CC - T729-2006

Sentencia T-729/06

VENDEDOR AMBULANTE-Reubicación ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Deberes del Estado para erradicar la pobreza y desigualdad/ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Prohibición de adelantar políticas económicas, sociales y culturales de carácter regresivo PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA-Presupuestos que deben acreditarse P a r a q u e p u e d a c o n c l u i r s e q u e s e e s t á a n t e u n e s c e n a r i o e n e l q u e r e s u l t e a p l i c a b l e e l p r i n c i p i o e n c o m e n t o d e b e r á a c r e d i t a r s e q u e ( i ) e x i s t a l a n e c e s i d a d d e p r e s e r v a r d e m a n e r a p e r e n t o r i a e l i n t e r é s p ú b l i c o , l o q u e p a r a e l c a s o p r o p u e s t o s e a c r e d i t a a p a r t i r d e l a o b l i g a c i ó n e s t a t a l d e p r o t e g e r l a i n t e g r i d a d d e l e s p a c i o p ú b l i c o y l o s d e r e c h o s c o n s t i t u c i o n a l e s q u e s o n a n e j o s a s u p r e s e r v a c i ó n ; ( i i ) l a d e s e s t a b i l i z a c i ó n c i e r t a , r a z o n a b l e y e v i d e n t e e n l a

r e l a c i ó n e n t r e a d m i n i s t r a c i ó n y l o s c i u d a d a n o s , l a c u a l e s c o n n a t u r a l a l o s p r o c e d i m i e n t o s d e r e s t i t u c i ó n d e l e s p a c i o p ú b l i c o o c u p a d o p o r v e n d e d o r e s i n f o r m a l e s ; ( i i i ) s e t r a t e d e c o m e r c i a n t e s i n f o r m a l e s q u e h a y a n e j e r c i d o e s a a c t i v i d a d c o n a n t e r i o r i d a d a l a d e c i s i ó n d e l a a d m i n i s t r a c i ó n d e r e c u p e r a r e l e s p a c i o p ú b l i c o p o r e l l o s o c u p a d o y q u e d i c h a o c u p a c i ó n h a y a s i d o c o n s e n t i d a p o r l a s a u t o r i d a d e s c o r r e s p o n d i e n t e s y ( i i i ) l a o b l i g a c i ó n d e a d o p t a r m e d i d a s p o r u n p e r i o d o t r a n s i t o r i o q u e a d e c ú e n l a a c t u a l s i t u a c i ó n

a l a n u e v a r e a l i d a d , d e b e r q u e l a j u r i s p r u d e n c i a c o n s t i t u c i o n a l r e l a c i o n a c o n e l d i s e ñ o e i m p l e m e n t a c i ó n d e p o l í t i c a s r a z o n a b l e s , d i r i g i d a s a l o t o r g a m i e n t o d e a l t e r n a t i v a s e c o n ó m i c a s q u e g a r a n t i c e n l a s u b s i s t e n c i a d e l o s a f e c t a d o s c o n l a s m e d i d a s d e r e s t i t u c i ó n d e l e s p a c i o p ú b l i c o . PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA-Aplicación como mecanismo para conciliar conflicto entre intereses público y privado PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA-Ocupantes del espacio público RESTITUCION DE ESPACIO PUBLICO-Requisitos para la legitimidad la Corte ha fijado los requisitos para la legitimidad, desde la perspectiva constitucional, de los planes de restitución del espacio público ocupado por comerciantes informales que ejercen esta actividad bajo el amparo de la confianza legítima. De acuerdo con ellos, las autoridades están enteramente facultadas para llevar a cabo acciones tendientes a la recuperación y preservación del espacio público, a condición que (i) se adelanten con

observancia del debido proceso y el trato digno a quienes resulten afectados con la política; (ii) se respete la confianza legítima de los comerciantes informales; (iii) estén precedidas de una cuidadosa evaluación de la realidad sobre la cual habrán de tener efectos, con el seguimiento y la actualización necesarios para guardar correspondencia entre su alcance y las características de dicha realidad, con miras a asegurar el goce efectivo de derechos constitucionales fundamentales a través del ofrecimiento de alternativas económicas a favor de los afectados con la política; y (iv) se ejecuten de forma tal que impidan la lesión desproporcionada del derecho al mínimo vital de los sectores más vulnerables y pobres de la población, al igual que la privación a quienes no cuentan con oportunidades de inserción laboral formal de los únicos medios lícitos de subsistencia a los que tienen acceso. ADMINISTRACION MUNICIPAL-Orden para que demandante sea beneficiario de programa de reubicación compatible con actividad desarrollada con anterioridad

Referencia: expediente T-1346745

Acción de tutela interpuesta por Luis Hernando Vargas Sierra contra la Secretaría de Gobierno del municipio de Ibagué.

