CC - T779-2013

Sentencia T-779/13

ACCION DE TUTELA PARA PROTEGER EL DERECHO

FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CUANDO SU AFECTACION SE DERIVA DEL RECONOCIMIENTO DE UNA PENSION-Reiteración de jurisprudencia PENSION DE SOBREVIVIENTES Y REQUISITO DE FIDELIDADDesconocimiento del precedente vulnera derechos fundamentales REQUISITO DE FIDELIDAD-Inaplicación por considerarse abiertamente inconstitucional y claramente regresivo CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Caso en que se reconoció pensión de sobrevivientes de hijo fallecido

Referencia: expediente T-3.782.142

Asunto: Acción de tutela interpuesta por Amanda González de Alzate contra ING Administradora de Fondos de Pensiones y

Cesantías S.A.

Magistrado Ponente:

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil trece (2013). La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado la siguiente: SENTENCIA En el proceso de revisión de los fallos de tutela proferidos por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal-Risaralda y el Juzgado Civil del Circuito de la misma municipalidad, en el trámite de la acción de amparo

constitucional instaurada por la señora Amanda González de Alzate contra ING Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A.

I. ANTECEDENTES

2 1.1. Hechos 1.1.1. La señora Amanda González de Alzate, quien cuenta con 69 años de edad y es la accionante en el trámite de la referencia, indicó que el ocho de diciembre de 2008, falleció su hijo Luis Arturo Patiño González, con quien convivía bajo el mismo techo, y de quien ella dependía económicamente para sufragar sus necesidades básicas. 1.1.2. Como consecuencia de lo anterior, el día 17 de julio de 2009, la actora solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías ING S.A. el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes con el respectivo retroactivo, y el pago del auxilio funerario, por el deceso de su hijo. 1.1.3. En respuesta1 dada a la solicitud referida en el numeral anterior, la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías ING S.A. negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la tutelante, aduciendo que no había cumplimiento del denominado requisito de fidelidad establecido en el literal b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, declarado inexequible por medio de la sentencia C-556 del 20 de agosto de 20092; motivo por el cual, la actora consideró que la entidad accionada desconoció la sentencia de constitucionalidad en comento. 1.1.4. Con base en la respuesta recibida, la accionante, a través de apoderada

judicial, interpuso demanda laboral contra la entidad accionada, la cual se tramitó en el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, y, mediante fallo de primera instancia, se reconoció el derecho a la pensión de sobreviviente de Amanda González de Alzate. Tal sentencia fue apelada por ING Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A., y posteriormente confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira el 19 de julio de 2012. 1.1.5. Como consecuencia de lo anterior, la entidad demandada y la Compañía Seguros Bolívar S.A., quien ampara los riesgos de invalidez y sobrevivencia de los afiliados a ING Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A, interpusieron recurso extraordinario de casación contra la sentencia que reconoció el derecho a la pensión de sobrevivientes de Amanda González de Alzate. 1.2. Solicitud de amparo constitucional La señora Amanda González de Alzate, a través de la presente acción de tutela, solicitó al juez constitucional amparar su derecho fundamental al mínimo vital, y ordenar a la entidad accionada el reconocimiento y pago efectivo de la pensión de sobreviviente a la que aduce tener derecho, hasta tanto la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia emita la respectiva sentencia de casación. 1 De fecha siete de septiembre de 2009. 2 M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 3 1.3. Contestación de la entidad accionada Esneda Caicedo Cuero, en calidad de Gerente de ING Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A., se opuso a las pretensiones elevadas por la parte

actora en el escrito de tutela, aduciendo que la acción de amparo constitucional se torna improcedente en tanto el trámite de la controversia objeto de estudio se encuentra en curso al interior de la jurisdicción ordinaria laboral, a la espera de que sea resuelto el recurso extraordinario de casación. Asimismo, consideró que la presente acción de tutela no cumplió con el requisito de procedibilidad concerniente a la inmediatez, pues no se ejerció en un término oportuno, justo y razonable. Por otro lado, el ente accionado informó que la pensión de sobreviviente pretendida por la actora no tiene asidero, pues en el caso en concreto no se cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, ya que Luis Arturo Patiño González no acreditó la fidelidad3 al sistema, teniendo en cuenta que “desde la fecha en que cumplió 20 años de edad hasta la fecha de su fallecimiento debería haber cotizado 245,74 semanas y cotizó solamente 104.29 semanas (…)”4. Este razonamiento lo fundó en el hecho de que para la muerte del señor Patiño González, ocurrida el ocho de diciembre de 2008, aún se encontraba vigente el requisito de la fidelidad, declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-556 del 20 de agosto de 20095. Finalmente, la sociedad demandada solicitó al juez de tutela integrar debidamente el contradictorio, y, en consecuencia, vincular a la Compañía de Seguros Bolívar S.A., por cuanto a través de la póliza de riesgo de invalidez y sobrevivencia, es la

