CC - T700-2011

Sentencia T-700/11

ACCION DE TUTELA DE PACIENTE PORTADORA DEL VIH CONTRA EPS CAPRECOM-Carencia actual de objeto por fallecimiento del demandante DAÑO CONSUMADO-No conduce necesariamente a la improcedencia de la tutela porque la Corte puede pronunciarse de fondo sobre el tema planteado CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Efectos del fallo en sede de revisión ACCION DE TUTELA-Legitimidad e interés LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA-Capacidad para representar intereses de cuñada portadora del VIH DERECHO A LA SALUD Y ESPECIAL PROTECCION DE PERSONAS PORTADORAS DEL VIH/SIDA-Reiteración de jurisprudencia PORTADOR DE VIH-Sujeto de especial protección constitucional ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD-No debe anteponer trámites administrativos que obstaculicen el acceso al servicio SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD-Derecho y servicio público de carácter obligatorio PRINCIPIO DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE SALUDImposibilidad de interrumpir sin justificación DERECHO A LA SALUD-Irrespeto por trámites burocráticos y administrativos que demoran irrazonablemente el acceso al servicio PLAN OBLIGATORIO DE SALUD DE REGIMEN CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO-Reglamentación del servicio de transporte o traslado de pacientes dentro del territorio nacional Expediente T3.075.621 2 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub ____________________________ SERVICIO DE TRANSPORTE Y MANUTENCION DE AFILIADO Y ACOMPAÑANTE-Análisis de situación económica

ACCION DE TUTELA DE PACIENTE PORTADORA DEL VIH

CONTRA EPS CAPRECOM-Llamado a prevención para que garantice los servicios y tratamiento integral de salud que requieran afiliados

Referencia: expediente T3.075.621

Acción de Tutela instaurada por la señora XX quien actúa como agente oficiosa de la señora XY en contra de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, la E.P.S. CAPRECOM y la Clínica AMÁN.

Magistrado Ponente:

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

Bogotá D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil once (2011) La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside-, Humberto Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha pronunciado la siguiente: SENTENCIA En el proceso de revisión de la Sentencia proferida el catorce (14) de abril de dos mil once (2011) por el Juzgado Primero de Familia de Manizales en el trámite de la acción de tutela incoada por la señora XX como agente oficiosa de la señora XY en contra de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, la E.P.S. CAPRECOM y la Clínica AMÁN.

1. ANTECEDENTES

Expediente T3.075.621 3 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub ____________________________ De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Cinco de la Corte

Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la Sentencia correspondiente. 1.1. ACLARACIÓN PRELIMINAR En atención a la reiterada jurisprudencia constitucional en virtud de la cual, la información sobre las afecciones de la propia salud hacen parte de la esfera privada del individuo y por ello, no pueden constituirse en datos de dominio público1; y teniendo en consideración que la agenciada padecía VIH, la Sala con el fin de garantizar la intimidad familiar y la confidencialidad, no divulgará su nombre. 1.2. SOLICITUD La señora XX, actuando como agente oficiosa de la señora XY, solicita al juez de tutela proteger los derechos fundamentales de su cuñada a la vida, a la dignidad humana y a la seguridad social, presuntamente vulnerados por la E.P.S.- S CAPRECOM, la Clínica AMÁN y la Dirección Territorial de Salud de Caldas, por no dar cumplimiento a la orden de hospitalización dada por un médico adscrito a la E.P.S.- S, alegando para ello la no disponibilidad de camas de aislamiento necesarias para la atención de pacientes con VIH. Sustenta su solicitud en los siguientes: 1.1.1. HECHOS Y ARGUMENTOS DE DERECHO 1.1.1.1. Afirma la peticionaria que su cuñada se encuentra vinculada a la E.P.S.-S CAPRECOM y que hace 7 años le diagnosticaron VIH POSITIVO, por lo que a través del Régimen Subsidiado de Salud

