CC - T664-2003

Sentencia T-664/03

DERECHO DE PETICION DE COPIAS-No se predica violación por cuanto expedición de copias se encuentra regulada en C de PC En relación con este tipo de solicitudes, el numeral 7º del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, establece que “las copias auténticas requerirán auto que las ordene y la firma del secretario”, quiere decir, esto que este tipo de decisiones están regladas por el ordenamiento procesal y por lo mismo no pueden aplicarse las normas propias de los actos de la administración pública.De esta manera, en el presente caso queda descartada la violación al derecho de petición, no porque esta garantía no pueda ejercerse ante los funcionarios judiciales, como equivocadamente lo señaló el Juez accionado, sino en razón a que la solicitud de expedición de copias que formuló el actor debía tramitarse bajo la regla del Código de Procedimiento Civil citada cuyo cumplimiento es necesario para la observancia de un debido proceso. Es fundamental precisar que una vez efectuada la respectiva cancelación de dichas expensas, la entrega de lo solicitado no puede depender de la voluntad o la liberalidad del Secretario por cuanto es deber de éste no sólo dar cumplimiento efectivo a lo dispuesto por el juez en el auto que ordenó la expedición de las copias, sino garantizar el derecho del solicitante a tenerlas. Interpretación que en sentido contrario configuraría una violación al derecho fundamental al debido proceso al no observarse el procedimiento consagrado en la ley. DERECHO A OBTENER COPIAS-Secretario tiene el deber de dar cumplimiento al auto del Juez que las ordena/DERECHO A

OBTENER COPIAS Y DEBIDO PROCESO-Expedición y

entrega La Sala también considera que si bien con las decisiones de los jueces tendientes a resolver en el término legal las solicitudes de copias auténticas que estén regladas por el numeral 7º del artículo 115 del CPC se observa el debido proceso, la protección de esta garantía fundamental no puede ser meramente formal, sino que al igual que los demás derechos, las autoridades públicas incluyendo las judiciales, deben procurar su protección efectiva, esto es, su amparo material (Art. 2 C.P.). No resulta razonable sostener que la solicitud de expedición de copias auténticas resulta satisfecha simplemente con el auto del funcionario judicial ordenándolas, por cuanto el derecho que otorga el ordenamiento legal no sólo se orienta a la mera solicitud de los documentos sino a obtener su “expedición y entrega”. Así, solamente hasta que se haya entregado la copia solicitada se protege de forma material este derecho, que encuentra su garantía constitucional en el debido proceso. Reiteración de Jurisprudencia

Referencia: expediente T-725180

Acción de tutela instaurada por José Santiago Correa Ordóñez contra el Juez 4º Civil del Circuito de Palmira Valle del Cauca.

Magistrado Ponente:

Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO

Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil tres (2003). La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto 2591

de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA dentro del proceso de revisión de los fallos dictados en el asunto de la referencia por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), el 22 de enero de 2003 y la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, el 6 de marzo del mismo año.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos y fundamentos de la solicitud de amparo El abogado José Santiago Correa Ordóñez, actuando en su propio nombre, interpuso acción de tutela contra el Juez 4º Civil del Circuito de Palmira

(Valle del Cauca), por considerar violados sus derechos fundamentales “a la información, a no contestar dentro de los términos de ley, al saltar el orden en que deben resolverse los procesos, al debido proceso y al derecho a la defensa” de que tratan los artículos 23 y 29 de la Constitución Política. 1 El fundamento de la solicitud de protección constitucional es la omisión de dicho funcionario judicial, a contestar 23 derechos de petición presentados el 23, 24 y 25 de septiembre de 2002 y el 24 de octubre del mismo año, en los cuales solicitaba la expedición de copias autenticadas de varios procesos donde funge como apoderado judicial, las cuales serían el fundamento para instaurar queja disciplinaria contra el referido juez. 1 Folio 72 del expediente. Agrega, que la omisión del funcionario demandado lo perjudica directamente en la medida en que el accionado, al tener conocimiento del destino de las copias solicitadas, dictó providencia mediante la cual ordenó que se

