CC - T903-2006

Sentencia T-903/06

LEY 546 de 1999-Doctrina constitucional sobre el artículo 42 parágrafo 3 PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Alivios financieros PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Terminación de procesos se produce por ministerio de la ley por lo tanto debe ser declarada de oficio por el juez DEBIDO PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Deben darse por terminados los procesos en curso a 31 de diciembre de 1999 una vez aportada la reliquidación del crédito VIA DE HECHO POR DEFECTO SUSTANTIVO-No se dio por terminado el proceso ejecutivo hipotecario conforme a la ley 546 de 1999 VIA DE HECHO EN PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Defecto procedimental en la interpretación de la ley 546 de 1999

Referencia: expediente T-1418444

Acción de tutela instaurada por Yolanda Inés Arango de Vélez contra el Juzgado Séptimo Civil del Circuito y la Sala Civil del Tribunal Superior, ambos de Medellín.

Magistrado Ponente:

Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO

Bogotá, D.C., tres (3) de noviembre dos mil seis (2006). La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados RODRIGO ESCOBAR GIL, MARCO GERARDO MONROY CABRA y JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos por las Salas de

Casación Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el trámite de la acción de tutela instaurada por Yolanda Inés Arango de Vélez contra el Juzgado Séptimo Civil del Circuito y la Sala Civil del Tribunal Superior, ambos de Medellín.

I. ANTECEDENTES Los hechos motivo de la presente acción de tutela, se pueden sintetizar en

los siguientes puntos:

1. La accionante Yolanda In és Arango de Vélez junto con su esposo Jaime Hernando Vélez Velilla, suscribieron el 28 de diciembre de 1987 un crédito hipotecario con el Banco COLMENA para la compra de vivienda. El crédito hipotecario se tomó por la suma de $4.500.000 pesos, equivalente a 2.808.3927 UPAC.

2. Años después, al presentarse el incumplimiento en el pago de las cuotas mensuales pactadas, los accionantes justificaron dicha mora en el aumento desproporcionado de monto de las mismas, lo que llevó a que el crédito se hiciera impagable, razón por la cual el banco COLMENA interpuso la correspondiente demanda ejecutiva hipotecaria, que fue radicada en el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de la ciudad de Medellín, el 5 de mayo de 1995 bajo el número 1995 - 2245, profiriéndose el respectivo mandamiento de pago.

3. No obstante, el día 17 de noviembre de ese mismo año, los accionantes lograron ponerse al día en la mora que presentaba su crédito hipotecario, circunstancia frente a la cual, el abogado del banco les garantizó mediante escrito que obra en el expediente del proceso

ejecutivo, que se daría por terminado el proceso ejecutivo en cuestión.

4. Frente a éste nuevo hecho, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín, mediante Auto del 24 de noviembre de 1995, exigió la presentación personal del apoderado del banco COLMENA, para dar por terminado el mencionado proceso judicial. No obstante, dicha exigencia no se cumplió por parte del banco, y ello fue de conocimiento de los accionantes tan solo hasta el mes de junio de 1998, cuando fueron notificados personalmente acerca de la continuación del proceso ejecutivo en su contra.

5. Señalan los accionantes, que el mismo apoderado judicial del banco, tal y como consta en el expediente del proceso ejecutivo, solicitó el desarchivo del mencionado proceso, pues consideró que dicho proceso ejecutivo hipotecario no había concluido, razón por la cual, éste prosiguió su trámite de manera ininterrumpida, hasta el punto de tener a los accionantes ad portas de perder su vivienda.

6. El 14 de abril de 2004, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín, dictó sentencia en la cual ordenó que cesara la ejecución de la obligación, todo ello, en atención a que la entidad demandada no había allegado la reliquidación de la deuda así como tampoco había reconocido y aplicado el alivio de que trata la Ley 546 de 1999, pues aclaró, que los actores se encontraban al día con dicha entidad financiera desde el 17 de noviembre de 1995, e insistiendo que la razón fáctica que llevó al banco a aplicar la cláusula aceleratoria había sido la mencionada en las cuotas ya

puestas al día.

