3 de junio de 2010 por la cual se declara insubsistente del cargo de Auxiliar Administrativa de la Contraloría General de la Nación a la señora Gloria Milena Barrera Murcia.( fl. 24 cuaderno principal). Decisiones judiciales objeto de revisión. Sentencia de primera instancia. El Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Bogotá, hizo un recuento de los hechos y analizó la jurisprudencia relacionada con el derecho a la educación y el derecho de petición. Para el Juzgado de conocimiento no se dio respuesta a las peticiones enviadas por la actora a la institución educativa accionada, toda vez que al analizar la respuesta enviada por el departamento de Facturación y Cartera, solo se menciona que enviarán a más tardar el miércoles 16 de

noviembre de 2011 y a la fecha de la presentación de la tutela no obraba en el expediente respuesta alguna. En consecuencia, el Juzgado ordenó dar respuesta de fondo, clara y precisa a la solicitud de la accionante. En cuanto a la vulneración del derecho a la educación el Juzgado mencionó: “no se vislumbra que la conducta del COLEGIO accionado haya conculcado el derecho a la educación citado como vulnerado, pues si bien es cierto, a folio 5 del expediente se indica por la accionante que no pudo seguir con sus obligaciones frente al pago de pensiones de sus menores hijas, lo cierto es que tal situación se puso en conocimiento hasta el mes de noviembre de 2011, cuando la causa que generó al parecer el incumplimiento de sus cargas sucedió en el mes de mayo de 2010.” 6 Por consiguiente, el Juzgado3 al no encontrar pruebas en el expediente que acreditaran los presupuestos jurisprudenciales dispuestos en la sentencia SU-624 de 1999 sobre (i) la incapacidad sobreviviente de pago y (ii) las gestiones para recaudo de la cartera por parte de la accionante, decidió negar el amparo por el derecho a la educación. El Juez encontró legítimo el derecho de la entidad accionada a retener las certificaciones para asegurar el pago de la deuda. Impugnación. Mediante escrito presentado ante el Juzgado de conocimiento la peticionaria, presentó recurso de impugnación contra el fallo proferido. La parte impugnante expuso, que el derecho a la educación sí fue violado por la institución académica, pues hasta la fecha no se han entregado los

certificados. Afirmó, la entidad ha condicionado la entrega de los documentos al pago de los meses vencidos, desconoce la jurisprudencia constitucional al respecto y vulnera el derecho a la educación de sus hijas, ya que hasta la fecha no ha podido matricularlas en otro colegio. De otro lado, argumenta que en su caso sólo pudo vincularse laboralmente hasta el mes de septiembre de “2011 y por consiguiente en los meses siguientes de octubre y noviembre adelanté ante el Colegio y el Grupo Consultor Andino las gestiones para proponer un acuerdo de pago en el cual solicite se me permitiera el pago solo del capital que es de $3.180.000.” En consecuencia, requirió revocar el fallo de primera instancia y en su lugar conceder la tutela por violación de derechos fundamentales alegados. Sentencia de segunda instancia. El Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogotá analizó la jurisprudencia que la Corte Constitucional ha sentado en cuanto a la retención de los certificados de estudios por parte de los colegios, y de conformidad con los pronunciamientos consideró que la impugnación no podía prosperar, debido a que la madre de las menores actora en sede de tutela no acreditó el surgimiento de una situación sobreviviente durante el año 2010 “que hubiere afectado económicamente a la accionante y así como tampoco que la misma hubiere dado los pasos para cancelar lo debido en el transcurso del ese año, ya que el intento de acuerdo de pago 3Folio 62-66 7 que relaciona data de noviembre de 2011, no obstante adeudar montos por concepto de pensiones de sus hijas desde mayo de 2010.”

Por consiguiente, consideró que el colegio obró justificadamente al retener los documentos estudiantiles requeridos por la actora y confirmó la sentencia de primera instancia.

II. ACTUACIONES SURTIDAS EN SEDE DE REVISIÓN.

Mediante comunicación telefónica la Corte se contactó con Julia Mercedes Navas Pubiano Representante Legal Judicial de la entidad accionada y suministró información4 detallada acerca del estado de la acción de tutela interpuesta por Gloria Milena Barrera Murcia. Al respecto, mencionó que hasta la fecha la accionante no ha sido diligente en procura del pago de la deuda adquirida. Sin embargo, aclaró que las certificaciones de notas se encuentran a disposición de aquella una vez se concrete una formula de arreglo.5 Por su parte, la señora Gloria Milena Barrera madre de las menores informó a este despacho que las menores no se encuentran estudiando desde el año 2011 a consecuencia de la retención de los certificados correspondientes a los años cursados en la institución educativa accionada. Igualmente, afirmó que una vez entró a trabajar (septiembre de 2011) ha tratado de llegar a una formula de arreglo que se ajuste a su capacidad de pago con el Colegio y no ha sido posible, por cuanto la entidad accionada siempre ha exigido el pago completo de la deuda.

