CC - T925-2011

Sentencia T-925/11

LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Reiteración de jurisprudencia cuando se interpone a nombre de persona discapacitada DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDADProtección constitucional especial La Constitución Política de 1991 establece que el Estado deberá adoptar las medidas necesarias para promover las condiciones de igualdad de grupos discriminados y marginados y que deberá proteger de manera especial a aquellas personas que por su condición, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta. Uno de los grupos que merecen una especial protección constitucional está conformado por las personas pertenecientes a la tercera edad, pues con el transcurso del tiempo se ven obligadas a enfrentar el deterioro progresivo de su salud y, como consecuencia de ello, el padecimiento de enfermedades propias de la vejez. Así mismo, la Carta Política, en el artículo 46, establece que “el Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverá su integración a la vida activa y comunitaria”. Entonces, de acuerdo con el mandato constitucional y con la legislación vigente, los adultos mayores merecen la actuación necesaria por parte del Estado y de todos los familiares y asociados, para que sus derechos no se vean menoscabados y se les garantice un nivel de vida digno. En razón de lo expuesto, a las personas de la tercera edad “es necesario que se les garantice la prestación continua, permanente y eficiente de los servicios de salud que requieran” PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD CON ENFERMO MENTALAlcance/PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD CON ENFERMO MENTALDeber moral de la familia y jurídico de garantizar su integridad Esta Corporación ha sostenido que tratándose de una persona enferma mental que se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta, el principio y deber constitucional de actuar solidariamente irradia toda la estructura estatal y social. De ahí que tanto la familia, como el Estado y la comunidad en general, tienen la obligación de contribuir al control y prevención de la enfermedad y a permitir que sea posible la recuperación o mejoría del enfermo, según las circunstancias propias de cada caso, lo que exige la consecución de acciones positivas. En este sentido, la primera llamada a satisfacer las necesidades de atención que requiera el enfermo mental es su propia familia, ya que, teniendo en cuenta que dentro de las opciones terapéuticas modernas se prefieren aquellas que determinan el tratamiento del paciente en su entorno natural y considerando los lazos de afecto que unen a sus miembros, ella constituye el soporte fundamental para lograr la recuperación o estabilización del paciente. Expediente T3211245 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva DERECHO A LA SALUD DEL ENFERMO MENTAL-Caso en que accionante solicita se autorice el manejo intrahospitalario de su esposo en una institución de tercer nivel que tenga servicios de psiquiatría, por cuanto ella presenta “síndrome del cuidador fatigado” DERECHO A LA SALUD DEL ENFERMO MENTAL-Orden a EPS suministrar medicamentos, tratamientos, procedimientos, intervenciones y hospitalizaciones que sean necesarias, así se encuentren excluidas del POS

a enfermo mental que presenta frecuentes episodios de agresividad

Referencia: expediente T3211245

Acción de tutela promovida por María Leonella Ortiz de Arroyave en calidad de agente oficioso de su esposo Sigifredo Arroyave Moreno contra la EPS Comfenalco

Magistrado Ponente:

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

Bogotá D.C. siete (7) de diciembre de dos mil once (2011) La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados María Victoria Calle, Mauricio González Cuervo y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA Dentro del proceso de revisión de los fallos adoptados por el Juzgado Dieciséis Penal Municipal con Función de Control de Garantías y el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Medellín (Antioquia), que resolvieron la acción de tutela promovida por Leonella Ortiz de Arroyave en calidad de agente oficioso de su esposo Sigifredo Arroyave Moreno contra la EPS Comfenalco. La presente acción de tutela fue escogida para revisión por la Sala de Selección número nueve, mediante Auto del 29 de septiembre de 2011 y repartida a la Sala Novena de Revisión de esta Corporación para su decisión.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos de la demanda

2 Expediente T3211245 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva El 26 de julio de 2011 la señora Leonella Ortiz de Arroyave en calidad de agente oficioso de su esposo Sigifredo Arroyave Moreno, promovió acción de tutela contra la EPS Comfenalco, aduciendo la supuesta vulneración de los derechos