aseguradora quien, en dado caso, debería financiar la pensión de sobreviviente pretendida, pues aseguró que en la cuenta de ahorro individual del causante no hay un saldo suficiente para financiar la prestación social en comento.

II. TRÁMITE PROCESAL 3 Con el propósito de obtener la pensión de sobreviviente, el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 consagró el denominado requisito de la fidelidad (hoy día fuera del ordenamiento jurídico) de la siguiente manera: “(…)Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

(…)

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones: a) Literal INEXEQUIBLE: Muerte causada por enfermedad: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinticinco por ciento (25%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento; b) Literal INEXEQUIBLE: Muerte causada por accidente: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento.” 4 Cuaderno 1, folio 39.

5 M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 4 2.1. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 16 de octubre de 20126, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal-Risaralda, decidió denegar la acción de tutela

interpuesta por Amanda González de Alzate, pues consideró ésta no puede estimarse como un medio alternativo, paralelo, ni complementario, para revivir términos o recursos a través del cual se pueda desatender el escenario natural de la jurisdicción ordinaria para resolver la pretensión de la accionante, más aún, si se tiene en cuenta que en el presente caso se está a la espera de que sea resuelto el recurso extraordinario de casación interpuesto por la entidad accionada. Sin embargo, de la documentación obrante en el expediente, el juez de tutela encontró que la actora había elevado una petición el 29 de agosto de 2012 a la entidad accionada7, sin que de esta haya obtenido respuesta alguna; motivo por el cual ordenó a ING Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. dar contestación a la petición presentada por la apoderada de la parte accionante en el término de tres días contados a partir de la notificación del fallo de tutela. Finalmente, resulta pertinente mencionar que el a quo se abstuvo de pronunciarse respecto de la contestación de la sociedad accionada, por cuanto no encontró acreditada la existencia y representación de su Gerente, la señora Esneda Caicedo Cuero. Por otra parte, también dispuso la vinculación de la Compañía de Seguros Bolívar S.A, con el fin de que hiciera valer su derecho de defensa, no obstante ello, observó el juez, la mentada compañía guardó silencio en relación con el traslado que se le corrió.8 2.2. Impugnación La apoderada de la accionante apeló el fallo de tutela proferido en primera

instancia, sin dilucidar razón o argumento alguno.9 Por otro lado, el 22 de octubre de 2012 la sociedad demandada impugnó la sentencia en cuestión, toda vez que manifestó haber dado respuesta a la solicitud elevada por la actora el 29 de agosto de 2012, informándole de forma clara y 6 Cuaderno 1, folio 64. 7 Cuaderno 1, folio 2. 8 El día 12 de octubre de 2012, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, corrió traslado por el término de un día a la Compañía de Seguros Bolívar S.A. Conforme a ello, con sello secretarial del 18 de octubre de 2012, el juzgado en comento recibió respuesta de la compañía aseguradora en la que la entidad indicó lo siguiente: “hasta la fecha, ING Pensiones y Cesantías S.A. no ha presentado ante la Compañía de Seguros Bolívar reclamación alguna por le fallecimiento del señor Luis Arturo Patiño Gonzalez (sic), razón por la cual desconocemos todas las particularidades de dicha reclamación”. También adujo que “don Luis Arturo (…) NO satisfizo el requisito de fidelidad al sistema” previsto en las normatividad vigente (art. 12 de la Ley 797 de 2003) al momento de su fallecimiento (ocurrido el 08 de diciembre de 2008); requerimiento que fue declarado inexequible tan solo hasta agosto de 2009. Cuaderno 1, folio 121 a 132 9 Cuaderno 1, folio 133. 5 precisa el estado de la pensión de sobreviviente pretendida10. Asimismo, reiteró