empezó a recibir el tratamiento y medicamentos requeridos. 1 Sentencia T-295 del 3 de abril de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; en el mismo sentido, pueden consultarse las Sentencias SU-256 de 1996, SU480 de 1997, SU-337 de 1999, T-618 de 2000, T-436 de 2004, T-810 de 2004, T-349 de 2006, T-628 de 2007. Expediente T3.075.621 4 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub ____________________________ 1.1.1.2. Refiere que en el mes de marzo de 2011, al sentir fuertes dolores e incluso paralizado el lado izquierdo de su cuerpo, fue llevada a SIES SALUD donde ordenaron su hospitalización en la Clínica AMÁN. No obstante, la referida Clínica no procedió a realizar la hospitalización por ser un paciente de alto costo. 1.1.1.3. Al no recibir la atención requerida, fue llevada al Centro Piloto de ASSBASALUD ubicado en el sector de San José en la ciudad de Manizales, en donde, hasta el momento de la interposición de la presente acción de tutela, se encontraba en un pasillo sin recibir atención o medicamento alguno. 1.1.1.4. Con fundamento en lo expuesto, solicita al juez de tutela la protección de los derechos fundamentales de su cuñada y, en consecuencia, ordenar a los accionados la hospitalización y el suministro del tratamiento integral requerido por la señora XY. 1.4. TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Recibida la solicitud de tutela, el Juzgado Primero de Familia de

Manizales procedió a admitirla y ordenó correr traslado de la misma a la E.P.S. CAPRECOM, la Dirección Territorial de Salud de Caldas y a

ASSBASALUD E.S.E.

Igualmente, como medida provisional ordenó a CAPRECOM E.P.S autorizar de manera inmediata la orden de hospitalización dada a la señora XY, en una institución de salud del nivel de complejidad acorde con sus necesidades médicas. 1.4.1. El Director Territorial de CAPRECOM Regional Caldas – CAPRECOM EPS-Scontestó la acción de tutela y solicitó denegarla por falta de objeto. Refirió que una vez notificados de la medida provisional, iniciaron las gestiones pertinentes para dar cumplimiento a lo ordenado por el juez de tutela. De esta manera, se solicitó el traslado de la paciente a la IPS Servicios Especiales de Salud SES, Clínica AMÁN e Instituto del Corazón DIACORSA, pero fueron informados de la no disponibilidad de camas de aislamiento, las cuales son requeridas para el manejo de la patología de la accionante. Expediente T3.075.621 5 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub ____________________________ Afirmó que el 1° de abril de 2011, se logró que la afiliada fuera aceptada en el Hospital San Rafael de Girardot; sin embargo, la paciente y su familia se opusieron al traslado, alegando para ello, que no tienen recursos económicos para asumir los gastos de transporte, alojamiento y alimentación del acompañante. Por lo anterior, CAPRECOM continúa haciendo las gestiones necesarias para conseguir en las IPS de Manizales la disponibilidad de una cama de aislamiento.

1.4.2. Por su parte, la Dirección Territorial de Salud de Caldas solicitó su desvinculación de la presente acción de tutela, puesto que quien debe asumir los requerimientos realizados es la E.P.S. CAPRECOM a la cual se encuentra afiliada la señora XY. 1.4.3. A su vez, la Clínica Centro Piloto de ASSBASALUD Empresa Social del Estado, manifestó que la señora XY se encuentra hospitalizada en sus instalaciones desde el día 23 de marzo de 2011 con diagnóstico de VIH y toxoplasmosis, siendo remitida desde el día 30 de marzo sin lograr su ubicación en un nivel de mayor complejidad, puesto que la Clínica es de baja complejidad y no cuenta con la tecnología y los especialistas que la paciente requiere. 1.5. PRUEBAS DOCUMENTALES Obran en el expediente, entre otros, los siguientes documentos: 1.5.1. Copia de la cédula de ciudadanía y carnet de afiliación a CAPRECOM E.P.S. de la señora XY. 1.5.2. Copia de parte de la historia clínica de la señora XY. 1.5.3. Copia de la orden de hospitalización realizada por SSIES SALUD de fecha 23 de marzo de 2011. 1.5.4. Constancia suscrita por la Oficial Mayor del Juzgado Primero de Familia de Manizales, en la que se señala que el día 12 de abril de 2011, se comunicó con la hija de la señora XY, quien informó que el día 9 de abril de 2011 su madre fue trasladada en horas de la mañana a la Clínica Manizales, pero que desafortunadamente su estado de salud estaba muy

deteriorado y en la noche de ese mismo día falleció.

2. DECISIONES JUDICIALES

Expediente T3.075.621 6 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub ____________________________

2.1. DECISIÓN ÚNICA DE INSTANCIA – JUZGADO PRIMERO DE

FAMILIA DE MANIZALES.

