CC - T716-2005

Sentencia T-716/05

PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Alcance de la sentencia C955/00/PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Reliquidación automática PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Terminación y archivo de procesos iniciados antes del 31 de diciembre de 1999/PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Terminación de procesos se produce por ministerio de la ley, por lo tanto debe ser declarada de oficio por el juez ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESDecisión de no terminar los procesos constituye una vía de hecho por defecto sustantivo .

Referencia: expediente T-1073483

Acción de tutela instaurada por José Miguel Lobatón Obregón contra el Banco Comercial AV VILLAS S.A. y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali

Magistrado Ponente:

Dr. ALVARO TAFUR GALVIS.

Bogotá, D. C., siete (7) de julio de dos mil cinco (2005). La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández y Jaime Araujo Rentería, en ejercicio de su competencia constitucional y legal, ha proferido la siguiente SENTENCIA en el proceso de revisión del fallo adoptado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de tutela instaurada por José Miguel Lobatón Obregón contra el Banco AV VILLAS S.A. y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.

I. ANTECEDENTES

Mediante apoderado, el señor José Miguel Lobatón Obregón instaura acción de tutela con el propósito de que se deje sin efecto el auto dictado el 7 de junio de 2004 por la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Cali, mediante el cual, se revocó la decisión adoptada por el Juzgado 15 Civil del Circuito de Cali, que ordenó dar por terminado el proceso hipotecario instaurado por el Banco AV Villas S.A., de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 3º artículo 42 de la Ley 546 de 1999 y acorde con la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

1. Hechos.

1. Señala el actor, que en el Juzgado 15 Civil del Circuito de Cali, cursa un proceso de Ejecución Hipotecario iniciado en su contra en el año de 1998, por

el Banco AV VILLAS S.A.

2. El Juzgado 15 Civil del Circuito de Cali en providencia del 9 de febrero de 2004, decretó la terminación extraordinaria del proceso, así como la cancelación de las medidas cautelares y el archivo del expediente en aplicación del Parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 y de las Sentencias C-955 de 2000 y T-606 de 2003.

3. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el banco demandante, decidió mediante providencia del 7 de junio de 2004, revocar la misma, pues considera que con ella se contrarían los dictados de la Ley 546 de 1999.

4. Ante lo acontecido el actor interpone acción de tutela, pues considera que

con decisión adoptada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, no solo se violan sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, conexos con los derechos de acceso a la administración de justicia, de defensa y a la vivienda digna, sino que se desconoce lo establecido en el parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, según el cual, los procesos hipotecarios con títulos en UPAC suscritos para la adquisición de vivienda individual a largo plazo, iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, están llamados a terminar de manera extraordinaria por ministerio de la Ley de acuerdo con lo decidido por la Corte Constitucional en las Sentencias C-955 de 2000, T-606 de 2003 y T-701 de 2004.

5. Precisa que a esa conclusión se llega al interpretar los fallos de constitucionalidad y de tutela antes mencionados, sin que para el caso deba tenerse en cuenta lo decidido por la Sala Civil de Casación el día 18 de noviembre de 2003, pues no puede olvidarse que de acuerdo a la Constitución Política de 1991, el juez está obligado a interpretar las normas de manera razonada con justicia social y de conformidad con el ordenamiento Superior.

2. Pruebas -Fotocopia de la decisión adoptada por el Juzgado 15 Civil del Circuito de Cali de fecha 9 de febrero de 2004. -Fotocopia de la decisión adoptada el 7 de junio de 2004 por la Sala de

Decisión Civil del Tribunal Superior de Cali.