los argumentos expuestos en el escrito por medio del cual contestó a las pretensiones plasmadas en la acción de tutela ejercida en su contra.11 2.3. Sentencia de segunda instancia Desatado el recurso de apelación, a través de providencia del 10 de diciembre de 201212, el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal-Risaralda confirmó el fallo impugnado y declaró que “la acción impetrada por la señora AMANDA GONZALEZ DE ALZATE, es improcedente”13, pues consideró que existen otros mecanismos judiciales distintos de la acción de amparo, para hacer efectivo el pago de la prestación social en discusión. En este orden de ideas, afirmó el juez de segunda instancia que en el caso concreto, pese a que en ambas instancias del proceso surtido al interior de la jurisdicción ordinaria le ha sido reconocida a la actora la pensión de sobreviviente, aún no se encuentra en firme dicha decisión, ya que la entidad accionada acudió al recurso extraordinario de casación, el cual aún no ha sido resuelto; “por lo tanto, no es posible por medio de la acción de tutela pretender darle cumplimiento a un fallo que aún no tiene efectos jurídicos frente a terceros (…)”14. 2.4. Actuaciones en sede de revisión 2.4.1. Mediante Auto del 28 de febrero de 201315, la Sala de Selección de Tutelas Número Dos escogió para revisión el expediente de la referencia, correspondiendo su estudio y decisión a la Sala Tercera de Revisión; dicha Sala, a través de Auto del 27 de junio de 2013, decretó algunas pruebas con el propósito

de obtener más elementos de juicio relevantes, con miras a la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de la accionante. De igual forma, en la misma providencia se suspendió el término para resolver el trámite de los fallos proferidos dentro del proceso de la referencia, hasta cuando fueren recibidas y evaluadas por esta Corporación las pruebas solicitadas. 2.4.2. En atención a la anterior providencia, a la Secretaría General de la Corte Constitucional se allegó Oficio proveniente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, número CSJ/SSCL/8033, de fecha cuatro de julio de 201316, indicando que el sistema de gestión de la Corporación “no registra información relacionada con proceso, recurso o trámite”17 en el que figuren 10 El Fondo de Pensiones accionado adujo que dicha respuesta había sido allegada a la tutelante a los 12 días del mes de octubre del año 2012. (Cuaderno 1, folio 134). 11 Cuaderno 1, folio 139. 12 Cuaderno 2, folio 3. 13 Cuaderno 2, folio 9 14 Cuaderno 2. folio 8. 15 Cuaderno 3, folio 3 a 5. 16 Cuaderno 3, folio 12. 17 Cuaderno 3, folio 12 6 como partes la señora González de Alzate y la Administradora del Fondo de Pensiones accionada. 2.4.3. Por otro lado, la apoderada de la señora González de Alzate dirigió al despacho del magistrado sustanciador escrito fechado del tres de julio del 2013, a través del cual, informó que “(…) los apoderados de las entidades accionadas

FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS ING S.S. Y SEGUROS BOLIVAR S.A.

DESISTIERON DEL RECURSO DE APELACION (sic) que habían interpuesto ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, contra la sentencia dictada por el JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, que fue la razón por la que se presentó la tutela ya referida.”18 En el mismo escrito, manifestó que: “La señora AMANDA GONZALEZ DE ALZATE. Ya está recibiendo la tan anhelada Pensión por parte de las entidades demandadas.”19.

III. PRUEBAS A continuación se enumeran las pruebas relevantes aportadas al proceso:

1. Escrito de fecha tres de julio de 2013 firmado por la abogada María Nidia Ocampo López, apoderada de la señora Amanda González de Alzate, mediante el cual se informó el estado de la pensión de sobreviviente solicitada por la actora.20

2. Oficio No. CSJ/SSCL/8033, de fecha cuatro de julio de 2013, suscrito por Dinora Durán Noriega, Secretaria de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el cual se comunica la inexistencia de recurso o trámite alguno que estuviese siendo desatado en el Tribunal de cierre y en el que figuren como partes la señora González de Alzate e ING Administradora de Fondos de

