CC - T974-2012

Sentencia T-974/12

DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Concepto y fundamento El agua en el ordenamiento jurídico colombiano tiene una doble connotación pues se erige como un derecho fundamental y como un servicio público. En tal sentido, todas las personas deben poder acceder al servicio de acueducto en condiciones de cantidad y calidad suficiente y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Contenido y obligaciones estatales en materia de prestación del servicio de agua de conformidad con el bloque de constitucionalidad ACCION DE TUTELA CONTRA EMPRESA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGACaso en que la empresa se niega a suministrar el servicio de acueducto (agua potable), por no contar con el trámite de legalización del predio donde se encuentra ubicada la vivienda DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE-Orden a la Empresa de Acueducto, suministrar el mínimo de agua a través del medio que considere adecuado, a la accionante y su familia, mientras ésta acredita los requisitos para que se le preste el servicio de acueducto

Referencia: expediente T.-3.567.381

Acción de tutela instaurada por María Eugenia Barragán Muñoz contra el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.

Magistrado Ponente:

ALEXEI JULIO ESTRADA

Bogotá D.C., veintidós (22) de noviembre de dos mil doce (2012). La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los

Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva, María Victoria Calle Correa y Alexei Julio Estrada, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA Dentro del proceso de revisión del fallo de tutela proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga, en la acción de tutela instaurada por la ciudadana María Eugenia Barragán Muñoz contra el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.

I. ANTECEDENTES La ciudadana María Eugenia Barragán Muñoz interpuso acción de tutela solicitando el amparo de sus derechos fundamentales al agua, la vida digna, la salud, la salubridad y los derechos de los niños, los cuales, en su opinión, han sido vulnerados por el Acueducto Metropolitano de

Bucaramanga. De acuerdo con la solicitud de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, la accionante sustenta su pretensión en los siguientes Hechos 1.-La accionante, María Eugenia Barragán, adquirió un lote ubicado en la Urbanización Bosques del Cacique en la ciudad de Bucaramanga el 22 de enero de 2002. 2.- Dicha urbanización se encuentra en la actualidad en trámite de legalización predial individual ante la oficina asesora de Planeación Municipal de Bucaramanga. Tal procedimiento se deriva del predio de mayor extensión N. 010407040001000. 3.- Afirma la actora que, a pesar de haber adquirido el lote en el año

2002, sólo hasta el 2011 inició la construcción de la vivienda que habita en la actualidad junto a su familia conformada por su compañero permanente, la hija y nietos de éste. 2 4.- Manifiesta que, en múltiples ocasiones ha solicitado al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga el suministro de agua potable a su vivienda. Dicha solicitud ha sido negada bajo el argumento de que la señora Barragán no ha allegado los documentos exigidos en el contrato de condiciones uniformes para ello. 5.- Indica la accionante que, no ha podido cumplir con dichos requisitos por el mismo trámite de legalización en que se encuentra la urbanización. 6.- Por lo anterior, la accionante se ha visto en la necesidad de comprarle el liquido a los vecinos de la urbanización que sí cuentan con el servicio de acueducto, lo que dificulta las condiciones de vida de los habitantes de la vivienda, dentro de los que se encuentran niños y adultos mayores, pues se generan condiciones de salubridad e higiene poco convenientes. 7.- Afirma la peticionaria que con la falta de suministro de agua potable se vulneran sus derechos fundamentales y los de su familia al agua, a la vida digna y los derechos de los niños. Asimismo, indica que se atenta contra su derecho a la igualdad, pues la mayoría de los habitantes de la urbanización sí poseen el aludido servicio solicitado, de conformidad con lo indicado por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga en oficios E006317 y E015540.1 Solicitud de Tutela 8.- Con fundamento en los hechos narrados, la ciudadana María Eugenia Barragán Muñoz solicita se tutelen sus derechos fundamentales y los de

su familia a la vida, la salud, la salubridad, la igualdad, la dignidad humana, los derechos de los niños y el consumo de agua potable. En consecuencia, pide se ordene al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga que en el término de 48 horas, autorice y lleve a cabo las maniobras físicas necesarias para suministrar el agua potable en la vivienda ubicada en la manzana A, casa 36, Urbanización Bosques de Cacique. Respuesta de la entidad demandada 9.- La apoderada del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P., indicó en su escrito de contestación que la accionante no reúne los requisitos exigidos para la autorización de la prestación del servicio de acueducto. 1Folios 19 y 20, cuaderno 1 3 Manifestó la apoderada que tales requisitos no corresponden a una discrecionalidad de la empresa, sino que se encuentran taxativamente establecidos en la ley y, en cumplimiento de la misma, su representada debe ceñirse a ellos. Al respecto, transcribió el artículo 7 del Decreto 302 del 2000 que señala las condiciones de acceso al servicio de acueducto y alcantarillado y las disposiciones de la ley 142 de 1994 referentes a la materia. En el caso particular de la accionante, señaló que si bien en el sector hay infraestructura (tuberías) de acueducto para ser conectado, la peticionaria no ha cumplido con el lleno de las exigencias requeridas, pues no cuenta con la presentación del boletín de nomenclatura, el certificado de estratificación y la licencia de intervención y ocupación del espacio