En Sentencia proferida el catorce (14) de abril de dos mil once (2011), el Juzgado Primero de Familia de Manizales declaró la carencia actual de objeto de la acción de tutela, como consecuencia del deceso de la señora XY. Ordenó desvincular a las entidades accionadas del trámite de tutela y, por otro lado, en consideración a la existencia de un daño consumado, compulsó copia de las actuaciones realizadas durante el trámite tutelar a la Superintendencia Nacional de Salud.

3. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 3.1. COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el proceso de esta referencia.

3.2. ASUNTO PREVIO. CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR

FALLECIMIENTO DEL DEMANDANTE. Reiteración de jurisprudencia. El día 30 de marzo de 2011, la señora XX, actuando como agente oficiosa de su cuñada XY, promovió acción de tutela contra la E.P.S.- S CAPRECOM, la Clínica AMÁN y la Dirección Territorial de Salud de

Caldas, con el fin de que le fueran amparados los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana y a la seguridad social, vulnerados en su sentir por la no hospitalización y tratamiento requerido como paciente portadora de VIH positivo, bajo el argumento de no contar con camillas de aislamiento, requeridas para el tratamiento de dicha patología. Precisa la actora que para el momento de la presentación de la solicitud tutelar, su representada se encontraba en un pasillo sentada en una silla incomoda porque dicen que no hay donde acostarla, afirman que no hay Expediente T3.075.621 7 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub ____________________________ cama, no ha recibido medicamentos el día de hoy, siente paralizado la mitad de su cuerpo. En este contexto, la peticionaria solicita la atención inmediata de su cuñada y, por lo tanto, se proceda a su hospitalización y suministro del tratamiento integral requerido. Ahora bien, observa la Sala que dentro del trámite tutelar, el juez de primera instancia constató, mediante comunicación telefónica realizada a la hija de la señora XY, que la paciente falleció el día nueve (9) de abril de

2011. Por la anterior circunstancia, el Juzgado Primero de Familia de Manizales declaró la carencia actual de objeto y ordenó la compulsión de copias a la Superintendencia Nacional de Salud para que adelante las diligencias correspondientes tendientes a determinar las posibles faltas en las que pudo haber incurrido la E.P.S.- S CAPRECOM.

En este orden, reitera la Sala que la presente acción de tutela instaurada por la señora XX carece de objeto, pues la protección de los derechos

fundamentales invocados y las órdenes que en su momento debían proferirse para el logro de tal fin, recaían en su cuñada la señora XY. No obstante, esta Corporación ha determinado que la carencia actual de objeto que se origina por el fallecimiento del actor o de la persona a favor de quien se invocó el amparo, no conduce a declarar la improcedencia de la acción, pues la Corte Constitucional puede estudiar el fondo del asunto para evaluar si hubo vulneración de las garantías superiores, en virtud de la función de pedagogía constitucional que también realiza a través de los fallos de tutela y para evitar que situaciones como ésta se repitan. Si bien en estos eventos no se emiten órdenes ante la ineficacia de las mismas, si la decisión proferida por el juez de tutela contraría los postulados constitucionales, la Corte debe revocarla. Al respecto, en la sentencia SU-540 del 17 de julio de 2007, se expuso lo siguiente: De manera que, la circunstancia de la muerte del actor en tutela configura un daño consumado, que no necesariamente conduce a la improcedencia de la tutela porque la existencia de una carencia actual de objeto no es óbice para que la Corte analicé a través del estudio de fondo sobre la vulneración que se puso en conocimiento de los jueces de tutela, si existió una vulneración Expediente T3.075.621 8 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub ____________________________ y, de esta manera, determine el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se solicitá2. En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que, aunque