fundamentales a la salud, integridad física, vida digna e igualdad, para lo cual indicó los siguientes hechos: 1.1. Manifiesta la señora Leonella Ortiz de Arroyave de 74 años de edad, que su esposo Sigifredo Arroyave Moreno de 78 años, tiene la calidad de cotizante en la EPS accionada. 1.2. Señala la actora que su esposo padece de parkinson1, arritmia cardíaca2, úlcera sangrante, estenosis aortica3 y delirio superpuesto a un cuadro de demencia delirium hiperactivo4. 1.3. De igual forma, menciona que tienen una hija de 28 años de edad llamada Catalina María Arroyave Ortiz, quien padece de parálisis cerebral5 y hemiplejia izquierda con dificultad para la marcha y el lenguaje, que le ha generado una incapacidad del 80.75%6. 1“Es un trastorno que afecta las células nerviosas, o neuronas, en una parte del cerebro que controla los movimientos musculares. En la enfermedad de Parkinson, las neuronas que producen una sustancia química llamada dopamina mueren o no funcionan adecuadamente. Normalmente, la dopamina envía señales que ayudan a coordinar sus movimientos”. http://vsearch.nlm.nih.gov/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3Aproject=medlineplusspanish&query=parkinson&x=42&y=12 2“Es una irregularidad del latido del corazón que hace que éste palpite demasiado despacio, demasiado rápido o irregularmente”. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/tutorials/arrhythmiasspanish/htm/

_no_50_no_0.htm 3“La aorta es la principal arteria que lleva sangre fuera del corazón. Cuando la sangre sale del corazón, fluye a través de la válvula aórtica hacia la aorta. En la estenosis aórtica, la válvula aórtica no se abre completamente, lo cual disminuye el flujo de sangre desde el corazón”. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000178.htm 4Definido como un desorden agudo de la atención y la cognición” (…)“Estudios prospectivos han demostrado que entre el 14 y el 24% de los ancianos al momento de la hospitalización tiene delirium. Durante la hospitalización entre el 6 y el 54% de los pacientes puede desarrollarlo. En pacientes post quirúrgicos la incidencia es entre 10 y 52%” (…) “Clínicamente el delirium puede dividirse en hipoactivo, hiperactivo y mixto. El primero se caracteriza por letargia y actividad psicomotora reducida. Esta forma generalmente no es reconocida, por lo que tiene peor pronóstico. La forma hiperactiva, en la cual el paciente está agitado e hipervigilante, pocas veces pasa desapercibido y la última categoría, se caracteriza por ser una mezcla de las anteriores”. http://med.javeriana.edu.co/publi/vniversitas/serial/v43n1/0022%20Delirium.PDF 5“La parálisis cerebral es un grupo de trastornos que afecta la capacidad de una persona para moverse, mantener el equilibrio y la postura. Los trastornos aparecen durante los primeros años de vida. Por lo general, no empeoran con el tiempo. Las personas con parálisis cerebral

pueden tener dificultades para caminar”. http://vsearch.nlm.nih.gov/vivisimo/cgi-bin/querymeta?v%3Aproject=medlineplus-panish&query=par%C3%A1lisis+cerebral&x=19&y=15 6 Folios 52 y 53 del cuaderno 1 3 Expediente T3211245 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 1.4. El señor Sigifredo Arroyave Moreno recibe como mesada pensional la suma de $799.067 pesos mensuales7, los cuales constituyen la única fuente de recursos para su sostenimiento y el de su esposa e hija. 1.5. Indica la accionante que su esposo ingresó el 19 de mayo de 2011 al Biosigno la América del Hospital Pablo Tobón de la ciudad de Medellín, por “un cuadro clínico de una semana de evolución de agresividad, frontalización con hiporexia”8. El doctor Alejandro Alberto Quiroz Sáenz ordenó el 25 de mayo de 2011, la remisión del paciente a la Clínica Psiquiátrica Sagrado Corazón para hospitalización psiquiátrica de tercer nivel9. 1.6. Debido a que no se realizaba el traslado, el doctor Alejandro Alberto Quiroz Sáenz el 27 de mayo de 2011 a las 6 de la mañana reiteró la orden10 de hospitalización psiquiátrica de tercer nivel. No obstante, por falta de un cupo en una clínica especializada para este tipo de patología, la doctora Diana Katherine Arismendy Acosta a las 8 y 45 de la mañana devolvió al paciente a su hogar bajo control con medicamentos. 1.7. El 30 de mayo de 2011 ingresó nuevamente a la Clínica Medellín el señor