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

1. Competencia Es competente esta Sala de la Corte Constitucional para revisar las decisiones proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9o., de la Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Problema jurídico Con fundamento en la situación fáctica y las decisiones tomadas por los jueces de instancia, a la Sala Octava de Revisión le corresponde resolver sí el Colegio Colsubsidio Ciudadela Colsubsidio CEIC, al retener los 4 Folio 10-23 cuaderno principal.

5 Ibidem. 8 certificados académicos de los años 2007 a 2010 de las menores María Paula Muñoz Barrera y Valentina Muñoz Barrera vulneró el derecho fundamental a la educación. Para resolver lo anterior, la Sala hará referencia a: (i) la prevalencia del derecho a la educación y la procedencia de la tutela para su protección, y (ii) los límites de dicha prevalencia y las líneas jurisprudenciales relativas a la retención de documentos por parte de las instituciones educativas para asegurar el cumplimiento del contrato de prestación de servicios educativos, (iii) por último, se analizará el caso concreto a la luz de lo anterior.

1. Prevalencia del Derecho a la Educación y procedencia de la tutela para su protección. Reiteración de Jurisprudencia.

Ha sostenido la Corte que la protección de los intereses económicos de las instituciones educativas no puede quebrantar los derechos fundamentales del educando. En reiteradas ocasiones, esta Corporación ha mencionado que los planteles educativos no están habilitados para retener los documentos requeridos por los estudiantes. Así pues, lo que se pretende al fijar esta línea jurisprudencial es salvaguardar los derechos de los menores con el fin de no vulnerar e interrumpir abruptamente su formación académica,6 más aún cuando las instituciones, por medio de las acciones consagradas en ley, pueden garantizar y hacerle exigible al

deudor incumplido la satisfacción de sus obligaciones. En síntesis, la retención injustificada de esta clase de documentos se convierte en una conducta lesiva del derecho a la educación, contraria al principio de dignidad humana y atentatoria del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Esto, debido a que la entrega de los certificados académicos no es sinónimo de condonación de deudas, pues en ningún momento se libera al deudor para que cumpla con el pago de los compromisos adquiridos. Ha sostenido pues la Corte Constitucional al respecto lo siguiente: “Cuando la entidad educativa se niega a entregar los documentos que son resultado de la labor académica desempeñada por el estudiante, pretextando la falta de pago de las pensiones, se torna evidente el conflicto entre el derecho constitucional a la educación y el derecho del plantel a recibir la remuneración pactada. En efecto, la no disposición de los certificados implica en la práctica 6 Cfr., entre otras: Sentencias T-1580 de 2000, T-1676 de 2000, T-1704 de 2000, T764 de 2001, T-803 de 2001, T-1038 de 2001 y T-1279 de 2000. 9 suspensión del derecho a la educación, ya que es necesario presentarlos para asegurar un cupo en otro establecimiento o para proseguir estudios superiores.” Cabe reiterar que la jurisprudencia constitucional ha privilegiado la protección del derecho fundamental a la educación, dejando sin efecto aquellas medidas tendientes a ponerlo en riesgo o a hacer nugatorio su ejercicio. De esta manera, la Corte Constitucional ha ponderado a favor de los derechos fundamentales cuando se oponen derechos de orden

económico. Lo anterior, teniendo como premisa inicial que los intereses económicos de las instituciones podrán ser garantizados y protegidos por vías menos gravosas como son los procesos ordinarios o ejecutivos. Esto lleva a deducir que, cuando se presenten conflictos bajo dichos supuestos, el derecho a la educación tendrá carácter prevalente.7

2. Prevalencia del Derecho a la Educación y sus límites.

Sin embargo, conviene destacar que la posición asumida por esta Corporación a lo largo de su jurisprudencia no tiene como propósito fomentar la “cultura del no pago” en favor de los estudiantes o sus representantes y en contra de las instituciones educativas. La Corte, consciente de la incierta posibilidad para ejercer el reclamo mediante las vías judiciales para exigir el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias derivadas del contrato de educación, resolvió establecer unos parámetros jurisprudenciales que le permiten al juez constitucional identificar en qué casos cabe otorgar prevalencia al derecho fundamental a la educación cuando se da origen a un conflicto económico con la institución educativa y dicho conflicto se traslada al escenario judicial. Estos parámetros de procedibilidad fueron fijados por la Corte en la Sentencia SU-624 de 1999. En ésta, se unificó la postura de esta Corporación con respecto a la prevalencia de los derechos fundamentales de los estudiantes frente a las medidas restrictivas de tales derechos adoptadas por los colegios para garantizar el pago de las matrículas y pensiones en mora. En esa providencia, se consideró que en la práctica la línea jurisprudencial estaba siendo interpretada erradamente por algunos