Magistrado Ponente:

Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil seis (2006). La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente

SENTENCIA en el trámite de revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Primero Penal Municipal de Ibagué y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de la misma ciudad, que resolvieron la acción de tutela impetrada por Luis Hernando Vargas Sierra contra la Secretaría de Gobierno del municipio de Ibagué.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos relevantes y acción de tutela interpuesta En cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Administrativo del Tolima en fallo del 17 de febrero, confirmado por el Consejo de Estado, dentro de la acción popular promovida por el Procurador Provincial de Ibagué, la administración municipal ha adelantado distintas acciones tendientes a la recuperación del espacio público, especialmente en relación con la zona céntrica de la ciudad.

Entre estas actuaciones, el Secretario de Gobierno Municipal y Seguridad Ciudadana de Ibagué, una vez agotado el procedimiento policivo correspondiente, profirió la Resolución 205 del 27 de mayo de 2004, a través de la cual declaró ocupante del espacio público al ciudadano Luis Hernando Vargas Sierra y, en consecuencia, le ordenó que restituyera al municipio “la zona de espacio público ocupada en la Calle 14 con Carrera 2 esquina, costado sur occidental, procediendo al retiro de los elementos con los cuales está siendo ocupado el espacio público”. En el mismo acto administrativo, la entidad demandada reconoció que para el caso del actor se había configurado el principio de confianza legítima, en la medida que con las pruebas pertinentes acreditó que la administración municipal había permitido el uso del espacio público y expedido documentos que daban fe de la autorización para el ejercicio del comercio informal. En ese sentido, la

Resolución mencionada dispuso que la ejecución de lo allí ordenado quedaba sujeta a que se hiciera “efectiva la relocalización o reubicación, para lo cual la Administración Municipal establecerá los sitios o lugares respectivos, conforme a las disposiciones reguladoras de la materia”. Igualmente, la entidad accionada estipuló que “en caso de que el beneficiario con la reubicación no se traslade al lugar establecido por la Administración Municipal, perderá este derecho y deberá restituir la zona ocupada, para lo que se dará aplicación al Parágrafo del Artículo 569 del Código de Policía del Tolima, por parte del Inspector del sector respectivo.” El actor considera que la decisión adoptada por la administración vulnera sus derechos constitucionales a la igualdad y al trabajo. A su juicio, la decisión de restituir el espacio público desconoce el hecho que por veintidós años ha ejercido con el consentimiento de las autoridades del municipio el comercio informal estacionario, a través de la venta de avena y buñuelos, actividad de la cual ha derivado su sustento y el de su familia. Considera, adicionalmente, que la alternativa dada por la entidad demandada luego del desalojo, consistente en la asignación de un “triciclo saltarín”, deja de lado el hecho que durante toda su vida se ha dedicado al comercio de alimentos. En consecuencia pretende, a través del ejercicio de la acción de tutela, que la administración municipal lo reubique en un lugar que tengan en consideración su avanzada edad (61 años) y la actividad comercial que realiza.