Pensiones y Cesantías S.A.21

IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 4.1. Competencia Esta Sala es competente para revisar la decisión proferida en la acción de tutela

de la referencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política. 4.2. Procedencia de la acción constitucional Previo al análisis jurídico y de fondo del caso en concreto, debe verificarse el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad generales de la acción de tutela, que conforme a los artículos 86 de la Constitución Política y 1 del Decreto 2591 de 1991, se pueden sintetizar de la siguiente manera: a) legitimación de las partes; 18 Cuaderno 3, folio 15. 19 Ibídem. 20 Ibídem. 21 Cuaderno 3, folio 12. 7 b) evidencia de la afectación de un derecho fundamental; c) inexistencia o agotamiento de los medios de defensa judicial (subsidiariedad); d) interposición de la acción en un término razonable (inmediatez). 4.2.1 Legitimación de las partes La presente acción de amparo constitucional, conforme a lo dispuesto por los artículos 10 y 42 del Decreto Ley 2591 de 1991 y 86 de la Constitución Política, se interpuso por María Nidia Ocampo López, apoderada en el presente trámite de la señora Amanda González de Alzate, persona natural; tal y como consta en el poder22 obrante en el expediente y suscrito por la poderdante y la abogada en mención. Por otro lado, se observa que la acción de amparo constitucional se dirige contra ING Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A., persona jurídica de carácter privado perteneciente al Sistema de Seguridad Social Integral, específicamente al Sistema General de Pensiones; que por tal motivo resulta ser

un particular encargado de la prestación de un de un servicio público conforme lo dispone el artículo 48 de la Carta Política.23 En conclusión, la Sala encuentra acreditado el interés y la legitimación tanto en la parte activa como en la parte pasiva, para actuar en el presente trámite de tutela. 4.2.2 Afectación de derechos fundamentales Tal y como lo consagra el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, el mecanismo de amparo constitucional tiene como objeto la protección inmediata de derechos fundamentales, “cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este decreto”24. De esta manera, se desprende que la acción de tutela es improcedente: “(i) cuando no tenga como pretensión principal la defensa de garantías fundamentales; o (ii) cuando la acción u omisión que atenta contra las mismas no sea actual, es decir, cuando ha cesado o se ha consumado.”25. En cuanto al primer supuesto, en reiteradas oportunidades26 esta Corporación ha entendido como regla general, que el único objeto de la acción de tutela es la protección efectiva, inmediata y subsidiaria de los derechos fundamentales; por 22 Cuaderno 1, folio 1. 23“ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley (…)”. 24 Artículo 1° del Decreto 2591 de 1991. 25 Sentencia T-114 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

26Al respecto ver, entre otras, las Sentencias T-470 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-015 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-155 de 2010 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-449 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y T-650 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). 8 tal motivo, ésta se torna improcedente para resolver controversias de naturaleza económica, “pues la finalidad del amparo constitucional es servir de instrumento de salvaguarda iusfundamental, más no como mecanismo encaminado a resolver controversias de estirpe contractual y económico”27, por cuanto para esta clase de disputas, existen en el ordenamiento jurídico, las respectivas acciones y recursos de amparo judicial previstos al interior de la jurisdicción ordinaria. Reafirmando lo antes dicho, en la sentencia T-606 de 200028 se consideró lo siguiente: “Constituye regla general en materia del amparo tutelar, que la jurisdicción constitucional debe pronunciarse sobre controversias de orden estrictamente constitucional; por lo tanto, resultan ajenas a la misma las discusiones que surjan respecto del derecho (...), cuando el mismo es de índole económica, en tanto que las discusiones de orden legal escapan a ese radio de acción de garantías superiores, pues las mismas presentan unos instrumentos procesales propios para su trámite y resolución. A lo anterior debe añadirse que uno de los presupuestos de procedibilidad de la acción de tutela lo constituye, precisamente, la amenaza o vulneración de derechos fundamentales de las personas, cuyos efectos

pretenden contrarrestarse con las respectivas órdenes de inmediato cumplimiento proferidas por los jueces de tutela, en razón a la primacía de los mismos (…).”29 En conclusión, en los casos en que excepcionalmente la acción de tutela pueda llegar a resolver conflictos económicos o contractuales, es porque consecuencialmente concurre la protección de un derecho fundamental, de manera que, para alcanzar su efectiva garantía, el juez constitucional requiere definir tales controversias. Ahora bien, en cuanto al segundo supuesto se refiere, es decir, cuando la acción u omisión que produjo la interposición de la acción haya cesado o se haya consumado, esta Corte ha manifestado que la decisión de fondo que se llegue a adoptar, resultaría inocua, pues ya no habría vulneración o amenaza alguna que contrarrestar; existiendo así, un hecho superado o un daño consumado, respectivamente.30 27 Sentencia T-499 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). 28 M.P. Álvaro Tafur Galvis. 29 Sentencia T-606 de 2000 (M.P. Álvaro Tafur Galvis). 30 Al respecto, el Decreto 2591 de 1991, en su Artículo 26, lo regula de la siguiente manera: “Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Y en el Artículo 6, dispone que la acción de tutela no procederá, entre otras, “cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del