3. Intervención Pasiva.

En escrito del 21 de enero de 2005, la Dra. Amanda Lorza Vélez Magistrada

de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dio respuesta a la acción de tutela de la referencia, donde señala que reitera lo expresado en el auto del 7 de junio 2004 dictado por esa Corporación, según el cual: -El juzgado 15 Civil del Circuito de Cali se equivocó en su decisión cuando en forma oficiosa termina el proceso sin averiguar cómo se encuentra la obligación después de aplicar los alivios. -Sostiene que éste no podía terminar el proceso ejecutivo, sabiendo que la entidad financiera demandada presentó la liquidación del crédito, entendiéndose “que los intereses de mora fueron condonados en su totalidad hasta el 31 de Diciembre de 1999.” Además señala que para el caso no aparece probado que el demandado acordara algún tipo de reestructuración de la obligación y que igualmente no existen elementos de juicio que permitan decir que efectivamente la obligación que se cobra se encuentra a paz y salvo. -De otro lado advierte que no comparte las conclusiones realizadas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-606 de 2003 sobre la modalidad especial de terminación de los procesos hipotecarios y que en su lugar acoge las razones que se expusieron en la Sentencia de 18 de Noviembre de 2003, proferida por la Corte Suprema de Justicia.

4. Decisión Judicial que se revisa.

En Sentencia proferida el 31 de enero de 2005, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia señaló, que como lo que se pretende en el presente caso es que el Juez Constitucional ordene al Tribunal Superior accionado

emitir un auto “ajustado a derecho” que consulte la normatividad de la Ley 546 de 1999 y los criterios trazados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pero que sobre el asunto ella ya se pronunció en la sentencia de 18 de Noviembre de 2003, reitera la posición asumida anteriormente y en tal medida niega el amparo impetrado con fundamento en las consideraciones que a continuación se transcriben: “En efecto, sin desconocer la Corte la existencia de las sentencias de tutela pronunciadas por la Corte Constitucional, que en términos generales imponen terminar todos los procesos ejecutivos, que estaban en trámite para el 31 de diciembre de 1999, lo cierto es que “La situación creada con esta nueva decisión, reedita problemas relativos a saber el momento en que las sentencias de constitucionalidad adquieren el carácter de cosa juzgada, pero particularmente, sobre cuándo se termina el proceso de expedición de dichas sentencias. Lo que acaba de decirse tiene fundamento en que por razón de la sentencia de tutela No. 606 de 23 de julio de 2003, la Corte Constitucional, ahora en sede de tutela, reabre el examen de constitucionalidad para fijar hoy lo que quiso decir y no dijo, al expedir la sentencia de constitucionalidad. La perplejidad se incrementa exponencialmente, pues luego de predicar por el Tribunal Constitucional que la cosa juzgada no se halla necesariamente en la parte resolutiva, sino que es posible encontrarla en la parte motiva, y añadir que en una sentencia de constitucionalidad posterior se pueden

jerarquizar los argumentos para escindir los obiter dicta de la ratio decidendí, ahora se establece la novísima y heterodoxa práctica constitucional de que una nueva sentencia, esta vez de tutela, pueda fijar el alcance de la cosa juzgada constitucional dispuesta en las motivaciones de un fallo anterior.” “No sobra añadir que la sentencia número 955 de 26 de julio de 2000, cuando examinó la constitucionalidad del artículo 42 de la ley 546 de 1999 no estableció ningún tipo de modulación, ni la sujetó a condición de ninguna naturaleza; todo lo contrario, sencillamente retiró del ordenamiento algunas frases de modo que el texto subsistente es el que se ha aplicado desde entonces por los jueces y en él no puede verse la orden indiscriminada de terminación de los procesos. De esta manera no es posible ahora afirmar, ni siquiera como hipótesis, que dicha sentencia es de la estirpe de aquellas en que la Corte Constitucional acomoda o modula los efectos o subordina la constitucionalidad de lo que subsiste a algún tipo singular de interpretación de la norma.” “El parágrafo tercero del artículo 42 de la ley 546 de 1999 tal como subsistió luego del examen de constitucionalidad revela que: “los deudores cuyas obligaciones se encuentren vencidas y sobre las cuales recaigan procesos judiciales tendrán derecho a solicitar la suspensión de los mencionados procesos. Dicha suspensión podrá otorgarse automáticamente por el juez respectivo. En caso de que el deudor acuerde la reliquidación de su obligación, de conformidad con lo previsto en este artículo el proceso se dará por terminado y se