2. Respuesta de la entidad demandada El director de Espacio Público y Control Urbano del municipio de Ibagué, a

través de comunicación dirigida al juez de primera instancia el 31 de enero de 2006, se opuso a la protección constitucional de los derechos invocados por el actor. Con este fin, la entidad argumentó que las acciones por ella adelantadas estaban sustentadas en la necesidad de proteger el espacio público ocupado por el actor. En ese sentido y previo concepto de la Secretaría de Salud del municipio, había concluido que el lugar donde se ubicaba la caseta utilizada por el ciudadano Vargas Sierra no cumplía con los requisitos sanitarios para el expendio de alimentos. Por lo tanto, no era posible admitir el ejercicio de esa actividad comercial. Agregó que en cumplimiento de las reglas jurisprudenciales fijadas por la Corte Constitucional a propósito del tema de los vendedores informales, ha establecido fórmulas de reubicación para el actor, las cuales tienen sustento en el hecho que la administración municipal reconoce la confianza legítima de la que es titular. En definitiva, la entidad accionada sostiene que el cumplimiento del deber constitucional de proteger el espacio público justifica los actos de restitución que ha llevado a cabo. Este deber, además, impide que se permita al actor continuar con la actividad de venta de alimentos, más aún si se tiene en cuenta la ausencia de idoneidad del sector para el ejercicio de esta labor. Con todo, la necesidad de proteger los derechos constitucionales del demandante impide que la administración lo desaloje del lugar que ocupa, hasta tanto no le ofrezca alternativas de reubicación, las que han sido efectivamente dispuestas por la Alcaldía de Ibagué.

3. Decisiones judiciales objeto de revisión. 3.1. Primera instancia

Mediante sentencia del 9 de febrero de 2006, el Juzgado Primero Penal Municipal de Ibagué negó la protección de los derechos invocados por el ciudadano Vargas Sierra. Una vez expuesto el precedente constitucional aplicable a la materia, en especial la doctrina fijada por la sentencia T-398/97 referente a la tensión entre el derecho constitucional al trabajo y el deber estatal de protección del espacio público, el juez de tutela consideró que la entidad demandada había actuado de conformidad con sus competencias, con base en las cuales ofreció al actor alternativas de reubicación a través de la designación de un cupo en el “programa saltarín”. Del mismo modo, las pruebas allegadas al trámite demostraban que la administración municipal había dado respuesta a las solicitudes del actor, en las que había requerido la reubicación en un sector específico de la ciudad. En efecto, la gestora urbana, funcionaria encargada de dar curso a estas peticiones, informó la imposibilidad de concederle autorización para ocupar otro lugar en el espacio público, distinto a los que la Alcaldía ha dispuesto con el objeto de adelantar el programa de reubicación de vendedores informales. De otro lado, estaba probado que la administración municipal no había ejercido incautación alguna u otro procedimiento arbitrario en contra de los derechos fundamentales del actor. Por último, el juez de tutela advirtió que el actor tenía a su disposición los mecanismos judiciales ordinarios para obtener la nulidad de las actuaciones administrativas que decidieron la reubicación de su actividad comercial. Por ende, la acción promovida resultaba improcedente. 3.2. Segunda instancia

Impugnada por el demandante la decisión de primera instancia, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué, a través de sentencia del 30 de marzo de 2006, confirmó el fallo atacado. En criterio del funcionario judicial, no podía colegirse en el asunto estudiado la vulneración del derecho a la igualdad, en tanto no se han acreditado tratamientos distintos injustificados en contra del actor. Al respecto, debía tenerse en cuenta que no era posible prodigar al ciudadano Vargas Sierra, como lo solicitó en la impugnación, el mismo trato que la entidad demandada otorgó a los vendedores informales discapacitados, quienes fueron reubicados en locales del Centro Comercial “Andrés López de Galarza”, pues esta actuación respondió, precisamente, a las especiales condiciones de estas personas, que no son predicables del actor. Adicionalmente, el juez del circuito reafirmó la causal de improcedencia utilizada por el a quo. Así, concluyó que el actor contaba con otros mecanismos de defensa judicial, dirigidos a cuestionar el acto administrativo que ordenó la restitución del espacio público.

4. Pruebas decretadas en sede de revisión Con el objeto de contar con mayores elementos de juicio para decidir el asunto de la referencia, el Magistrado sustanciador ordenó oficiar a la Dirección de Espacio Público de la Secretaría de Gobierno Municipal de Ibagué, con el objeto que informara a la Corte acerca de las acciones adelantadas hasta el momento por la administración municipal de Ibagué respecto de la reubicación del demandante. En especial, se interrogó a la entidad sobre las tareas en relación con: la incorporación del vendedor en proyectos productivos y actividades