ocurra la muerte del peticionario durante el trámite de la tutela, conserva la competencia para emitir un pronunciamiento sobre la cuestión objeto de debate, porque si bien es cierto que por esa causa, entendida como un daño consumado, la Corte queda impedida para impartir contra el demandado la orden a que hace referencia el artículo 86 Superior, también lo es que en virtud de su función secundaria3, en la eventual revisión de los fallos de tutela, debe resolver sobre el fondo del asunto sometido a su estudio, i.) en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, que prohíbe la emisión de fallos inhibitorios en materia de tutela y ii.) en consideración a que sus funciones, en materia de tutela, exceden a las que cumple ordinariamente un tribunal de instancia4.5 En esta misma sentencia, acerca de los efectos del fallo que se profiere en sede de revisión por carencia actual de objeto, se precisó: El juez de instancia puede negar la protección: i.) cuando resulta improcedente, de acuerdo con las causales que para el efecto estableció el Decreto Reglamentario de la Acción de tutela, entre ellas, el daño consumado -la muerte del actor-, en armonía con la jurisprudencia constitucional o ii.) cuando no encuentra vulneración de los derechos cuya protección se invocó. 2 Sentencia T-309 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 3 En las Sentencias T-260 de 1995 y T-175 de 1997 la Corte Constitucional precisó que la revisión eventual de los fallos de tutela cumple dos funciones, una primaria que “reside en la consolidación y armonización de

la jurisprudencia relativa a la efectividad de los postulados y mandatos superiores en materia de derechos fundamentales”, y una secundaria consistente en la “resolución específica del caso escogido.” Sobre la función secundaria pueden consultarse las sentencias T-662 de 2005, M.P. Alvaro Tafur Galvis; T-901 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-428 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-175 de 1997 y T-699 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 4 Cfr. Sentencias T-662 de 2005, M.P. Alvaro Tafur Galvis y T-696 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 5 Corte Constitucional, sentencia SU-540 del 17 de julio de 2007. M.P. Alvaro Tafur Galvis. Expediente T3.075.621 9 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub ____________________________ Entonces, sobre el particular se puede enunciar como regla general que a.) si la Corte encuentra que la decisión se profirió conforme a la Constitución Política y a la jurisprudencia, confirmará el fallo; b.) si verifica que sí hubo una vulneración, o que la tutela era procedente, revocará la decisión y señalará que aunque se habría concedido la tutela, se presentó un daño consumado con la muerte del actor, con lo que se configura la carencia de objeto y así lo declarará, previo su pronunciamiento de fondo, para determinar el alcance de los derechos vulnerados (en armonía con lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991) y emitirá la orden de compulsar

copias de la sentencia y del expediente a las autoridades correspondientes para eventuales investigaciones, si fuera del caso. La excepción a esta regla la configura la circunstancia de que los efectos de la vulneración de los derechos fundamentales del actor se proyecten en su familia supérstite, caso en el cual la tutela se concede para la protección de los derechos de la familia, como ya se explicó, en el punto 7.3.3.1. de la parte considerativa.6 (negrilla fuera de texto) Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes y pese a que en el presente caso no se va a emitir ninguna orden ante la carencia actual de objeto por el fallecimiento de la persona a favor de quien se solicitó el amparo, esta Sala abordará el estudio del asunto que se somete a su revisión para determinar la posible vulneración de los derechos fundamentales invocados por la actora.

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA PARA PROMOVER LA

3.3. PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA 1.1.1 1.1.2 Antes de avanzar en el estudio que ahora ocupa a esta Sala, es necesario precisar si la peticionaria se encuentra legitimada para interponer la presente acción de tutela, teniendo en cuenta que su pretensión se encuentra encaminada a obtener la protección de los derechos fundamentales de su cuñada. 1.1.3 1.1.4 En primer lugar, ha de señalarse que el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia establece que: 1.1.5 6 Ibídem Expediente T3.075.621 10 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub ____________________________

Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. Por su parte, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone: ARTICULO 10. LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales. 1.1.6 Bajo este entendido, se tiene que, son titulares de la acción de tutela las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados, encontrándose habilitados para solicitar el amparo constitucional en forma directa o por intermedio de sus representantes o apoderados. Igualmente, en aquellos casos en los que los titulares de los derechos violados no estén en condiciones de promover su propia defensa, la ley autoriza la agencia oficiosa de derechos ajenos, debiendo el agente manifestar dicha circunstancia ante la autoridad judicial que tiene a su cargo el conocimiento de la acción.