compulsen copias al abogado, según éste “por haber afirmado hechos contrarios a la verdad” dentro del proceso ejecutivo hipotecario, instaurado 2 por su poderdante Granahorrar contra Jesús Alberto García y otra. Sostiene que en cumplimiento de esa decisión se inició en su contra investigación disciplinaria ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, colegiatura que ordenó escucharlo en versión el 12 de diciembre de 2002, empero, aduce que no ha podido ejercer su derecho de defensa porque al momento de interponer la acción de tutela (diciembre 11 de 2002) aún no le habían hecho entrega de las copias solicitadas, las cuales son esenciales para demostrar su correcto actuar y las presuntas irregularidades del funcionario judicial tutelado. Señala que si bien para la fecha de interposición de la acción de tutela se habían expedido algunas de las copias solicitadas, también lo es que el Secretario de ese juzgado, a quien dice, también tiene demandado, no le ha colocado la constancia ni los sellos de autenticación, por lo cual considera violados los derechos fundamentales mencionados. El actor relata los inconvenientes que se le han presentado en el juzgado cuyo titular es el accionado, como la demora en la admisión de las demandas por él interpuestas, no enterarlo de las fechas de remate dentro de los procesos ejecutivos, revocarle mandamiento de pago, decretarle perenciones, resolverle peticiones de inadmisión de las demandas con un retraso de más de ocho meses, por saltarse el orden de los procesos en que entraron al despacho, no

nombrarlo como Auxiliar de la Justicia en ese despacho, etc. Añade que a causa de esas circunstancias solicitó al juez accionado se declarara impedido para conocer del proceso ejecutivo hipotecario de Granahorrar contra Jesús Alberto García, y así mismo, formuló recusación contra el Secretario, la cual también le fue negada. A folios 78 a 87 del expediente, el accionante narra los hechos que motivaron la solicitud de copias para la formulación de la queja contra el Juez 4º Civil del Circuito de Palmira y hace la relación de los procesos en los que considera ha existido una mora excesiva por parte de dicho funcionario judicial, así como el listado de los expedientes respecto de los cuales hizo dichas solicitudes, resaltando aquellos en los que si bien éstas fueron ordenadas no les han sido entregadas porque el Secretario no les ha puesto las respectivas notas y sellos de autenticación. En el siguiente cuadro se resumen dichas situaciones: No.Demandante Demandado Fecha de Actuación solicitud de las 2 Folio 73 del expediente. copias Todas del año 2002

1 GRANAHO GLORIA No se NINGUNA RRAR DEYSI anexa GONZALEZ memorial 2 GRANAHO CARLOS 24 de NINGUNA

RRAR ARTURO septiembre SALDARRIAG A 3 GRANAHO DANIEL 24 de No se indica en el RRAR ANTONIO septiembre escrito de tutela

RODRIGUEZ

4 GRANAHO FREDDY 24 de SE ACCEDE A LO

RRAR CIFUENTES septiembre SOLICITADO,

LOZANO PERO NO SE LE

HAN

ENTREGADO

LAS COPIAS POR

EL SECRETARIO,

POR FALTA DE

AUTENTICACIO N 5 GRANAHO GLADYS 24 de NINGUNA

RRAR MARIA septiembre MUÑOZ RICO 6 GRANAHO GUILLERMO 24 de No se indica en el RRAR HERRERA septiembre escrito de tutela