laborales, al igual que el suministro de auxilios, créditos u otros estímulos a favor del citado comerciante informal. Del mismo modo, fue solicitada información sobre la reubicación del vendedor informal en un sector del municipio distinto al que ocupaba y la naturaleza de la actividad laboral realizada en ese nuevo sitio, en caso que ello se hubiere verificado. A través de oficio recibido en esta Corporación el 11 de agosto de 2006, el director de Espacio Público y Control Urbano expresó que esa entidad adelantaba, entre los vendedores informales de mercancías varias con confianza legítima, la asignación de locales comerciales. De esta forma, “el vendedor tiene varias alternativas para su reubicación, entre otras, la incorporación al programa saltarín que consiste en la ubicación de ciertos lugares de la ciudad, viabilizados por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, para la venta de confitería en general. (...) Así mismo, se le ofreció y tiene la alternativa de efectuar un cambio de actividad para acceder a los locales comerciales antes mencionados (...), con actividad de venta de mercancías varias”. Respecto de estas alternativas, la Dirección expresó que el demandante no había mostrado voluntad alguna en su utilización, razón por la que la administración municipal estaba a la espera de un pronunciamiento del comerciante informal en ese sentido. En lo relativo al suministro de créditos, auxilios y demás estímulos para las personas que ejercen el comercio informal, la entidad señaló que el instituto de fomento Infibagué, en convenio con Actuar han conferido microcréditos destinados a la financiación de empresas familiares. De la misma forma, durante 2004 y 2005 el Servicio Nacional de Aprendizaje – Sena había impartido cursos

para los vendedores informales en las materias de “emprendimiento empresarial”, microempresas y formas asociativas de trabajo. Por último, reafirmó que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9ª de 1989, estaba prohibida la venta de alimentos en el espacio público, habida cuenta la imposibilidad de garantizar en esos sitios las condiciones mínimas de salubridad inherentes a esa actividad.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS Problema jurídico A partir de los precedentes expuestos y de las pruebas decretadas en sede revisión, corresponde a la Sala determinar si la actuación adelantada por el municipio de Ibagué en el sentido de recuperar el espacio público ocupado por el comercio informal adelantado por el ciudadano Vargas Sierra, otorgándole para ello alternativas de reubicación en actividades distintas a las que desempeñaba originalmente, vulnera sus derechos constitucionales al trabajo y al mínimo vital.

Para resolver esta controversia la Corte reiterará el precedente constitucional relacionado con el debate entre la protección del espacio público y la eficacia de los derechos fundamentales de los comerciantes informales. Posteriormente, hará alusión especial a las limitaciones que el principio de confianza legítima impone al ejercicio de acciones estatales de recuperación de ese espacio, específicamente en lo relativo al ejercicio de la actividad que desarrollaba el comerciante informal con consentimiento de la administración. Luego, a partir de las reglas que se deriven de este análisis, resolverá el caso concreto. Protección del espacio público por parte del Estado y eficacia de los derechos fundamentales de los comerciantes informales. Confianza legítima. Deber de implementar políticas razonables de reubicación. Reiteración de

jurisprudencia En la reciente sentencia T-465/06, esta Sala de Revisión asumió el estudio de un grupo de vendedores informales del municipio de Arauca, quienes consideraron que fueron vulnerados sus derechos fundamentales en razón del desalojo del parque de ocupaban, actuación adelantada por parte de la administración en cumplimiento de la política trazada por el ente territorial para la recuperación del espacio público. Para resolver la controversia jurídica planteada, la Sala efectuó una síntesis de la jurisprudencia constitucional sobre el principio de confianza legítima y el consecuente deber estatal de implementación de políticas de reubicación, entendidos como mecanismos para resolver la tensión entre el ejercicio de los derechos fundamentales de los vendedores informales y la necesidad de proteger el espacio público. El debate que plantea el asunto de la referencia recaba sobre esta tensión, por lo que la Sala, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2591 de 1991, reiterará a continuación el contenido del análisis efectuado en la sentencia mencionada. La controversia constitucional generada por la ocupación irregular del espacio público por parte de vendedores informales es un asunto suficientemente discutido por la jurisprudencia de esta Corporación. Este debate, en líneas generales, se centra en la tensión entre el deber estatal de proteger la integridad del espacio público y su destinación para el uso común, consagrado en el artículo 84 Superior, y la eficacia del derecho constitucional al trabajo de quienes, al estar excluidos de los mecanismos formales de inserción laboral, deben dedicarse a actividades de comercio en dicho espacio. El cumplimiento del deber de protección del espacio público obliga a las