estudiantes y sus representantes quienes, con capacidad para materializar el cumplimiento de sus obligaciones, se abstenían de hacerlo tras argumentar lo dispuesto por la jurisprudencia. Esta situación creó una práctica social injustificada como fue la “cultura del no pago”, la cual abusaba de los derechos propios y no respetaba los derechos ajenos; para Sentencia T-235 de 1996. 7 Sentencia T-933 de 2005. 10 el caso, los de la institución educativa a obtener la retribución por el servicio de educación prestado.8 Al respecto, sostuvo la Corte en el citado fallo lo siguiente: “Ante la amenaza de retirar masivamente de clases a los niños matriculados con la disculpa de que sus padres son morosos, la Corte reitera su jurisprudencia anterior en el sentido de considerar contrario a la Constitución que al niño se le impida asistir a clase (bien sea enviándolo a la casa, o a la biblioteca, o al patio de recreo), pero aclara que la protección constitucional es para el año de preescolar y los primeros nueve años lectivos porque son éstos los que la Carta Fundamental señala como objetivo constitucional. Lo anterior no quiere decir que con la protección que la Constitución da y la Corte reconoce, los padres de familia tengan vía libre para ser morosos, sino que el niño que ha quedado matriculado para determinado año no puede ser retirado por la culpa voluntaria o involuntaria de sus padres que incurren en mora. Por supuesto que el colegio no está obligado a matricularlo al año siguiente y, además, el Ministerio de Educación debe controlar que no se engañe al colegio afectado permitiéndose que

al siguiente año se matricule el alumno sin paz y salvo en otra institución privada. (...) Se aprecia que la jurisprudencia ha sido radical: en ningún caso se pueden retener notas, ya que ello significaría que el menor no podría continuar sus estudios; y, entre la educación y el reclamo de lo debido, prefiere aquella. Es indispensable, ahora, ver cuáles serían otras connotaciones constitucionales que surgen cuando el padre de familia instaura la tutela para que el colegio privado le entregue las notas de su hijo, sin haber pagado las pensiones, pero, en el evento que ese padre sí puede pagar y hace de la tutela una disculpa para su incumplimiento. Es repudiable que un padre le de a su hijo un mensaje de incumplimiento, de mala fe, de la prevalencia de las necesidades innecesarias sobre la educación, y, lo que es mas grave: que deje en el hijo la idea de que hay que aprovecharse de los demás (del padre de familia que sí paga, de los maestros que le enseñan, del 8 Sentencia T-933 de 2005 11 juez que lo protege); es decir, abusaría del derecho propio con el cínico aprovechamiento de quienes sí cumplen con su deber. Por otro aspecto, esa cultura del no pago afecta el equilibrio financiero de una educación privada, que la misma Constitución permite, y esto a la larga afecta el sistema en detrimento de quienes sí son responsables en sus compromisos. Por consiguiente, la protección a la educación, en el tema de entrega de notas, tendrá que ser modulado de la siguiente manera: Si el niño ha sido matriculado en un colegio privado y durante el

año lectivo ha surgido un hecho que afecte económicamente los proveedores de la familia (pérdida del empleo, enfermedad grave, quiebra de la empresa, etc.) es razonable que el no pago oportuno de las pensiones no puede ser invocado por el colegio para no entregar las notas. Ante esta imposibilidad sobreviniente que impide el pago, surge para el solicitante de la tutela el deber de aclararle y probarle al juez constitucional la circunstancia que impide el pago oportuno (que no es confesión de parte, ni prueba que lo perjudique en otros espacios) y que se den los pasos necesarios para cancelar lo debido (como sería por ejemplo acudir al ICETEX para obtener préstamo). Pero si hay aprovechamiento grave y escandaloso de la jurisprudencia constitucional, por parte de padres con "cultura del no pago", hay una captación no adecuada de la jurisprudencia y la tutela no prosperaría porque habría una errónea inteligencia de un hecho que es importante para la decisión: que por educación se entiende no solo la enseñanza en un colegio, sino el ejemplo que la propia familia da. La educación no es un proceso aislado, es sistémico. Un antivalor, la mala fe no puede ser nunca base para invocar la protección a un derecho. Se deslegitima quien invoca el derecho con base en el abuso y en el desconocimiento del derecho del otro. Por lo tanto, en estas circunstancias en que el padre sí puede pagar pero no lo hace, no se puede exigir, mediante tutela, la entrega de notas. La modulación de la jurisprudencia anterior se debe a una circunstancia nueva: el uso perverso e indebido de la