ZAPATA

7 GRANAHO JESUS 23 de SE ACCEDE A LO

RRAR ALBERTO septiembre SOLICITADO,

GARCIA PERO NO SE LE

HAN

ENTREGADO

LAS COPIAS POR

EL SECRETARIO,

POR FALTA DE

AUTENTICACIO

N 8 GRANAHO JULIO CESAR 24 de NINGUNA

RRAR VELASQUEZ septiembre

9 GRANAHO LUIS 24 de SE ACCEDE A LO

RRAR ALFONSO septiembre SOLICITADO,

CARVAJAL PERO NO SE LE

HAN

ENTREGADO

LAS COPIAS POR

EL SECRETARIO,

POR FALTA DE

AUTENTICACIO N 10 GRANAHO MARIA 24 de NINGUNA

RRAR STELLA SILVA septiembre ALZATE 11 GRANAHO ORLANDO 24 de NINGUNA

RRAR OVIEDO septiembre

ECHEVERRY

12 GRANAHO OSCAR 24 de SE ACCEDE A LO

RRAR AUGUSTO septiembre SOLICITADO,

HERRERA PERO NO SE LE

HAN

ENTREGADO

LAS COPIAS POR

EL SECRETARIO,

POR FALTA DE

AUTENTICACIO

N

13 GRANAHO ALFONSO 24 de SE ACCEDE A LO

RRAR CARVAJAL septiembre SOLICITADO,

URUEÑA PERO NO SE LE

HAN

ENTREGADO

LAS COPIAS POR

EL SECRETARIO,

POR FALTA DE

AUTENTICACIO

N

14 GRANAHO ADRIANO 24 de SE ACCEDE A LO

RRAR MORENO septiembre SOLICITADO,

GARCIA – PERO NO SE LE

ASCIAVA HAN

ENTREGADO

LAS COPIAS POR

EL SECRETARIO,

POR FALTA DE

AUTENTICACIO N 15 AV VILLAS ARACELLY 24 de No se indica en el MATALLANA octubre escrito de tutela 3 16 AV VILLAS DARIO 25 de NINGUNA AUGUSTO septiembre CIFUENTES 17 AV VILLAS JOSE 25 de No se indica en el 3 En este memorial el actor señala que "mediante el presente escrito me permito suministrar lo necesario para que se expidan las copias de todas las actuaciones del abogado Dr. Edgar Abadía, del poder de sustitución que le hace y de todo el incidente." En este documento el Secretario del Juzgado 4º Civil del Circuito de Palmira deja constancia de haber recibido $7.000 (Fl. 16). ABELARDO septiembre escrito de tutela GARCIA 18 AV VILLAS JOSE ATILIO 24 de No se indica en el CUARTAS septiembre escrito de tutela 19 AV VILLAS LUIS 25 de No se indica en el ENRIQUE septiembre escrito de tutela SANCHEZ 20 CAJA LEONIDAS 25 de NINGUNA AGRARIA CORREA septiembre

21 CAJA ALVARO 23 de SE ACCEDE A LO

AGRARIA GOMEZ septiembre SOLICITADO,

GOMEZ PERO NO SE LE

HAN

ENTREGADO

LAS COPIAS POR

EL SECRETARIO,

POR FALTA DE

AUTENTICACIO N 22 MARIA H. GABRIEL 25 de No se indica en el SEPULVED SEPULVEDA septiembre escrito de tutela

A Por lo anterior, el accionante solicita la protección de los derechos invocados y precisa que no cuenta con otros medios de defensa judicial para la consecución de las copias por él solicitadas.

2. Ampliación de la solicitud de amparo La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga, consideró necesario que el actor concretara las razones por las cuales instauraba la acción de tutela, teniendo en cuenta las múltiples afirmaciones que en su escrito hizo contra el Juez 4º Civil del Circuito de Palmira y su Secretario, así como la incidencia de la acción constitucional en el trámite disciplinario que contra él cursa en el Consejo Seccional de la Judicatura del

Valle del Cauca. Sobre este particular, el actor reiteró en lo fundamental lo expuesto en el escrito de tutela insistiendo en la violación de los derechos invocados por la no expedición de las copias solicitadas desde septiembre de 2002, ya por omisión del Juez accionado ora por decisión del Secretario; asimismo mencionó las dificultades que se le han presentado en el trámite de los procesos judiciales en el cual actúa como apoderado, reprochando la excesiva mora. Finalmente señala que ante la falta de expedición de las copias solicitadas no sólo se le ha impedido ejercer su derecho de defensa en el proceso disciplinario que contra él se sigue, sino que tampoco ha podido formular queja contra el funcionario judicial tutelado.