autoridades públicas a ejercer todas aquellas medidas destinadas a impedir su ocupación indebida, entre ellas la ejecución de planes de recuperación que comprendan el retiro de las personas que irregularmente hacen uso del mismo, entre ellas los comerciantes informales. No obstante, frente a la implementación de estas políticas de reubicación concurren dos grupos de dificultades definidos: En primer lugar, son evidentes las condiciones de marginalidad de grupos significativos de la población que, ante la imposibilidad del Estado de asegurar una política de pleno empleo, deben hacer uso de la informalidad para garantizar su subsistencia. En segundo término es usual que las administraciones municipales y distritales ejerzan acciones u omisiones, prolongadas en el tiempo, que otorguen apariencia de legalidad a la ocupación del espacio público, entre ellas, el otorgamiento de licencias o permisos o la simple tolerancia por parte de la administración de su uso indiscriminado. La solución que la jurisprudencia constitucional ha previsto para el primer grupo de las dificultades mencionadas parte de considerar que las autoridades del Estado social y democrático de derecho poseen la obligación de diseñar e implementar las medidas tendientes a la erradicación de la pobreza y la promoción, bajo un criterio de igualdad material, de los individuos que por sus particulares condiciones, son titulares de la especial protección por parte del Estado. En ese sentido, toda actuación de las autoridades que incorpore medidas que se conviertan en factores generadores de pobreza, como es la recuperación del espacio público, deben ir necesariamente acompañadas de acciones que contrarresten tales efectos negativos. El contenido de las obligaciones estatales en comento fue expuesto por la Corte en la sentencia T-772 de 2003 del

siguiente modo: “En este orden de ideas, resalta la Sala que las políticas, programas o medidas estatales cuya ejecución se convierta en una fuente de pobreza para los afectados, y que no prevean mecanismos complementarios para contrarrestar en forma proporcionada y eficaz dichos efectos negativos, resultan injustificables a la luz de las obligaciones internacionales del país en materia de promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, así como a la luz del principio constitucional del Estado Social de Derecho y sus diversas manifestaciones a lo largo de la Carta. Por lo mismo, el diseño y la ejecución de tales políticas, programas o medidas constituyen, prima facie, un desconocimiento del deber estatal de erradicar las injusticias presentes y mejorar las condiciones de vida de la población, dado su carácter intrínsecamente regresivo, que no encuentra soporte alguno en el marco del orden constitucional instaurado en Colombia a partir de 1991. Por lo anterior, las políticas públicas, programas o medidas diseñadas y ejecutadas por las autoridades de un Estado Social de Derecho, han de partir de una evaluación razonable y cuidadosa de la realidad sobre la cual dichas autoridades efectuarán su intervención, y formularse de manera tal que atiendan a los resultados fácticos derivados de la evaluación en cuestión, no a un estado de cosas ideal o desactualizado, en forma tal que no se afecte indebidamente el goce efectivo de los derechos fundamentales de las personas. En otras palabras, al momento de su formulación y ejecución, se deben haber estudiado, en lo que sea técnicamente posible, todas las dimensiones de dicha realidad que resultarán afectadas por la política, programa o medida en cuestión,

incluida la situación de las personas que verán sus derechos severamente limitados, a quienes se deberá ubicar, por consiguiente, en una posición tal que no queden obligados a soportar una carga pública desproporcionada; con mayor razón si quienes se encuentran afectados por las políticas, programas o medidas pertinentes están en situación de especial vulnerabilidad y debilidad por sus condiciones de pobreza o precariedad económica: frente a estas personas o grupos se deberán adelantar, en forma simultánea a la ejecución de la política en cuestión, las medidas necesarias para minimizar el daño recibido, de tal manera que se respete el núcleo esencial de su derecho al mínimo vital y a la subsistencia en condiciones de dignidad. Sólo así se cumple con el requisito de proporcionalidad que debe acompañar a cualquier limitación del goce efectivo de los derechos fundamentales en un Estado Social de Derecho: además de (i) estar dirigidas a cumplir con un fin legítimo e imperioso, y (ii) desarrollarse a través de medios plenamente ajustados a la legalidad –que garanticen el respeto por el debido proceso y la dignidad de las personas-, y que además sean necesarios para materializar tal finalidad, estas limitaciones (iii) deben ser proporcionales en el contexto de los mandatos del Constituyente, es decir, no pueden sacrificar en exceso otros intereses constitucionalmente protegidos en aras de promover una finalidad constitucional específica. Es, así, en el contexto del cumplimiento de los deberes sociales del Estado, y de la prohibición de adelantar políticas, programas o medidas desproporcionadas, que no consulten cuidadosamente la realidad sobre la cual se habrán de aplicar y los efectos que tendrán sobre el goce efectivo de los derechos constitucionales -especialmente en relación