público. En relación con el boletín de nomenclatura, indicó la representante de la entidad demandada que éste se constituye en un requisito fundamental para la prestación del servicio, pues es el documento que acredita que el predio ha cumplido con los requisitos normativos propios del ordenamiento territorial, referidos a la identificación oficial, así como con las respectivas licencias de construcción que acrediten que la estructura y arquitectura se ciñen a las exigencias legales y técnicas fijadas por las autoridades. Así mismo, indicó que el predio no cuenta con la licencia de intervención del espacio público exigida por la autoridad municipal (Oficina de Planeación), como requerimiento condicionante para la prestación del servicio. Indicó además la apoderada que, la acción de tutela no puede convertirse en el medio para que los ciudadanos omitan o incumplan los requisitos exigidos en la ley. Por lo anterior, reiteró que la empresa de Acueducto no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante, ya que si un predio no cuenta con los requisitos establecidos en el Decreto 302 del 2000 no es posible acceder a la prestación del servicio. Finalmente, en cuanto a la afirmación realizada por la accionante referente a que los predios vecinos si cuentan con el servicio por ella solicitado, indicó que dichos predios cuentan con servicio de acueducto legalizado pero desde el año 2007, fecha para la cual no se exigía el cumplimiento de los requisitos antes reseñados, tales como el boletín de nomenclatura y la licencia de intervención del espacio público, por lo que 4 no se puede aplicar igualdad entre los desiguales, pues se reitera, la

accionante solicitó el servicio 5 años después que sus vecinos. Respuesta de la entidad vinculadaSecretaría de planeación de Bucaramanga10.- El Secretario de Planeación de Bucaramanga en escrito allegado al expediente indicó que, una vez revisada la base de datos de predios urbanos y rurales se encontró que el predio N. 010407040001000 es de propiedad de la Junta de Acción Comunal del Barrio Bosques del Cacique de Bucaramanga y no está incluido en el Plan de Ordenamiento Territorial como un asentamiento legal, pues para ello se debe cumplir con un proceso que inicia con el estudio de viabilidad técnica y jurídica que lleva un tiempo en ser ejecutado. Por lo anterior, al no cumplir la accionante con los requisitos para acceder al servicio de acueducto de conformidad con el Decreto 302 del 25 de febrero del 2000, sugiere el Secretario de Planeación la instalación de una pila pública consagrada en el mismo decreto, como mecanismo transitorio mientras se adelantan los trámites referentes a la legalización del predio. Decisión judicial objeto de revisión Sentencia de primera instancia. 11.- En sentencia de primero de mayo del año en curso, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga, negó por improcedente la acción de tutela interpuesta por lo siguiente: -Si bien el agua se constituye en un derecho fundamental, no se puede desconocer que la accionante no ha cumplido con el procedimiento administrativo exigido por la entidad demandada para autorizar su suministro. -Adicionalmente, la actora no puede alegar el desconocimiento de tales exigencias, pues en reiteradas ocasiones la entidad demandada le ha

informado sobre ellas. -El acueducto Metropolitano de Bucaramanga nunca se ha negado a prestar el servicio, sólo se ha limitado a dar cumplimiento a las disposiciones legales sobre la materia. 5 - En este caso no se presenta afectación del derecho a la igualdad por cuanto los vecinos de la señora Barragán se encuentran en situaciones diferentes a las por ella presentada. - La accionante no cumple con el requisito de inmediatez, pues presentó la acción de tutela 10 años después de haber adquirido el lote donde construyó su vivienda. Por lo anterior, el juez de instancia comparte la posición asumida por la entidad demandada, en el sentido de negar reiteradamente la conexión del servicio de acueducto al inmueble habitado por la peticionaria. Impugnación 12.- En su escrito de impugnación la señora Barragán Muñoz solicitó se revocara la anterior decisión por las siguientes razones: - Indica que en diferentes oportunidades se ha dirigido a la entidad demandada a solicitar el servicio sin poder allegar los documentos exigidos por cuanto no cuenta con los mismos, ya que al estar la urbanización en trámite de legalización tales documentos no han sido expedidos por la autoridad competente. - Su derecho no puede estar sujeto a los trámites de legalización, por cuanto no se sabe cuanto tiempo pueda tardar el mismo. - Afirma no tener conocimiento de todos los inconvenientes legales de los que adolecía el predio. - En este caso si se cumple con el requisito de inmediatez pues la afectación es actual y, si bien el predio lo adquirió en el 2002, sólo