3. Respuesta del señor Juez 4º Civil del Circuito de Palmira y del Secretario de ese despacho judicial Avocado conocimiento por la Sala Civil del Tribunal Superior mencionado, se notificó del contenido de la acción de tutela tanto al Juez 4º Civil del Circuito

de Palmira como al Secretario de ese despacho judicial para que informara sobre el trámite dado a las solicitudes de copias presentadas en septiembre de 2002 formuladas por el accionante. El doctor Alfonso Mejía Montaño en su condición de titular del Juzgado accionado, solicitó se denegara la acción de tutela interpuesta en su contra, argumentando que el derecho de petición no se tramita ante los juzgados y además porque los fundamentos del escrito de tutela no se ajustan a la verdad. Sostiene que el Juzgado sí se ha pronunciado con relación a las solicitudes del accionante, puesto que se han ido resolviendo a medida que fueron presentadas, empero, precisa que en algunos casos no se les ha dado trámite por estar surtiéndose recursos en el mismo despacho o ante el superior y que muchas de las solicitudes están relacionadas con expedientes que se hallan archivados. Agrega que la causa por la cual aún no se han entregado las copias solicitadas por el actor, deriva de la omisión de éste en aportar las expensas necesarias para su expedición. Señala que en los casos en que suministró los dineros correspondientes las copias le fueron entregadas. Añade que otras copias están en la Secretaría del despacho pendientes para su entrega, respecto de las cuales no ha cancelado los gastos correspondientes, “pues trata de eludir el pago o cubrirlo sacando las copias en una fotocopiadora, donde dice tener crédito, no siendo esto lo correcto”. 4 En lo referente al listado de procesos en los que dice haber formulado solicitud de expedición de copias, explica que en los relacionados con los números 2, 12, 15 y 17 no existe petición en tal sentido. Además que en

varios casos se accedió a lo pedido el mismo día que se solicitó o con posteridad en los meses de octubre a diciembre. 5 Por su parte, el señor Lucas Hernán Velasco Martínez en su condición de Secretario del Juzgado 4º Civil del Circuito de Palmira relacionó los procesos en los que el accionante había suministrado las expensas para la expedición de las copias solicitadas y en los que no cumplió con esa carga. Así, indicó que en los procesos relacionados en la solicitud de tutela con los números 3, 4, 7, 9, 13 y 21 a pesar de haberse expedido las copias no han sido retiradas por el accionante. Respecto de los expedientes números 2, 12, 15 y 4 Folio 122 del expediente. 5 Se refiere a la solicitud de expedición de copias formulada el 24 de septiembre de 2002 dentro del proceso ejecutivo de Granahorrar contra María Stella Silva Alzate y otro (Fl. 36), la cual fue resuelta el 11 de diciembre de del mismo año (Fl. 122). 18 no rindió ninguna información y en relación con los demás expedientes señaló que no se han cancelado las expensas correspondientes. Por lo expuesto, también solicitó se nieguen las pretensiones de la acción de tutela al no habérsele vulnerado al actor ningún derecho fundamental.

4. Pruebas decretadas por el a-quo La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga, solicitó a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura le informara, si ante dicha colegiatura se tramita investigación disciplinaria contra el abogado José Santiago Correa Ordóñez.

En respuesta a lo solicitado dicha Sala Jurisdiccional señaló, que efectivamente se adelanta ante el despacho de la Magistrada Carlina Mireya Varela Lorza investigación disciplinaria contra el referido abogado, con fundamento en las copias que compulsara el 10 de septiembre de 2002, el Juez Cuarto Civil del Circuito de Palmira, "por afirmar hechos contrarios a la verdad". 6 Agregó la Magistrada, que el 8 de octubre de 2002 se abrió investigación preliminar y se dispuso escuchar en versión libre y espontánea al doctor Correa Ordóñez, prueba cuya práctica fue encomendada al Juez Penal del Circuito -reparto de Palmira, el que aún no ha devuelto los resultados de la comisión. Precisó que ese despacho judicial no ha ordenado copia de los procesos relacionados por el accionante, y que diferente es que para recabar en su defensa el abogado disciplinado haya solicitado en su versión allegarlos. De otra parte, el a-quo ante varias inconsistencias advertidas en el informe presentado por el Secretario tutelado, le solicitó explicación sobre las mismas y adicionalmente que manifestara si con relación al pago de las expensas de las copias solicitadas por el abogado Correa Ordóñez procedió a expedir el correspondiente recibo en los términos del Acuerdo No. 099 de 3 de abril de 2002. En cumplimiento de lo anterior, el señor Lucas Hernán Velasco Martínez, manifestó que en todos los procesos relacionados por el actor sí se formuló la solicitud de expedición de las copias, siendo atendidas en su integridad. En relación con las expensas, señala que el actor canceló algunas de ellas para la