7. Con todo, el banco impugnó la anterior decisión judicial el 22 de abril de 2004 ante el Tribunal Superior de Medellín, el cual por providencia del 28 de abril de 2005, revocó la decisión de primera instancia, pues consideró, que si bien el banco COLMENA no había aportado la reliquidación del crédito conforme a la norma, esta falencia se podía subsanar en la etapa de reliquidación.

8. Señaló igualmente el Tribunal, que si bien el apoderado del banco ejecutante había solicitado mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 1995, la cesación del proceso ejecutivo en cuestión, era claro que la obligación había quedado satisfecha tan solo de manera parcial, y que ello no permitía desvirtuar que la razón que había justificado la aceleración del plazo haya sido rebatida. Ello significa, que el hecho generador del proceso ejecutivo sigue aún vigente, razón por la cual, al no desvirtuarse la mora y no advertirse tampoco irregularidades en torno a la garantía hipotecaria. Por estas razones el Tribunal, ordenó que se pagara con los bienes hipotecados, el crédito y las costas del proceso, advirtiendo que el crédito debía ser expresado en UVR, junto con los intereses de mora causados desde el 1º de enero de 2000, en tanto la ley 546 de 1999 propició la condonación de los intereses causados con anterioridad a dicha fecha.

9. Aún así, el día 15 de diciembre de 2004, los accionantes solicitaron mediante apoderado, la terminación del proceso, a la luz de los

pronunciamientos hechos por la Corte Constitucional. No obstante, mediante auto del 13 de junio de 2005, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín negó la solicitud y la correspondiente suspensión, terminación archivo o levantamiento de las medidas, vista la posición sentada por el Tribunal Superior de Medellín, la cual había plasmado en su sentencia del 28 de abril de 2005.

10. Es claro que el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín no ha dado por terminado el proceso ejecutivo, en virtud a lo dispuesto por el artículo 42 de la ley 546 de 1999 y a los pronunciamientos hechos sobre el particular por la Corte Constitucional.

11. De esta manera, visto que las instancias judiciales aquí accionadas no dieron aplicación a las normas contenidas en la Ley 546 de 1999, que disponen que todo proceso ejecutivo hipotecario pactado con antelación al 31 de diciembre de 1999 debía ser terminado, y que este mandato legal no fue cumplido por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito y por la Sala Civil del Tribunal Superior, ambos de la ciudad de Medellín, consideran los accionantes que se está ante una vía de hecho, violatoria de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la vivienda digna.

12. Por tal razón, los accionantes, quienes afirman no contar con ninguna otra vía judicial, solicitan que se ordene la terminación del proceso ejecutivo que adelanta el banco COLMENA ante el Juzgado Séptimo

Civil del Circuito de Medellín.

II. PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE - Folios 8 y 9, copia de la consulta de la evolución del proceso

ejecutivo seguido por el banco COLMENA contra la se ñora Yolanda In és Arango de Vélez y su esposo Jaime Hernando Vélez Velilla. - Folios 10 a 13, sentencia de primera instancia dictada el 14 de abril de 2004 por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín, dentro del proceso ejecutivo hipotecario iniciado por el banco COLMENA contra la se ñora Yolanda In és Arango de Vélez y su esposo Jaime Hernando Vélez Velilla. - Folios 15 a 30, sentencia de segunda instancia proferida el 28 de abril de 2005 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín dentro del proceso ejecutivo iniciado por el banco COLMENA contra la se ñora Yolanda In és Arango de Vélez y su esposo Jaime Hernando Vélez Velilla. - Folios 33 a 36, providencia dictada el 13 de julio de 2005 por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín, por la cual niega de plano la solicitud hecha por la se ñora Yolanda In és Arango de Vélez y su esposo Jaime Hernando Vélez Velilla, en la que solicitaron la nulidad de todo lo actuado, excepción de pago, decreto de pruebas, suspensión, terminación y archivo del proceso y levantamiento de las medidas cautelares, todas estas peticiones respecto del proceso ejecutivo ya mencionado. - Folios 51 a 64, Intervención del banco COLMENA BCSC S.A en respuesta a la presente acción de tutela y fotocopia del poder y de la escritura pública del poder general otorgado a la apoderada para

actuar en representación del mencionado banco.

III. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS

1. El Juzgado Séptimo Civil del Circuito como la Sala Civil del Tribunal Superior, ambos de Medellín, si bien fueron debidamente notificados, no intervinieron en la presente acción de tutela.

2. Por su parte, el Banco COLMENA BCSC S.A., mediante apoderado judicial, intervino en el trámite de esta acción de tutela, mediante escrito remitido a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el cual fuera recibido el día 30 de mayo del presente año.

En dicho escrito, el banco COLMENA BCSC S.A. señaló lo siguiente: a. En efecto, los accionantes habían suscrito un crédito hipotecario con dicho banco, el cual, en virtud de lo dispuesto por la Ley 546 de 1999, fue convertido al nuevo sistema de amortización denominado sistema de cuota fija en UVR. b. Visto lo anterior, el banco procedió a efectuar la reliquidación y a aplicar el correspondiente abono o alivio de que trata la Ley 546 de 1999, y que dicha reliquidación se hizo de acuerdo con la proforma F0000-50 de la Superintendencia Bancaria. El alivio que se aplicó al crédito hipotecario de correspondió a la suma de $928.001.09 pesos. c. “Acerca del procedimiento aplicado en la reliquidación vale la pena decir que se liquidó nuevamente los créditos de vivienda otorgados en UPAC o pesos con tasa referida al DTF y que se encontraba vigente a 31 de diciembre de 1999, tomando como base la UVR. Para tales

efectos, se utilizó la UVR establecida mediante resolución 2896 de 1999 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para cada uno de los días comprendido entre el 1° de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1999. El saldo en pesos reliquidado que a 31 de diciembre de 1999, utilizando la UVR, se comparó con el saldo en pesos que presentaban en esa época los créditos otorgados en UPAC o en pesos. En los casos en que éste último fue superior al primero, se realizó un abono al crédito equivalente a la diferencia entre ambos (Ley 546/1999 arts. 41 y 42, Circular Externa 7 de 2000 de la Superintendencia Financiera de Colombia)”. d. El mismo sistema se aplicó a los créditos que se encontraban en mora, pero el abono o alivio se aplicó de la siguiente manera: Las cuotas pendientes de pago a 31 de diciembre de 1999, fueron simuladas como pagadas, y los intereses de mora fueron condonados. Así, el alivio se destinó principalmente al pago de las cuotas en mora en orden de antigüedad, y el resto se aplicó a capital. e. Como los accionantes incumplieron con su obligación hipotecaria, el banco COLMENA BCSC, inició la correspondiente acción ejecutiva. En relación con la actuación de los accionantes dentro de dicho proceso, advierte la apoderada del banco COLMENA BCSC, que frente al mandamiento de pago que les fuera notificado el 11 de junio de 1998, no contestaron la demanda, manteniendo una posición pasiva

dentro del proceso, permitiendo que esa oportunidad procesal precluyera, actitud que bien pudo obedecer a su conformidad con el desarrollo del proceso o a su propia negligencia y desinterés dentro del mismo. Posteriormente el 14 de abril de 2004, el juez Séptimo Civil del Circuito de Medellín, falló ordenando cesar la ejecución de la obligación, frente a lo cual el apoderado del banco impugnó. Así en segunda instancia, la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín revocó la decisión y ordenó proseguir con la ejecución. f. Frente a todas las anteriores actuaciones, al igual que la reliquidación que fue aplicada por el banco al crédito, y que se encuentra en el expediente del proceso ejecutivo, fueron de conocimiento de los accionantes, quienes en todo momento guardaron absoluto silencio. g. Por otra parte, alega el banco, que la acción de tutela no es el medio idóneo para controvertir una decisión judicial, y que en el presente caso se incumplió con el requisito de inmediatez, para lo cual se citó la sentencia SU-961 de 1999, proferida por la Corte Constitucional. h. Advierte igualmente el banco, que cuando la Corte Constitucional ha entrado a resolver casos similares a éste, ha considerado que los accionantes tienen que haber tenido, cuando menos una actitud diligente en el proceso que ahora controvierten. Para ello se exige que los demandados hayan cuando menos participado en el proceso, ejerciendo su derecho de defensa solicitando la terminación del proceso. Si por el contrario, se advierte que el demandante acudió directamente al juez constitucional sin haber solicitado previamente la terminación del proceso al juez del proceso, no puede pretender que