procederá a su archivo sin más trámite.” “Ahora, inusitadamente, de manera ex post, una Sala de revisión de tutela decide hurgar en la parte considerativa de la sentencia de constitucionalidad de la ley 546 de 1999 para hallar mandatos con alcance de cosa juzgada, contrarios a lo que comunica el texto legal subsistente luego del examen de constitucionalidad. Este sibilino ejercicio, impide saber cuándo terminan de expedirse las sentencias de constitucionalidad y si es función de una Sala de revisión, o de cualquiera de ellas en el futuro, complementar en cualquier tiempo la parte resolutiva de las sentencias de constitucionalidad o hacer modulaciones que la sentencia original omitió.” “Parece no ofrecer duda que el ejercicio jurisdiccional de control constitucional se agota con la expedición de la sentencia, o por lo menos ello es lo que demandan los cánones; no obstante, ahora surge la desmesura consistente en que una Sala de Revisión de tutela se arroga el privilegio de colocar en circulación esta especie novísima de ley que ordena la terminación de todos los procesos ejecutivos hipotecarios vigentes a 31 de diciembre de 1999, siendo que tal cosa no dijeron ni el legislador, ni el juez constitucional que expidió la sentencia original. Los jueces constitucionales de entonces quedaron debiendo la explicación que hoy pretende hacer una sala de revisión de tutela compuesta por otros jueces, y no en materia apenas accidental, sino en asunto tan grave como poner término a ochocientos mil procesos ejecutivos, que ese número cita la misma sentencia en uno de sus apartes. Por supuesto que una decisión de tal alcance, que entre

otras cosas causará una inusitada descongestión judicial, no tiene precedentes en el país y por lo mismo no se esperaría encontrarla en los vericuetos de la frondosa argumentación del juez constitucional, sino en una orden perentoria y clara del legislador. No ha de olvidarse que desde siempre el legislador ha regulado de manera minuciosa las causas de terminación anormal del proceso, como que en el código de procedimiento civil hay un capítulo especial reservado a este tema. Igualmente no debe perderse de vista que el legislador ha considerado muy importante la decisión por la cual se dispone la terminación del proceso, tanto, que para ella ha dispuesto el control de la doble instancia. Por lo que acaba de decirse parece inusitado que se haya podido crear, leyendo entre lo dicho al pasar de una sentencia de constitucionalidad, no calificada por el propio juez constitucional como modulada ni condicionada, una causal de terminación del proceso de tan hondas repercusiones para el derecho de los acreedores a acceder a la administración de justicia. Por el margen de inseguridad e incertidumbre que tal procedimiento apareja, la razón se resiste a tolerar que so capa de descifrar el sentido de una sentencia de constitucionalidad, se pueda dictar una nueva de idéntico linaje, y no sólo una, sino todas las que el futuro sean necesarias, según la necesidad de la acción de tutela de turno.” “Amén de las razones de orden constitucional que anteceden y preocupan, importa recordar que de la sentencia que declaró la exequibilidad de la ley 546 de 1999, siendo que ésta por cierto aludió a la posibilidad de suspender los procesos ejecutivos en curso para