derecho”. 9 De esta manera, la carencia actual por hecho superado, se produce “cuando la pretensión es satisfecha antes de que el fallo de tutela sea proferido, con lo cual, se torna inocuo impartir alguna orden encaminada a superar una situación ya acaecida. En tal caso, el juez constitucional deberá pronunciarse sobre los derechos invocados y la situación fáctica que generó la interposición del amparo”.31 Por otro lado, respecto al daño consumado, se ha precisado que este “se presenta cuando antes de proferido el fallo la situación que originó la interposición del recurso de amparo llegó a sus últimas consecuencias, impidiendo que el juez dé una orden encaminada a evitar la consolidación de la vulneración de derechos fundamentales”32. Así pues, de lo anteriormente dilucidado, se observa, por un lado, que para dar por cumplido el requisito de procedibilidad abordado en este acápite y denominado “afectación de un derecho fundamental”, la acción de tutela elevada por cualquier accionante debe ir dirigida a impugnar actuaciones violatorias de garantías fundamentales, quedando, en principio, fuera del ámbito del juez constitucional el conocimiento de controversias de origen económico o contractual; y por otro lado, que no debe concurrir en el caso objeto de estudio un hecho superado o un daño consumado, pues no se estaría ante una vulneración actual de las garantías constitucionales en cabeza de la persona que se trate. 4.3. Del caso en concreto. En el caso que hoy ocupa la atención de la Sala, se observa que la señora González de Alzate elevó acción de tutela solicitando el amparo de su derecho

fundamental al mínimo vital, pues tras el fallecimiento de su hijo, de quien dependía económicamente, quedó desprovista para sufragar sus necesidades básicas, autosostenerse y llevar una vida en condiciones dignas, más aún teniendo en cuenta que por su avanzada edad (69 años) y precario estado de salud33, acceder a un empleo formal le resulta improbable. Circunstancias estas que se ven agravadas con la negativa de la entidad accionada a reconocer y pagar la Pensión de Sobreviviente a la que, adujo la tutelante, tenía derecho por cumplir los requisitos de ley; siendo también transgredido, según lo argumentó la actora, su derecho fundamental a la seguridad social34. 31 T-114 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez). 32 Ibídem. 33 En los folios 4 a 8 del Cuaderno 1, se observa que la actora padece un nódulo en la glándula mamaria izquierda con proliferación tubular atípica 34 Al respecto, la sentencia T-164 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) al realizar una reiteración jurisprudencial respecto de este derecho fundamental, concluyo que “La Seguridad Social es reconocida en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho constitucional fundamental. De esta manera, los artículos 48 y 49 de la Carta Política establecen la seguridad social por un lado, como un derecho irrenunciable, y por otro lado, como un servicio público , de tal manera que, por la estructura de este derecho, es el Estado el obligado a dirigir, coordinar y controlar su efectiva ejecución. La protección que le otorga el 10 Por tal motivo, pese a que por lo antes descrito, la presente acción de amparo

constitucional parecería, en un principio, procedente; del acervo probatorio contenido en el expediente, la Sala encuentra que la pretensión35 elevada por la accionante se satisfizo en el trámite de revisión, motivo por el cual, se torna inocuo impartir alguna orden dirigida a superar una supuesta actuación vulneradora de derechos fundamentales que ya no existe. La anterior información la corroboró la abogada María Nidia Ocampo López, apoderada de la señora González de Alzate, quien, como ya se dijo, durante el trámite de la revisión, específicamente el día cuatro de julio de 2013, allegó a esta Corporación escrito en el que indicó claramente que la tutelante: “Ya está recibiendo la tan anhelada Pensión por parte de las entidades demandadas.”36. Asimismo, advierte la Sala que no está en trámite el recurso de casación interpuesto contra la sentencia judicial que reconoció el derecho a la pensión de sobreviviente de la actora al interior del proceso ordinario laboral surtido en dos instancias; a dicha conclusión se llega, primero, por cuanto tal y como lo indicó la abogada María Ocampo, las entidades responsables del pago de la prestación social desistieron del mentado recurso extraordinario. Corroborando ésto, la Secretaria de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia informó que una vez consultado el sistema de gestión de dicha Corporación, este “no registra información relacionada con proceso, recurso o trámite en el que figure la señora Amanda González de Alzate y la Administradora del Fondo de Pensiones y Cesantías ING, S.A.”37. Y, segundo, ya que en la actualidad, según