expedición de copias en el trámite de recursos de apelación contra autos que fijaban los honorarios profesionales, pero no para los demás procesos. En lo concerniente a la aplicación del Acuerdo No. 009 de 2002, afirma que "dicho Acuerdo no reposa en el Archivo del Juzgado para nuestro conocimiento y solicitando información a dos Juzgados, éstos tampoco lo tienen y por lo tanto desconocemos el contenido de éste. No sobra expresar 6 Folio 147 del expediente. que muchos acuerdos no llegan o llegan a desatiempo, situación que se ha expresado a la Sala Administrativa. Nos regimos por el Acuerdo No. 001." 7 Finalmente, el juez de tutela de primera instancia, requirió al actor para que allegara las pruebas tendientes a demostrar que canceló todas las expensas secretariales necesarias para la expedición y autenticación de las copias invocadas en sus 22 peticiones. Sobre este particular, el actor anexó recibo expedido por el Secretario accionado el 15 de noviembre de 2002, por valor de $14.000 donde consta que recibió dicha suma de dinero por concepto de "autenticación de copias de catorce procesos" que cursan en el Juzgado 4º Civil del Circuito de Palmira, 8 en el cual se señala que éstas se "encuentran pendientes de fotocopiar y que según el interesado tiene cuenta en la fotocopiadora del primer piso del edificio.” 9 Adjuntó también una factura de venta expedida por el establecimiento de comercio "Acceso Directo" de fecha 20 de noviembre de 2002 , por valor de 10 $64.000 en el cual se detallan copias oficio y carta, pero sin precisar respecto

de qué documentos serían tomadas las fotocopias y tampoco aparece constancia de haber sido presentado este documento ante el juzgado accionado. En relación con estos documentos, el actor considera que éstos son la prueba de que a pesar de haberse cancelado las copias ellas no han sido expedidas por el Secretario del juzgado. Agregó el accionante, que no ha pagado la autenticación de los otros procesos porque el Secretario no ha querido recibir el dinero hasta que no se profiera el auto que las ordene.

2. Decisiones judiciales objeto de revisión 2.1. Primera instancia La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga, mediante sentencia del 22 de enero de 2003 denegó la acción de tutela por considerar que de las pruebas obrantes en el expediente se logró establecer que el actor canceló la autenticación de copias correspondientes a 14 procesos el 15 de noviembre de 2002, de lo cual infiere que si las 22 peticiones de copias fueron radicadas entre el 23 y el 25 de septiembre del mismo año, sólo a partir de aquella fecha el tutelante garantizó la carga que el ordenamiento jurídico le imponía. Resalta que la mayoría de solicitudes del actor fueron atendidas por el Juez accionado antes del 15 de noviembre de 2002 y sólo dos de ellas con posterioridad a la misma, en este sentido no considera vulnerado el derecho de petición del actor. 7 Folio 165 del expediente. 8 Folio 150 del expediente.

9Idem. 10 Folio 151 del expediente. Agregó que determinar la existencia o no de mora judicial en la resolución de los 22 memoriales presentados por el actor es labor que compete a la