facilitar la reliquidación de los créditos, no surgía ineluctablemente la terminación ope le gis del proceso ejecutivo, por el solo hecho de que obre aquélla, como si tal proceso no tuviera por mira en últimas la satisfacción del crédito, mucho más cuando el presupuesto de esa terminación, según los términos de le sentencia C-955 de 26 de julio de 2000 y de la ley misma que fue objeto de revisión, se hizo depender del acuerdo a que se llegue con el deudor, sobre la refinanciación o el finiquito de la deuda.” “Desde ese punto de vista observó esta Corporación al definir tutelas sobre el particular que cuando ‘no hay prueba suficiente que conduzca a concluir que la obligación quedó al día, ni que las partes comprometidas hayan convenido la refinanciación de la misma, no era viable desde el punto de vista legal, dar por terminado de plano el proceso ejecutivo hipotecario con la sola presentación de la reliquidación y sin ninguna clase de evaluación’ (sentencia de tutela 00413-01 de 30 de septiembre de 2002). Claro está que, si así no fuera, seguramente la ley en lugar de establecer la posibilidad de suspender el proceso habría provocado la terminación de todos los procesos ejecutivos para que fuera posteriormente y en otro trámite que se provocara la satisfacción de los créditos que, a pesar de la reliquidación, quedaran insolutos. Desde luego que la suspensión que manda la norma sería manifiestamente estéril, si la vocación de los procesos era su terminación ‘sin consideración al estado del mismo, ni la cuantía del abono especial, como tampoco de las ‘gestiones’ del

deudor para cancelar las cuotas insolutas del crédito’ como lo estima la Corte Constitucional en la sentencia T 606 de 23 de julio de 2003.” “Síguese en consecuencia que manteniéndose viva aquella interpretación, tanto de la ley como de la sentencia de exequibilidad de la misma, debe mantenerse intacta la conclusión de que se quebranta el debido proceso cuando efectuada la reliquidación como consecuencia de los beneficios que ella otorga aun subsiste parte de la deuda sin pagar; y como el tribunal accionado decidió con la sola liquidación dar por terminado el proceso ejecutivo, sin más, debe concederse la tutela para que lo reabra; obvio que en ese sentido esta Corporación se aparta de la conclusión en contrario que por vía de tutela, que no de exequibilidad de las normas, dedujo la Corte Constitucional en la sentencia T-606-03.” “Traído lo anterior al caso bajo estudio, observa la Corte que, una vez efectuada la reliquidación del crédito por parte de la entidad demandante, y aplicado el alivio a la obligación, la deudora continuaba en mora, por lo cual no podía terminarse el proceso y que la entidad financiera iniciara nuevamente el proceso ejecutivo, como lo entendió el Tribunal y lo indica en su fallo, por cuanto esta determinación podía proferirse siempre y cuando la deudora hubiera acordado con su acreedor la reliquidación de su obligación a fin de ponerse al día, lo que aquí no sucedió.” “Teniendo en cuenta lo expuesto, se revocará la providencia de 1° de agosto de 2001, proferida por la Sala aquí demandada al resolver la

apelación del auto de 23 de febrero de la misma anualidad, emanada del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popayán en el proceso ejecutivo hipotecario, pues lo resuelto comporta una vía de hecho, y se dispondrá que el Tribunal decida conforme al derecho objetivo y según lo discurrido en los acápites precedentes.” (sent. del 18 de noviembre de 2003, exp. 30764-01).

II CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

1. Competencia La Corte Constitucional, a través de esta Sala, es competente para revisar la sentencia proferida en el asunto de la referencia, en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9° de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 al 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento del auto del 18 de marzo de 2005, expedido por la Sala de

Selección de Tutelas Número Tres de esta Corporación.

2. Problema jurídico En el presente caso el demandante instaura acción de tutela, pues considera que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali incurrió en una vía de hecho y vulneró su derecho fundamental al debido proceso en conexidad con los derechos de acceso a la administración de justicia y a la vivienda digna, al revocar la decisión adoptada por el Juzgado 15 Civil del Circuito de Cali que ordenó dar por terminado el proceso ejecutivo hipotecario iniciado en su contra por el Banco AV Villas, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 3º artículo 42 de la Ley 546 de 1999 y la jurisprudencia de la

Corte Constitucional. Corresponde entonces a la Sala analizar, si con la decisión adoptada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali de revocar la providencia dictada por el Juez 15 Civil del Circuito de Cali, que ordenó dar por terminado el proceso ejecutivo hipotecario iniciado contra el actor en el año de 1998, se incurrió en una vía de hecho y se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la vivienda digna.