lo informó la apoderada de la accionante, la señora González de Alzate se encuentra gozando de la pensión de sobreviviente; lo cual indica que la sentencia proferida al interior de la jurisdicción ordinaria, está en firme e hizo tránsito a cosa juzgada. Así pues, al encontrarse satisfecha la pretensión formulada en sede de tutela, la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la actora, en especial el mínimo vital y la seguridad social, ha sido superada, motivo por el cual, como ya se dijo, la decisión que pudiese tomar el juez constitucional respecto al caso objeto de estudio, resultaría contraria al propósito constitucionalmente previsto para la acción de tutela: la protección real, inmediata, concreta y efectiva de los ordenamiento constitucional al derecho a la seguridad social se complementa y fortalece por lo dispuesto en el ámbito internacional pues son varios los instrumentos internacionales que reconocen el derecho de las personas a la seguridad social.(…) conforme a la jurisprudencia constitucional, el derecho a la seguridad social es un real derecho fundamental cuya efectividad se deriva “de (i) su carácter irrenunciable, (ii) su reconocimiento como tal en los convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano en la materia y (iii) de su prestación como servicio público en concordancia con el principio de universalidad”. 35La señora Amanda González de Alzate solicitó al juez constitucional amparar su derecho fundamental al mínimo vital, y ordenar a la entidad accionada el reconocimiento y pago efectivo de la pensión de sobreviviente a la que aduce tener derecho, hasta tanto la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia emita la respectiva

sentencia de casación. 36 Cuaderno 3, folio 15. 37 Cuaderno 3, folio 12. 11 derechos fundamentales. Por consiguiente, se observa que en el presente trámite no se cumple con el presupuesto denominado afectación de derechos fundamentales, y la acción constitucional resulta improcedente. Es por esto entonces, que la Sala revocará las sentencias de instancia y declarará la carencia actual de objeto por hecho superado. Por otro lado, teniendo en cuenta, en primer lugar, que el ente accionado informó que la pensión de sobreviviente pretendida por la actora no tiene asidero, pues en el caso en concreto no se cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, ya que Luis Arturo Patiño González no acreditó la fidelidad al sistema, pues “desde la fecha en que cumplió 20 años de edad hasta la fecha de su fallecimiento debería haber cotizado 245,74 semanas y cotizó solamente 104.29 semanas (…)”38; y, en segundo lugar, que dicho razonamiento lo fundó en el hecho de que para la muerte del señor Patiño González, ocurrida el 08 de diciembre de 2008, aún se encontraba vigente el requisito de la fidelidad, declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-556 del 20 de agosto de 200939, esta Sala procederá a realizar la siguiente prevención: Tal y como lo manifestó la Sala Plena de esta Corporación en sentencia SU-158 de 2013, “(…) ninguna autoridad puede, sin violar la Constitución de 1991,

aplicar o exigir que se apliquen los literales a) y b) del artículo 12, Ley 797 de 2003, mediante los cuales se buscó instaurar un requisito de fidelidad para adquirir la pensión de sobrevivientes. La razón para que eso sea así tiene mucho que ver con lo decidido por la Sala Plena de la Corporación en la sentencia C556 de 2009,40 en la cual resolvió por unanimidad declarar inexequibles ambos literales de la Ley. En esencia, el motivo por el cual es inconstitucional aplicar esas normas es porque en términos prácticos hacen más difícil de lo que era en la versión original de Ley 100 de 1993 la adquisición del derecho a la pensión de sobrevivientes, sin que esa superior dificultad esté suficientemente justificada. Con lo cual violan la prohibición constitucional de retroceder sin justificación suficiente en el nivel de protección alcanzado previamente en materia de derechos sociales, que ha aplicado esta Corte en casos que por ejemplo 38 Cuaderno 1, folio 39. 3