autoridad disciplinaria. Así mismo, resalta que el accionante tiene garantizado su derecho de defensa dentro de la actuación disciplinaria que contra él se sigue, por cuanto puede dentro de ésta solicitar que sean allegadas al expediente disciplinario. En este sentido considera que en el caso del actor no se advierte la existencia de perjuicio irremediable y que en todo caso cuenta con otros medios de defensa judicial dentro del proceso disciplinario, que apenas inició su trámite, para la garantía de sus derechos fundamentales. 2.2. Impugnación En el escrito del recurso, el actor informa que el 27 de enero de 2003 recibió 8 copias auténticas, empero señala le faltan 14 de las cuales 6 ya fueron ordenadas y no entregadas y 8 procesos en los que el Juez no ha autorizado su expedición. Insiste además en las irregularidades que a su juicio se han presentado en varios de los procesos donde él es apoderado. Respecto de la violación a su derecho de defensa disiente del a-quo, puesto que considera que la violación a esta garantía no se configura en razón a que él no pueda solicitar las copias objeto de la tutela dentro del proceso disciplinario seguido en su contra, sino, porque al no tenerlas no puede hacer afirmaciones en su versión libre sobre hechos que en las copias que se expidan posteriormente no aparezcan. Reitera que no cuenta con otro medio de defensa judicial para obtener la expedición de las copias solicitadas y que por el contrario, se encuentra sometido al capricho del juez accionado. 2.3. Segunda instancia Mediante providencia del 6 de marzo de 2003, la Sala de Casación Civil y

Agraria de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de primera instancia. Coincidió con el a-quo en que dada la subsidiaridad de la acción de tutela ésta es improcedente para determinar la existencia o no de la mora que amerite una indagación contra el juez accionado. Así mismo, que el actor cuenta con los mecanismos jurídicos al interior del proceso disciplinario para garantizar su derecho de defensa y aportar por esa vía las copias solicitadas al Juez accionado. Finalmente, señala que "teniendo en cuenta la explicación ofrecida por el juez sobre los motivos por los cuales no se han entregado algunas de las copias no luce irrazonable, y el hecho de que en la impugnación está implícito que de las 22 peticiones iniciales sólo faltan 8 por ser completamente atendidas, es claro que el juez seguirá entregando tales copias con la prontitud que la situación permite y reclama, a fortiori, estando de por medio una actuación disciplinaria en la cual el accionante requiere tales documentos para aducirlos como prueba." 11

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

1. Problema jurídico El actor alega la violación de sus derechos “a la información, a no contestar dentro de los términos de ley, al saltar el orden en que deben resolverse los procesos, al debido proceso y al derecho a la defensa.”

12 No obstante, de la reseña fáctica que antecede, la Sala advierte que si bien el actor reprocha múltiples conductas de los accionados, el tema constitucional en el que se enmarcan esos señalamientos se restringen a dos garantías

fundamentales. Así, se determinará si con la conducta del Juez 4º Civil del Circuito de Palmira y del Secretario de dicho despacho judicial, se han violado los derechos de petición y al debido proceso, al no haberle expedido la totalidad de las copias por él solicitadas.

2. El derecho de petición y el debido proceso ante las autoridades judiciales. Reiteración de Jurisprudencia En cumplimiento de la competencia atribuida por la propia Carta Política, esta Corporación ha construido a través de innumerables pronunciamientos una doctrina constitucional acerca del contenido esencial, ejercicio y alcance del derecho fundamental de petición.

Ha sido constante el tratamiento que a esta garantía fundamental le han brindado las diferentes Salas de Revisión de esta Corte y ello por su cotidiana violación generada por el incumplimiento de los deberes que el ordenamiento constitucional impone a todos los servidores públicos dentro de los cuales se encuentra el garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución como fin esencial del Estado. A partir del análisis del contenido del artículo 23 Superior, la Corte Constitucional ha fijado las subreglas que deben tener en cuenta todos los operadores jurídicos al aplicar esta garantía fundamental, las cuales se encuentran contenidas entre otras en la Sentencia T-1160A de 2001 cuyo 13 contenido se reitera en esta ocasión. Esas reglas jurisprudenciales pueden aplicarse, a efectos de que la acción de tutela prospere cuando el juez cuenta con la totalidad de los elementos de juicio que le permitan arribar a la conclusión de que en el caso específico se produjo en realidad el atropello del