con la erradicación de la pobreza y la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales-, que se debe estudiar el tema específico de las políticas y programas de recuperación del espacio público (…)”. La necesidad de implementar acciones destinadas a contrarrestar los efectos lesivos de las políticas de restitución del espacio público se ve reforzada por la respuesta que la jurisprudencia constitucional ha otorgado al segundo grupo de problemas propuestos, con base en la aplicación del principio de la confianza legítima. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, este principio “s e a p l i c a c o m o m e c a n i s m o p a r a c o n c i l i a r e l c o n f l i c t o e n t r e l o s i n t e r e s e s p ú b l i c o y p r i v a d o , c u a n d o l a a d m i n i s t r a c i ó n h a c r e a d o e x p e c t a t i v a s f a v o r a b l e s p a r a e l a d m i n i s t r a d o y l o s o r p r e n d e a l e l i m i n a r s ú b i t a m e n t e e s a s c o n d i c i o n e s . P o r l o t a n t o , l a c o n f i a n z a q u e e l a d m i n i s t r a d o d e p o s i t a e n l a e s t a b i l i d a d d e l a a c t u a c i ó n d e l a a d m i n i s t r a c i ó n , e s d i g n a d e p r o t e c c i ó n y d e b e r e s p e t a r s e . ”

E m p e r o , l a m i s m a j u r i s p r u d e n c i a t a m b i é n h a p r e v i s t o q u e l a a p l i c a c i ó n d e l p r i n c i p i o d e c o n f i a n z a l e g í t i m a n o e s ó b i c e p a r a q u e l a a d m i n i s t r a c i ó n a d e l a n t e p r o g r a m a s q u e m o d i f i q u e n t a l e s e x p e c t a t i v a s f a v o r a b l e s , s i n o q u e , e n t o d o c a s o , n o “ p u e d e c r e a r c a m b i o s s o r p r e s i v o s q u e a f e c t e n d e r e c h o s p a r t i c u l a r e s c o n s o l i d a d o s y f u n d a m e n t a d o s e n l a c o n v i c c i ó n o b j e t i v a , e s t o e s f u n d a d a e n h e c h o s e x t e r n o s d e l a a d m i n i s t r a c i ó n s u f i c i e n t e m e n t e c o n c l u y e n t e s , q u e d a n u n a i m a g e n d e a p a r e n t e l e g a l i d a d d e l a c o n d u c t a

d e s a r r o l l a d a p o r e l p a r t i c u l a r . ” E n e s e s e n t i d o , p a r a q u e p u e d a c o n c l u i r s e q u e s e e s t á a n t e u n e s c e n a r i o e n e l q u e r e s u l t e a p l i c a b l e e l p r i n c i p i o e n c o m e n t o d e b e r á a c r e d i t a r s e q u e ( i ) e x i s t a l a n e c e s i d a d d e p r e s e r v a r d e m a n e r a p e r e n t o r i a e l i n t e r é s p ú b l i c o , l o q u e p a r a e l c a s o p r o p u e s t o s e a c r e d i t a a p a r t i r d e l a o b l i g a c i ó n e s t a t a l d e p r o t e g e r l a i n t e g r i d a d d e l e s p a c i o p ú b l i c o y l o s d e r e c h o s c o n s t i t u c i o n a l e s q u e s o n a n e j o s a s u p r e s e r v a c i ó n ; ( i i ) l a d e s e s t a b i l i z a c i ó n c i e r t a , r a z o n a b l e y e v i d e n t e e n l a r e l a c i ó n e n t r e a d m i n i s t r a c i ó n y l o s c i u d a d a n o s , l a c u a l e s c o n n a t u r a l a l o s