por vía de tutela se pueda corregir este yerro.

1. Así mismo, tampoco se aprecia la inminencia de un perjuicio irremediable, pues los accionantes en ningún momento han aportado pruebas que demuestren su interés por evitarlo. A más de que se cumple con las características establecidas por la jurisprudencia de la Corte para alegar tal tipo de perjuicio.

j. Finalmente, indica el banco accionado, que de ninguna manera se aprecia que dicha entidad financiera haya violado derecho fundamental alguno de los accionantes, razón por la cual esta acción de tutela no es viable.

IV. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN

1. Mediante sentencia del 8 de junio de 2006, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de justicia negó el amparo constitucional solicitado. Consideró el a quo, que se encuentra razonablemente fundada la decisión de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, pues si bien la reliquidación si fue aportada por el ejecutante, el que ésta no hubiere sido aportada en el formato señaló por la Superintendencia Bancaria, “no deja de ser más que la creación de un requisito no impuesto por la normatividad”. Además, el origen de la aceleración del plazo, no ha sido desvirtuado en cuanto no se ha discutido el retardo aseverado, ni se aprecia que exista irregularidad alguna en torno a la garantía hipotecaria.

En relación con la improcedencia de la terminación automática de los ejecutivos hipotecarios iniciados con antelación al 31 de diciembre de 1999, ya la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en varios de sus

fallos. Finalmente, señala el juez de primera instancia, que la accionante, pudiendo hacerlo, tal y como lo dispone el artículo 138 del C.P.C. no recurrió el auto de 13 de julio de 2005 por el cual el juzgado, había rechazado de plano el incidente de nulidad propuesto, no dio trámite a la excepción de pago alegado, y no decretó la terminación del proceso por haber sido objeto de pronunciamiento por parte de su superior.

2. Impugnada la anterior decisión, conoció la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual en sentencia del 25 de julio del presente año, confirmó la decisión de primera instancia.

Consideró el ad quem que la accionante y su esposo, bajo el argumento de que les ha sido violado un derecho fundamental, pretenden que por vía de tutela se desconozcan las providencias dictadas por las autoridades judiciales por ellos accionadas, frente a lo cual esta instancia judicial procedió a reiterar su posición jurídica en cuanto a que las providencias judiciales no pueden ser revocadas, modificadas o anuladas por una autoridad distinta a quien expresamente la ley procesal faculta para tales efectos.

V. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

1. Competencia Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2 y 241 numeral 9 de la Constituci ón Pol ítica, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Problema Jurídico Procede la Sala de Revisión a determinar si en el presente caso, las

decisiones proferidas por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito y la Sala Civil del Tribunal Superior, ambos de Medellín, violaron el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes, Yolanda Inés Arango de Vélez y Jaime Hernando Vélez Velilla al negar la solicitud de suspensión, terminación y archivo del proceso ejecutivo iniciado por el banco COLMENA BCSC S.A en contra de estos, en tanto dichas decisiones judiciales desconocieron los lineamientos legales establecidos en la Ley 546 de 1999, así como también desconocieron los pronunciamientos hechos por la Corte Constitucional sobre el particular. Para ello, se retomarán los argumentos expuestos por la Corte Constitucional en relación con la terminación de los procesos ejecutivos a que hace referencia el artículo 42, parágrafo tercero de la Ley 546 de 1999.