que se queja el solicitante. 11 Folio 10 del cuaderno de segunda instancia. 12 Folio 72 del expediente. 13 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En lo que respecta al derecho de petición ante las autoridades judiciales, esta Corporación desde la Sentencia T-334 de 1995 resolvió la cuestión referente 14 a si todas las peticiones presentadas ante los jueces deben ser resueltas dentro de los términos, en la forma y bajo los apremios propios de las actuaciones administrativas y si a ellas son aplicables las pertinentes normas que desarrollan el artículo 23 de la Carta Política. Sobre este aspecto precisó que si bien es cierto el derecho de petición puede ejercerse ante los jueces y en consecuencia éstos se hallan obligados a tramitar y responder las solicitudes que se les presenten, en los términos que la ley señale, y de no hacerlo desconocen esta garantía fundamental, también lo es que "el juez o magistrado que conduce un proceso judicial está sometido -como también las partes y los intervinientesa las reglas del mismo, fijadas por la ley, lo que significa que las disposiciones legales contempladas para las actuaciones administrativas no son necesariamente las mismas que debe observar el juez cuando le son presentadas peticiones relativas a puntos que habrán de ser resueltos en su oportunidad procesal y con arreglo a las normas propias de cada juicio (artículo 29 C.P.)." 15 En este sentido, advirtió la Corte que "debe distinguirse con claridad entre aquellos actos de carácter estrictamente judicial y los administrativos que pueda tener a su cargo el juez. Respecto de estos últimos son aplicables las

normas que rigen la actividad de la administración pública, es decir, en la materia bajo análisis, las establecidas en el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984)." 16 Como ejemplo de lo anterior, el ordenamiento jurídico previó la posibilidad de ejercer el derecho de petición ante el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 270 de 1996, así como la garantía que tiene la víctima o el perjudicado de ejercer este derecho ante el funcionario judicial con el fin de obtener información o hacer solicitudes específicas, pudiendo aportar pruebas, en los términos del artículo 30 de la Ley 600 de 2000. 17 Contrario sensu, "las actuaciones del juez dentro del proceso están gobernadas por la normatividad correspondiente, por lo cual las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso." Así, la solicitud de pruebas, acumulación de procesos, de denuncia 18 del pleito, etc se deben tramitar conforme a las reglas señaladas por los respectivos ordenamientos procesales. 14 M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 15Idem. 16Idem. 17 La constitucionalidad del artículo 30 de la Ley 600 de 2000 fue condicionada por la Corte Constitucional bajo el entendido que "una vez que se haya constituido la parte civil, ésta podrá acceder directamente al expediente desde el inicio de la investigación previa, pero si aún no se ha constituido en parte civil, la víctima o perjudicado deberá acceder al expediente en la forma prevista

en el artículo 30, es decir, a través del ejercicio del derecho de petición." Sentencia C-228/02 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett. 18 Corte Constitucional. Sentencia T-344/95 M.P. José Gregorio Hernández Galindo. A partir de lo anterior, la Corte dejó sentando que la omisión del funcionario judicial en resolver las solicitudes formuladas por las partes o sus apoderados propias de la actividad jurisdiccional, no configura una violación del derecho fundamental de petición, sino al debido proceso y al acceso de la 19 administración de justicia, puesto que en la medida en que dicha conducta 20 desconozca los términos de ley y carezca de motivo probado y razonable, implica una dilación injustificada al interior del proceso judicial la cual está 21 proscrita por el ordenamiento constitucional (Arts. 29 y 229 C.P.).

3. Caso Concreto En el presente asunto, la Sala encuentra que el origen de la controversia planteada se funda en el reproche del actor frente a las presuntas omisiones en las que pudieron haber incurrido el funcionario y el Secretario del Juzgado 4º Civil del Circuito de Palmira, al no haber atendido de forma oportuna las solicitudes de expedición de copias auténticas por él formuladas dentro de 22 procesos en los que actúa como apoderado.

En relación con este tipo de solicitudes, el numeral 7º del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, establece que “las copias auténticas requerirán auto que las ordene y la firma del secretario”, quiere decir, esto que este tipo de decisiones están regladas por el ordenamiento procesal y por lo

mismo no pueden aplicarse las normas propias de los actos de la administración pública. De esta manera, en el presente caso queda descartada la violación al derecho de petición, no porque esta garantía no pueda ejercerse ante los funcionarios judiciales, como equivocadamente lo señaló el Juez accionado, sino en razón a que la solicitud de expedición de copias que formuló el actor debía tramitarse bajo la regla del Código de Procedimiento Civil citada cuyo cumplimiento es necesaria para la observancia de un debido proceso. En este sentido, re