Sigifredo Arroyave Moreno, por una alteración del comportamiento que lo tornaba agresivo verbal y físicamente. Asimismo, se negaba a consumir los medicamentos que le habían formulado para contrarrestar el cuadro de demencia. 1.8. La doctora Jessica Muñoz de la Clínica Medellín le dio de alta al paciente el 4 de junio de 2011, bajo control con medicamentos. 1.9. El 10 de junio de 2011, el señor Sigifredo Arroyave Moreno compareció de nuevo a la Clínica Medellín por una alteración en el comportamiento. El médico psiquiatra de dicha institución le dio de alta y sugirió la hospitalización en una clínica de tercer nivel por delirum hiperactivo, no dio una orden médica con este propósito. 1.10. Menciona la actora que presentó derecho de petición el 7 de junio de 2011, solicitando a la EPS accionada la atención psiquiátrica de su esposo; sin embargo, a la fecha de instauración de la tutela, Comfenalco EPS no había contestado la petición. 1.11. Señala la accionante que debido al delicado estado de salud de su esposo, el 30 de junio de 2011 lo llevó nuevamente a la Clínica Medellín, en donde permaneció internado por un lapso de 6 días y le diagnosticaron neumonía y 7 Folio 5 cuaderno 1. 8Folio 17 cuaderno 1. 9Folio 15 cuaderno 1. 10 Folio 15 cuaderno 1 4 Expediente T3211245 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva trastorno mental orgánico, sin remisión a una hospitalización psiquiátrica de

tercer nivel. 1.12. Indica la actora que para la fecha de presentación de la acción de tutela, el señor Sigifredo Arroyave Moreno se encuentra en su residencia, a pesar de las severas dificultades para manejar su agresividad, por lo que requiere contar con una persona de apoyo. 1.13. Considera que con la omisión de la EPS Comfenalco de no haber conseguido un cupo para la hospitalización psiquiátrica de tercer nivel de su esposo, les están vulnerando los derechos fundamentales a la salud, seguridad social, integridad física, vida digna, igualdad, así como los derechos de las personas de la tercera edad. 1.14. Solicita que se tutelen los derechos fundamentales invocados, ordenándole a la EPS accionada que, sin dilaciones y de manera inmediata, autorice el manejo intrahospitalario del actor en una institución de tercer nivel que tenga servicios de psiquiatría. Asimismo, pidió que se ordene todo el tratamiento integral en salud derivado de la patología que presenta el señor Sigifredo Arroyave Moreno, incluidos todos los procedimientos y atenciones POS y NO POS.

2. Respuesta de la entidad accionada El señor Diego Orlando Ossa Alarcón, actuando como apoderado de la EPS Comfenalco Antioquia, manifiesta que el señor Sigifredo Arroyave Moreno figura en la base de datos de afiliados en calidad de cotizante dependiente.

De igual forma, hace un recuento de las patologías que padece el accionante y trae a colación que el 30 de julio de 2011, el Dr. Juan Carlos Botero al realizarle

un examen físico de la enfermedad actual del accionante señaló “que el paciente se presentó en silla de ruedas, hidratado, bien presentado, bien tenido, eufórico, con fascies sonriendo, euprosexico, con los déficits propios de su parkinson, sin embargo logra ponerse en pie con ayuda; permanece tranquilo todo el tiempo durante la larga evaluación sin ningún tipo de síntoma afectivo, inquietud o irritabilidad, mientras que su esposa discute largamente el caso con el Dr. Tamayo y se evidencia el síndrome del cuidador fatigado”. Dado lo anterior concluye que el señor Sigifredo Arroyave Moreno no requiere hospitalización, sino manejo ambulatorio supervisado. Frente al tratamiento integral señala que el accionante está recibiendo las atenciones necesarias para su enfermedad, ya que se le han prodigado todas las autorizaciones requeridas, estuvo hospitalizado y lo han evaluado diferentes especialistas para las patologías que presenta, por lo que considera que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental. 5 Expediente T3211245 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva

3. Sentencias objeto de revisión El Juzgado Dieciséis Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Medellín (Antioquia), mediante sentencia del 4 de agosto de 2011 decidió declarar improcedente la acción de tutela, argumentando que se presenta una carencia actual de objeto, puesto que el paciente no requiere manejo intrahospitalario en institución de tercer nivel que tenga servicio psiquiátrico, dado que en cita posterior a la orden de dicho procedimiento, se prescribió que ya no era necesaria tal hospitalización y que por tanto, se necesitaba de un cuidador

permanente en el domicilio, quien es una persona que no requiere de una cualidad específica, lo cual significa que cualquier pariente o amigo puede desempeñar esta función. Ahora bien, teniendo en cuenta la situación especial en la que se encuentra no solo el paciente, sino su cónyuge, el juez de primera instancia ordenó a la EPS valorar al señor Sigifredo Arroyave Moreno y verificar si procede la hospitalización en casa con la permanente supervisión de un médico, situación que garantiza la atención oportuna para el restablecimiento de la salud, y evita a la accionante los constantes desplazamientos a la IPS. Por su parte, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Medellín a través de la sentencia del 23 de agosto de 2011, confirmó lo decidido por el a quo, al considerar que el señor Sigifredo Arroyave Moreno requiere de cuidador permanente y no de un tratamiento intrahospitalario.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