jurisprudencia; abuso que creó un comportamiento social que no es constitucional, porque no respeta los derechos ajenos y sí abusa de los propios.” 12 Ahora bien, lo establecido por la sentencia SU-624 de 1999 tiene como único fin tanto (i) evitar que una interpretación errada de la jurisprudencia establecida por la Corte lleve consigo a incentivar una cultura del no pago, así como (ii) orientar e informar al juez constitucional, de manera que éste pueda, con mayor certeza, impedir que la protección del derecho fundamental a la educación se utilice como punto de partida para la vulneración de otros derechos. El Juez de tutela debe orientar su análisis a la protección de los derechos de los niños defendiendo su derecho a la educación. No obstante, deberá ponderar, conforme a las decisiones de la Corte, en qué eventos es procedente la protección de los derechos de los menores sin menoscabar ni atentar contra los derechos de los centros educativos o viceversa. De este modo, la retención de documentos por parte de los directivos de los planteles educativos resulta inconstitucional cuando se logre demostrar: (i) la efectiva imposibilidad de los padres o tutores del estudiante de cumplir con las obligaciones pecuniarias adeudadas al plantel educativo, (ii) que dichas circunstancias encuentran fundamento en una justa causa, tales como la pérdida intempestiva del empleo, la muerte de uno de los miembros del núcleo familiar, la enfermedad catastrófica o incurable de alguno de ellos u otra calamidad similar, entre otras, (iii) que el deudor haya adelantado gestiones dirigidas a lograr un

acuerdo de pago o el cumplimiento de la obligación dentro del ámbito de sus posibilidades y, además, (iv) que el deudor haya intentado gestionar ante entidad de carácter estatal o privada la solicitud de crédito para dar cabal cumplimiento a sus obligaciones. Esta posición jurisprudencial ha sido reiterada entre otras, en las sentencias T-038 de 2002, T-801 de 2002, T-439 de 2003, T-135 de 2004, T-295, T727 de 2004 y T-845 de 2005, T-990 de 2005, T-1107 de 2005, y T-1288 de 2005. En dichas oportunidades, la Corte estableció la procedencia del amparo ante la verificación de los supuestos enunciados. A la luz de lo anterior se analizará el caso objeto de revisión.

3. Caso concreto.

La señora Gloria Milena Barrera al ser desvinculada laboralmente en el mes de mayo de 2010 incumplió a partir de la misma fecha el pago de las mensualidades correspondientes al servicio educativo prestado a sus hijas María Paula Muñoz Barrera y Valentina Muñoz Barrera por el colegio Colsubsidio Ciudadela Colsubsidio CEIC. Al finalizar, el año académico la entidad educativa negó el cupo a las menores por no contar con la 13 afiliación a la caja de compensación y al momento de solicitar las certificaciones de los años cursados en el plantel educativo, la accionada negó los documentos argumentando la falta de pago. Tanto el Colegio como la ciudadana Gloria Milena Barrera afirman que han manifestado su voluntad de hacer un acuerdo de pago para saldar la deuda; pero, cada

uno por su lado asevera que el otro no ha cedido a dicha propuesta. Los jueces de tutela negaron el amparo, por cuanto la actora no demostró su incapacidad de pago, ni la debida diligencia para saldar la deuda a cargo. De conformidad con los hechos de la demanda, las pruebas obrantes en el expediente y la jurisprudencia expuesta, entra la Sala a determinar si la conducta desplegada por el colegio Colsubsidio Ciudadela Colsubsidio CEIC, vulneró o no los derechos fundamentales alegados por la actora, precisando previamente que en criterio de esta Sala la acción de tutela en el presente asunto es procedente, pues los derechos supuestamente vulnerados gozan de la protección reforzada conferida por el artículo 86 de la Carta Política y adicionalmente la entidad demandada es una institución de educación que presta el servicio público de educación. Encuentra la Sala relevante, antes de estudiar el caso concreto, analizar la conducta del Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Bogotá que negó el amparo por falta de pruebas en el expediente. Sobre lo anterior encuentra esta Sala de Revisión, que el juez de amparo que conoció de la demanda de la referencia, aplicó inadecuadamente los criterios jurisprudenciales establecidos en la sentencia SU-624 de 1999, y concluyó que la actora no cumplía con los requisitos para conceder el amparo tales como justificar su situación económica, ni haber suscrito un acuerdo de pago o haber solicitado créditos o préstamos para solventar la deuda. Esta conclusión se basó en una precaria