3. Suspensión y terminación de los procesos ejecutivos hipotecarios que se encontraban en curso a 31 de diciembre de 1999. Reiteración de

Jurisprudencia. El tema de la suspensión y terminación de los procesos ejecutivos hipotecarios que se encontraban en curso a 31 de diciembre de 1999, surgido con ocasión de lo reglado en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999, ha sido objeto de estudio por parte de esta Corporación, tanto en sede de control abstracto de constitucionalidad, como en sede de Revisión de acciones de tutelas. En efecto, esta Corporación al realizar el juicio de constitucionalidad de la Ley 546 de 1999, tuvo oportunidad de fijar el verdadero alcance del artículo 42 de dicho ordenamiento y, en particular, del texto correspondiente a su parágrafo 3° en la Sentencia C-955 de 26 de julio de 2000, posición que fue posteriormente reiterada en sede de tutela. Como se recordará la Ley 546 de 1999, fue expedida por el Congreso de la República, con el propósito de dar una solución a la crisis social, económica y

financiera presentada durante la década de los noventa, provocada, entre otros factores, por el incremento desbordado de los créditos hipotecarios otorgados para la financiación de vivienda a largo plazo, la imposibilidad de un gran número de deudores de cancelar las respectivas cuotas y consecuente con ello, el aumento de los procesos ejecutivos hipotecarios originados en la mora por el incumplimiento de las obligaciones. Para contrarrestar el impacto socioeconómico negativo que se presentaba, el propósito de la Ley 546 de 1999, fue el de definir las condiciones necesarias para garantizar el derecho constitucional a la vivienda digna; objetivo que desarrolló con la creación de un nuevo sistema especializado de financiación de vivienda a largo plazo (UVR) y mediante la adopción de estrategias dirigidas a: -Salvaguardar el patrimonio de las familias representado en vivienda. -Vigilar y fomentar el ahorro destinado a la construcción y financiación de vivienda, buscando mantener la confianza pública en los instrumentos de captación y en los establecimientos de crédito emisores de los mismos. -Proteger a los usuarios de los créditos de vivienda. -Propender por el desarrollo de mecanismos eficientes de financiación de vivienda a largo plazo. -Velar para que el otorgamiento de los créditos y su atención consulten la capacidad de pago de los deudores. -Viabilizar el acceso a la vivienda en condiciones de equidad y transparencia. -Promover e impulsar la construcción de vivienda en condiciones financieras que hagan asequible la vivienda a un mayor número de familias, y (viii) privilegiar los programas y soluciones de vivienda de las zonas del territorio

afectadas por desastres naturales y actos terroristas. El Legislador al trazar las estrategias destinadas a garantizar el derecho a la vivienda digna, tuvo en cuenta que dentro del sistema de vivienda “UPAC”, el monto de las deudas hipotecarias no solo superó abiertamente la capacidad de pago de los deudores, sino también, y en no pocos casos, el valor original de las viviendas, hasta el punto que éstos últimos tuvieron que cancelar cuantiosas sumas de dinero que la propia jurisprudencia constitucional calificó de inequitativas y desproporcionadas frente al costo real del bien inmueble y de los préstamos inicialmente otorgados. Así mismo el Legislador fue consciente que en la forma como estaba diseñado el sistema “UPAC”, el sujeto pasivo de la obligación hipotecaria no estaba habilitado para proyectar el pago de sus obligaciones en tanto desconocía el monto real de la deuda e igualmente estaba imposibilitado para reestructurar su crédito dadas sus condiciones económicas de pago. Ante esa realidad y como estrategia inmediata para conjurar la crisis, dispuso el reconocimiento por cuenta del Estado de unas sumas de dinero o alivios (art. 40 y sigs. L. 546/00); bien para abonar a los créditos hipotecarios vigentes a la fecha de expedición de la ley y que hubieren sido adquiridos para la financiación de vivienda individual a largo plazo, o bien para crear un fondo de ahorro a favor de los deudores que hubieren entregado en dación de pago sus viviendas, dirigido a constituir la cuota inicial de una nueva. De igual manera y para contrarrestar la crisis originada por el aumento