1. Competencia Es competente esta Sala de la Corte Constitucional para revisar las decisiones proferidas dentro de las acciones de tutela de la referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Problema Jurídico Corresponde a la Sala determinar si existió, por parte de la EPS Comfenalco, afectación de los derechos fundamentales a la salud, seguridad social, integridad física y vida digna del señor Sigifredo Arroyave Moreno, al no haber procedido al tratamiento intrahospitalario en una clínica psiquiátrica de tercer nivel; para

ello se ha de tener en cuenta que así lo ordenó en varias oportunidades el médico tratante, y que otro médico afirmó posteriormente que ya no era necesario, sin tener valorar las condiciones actuales en las que se encuentra la esposa e hija del accionante. 6 Expediente T3211245 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva Para abordar el caso concreto, esta Sala reiterará la jurisprudencia relativa a (i) la legitimidad para incoar acción de tutela a nombre de una persona incapacitada para ejercer su defensa; (ii) el derecho fundamental a la salud; (iii) la protección especial a las personas de la tercera edad; (iv) y la protección especial de los enfermos mentales. Luego de ello, se realizará el análisis de caso en concreto.

3. Legitimación para incoar acción de tutela a nombre de persona incapacitada para ejercer su propia defensa. Reiteración de Jurisprudencia La agencia oficiosa es definida en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, de la siguiente forma: “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.” En estas condiciones la Corte ha fijado algunas circunstancias para que se

puedan agenciar derechos de otra persona en el ejercicio de la acción de tutela, a saber: “(i) la necesidad de que el agente oficioso manifieste explícitamente que está actuando como tal y (ii) que el titular de los derechos invocados no se encuentre en condiciones para instaurar la tutela a nombre propio”11. Teniendo en cuenta lo anterior, corresponde en cada caso al juez de tutela verificar si, del material probatorio, se deduce que el titular del derecho no podía ejercer la defensa de sus derechos por sí mismo.

4. Derecho fundamental a la salud. Protección especial a las personas de la tercera edad. Reiteración de jurisprudencia 4.1. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Así mismo, señaló que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”, y a su vez es “considerada como una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad”12.

11Sentencia T-294 de 2004, T-346 de 2005, T-750 de 2005, T-162 de 2006, T-514 de 2006 y T-027 de 2007. 12 Constitución de la Organización Mundial de la Salud, parte preliminar. 7 Expediente T3211245 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva La salud también ha sido considerada como derecho fundamental en diferentes instrumentos internacionales, dentro de los cuales se encuentra la Declaración

Universal de Derechos Humanos, que dispone que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (…).”13 Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales establece que “los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.”14 En el ordenamiento colombiano el derecho a la salud inicialmente no tenía el carácter de fundamental, pues era considerado esencialmente un derecho prestacional. Sin embargo, podía ser protegido por vía de acción de tutela cuando la vulneración de éste implicaba la de otros derechos de carácter fundamental como el derecho a la vida, la dignidad humana o la integridad personal. Adicionalmente, la Corte señaló que además de tener un grado de conexidad con algunos derechos fundamentales, podía ser protegido y garantizado cuando el accionante era un sujeto de especial protección15. Posteriormente, se estableció por parte de esta Corporación “la fundamentalidad del derecho a la salud en lo que respecta a un ámbito básico, el cual coincide con los servicios contemplados por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley y los planes obligatorios de salud, con las extensiones necesarias para proteger una vida digna”16. Atendiendo a lo anterior, la sentencia T-760 de 2008 que sistematizó la jurisprudencia en materia de salud, enfatiza que: “La salud no solamente tiene el carácter de fundamental en los casos