1.1.7 No obstante, frente a la necesidad de que sean indicadas de manera precisa las razones por las cuales una persona busca la protección de los derechos fundamentales de un tercero, la Corte, con el fin de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales y, de esta manera, no petrificar los contenidos de la Carta Fundamental, ha establecido que el juez de tutela debe constatar las circunstancias del caso a partir del acervo probatorio que reposa en el expediente, para no hacer nugatorio el acceso a la administración de justicia. Expediente T3.075.621 11 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub ____________________________ Al respecto, este Tribunal, en Sentencia T-1012 del 10 de diciembre de 1999, Magistrado Ponente Alfredo Beltrán Sierra, sostuvo: Considera la Corte que al juez constitucional le compete dentro del ámbito de sus funciones realizar una interpretación del escrito de tutela, en aras de brindar una protección efectiva de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados. Precisamente, uno de los avances más relevantes de la Constitución Política, consiste en hacer prevalecer la realidad sobre las formas, con el fin de evitar que los derechos fundamentales y las garantías sociales, se conviertan en enunciados abstractos, como expresamente lo ordena la Carta Política en su artículo 228. En relación con el asunto que en esta oportunidad atañe estudiar, esta Sala encuentra que la señora XX, en efecto, tenía capacidad para representar los intereses de su cuñada XY, teniendo en cuenta que para el momento de la presentación de la acción de tutela se encontraba en el Centro Piloto de ASSBASALUD, ubicado en el sector de San José en la

ciudad de Manizales, con fuertes dolores en su cuerpo producto del VIH que padecía y sin que se le brindará la atención requerida. Dicha situación fue puesta de presente en el escrito de tutela y constatada en la historia clínica. Entonces, ante el estado de salud crónico en el que se encontraba la agenciada al momento en que fue promovida la acción tutelar, se evidencia que la señora XY estaba legitimada en la causa por activa.

3.4. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD Y SU ESPECIAL

PROTECCIÓN TRATANDOSE DE PERSONAS PORTADORAS

DEL VIH. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA.

Inicialmente, ha de señalarse que la salud, como bien jurídico amparado por el texto constitucional y los tratados internacionales, permite su configuración como un derecho fundamental autónomo y como una garantía que protege múltiples ámbitos de la vida humana, por lo que la Corte Constitucional lo ha calificado como un derecho de naturaleza compleja tanto por su concepción, como por la diversidad de obligaciones que de él se derivan y por la variedad de acciones y omisiones que su cumplimiento demanda del Estado y de la Sociedad en general. Expediente T3.075.621 12 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub ____________________________ En este sentido, por tratarse de un derecho de amplio contenido prestacional, su efectiva realización depende de la existencia de condiciones jurídicas, económicas y fácticas, así como de las circunstancias específicas del caso concreto, sin que esto implique, que deje de ser por ello un derecho fundamental y que no pueda gozar de

una debida protección por vía de tutela. Con relación al contenido de este derecho, la Corte ha precisado que éste incluye el poder de reclamar atención médica, quirúrgica, hospitalaria y terapéutica, así como el diagnostico, tratamientos y medicinas requeridas. Al respecto, en la sentencia T-760 de 20087 esta Corporación reconstruyó en forma sistemática las reglas jurisprudenciales que en los diferentes escenarios constitucionales presenta el derecho a la salud, avanzando, dentro del marco que brinda la Constitución, en la identificación de los elementos que comportan el goce efectivo del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud. De otro lado, la jurisprudencia constitucional de manera reiterada y consolidada ha afirmado que existen personas a quienes la Carta Política confiere una protección especial por parte del Estado, ya sea por razón de su edad, por encontrarse en especiales circunstancias de indefensión, para las cuales, el amparo del derecho fundamental a la salud deviene reforzado. En efecto, el hecho de que el tutelante ostente la condición de sujeto de especial protección por parte del Estado, impone al juez constitucional tener en cuenta que entre mayor vulnerabilidad del accionante, mayor debe ser la intensidad de la protección para realizar de esa manera el principio de igualdad real, contemplado en el artículo 13 superior. Tal es el caso de las personas que son portadoras del VIH/SIDA, quienes se encuentran en una condición de debilidad manifiesta consustancial a su patología y afrontan una serie de necesidades particulares que obligan al Estado y a la Sociedad a otorgarles una protección reforzada.