desproporcionado de los procesos ejecutivos, la aplicación del alivio se hizo extensiva no solo a los créditos que se encontraran al día, sino igualmente “a los que se encontraran en mora a 31 de diciembre de 1999.” Este último supuesto fue regulado por el artículo 42 de la Ley 546 de 1999, cuyo texto original antes de surtir el proceso de inconstitucionalidad, preveía lo siguiente: “Artículo 42. Abono a los créditos que se encuentren en mora. Los deudores hipotecarios que estuvieren en mora al 31 de diciembre de 1999, podrán beneficiarse de los abonos previstos en el artículo 40, siempre que el deudor manifieste por escrito a la entidad financiera su deseo de acogerse a la reliquidación del crédito, dentro de los noventa (90) días siguientes a la vigencia de la ley. Cumplido lo anterior, la entidad financiera procederá a condonar los intereses de mora y a reestructurar el crédito si fuere necesario. A su turno, el Gobierno Nacional procederá a abonar a dichas obligaciones el monto total de la diferencia que arroje la reliquidación de la deuda, efectuada de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 41 anterior, mediante la entrega al respectivo establecimiento de crédito de los títulos a que se refiere el parágrafo cuarto del mismo artículo 41. Parágrafo 1. Si los beneficiarios de los abonos previstos en este artículo incurrieren en mora de más de doce (12) meses, el saldo de la respectiva obligación se incrementará en el valor del abono recibido. El establecimiento de crédito devolverá al Gobierno

Nacional títulos a los que se refiere el parágrafo 4° del artículo 41, por dicho valor. En todo caso, si el crédito resultare impagado y la garantía se hiciere efectiva, el establecimiento de crédito devolverá al Gobierno Nacional la parte proporcional que le corresponda de la suma recaudada. Parágrafo 2. A las reliquidaciones contempladas en este artículo les serán igualmente aplicables el numeral 1 del artículo 41 anterior, así como lo previsto en los parágrafos 1° y 2° del mismo artículo”. Parágrafo 3. Los deudores cuyas obligaciones se encuentren vencidas y sobre las cuales recaigan procesos judiciales que dentro de los noventa (90) días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley decidan acogerse a la reliquidación de su crédito hipotecario, tendrán derecho a solicitar suspensión de los mencionados procesos. Dicha suspensión podrá otorgarse automáticamente por el juez respectivo. En caso de que el deudor acuerde dentro del plazo la reliquidación de su obligación, de conformidad con lo previsto en este artículo el proceso se dará por terminado y se procederá a su archivo sin más trámite. Si dentro del año siguiente a la reestructuración del crédito el deudor incurriere nuevamente en mora, los procesos se reiniciarán a solicitud de la entidad financiera y con la sola demostración de la mora, en la etapa en que se encontraban al momento de la suspensión, y previa actualización de su cuantía”. La norma en comento se ocupaba entonces de regular los efectos del abono sobre los créditos en mora, previendo en su parágrafo 3° las condiciones para

que operara la reliquidación y la suspensión y terminación de los procesos ejecutivos en curso. Ahora bien, como se anotó anteriormente en la Sentencia C-955 de 2000, la Corte adelantó el correspondiente juicio de inconstitucionalidad de la mencionada norma, procediendo a declararla exequible, con excepción de los apartes arriba subrayados que fueron declarados inexequibles y retirados del ordenamiento jurídico. Las expresiones declaradas inconstitucionales en dicho fallo, fueron las siguientes: i) "siempre que el deudor manifieste por escrito a la entidad financiera su deseo de acogerse a la reliquidación del crédito, dentro de los noventa (90) días siguientes a la vigencia de la Ley” (contenida en el inciso 1° del art. 42 L.546/00); ii) "cumplido lo anterior” (contenida en el inciso 2° del art. 42 L.546/00); iii) "que dentro de los noventa (90) días siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley decidan acogerse a la reliquidación de su crédito hipotecario", "dentro del plazo", y "si dentro del año siguiente a la reestructuración del crédito el deudor incurriere nuevamente en mora, los procesos se reiniciarán a solicitud de la entidad financiera y con la sola demostración de la mora, en la etapa en que se encontraban al momento de la suspensión, y previa actualización de su cuantía.” (contenidas en el parágrafo 3° del art. 42 L.546/00). En lo que atañe específicamente al contenido del parágrafo 3° del artículo 42