en los que ‘se relaciona de manera directa y grave con el derecho a la vida’, ‘sino también en aquellas situaciones en las cuales se afecte de manera directa y grave el mínimo vital necesario para el desempeño físico y social en condiciones normales”17. De este modo, todas las personas, sin importar su condición, su edad o su género, son titulares del derecho a gozar del más alto nivel de salud, de modo que no solo su vida biológica sea viable, sino que esta se desarrolle en 13 Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 25 y Corte Constitucional, Sentencia T-1182 del 2 de diciembre de 2008, M.P. Humberto Sierra Porto, entre otras. 14 Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 12 y Corte Constitucional, Sentencia T-1182 de 2008, entre otras. 15 Sentencia T-050 de 2010 16Sentencia T-760 de 2008 17 T-760/08. 8 Expediente T3211245 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva condiciones de dignidad, y con los medios indispensables para realizar los proyectos de vida propios. 4.2. Por su parte, la Constitución Política de 1991 establece que el Estado deberá adoptar las medidas necesarias para promover las condiciones de igualdad de grupos discriminados y marginados y que deberá proteger de manera especial a aquellas personas que por su condición, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta18. Uno de los grupos que merecen una especial protección constitucional está conformado por las personas pertenecientes a la tercera edad, pues con el transcurso del tiempo se ven obligadas a enfrentar el deterioro progresivo de su salud y, como consecuencia de ello, el padecimiento de enfermedades propias de

la vejez19. Así mismo, la Carta Política, en el artículo 46, establece que “el Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverá su integración a la vida activa y comunitaria”. Entonces, de acuerdo con el mandato constitucional y con la legislación vigente, los adultos mayores merecen la actuación necesaria por parte del Estado y de todos los familiares y asociados, para que sus derechos no se vean menoscabados y se les garantice un nivel de vida digno. En razón de lo expuesto, a las personas de la tercera edad “es necesario que se les garantice la prestación continua, permanente y eficiente de los servicios de salud que requieran”20

5. La protección especial de los enfermos mentales; alcance del deber de obrar conforme al principio de solidaridad social. Reiteración de jurisprudencia Esta Corporación se ha pronunciado en distintas oportunidades respecto del alcance de la protección especial que la Constitución, particularmente en sus artículos 13 y 47, prevé para las personas afectadas por enfermedades mentales.

La Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que, debido a que el estado de enajenación mental en el que se encuentran estas personas los pone en una situación de debilidad manifiesta, esta población requiere de altos y especializados niveles de atención, a través de los cuales se debe garantizar la estabilidad del paciente y la posibilidad que tanto éste como sus familias, lleven una vida en condiciones de dignidad21. 18 Constitución Política, Artículo 13.

19Sentencia T-634 de 2008, T-050 de 2010, entre otras. 20 Sentencia T-527 del 11 de julio de 2006, MP. Rodrigo Escobar Gil. 21 Al respecto pueden consultarse las sentencias T-401 de 1992, T-851 de 1999, y T-1090 de 2004. 9 Expediente T3211245 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva Dicha atención, según ha sostenido la Corte, no implica necesariamente la hospitalización o internación del paciente aquejado por una enfermedad mental, sino que, por el contrario, esta medida debe ser excepcional y, en lo posible, temporal, pues en la mayoría de casos el tratamiento más adecuado para el paciente es aquel que se desarrolla al interior de su propio núcleo familiar o, de no contar con parientes, en su entorno social22. De ahí que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que las personas aquejadas por enfermedades mentales tienen el derecho a no permanecer internadas de manera definitiva23, si es que el concepto médico dispone que no es necesario un tratamiento psiquiátrico intrahospitalario. En efecto, la Corte ha sostenido que en estos casos, el paciente debe ser reintegrado al entorno social y recibir el servicio médico que requiera, de manera acorde con su dignidad y con sus derechos fundamentales a la libertad y al libre desarrollo de la personalidad. Ahora bien, en relación con las responsabilidades que surgen frente a un enfermo mental, sea que se haya ordenado su internación o que se trate de pacientes cuyo tratamiento deba adelantarse al interior del núcleo familiar o social, la Corte

Constitucional ha desarrollado una línea jurisprudencial a través de la cual ha delimitado el alcance del deber de solidaridad que le es exigible a la familia, a la comunidad y al Estado frente a esta población, a la luz de los artículos 1, 2, 13, 49 inciso final y numeral 2º del artículo 95 de la Constitución. A partir de las normas en mención, esta Corporación ha sostenido que tratándose de una persona que se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta, el principio y deber constitucional de actuar solidariamente irradia toda la estructura estatal y social. De ahí que tanto la familia, como el Estado y la comunidad en general, tienen la obligación de contribuir al control y prevención de la enfermedad y a permitir que sea posible la recuperación o mejoría del enfermo, según las circunstancias propias de cada caso, lo que exige la consecución de acciones positivas24. En este sentido, la primera llamada a satisfacer las necesidades de atención que requiera el enfermo mental es su propia familia, ya que, teniendo en cuenta que dentro de las opciones terapéuticas modernas se prefieren aquellas que determinan el tratamiento del paciente en su entorno natural y considerando los lazos de afecto que unen a sus miembros, ella constituye el soporte fundamental para lograr la recuperación o estabilización del paciente25.