3. Interpretación constitucional realizada por la Corte al artículo 42 de la Ley 546 de 1999, sobre la terminación de los proceso ejecutivos.

Doctrina constitucional. La Ley 546 de 1999, previó en su artículo 42 la suspensión y terminación de los procesos ejecutivos hipotecarios que se encontrasen en curso a 31 de diciembre de 1999. Así, la Corte Constitucional en ejercicio de sus funciones constitucionales se pronunció en relación con esta ley, en la sentencia C-955 de 2000. En dicha ley se estableció las reglas generales aplicables a la transición entre el anterior sistema de financiación de vivienda a largo plazo y el nuevo sistema implementado por el gobierno, el cual surgió con el fin de solucionar la grave crisis económica y social

que se había presentado en dicho sector económico, norma que entre otras cosas, estableció la equivalencia entre la UPAC y la UVR. En la citada sentencia, esta Corporación sostuvo: “Es un hecho públicamente conocido, que por tanto no necesita prueba especial dentro de este proceso ni requiere ser sustentado en cifras, el de que las deudas en UPAC se hicieron impagables en la generalidad de los casos, en términos tales que se extendió la mora y que la cartera hipotecaria de difícil o imposible cobro creció desmesuradamente, conduciendo a la instauración de incontables procesos ejecutivos, de remates y de daciones en pago, con las naturales consecuencias negativas para la economía y para la estabilidad del crédito. A todo lo cual se agregó la pérdida o disminución del valor de los inmuebles, como una expresión más de la recesión que ha venido afectando al país en los últimos años. “El legislador encontró, entonces, una situación creada, de excepcional gravedad, de cuya solución dependía no solamente la buscada reactivación económica sino la atención inmediata de la crisis individual y familiar causada por los aludidos factores, con inmenso perjuicio para miles de personas. “El Estado, a través de la Ley, se anticipó a reconocer su eventual responsabilidad, al menos parcial, en los motivos que llevaron al colapso, y asumió voluntariamente los costos inherentes al resarcimiento de los deudores perjudicados, quienes durante años efectuaron pagos por conceptos que esta Corte halló después inconstitucionales, y tanto él como las instituciones financieras se vieron enfrentados a la inminencia

de un sinnúmero de demandas legítimamente instauradas ante los jueces por los afectados, con miras a la reliquidación de sus créditos y a la devolución o abonos de las cifras ya canceladas en exceso. “En consecuencia, se concibió en la normatividad una figura (la UVR) que sustituyera el sistema UPAC, declarado inexequible por esta Corte mediante Sentencia C-700 de 1999, y, toda vez que seguían vigentes más de ochocientas mil deudas hipotecarias contraídas a la luz de las normas precedentes, y estaban latentes los innumerables pleitos ejecutivos o de reclamo de las sumas pagadas, el legislador encontró indispensable la adecuación de tales obligaciones al esquema creado, la conversión de la UPAC a la UVR, la reliquidación de los créditos para dar cumplimiento a las sentencias de esta Corporación y del Consejo de Estado, los abonos a los deudores por la diferencia que arrojase la comparación entre las sumas que adeudaban y las que efectivamente cancelaron, la opción de readquisición de vivienda para quienes la habían perdido y la suspensión de los procesos ejecutivos iniciados, entre otras medidas que juzgó propicias, aunque pudieran no plasmar un resarcimiento completo, para impedir que los efectos de la perturbación social y económica se extendieran”. De esta manera, ante el reconocimiento por parte del Estado, de la grave situación del sector, propiciado en buena medida por algunas de sus actuaciones, decidió asumir parte de los costos de esta grave situación económica que dejaba entrever un problema de orden social. Con tal fin, se produjo la ley 546 de 1999, que buscó primordialmente, garantizar el