p r o c e d i m i e n t o s d e r e s t i t u c i ó n d e l e s p a c i o p ú b l i c o o c u p a d o p o r v e n d e d o r e s i n f o r m a l e s ; ( i i i ) s e t r a t e d e c o m e r c i a n t e s i n f o r m a l e s q u e h a y a n e j e r c i d o e s a a c t i v i d a d c o n a n t e r i o r i d a d a l a d e c i s i ó n d e l a a d m i n i s t r a c i ó n d e r e c u p e r a r e l e s p a c i o p ú b l i c o p o r e l l o s o c u p a d o y q u e d i c h a o c u p a c i ó n h a y a s i d o c o n s e n t i d a p o r l a s a u t o r i d a d e s c o r r e s p o n d i e n t e s y ( i i i ) l a o b l i g a c i ó n d e a d o p t a r m e d i d a s p o r u n p e r i o d o t r a n s i t o r i o q u e a d e c ú e n l a a c t u a l s i t u a c i ó n a l a n u e v a r e a l i d a d , d e b e r q u e l a j u r i s p r u d e n c i a c o n s t i t u c i o n a l r e l a c i o n a c o n e l

d i s e ñ o e i m p l e m e n t a c i ó n d e p o l í t i c a s r a z o n a b l e s , d i r i g i d a s a l o t o r g a m i e n t o d e a l t e r n a t i v a s e c o n ó m i c a s q u e g a r a n t i c e n l a s u b s i s t e n c i a d e l o s a f e c t a d o s c o n l a s m e d i d a s d e r e s t i t u c i ó n d e l e s p a c i o p ú b l i c o . E l p r e c e d e n t e j u r i s p r u d e n c i a l a n a l i z a d o p r e v é q u e a n t e l a i n e q u i d a d s o c i a l q u e d e m u e s t r a e l e j e r c i c i o d e l c o m e r c i o i n f o r m a l y l a g r a v e a f e c t a c i ó n d e l o s d e r e c h o s f u n d a m e n t a l e s d e q u i e n e s s e v e n r e l e g a d o s a e s t a s a c t i v i d a d e s , e s i m p r e s c i n d i b l e q u e e l E s t a d o o f r e z c a , p r e v i a m e n t e a l a e j e c u c i ó n d e u n

p r o g r a m a d e r e c u p e r a c i ó n d e l e s p a c i o p ú b l i c o , m e d i d a s d i r i g i d a s a a m i n o r a r l o s e f e c t o s l e s i v o s , e n t é r m i n o s d e d e r e c h o s f u n d a m e n t a l e s , d e l a a p l i c a c i ó n d e d i c h o p r o g r a m a . E n e s e s e n t i d o , t o d o p l a n d e r e s t i t u c i ó n d e l e s p a c i o p ú b l i c o d e b e e s t a r a c o m p a ñ a d o d e u n a p o l í t i c a d i r i g i d a a i m p e d i r l a a f e c t a c i ó n d e s p r o p o r c i o n a d a d e l o s i n t e r e s e s d e g r u p o s m a r g i n a d o s d e l a p o b l a c i ó n . L a j u s t i f i c a c i ó n c o n s t i t u c i o n a l d e e s t a p o l í t i c a e s t á s u s t e n t a d a , a d e m á s , e n e l p r i n c i p i o d e i g u a l d a d m a t e r i a l , e l c u a l s i r v e d e h e r r a m i e n t a p a r a c o n c i l i a r e l

i n t e r é s g e n e r a l , r e p r e s e n t a d o e n e l u s o c o m ú n d e l e s p a c i o p ú b l i c o y l o s i n t e r e s e s p a r t i c u l a r e s d e q u i e n e s s e d e d i c a n a l c o m e r c i o i n f o r m a l . C o m o l o h a i n d i c a d o l a j u r i s p r u d e n c i a c o n s t i t u c i o n a l , “ p rivar a quien busca escapar de la pobreza de los únicos medios de trabajo que ti