Esta Corporación ha establecido: 22 Sentencia T-867 de 2008

23Sobre el tema puede consultarse, entre otras, la sentencia T-124 de 2002. 24 Sentencia T-867 de 2008 25 Ibídem 10 Expediente T3211245 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva “Recuérdese que lo más recomendado por la medicina psiquiátrica es

que el manejo de la enfermedad y su rehabilitación se realice dentro de su medio social, con el apoyo de la familia del paciente. Unidos por lazos de afecto, se espera que de manera espontánea los parientes adelanten actuaciones solidarias que contribuyan al desarrollo del tratamiento, colaborando en la asistencia a las consultas y a las terapias, supervisando el consumo de los medicamentos, estimulando emocionalmente al paciente y favoreciendo su estabilidad y bienestar. Evidentemente, bajo la orientación y coordinación de las entidades que conforman el sistema General de Seguridad Social en Salud pues, aún cuando la familia asuma la responsabilidad por el enfermo, dichas entidades no se eximen de prestar los servicios médicos asistenciales que sus afiliados requieran.”26 Sin embargo y aunque, en principio, la familia es la primera llamada a asistir las necesidades del paciente, esta Corporación sostuvo, mediante sentencia T-209 de 1999, que dicho deber no puede ni debe ser absoluto, sino que debe ser establecido “de cara a la naturaleza de la enfermedad que se enfrenta y teniendo en cuenta los recursos económicos y logísticos de que se disponga”, ya que en estos eventos no solamente se ven involucrados los derechos del enfermo sino también los de su núcleo familiar. En efecto, sobre el tema, esta Corporación ha señalado: “Será entonces necesaria la coordinación de esfuerzos para que los particulares cuenten con la asesoría e información necesarias que permitan contribuir eficazmente a la mejora o estabilidad del enfermo. La familia goza de ciertos derechos por los cuales también ha de velarse. Se trata aquí de una armonización de intereses a los que este

Tribunal ya ha hecho referencia: ‘En los casos de peligro o afectación de la salud de una persona, [en particular la] mental y psicológica, no solamente están comprometidos los derechos fundamentales que a ella corresponden sino los de sus allegados más próximos, los de la familia como unidad y núcleo esencial de la sociedad que merece especial protección, y los de la colectividad’27. Es pues, deber del juez constitucional armonizar los intereses en juego y respetar la condición de cada cual.”28

Y en el mismo sentido, ha dicho esta Corte: 26 Sentencia T-558 de 2005. 27 Sentencia T-248 de 1998. 28 Sentencia T-209 de 1999. 11 Expediente T3211245 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva “De lo que se trata es de una armonización de los derechos y de las cargas que se encuentran en juego con la decisión terapéutica de reintegrar a un paciente al entorno social y al medio familiar, teniendo en consideración las características de la enfermedad mental, la historia clínica del paciente, la posibilidad de que tenga recaídas o reacciones imprevistas y la capacidad de manejo y cuidado de sus parientes.”29 De ahí que, esta Corporación haya optado por intensificar las obligaciones del Estado o de la sociedad, frente a las de los miembros del grupo familiar del afectado o, incluso, por relevarlos de la carga de asumir directamente el cuidado del enfermo. En este sentido, ha expuesto esta Corte: “Cierto es que en principio, la atención y protección de los enfermos son responsabilidades que emanan del principio de autoconservación y se atribuyen en primer término al propio

afectado. Si esto no acontece, se esperaría que por su naturaleza estos deberes surgieran de manera espontánea en el seno del núcleo familiar, respaldados siempre en los lazos de afecto que unen a sus miembros. Pero de no ser así, y con el propósito de guardar la integridad del ordenamiento jurídico y social, es posible recurrir al poder estatal. La Corte ha dicho que la defensa de los valores supremos del ordenamiento obliga al Estado a intervenir -dentro del mar