derecho constitucional a una vivienda en condiciones dignas. Para ello se dispuso la creación de un nuevo sistema especializado de financiación de vivienda a largo plazo. Este nuevo sistema, en su artículo 2° implementa estrategias dirigidas a: “(i) salvaguardar el patrimonio de las familias representado en vivienda, (ii) vigilar y fomentar el ahorro destinado a la construcción y financiación de vivienda, buscando mantener la confianza pública en los instrumentos de captación y en los establecimientos de crédito emisores de los mismos, (iii) proteger a los usuarios de los créditos de vivienda, (iv) propender por el desarrollo de mecanismos eficientes de financiación de vivienda a largo plazo, (v) velar por que el otorgamiento de los créditos y su atención consulten la capacidad de pago de los deudores, (vi) viabilizar el acceso a la vivienda en condiciones de equidad y transparencia, (vii) promover e impulsar la construcción de vivienda en condiciones financieras que hagan asequible la vivienda a un mayor número de familias, y (viii) privilegiar los programas y soluciones de vivienda de las zonas del territorio afectadas por desastres naturales y actos terroristas”. De esta manera, se hizo evidente que para los usuarios de créditos hipotecarios que habían adquiridos sus deudas bajo el sistema UPAC, las grandes variaciones que tuvo este sistema, hacia imposible que estos pudieran hacer una proyección relativamente acertada del monto de las cuotas a pagar, visto el crecimiento desbordado de las mismas, que hicieron impagable las obligaciones financieras, y respecto de las cuales la Corte consideró que en efecto correspondía a obligaciones

inequitativas y desproporcionadas que no tenían correspondencia alguna con el decreciente valor de los inmuebles que se estaban pagando. Además, los deudores no veían posible una reestructuración de su crédito en la medida de viabilizarlo a sus condiciones económicas y así poder cumplir con el pago del mismo. Por tal razón, el legislador dispuso el otorgamiento de unos alivios en dinero a cargo del Estado, destinados a ser abonados a los créditos que se encontraran vigentes al momento de expedición de la ley, y que hubiesen tenido como destino el financiamiento de vivienda individual a largo plazo, o para crear un fondo de ahorro a favor de los deudores que hubieren entregado en dación de pago sus viviendas, con el propósito de constituir la cuota inicial de una nueva. Pero la mencionada Ley 546 de 1999, previó que dichos alivios o abonos se aplicasen, no solo a las obligaciones hipotecarias que se encontrasen al día, sino también a aquellas que presentaran mora a 31 de diciembre de 1999, tal y como lo señala en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999. Así decía dicha norma: “ABONO A LOS CREDITOS QUE SE ENCUENTREN EN MORA. Los deudores hipotecarios que estuvieren en mora al 31 de diciembre de 1999, podrán beneficiarse de los abonos previstos en el artículo 40, siempre que el deudor manifieste por escrito a la entidad financiera su deseo de acogerse a la reliquidación del crédito, dentro de los noventa (90) días siguientes a la vigencia de la ley. Cumplido lo anterior, la entidad financiera procederá a

condonar los intereses de mora y a reestructurar el crédito si fuere necesario. A su turno, el Gobierno Nacional procederá a abonar a dichas obligaciones el monto total de la diferencia que arroje la reliquidación de la deuda, efectuada de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 41 anterior, mediante la entrega al respectivo establecimiento de crédito de los títulos a que se refiere el parágrafo cuarto del mismo artículo 41. PARAGRAFO 1o. Si los beneficiarios de los abonos previstos en este artículo incurrieren en mora de más de doce (12) meses, el saldo de la respectiva obligación se incrementará en el valor del abono recibido. El establecimiento de crédito devolverá al Gobierno Nacional títulos a los que se refiere el parágrafo 4o. del artículo 41, por dicho valor. En todo caso, si el crédito resultare impagado y la garantía se hiciere efectiva, el establecimiento de crédito devolverá al Gobierno Nacional la parte proporcional que le corresponda de la suma recaudada. PARAGRAFO 2o. A las reliquidaciones contempladas en este artículo les serán igualmente aplicables el numeral 1 del artículo 41 anterior, así como lo previsto en los parágrafos 1o. y 2o. del mismo artículo. PARAGRAFO 3o. Los deudores cuyas obligaciones se encuentren vencidas y sobre las cuales recaigan procesos judiciales que dentro de los noventa (90) días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley decidan acogerse a la reliquidación de su crédito hipotecario, tendrán derecho a solicitar suspensión de los mencionados procesos. Dicha