7 Sentencia T-760 del 31 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Expediente T3.075.621 13 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub ____________________________ En este sentido, la Sentencia T-769 de 20078 dijo lo siguiente: Al respecto, en la observación general número 14 el CDESC llamó la atención a propósito del notable cambio que se ha producido a partir de la aprobación de los pactos de Nueva York en la situación mundial de la salud. Además de las profundas transformaciones que se han suscitado en cuanto al concepto del derecho a la salud, debido a la consideración de elementos determinantes como la distribución de recursos y el enfoque de género, se ha tenido en cuenta la preocupante difusión de enfermedades para las cuales no han sido creadas aún soluciones definitivas en el ámbito médico, como ocurre con el cáncer y el caso emblemático del VIH y el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida SIDA. La acuciante necesidad de resolver esta situación de proporciones mundiales ha renovado los esfuerzos de la comunidad científica y ha puesto de presente el impostergable compromiso por parte de los Estados de llevar a cabo las actuaciones necesarias para garantizar en estos casos el máximo nivel posible de atención a sus necesidades. En la mencionada observación el Comité hizo especial énfasis en la obligación exigible a los Estados que han ratificado el PIDESC de brindar condiciones especiales a las personas que sufren tales enfermedades con el objetivo de poner fin a las prácticas discriminatorias que tradicionalmente los han separado de la posibilidad de gozar de las prestaciones de salud que requieren. En tal sentido, hizo explícito el deber de

garantizar la accesibilidad física a estas personas, lo cual supone una obligación acentuada en cabeza del Estado de promover el acceso efectivo a los establecimientos, bienes y servicios de salud9. A su vez, llamó la atención sobre la necesidad de ofrecer programas eficaces de prevención y educación para evitar la propagación del virus a través de la promoción de comportamientos saludables relacionados con la 8 Sentencia T-769 del 26 de septiembre de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 9 Observación general número 14 sobre “El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)” Párrafo 12. Expediente T3.075.621 14 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub ____________________________ salud sexual y genésica10. Para terminar, haciendo eco de lo establecido en la observación general número 311, recalcó que la atención en salud y el acceso a los aspectos determinantes de ésta no puede estar condicionada en forma alguna a elementos discriminatorios que consideren, entre otros aspectos, el padecimiento de estos males12. (negrilla fuera de texto) De otro lado, la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Programa Conjunto sobre el VIH/sida (ONUSIDA), en el Informe sobre la epidemia mundial de sida 13 hizo referencia a una serie de hallazgos en relación con esta enfermedad. De esta manera, señaló: - El éxito a largo plazo de la respuesta a la epidemia del VIH exigirá que se avance constantemente en atender las cuestiones de violaciones de derechos humanos, desigualdad entre sexos, estigma y discriminación.

• Invertir considerablemente en la educación de las niñas, con el respaldo de políticas que impongan la educación primaria y secundaria universal obligatoria, reduciría en forma 10 Párrafo 16. 11 Observación general número 3 sobre “La índole de las obligaciones de los Estados partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)”. 12 Textualmente, el Comité señaló lo siguiente: “18. En virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 2 y en el artículo 3, el Pacto prohíbe toda discriminación en lo referente al acceso a la atención de la salud y los factores determinantes básicos de la salud, así como a los medios y derechos para conseguirlo, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o posición social, situación económica, lugar de nacimiento, impedimentos físicos o mentales, estado de salud (incluidos el VIH/SIDA), orientación sexual y situación política, social o de otra índole que tengan por objeto o por resultado la invalidación o el menoscabo de la igualdad de goce o el ejercicio del derecho a la salud”.

13El texto original del informe fue publicado en inglés, sin embargo, el texto en español del mismo se puede obtener en la siguiente dirección electrónica: http://www.unaids.org/es/KnowledgeCentre/HIVData/GlobalReport/2008/200 8_Global_report.asp Expediente T3.075.621 15 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub ____________________________ significativa el riesgo de contagio del VIH y la vulnerabilidad frente al virus para las mujeres y las niñas.

-Los programas fundamentados en pruebas para establecer normas de igualdad entre sexos deben adecuarse a las situaciones con especial atención a las iniciativas centradas en varones jóvenes y adultos. -Los gobiernos nacionales y los donantes internacionales deben dar prioridad a las estrategias para aumentar la independencia económica de las mujeres y a las reformas legales que reconozcan los derechos de propiedad y herencia de las mujeres. -Todos los países deben asegurar el estricto cumplimiento de las medidas contra la discriminación para proteger a las personas que viven con el VIH. - El tercio de países que carecen de amparos legales contra la discriminación por el VIH deben promulgar esas leyes inmediatamente. Además, los países deben proteger contra la discriminación a las poblaciones en mayor riesgo y garantizar que se les reconozcan los mismos