de la Ley 546 de 1999, que fijaba las condiciones para la suspensión y terminación de los procesos ejecutivos previa reliquidación del crédito, la Corte señaló que, en cuanto la cesación de pagos en las obligaciones de vivienda tuvo mayor fundamento en el colapso del sistema financiero que en la negligencia de los deudores, era constitucionalmente admisible que los alivios se reflejaran igualmente dentro del trámite de los procesos ejecutivos. De igual manera precisó en relación con el plazo establecido de noventa (90) días, contados a partir de la entrada en vigencia de la ley, con el cual contaban los deudores en mora para acogerse a la reliquidación del crédito, y que operaba como exigencia sine quanon para que fueran suspendidos los procesos en curso, que éste no se ajustaba a los dictados de Constitución Política. En efecto esta Corporación consideró que, “si las condiciones objetivas que deben dar lugar a la mencionada suspensión no dependen de haberse acogido o no a una reliquidación a la que todos los deudores tenían derecho, se trata de un requisito que rompe la igualdad y que injustificadamente condena a una persona, además de no recibir oportunamente el abono que le corresponde, a no poder efectuar la compensación entre el abono y lo que debe, y muy probablemente a ser condenada en el proceso”. De igual manera la Corte resolvió declarar inexequible el inciso final del parágrafo 3°, según el cual, “si dentro del año siguiente el deudor incurre nuevamente en mora, los procesos podrían reiniciarse en la etapa en la cual

estaban en el momento en que operó la suspensión, previa actualización de su cuantía, con la sola demostración de la mora y la solicitud de la entidad financiera.” Sobre el particular el fallo en mención (Sentencia C-955/00) indicó, que tal contenido afectaba los derechos a la igualdad, al debido proceso y a la administración de justicia, en la medida que “se trata de situaciones jurídicas distintas, en cuanto la nueva mora, que al tenor del precepto se constituye en hipótesis de la reanudación del proceso, debe dar lugar a un proceso nuevo y de ninguna manera acumularse a la que había propiciado el anterior, terminado, según el mismo mandato legal, con las consecuencias que tiene la terminación de todo juicio.” En ese orden de ideas, si bien el acreedor goza del derecho a iniciar un nuevo proceso ejecutivo en contra de su deudor, le está prohibido retomarse el proceso expirado, en la etapa en que se encontraba cuando se produjo la suspensión, puesto que ello significa atribuir efectos ultra activos a situaciones previas ya definidas, combinándolas con hechos nuevos, en contra de una de las partes, con notorio desequilibrio en la relación procesal.” Es así entonces, como a partir de la declaratoria de inexequibilidad de las expresiones "que dentro de los noventa (90) días siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley decidan acogerse a la reliquidación de su crédito hipotecario", "dentro del plazo", y "si dentro del año siguiente a la reestructuración del crédito el deudor incurriere nuevamente en mora, los procesos se reiniciarán a solicitud de la entidad financiera y con la sola

demostración de la mora, en la etapa en que se encontraban al momento de la suspensión, y previa actualización de su cuantía”, contenidas en la Sentencia C-955 de 2000, la Corte se ocupó de precisar el verdadero alcance del parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, señalando que de acuerdo a su nueva configuración normativa, la suspensión de los procesos en curso que allí se prevé, que opera a petición del deudor o de oficio por el ju