suspensión podrá otorgarse automáticamente por el juez respectivo. En caso de que el deudor acuerde dentro del plazo la reliquidación de su obligación, de conformidad con lo previsto en este artículo el proceso se dará por terminado y se procederá a su archivo sin más trámite. Si dentro del año siguiente a la reestructuración del crédito el deudor incurriere nuevamente en mora, los procesos se reiniciarán a solicitud de la entidad financiera y con la sola demostración de la mora, en la etapa en que se encontraban al momento de la suspensión, y previa actualización de su cuantía”. (Los apartes en negrilla y subraya fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-955 de 2000). En la citada providencia se fijó también el sentido y alcance del parágrafo 3º del artículo 42 de la ley mencionada, cuando se dijo: “A juicio de la Corte, no hay quebranto de mandato constitucional alguno por el hecho de prever la suspensión de los procesos judiciales en cuanto a deudores cuyas obligaciones se encuentran vencidas, pues resulta apenas elemental que, si la situación general objeto de regulación no era otra que la de una extendida imposibilidad de pago, más por el colapso del sistema que por la consciente y deliberada voluntad de los deudores de permanecer en mora, las reliquidaciones de los créditos, así como los abonos y las compensaciones producidos a partir de aquéllas, deben repercutir en el trámite de los procesos, como lo dijo la Corte en la Sentencia SU-846 del 6 de julio de 2000 (M.P.: Dr.

Alfredo Beltrán Sierra). “En ese orden de ideas, la suspensión de los procesos en curso, ya por petición del deudor, o por decisión adoptada de oficio por el juez, tiene por objeto que se efectúe la reliquidación del crédito y, producida ella, debe dar lugar a la terminación del proceso y a su archivo sin más trámite, como lo ordena la norma, que en tal sentido, lejos de vulnerar, desarrolla el postulado constitucional que propende al establecimiento de un orden justo (Preámbulo y artículo 2 C.P.) y realiza los principios de prevalencia del derecho sustancial (art. 228 C.P.) y de acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.). “Empero, esos mismos propósitos del legislador, y por consiguiente las normas constitucionales que los contemplan, aparecen desvirtuados por el parágrafo que se estudia cuando supedita la suspensión del proceso a que el deudor decida acogerse a la reliquidación de su crédito dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigencia de la Ley. Por una parte, ese término es inconstitucional por las razones atrás expuestas, y de otro lado, si las condiciones objetivas que deben dar lugar a la mencionada suspensión no dependen de haberse acogido o no a una reliquidación a la que todos los deudores tenían derecho, se trata de un requisito que rompe la igualdad y que injustificadamente condena a una persona, además de no recibir oportunamente el abono que le corresponde, a no poder efectuar la compensación entre el abono y lo que debe, y muy probablemente a ser condenada en

el proceso. “También contraviene el derecho a la igualdad, el debido proceso y el derecho a la administración de justicia la parte final del mismo parágrafo 3, a cuyo tenor, si dentro del año siguiente a la reestructuración del crédito el deudor incurriere nuevamente en mora, los procesos se reiniciarán a solicitud de la entidad financiera y con la sola demostración de la mora, en la etapa en que se encontraban al momento de la suspensión, y previa actualización de su cuantía. “En efecto, es evidente que se trata de situaciones jurídicas distintas, en cuanto la nueva mora, que al tenor del precepto se constituye en hipótesis de la reanudación del proceso, debe dar lugar a un proceso nuevo y de ninguna manera acumularse a la que había propiciado el anterior, terminado, según el mismo mandato legal, con las consecuencias que tiene la terminación de todo juicio. “El acreedor goza, por supuesto, del derecho a ini