hasta el 2011 empezó a construir su vivienda. - El fallador no se pronunció sobre los derechos de los niños que habitan en la vivienda. Sentencia de segunda instancia 13.- Mediante providencia de doce (12) de junio de dos mil doce (2012), el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga confirmó la decisión proferida por el a quo al considerar que quien pretenda acceder al servicio de agua potable domiciliaria debe acreditar los requisitos exigidos para ello. 6 Adicionalmente, indicó que la accionante está solventando la carencia del líquido por medio de la venta que sus vecinos le hacen del recurso hídrico, lo cual permite concluir, que aunque con incomodidades, no está careciendo de agua. Pruebas obrantes en el expediente. 1.- Copia de la cedula de ciudadanía de la accionante.2 2.- Contrato de compromiso lote Bosques del Cacique, que acredita la propiedad de la peticionaria.3 3.- Copia del Certificado de tradición de la Urbanización Bosques del Cacique.4 4.- Copia de oficio expedido el 8 de abril de 2011 por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, en el que indica que la Urbanización Bosques del Cacique cuenta con servicio domiciliario de acueducto en cada una de las viviendas existentes. 5 5.- Certificado expedido por la Personera de Bucaramanga, en que indica haber realizado seguimiento a la solicitud de agua potable presentada por la accionante.6 6.- Certificado expedido por la Contraloría de Bucaramanga, en que indica haber realizado seguimiento a la solicitud de agua potable

presentada por la accionante. 7.- Copia del certificado expedido por la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P., donde se hace constar que en la zona donde reside la accionante existe red de alcantarillado y la vivienda de la accionante está debidamente conectada a ésta7. 8.- Factura a nombre de la actora por los costos de conexión al servicio de alcantarillado8. 2Folio 11, cuaderno 1 3Folios 12 y ss, cuaderno 1 4Folio 15, cuaderno 1 5Folio 19 y 20, cuaderno 1. 6Folio 21, cuaderno 1 7Folios 23 y 24, cuaderno 1. 8Folios 25 y 26, cuaderno 1 7 9.- Certificado expedido por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga en el que certifica la existencia de la infraestructura requerida para la conexión del servicio, pero aclara que éste no constituye aprobación del mismo, pues se debe llenar la totalidad de requisitos para ello.9 10.- Solicitud de servicio público domiciliario de acueducto presentada por la actora ante la entidad demandada.10 11.- Copia del derecho de petición presentado por la señora Barragán Muñoz en el que solicita se le informe el motivo por el cual se le ha negado la prestación del servicio domiciliario de acueducto.11

12. Respuesta al derecho de petición presentado por la accionante.12

13. Copia de las facturas expedidas por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga a las viviendas vecinas por la prestación del servicio de

acueducto. 13

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS Competencia 1.- Esta Corte es competente para revisar el presente fallo de tutela de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, el Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones pertinentes.

Problema jurídico 2.- En atención a lo expuesto, esta Sala de Revisión debe determinar si el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P. vulnera los derechos fundamentales a la dignidad humana, al agua, al acceso a los servicios públicos y a la igualdad de la accionante y su familia, con la negativa a suministrar el servicio de acueducto (agua potable), por no contar con el trámite de legalización del predio donde se encuentra ubicada la vivienda. 9Folio 27, cuaderno 1 10Folio 28, cuaderno 1 11Folios 29 y 30, cuaderno 1 12Folio 31, cuaderno 1 13Folios 34 y 35, cuaderno 1 8 3.- A fin de resolver el asunto, la Sala se pronunciará sobre los siguientes tópicos: (i) concepto y fundamento del derecho fundamental al agua. Reiteración de Jurisprudencia; (ii) contenido del derecho fundamental al agua y obligaciones estatales en materia de prestación del servicio de agua de conformidad con el bloque de constitucionalidad. Reiteración de jurisprudencia. y, (iv) el caso concreto. i.- Concepto y Fundamento del derecho fundamental al agua y su protección vía tutela. Reiteración de jurisprudencia.

El agua en el ordenamiento jurídico colombiano tiene una doble connotación pues se erige como un derecho fundamental y como un servicio público. En tal sentido, todas las personas deben poder acceder al servicio de acueducto en condiciones de cantidad y calidad suficiente y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. El Título VII del Capítulo V de la Constitución, denominado “de la finalidad social del Estado y de los Servicios Públicos” enmarca el régimen constitucional de los servicios públicos. En éste se establece una vinculación esencial entre el Estado social de derecho y la prestación de los servicios públicos, así en el artículo 365 se indica: “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas 9 que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita”. (Negrillas fuera del texto) Siguiendo esta línea y respecto del servicio de agua, el artículo 366,

señala: “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.” (Negrillas fuera del texto) El servicio de agua potable es de “aquellos que se prestan a través del sistema de redes físicas o humanas con puntos terminales en las viviendas o sitios de trabajo de los usuarios y cumplen la finalidad específica de satisfacer las necesidades esenciales de las personas”14, por lo que hace parte de la los denominados servicios públicos domiciliarios, especie dentro del genero servicio públicos. Respecto de estos, el artículo 367 de la Carta Política se ocupa de la siguiente manera: La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos. Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación. La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas. En desarrollo de estos preceptos constitucionales el legislador expidió la Ley 142 de 1994, la cual se aplica, de acuerdo con el artículo 1 de la

misma a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, 14 Corte Constitucional, Sentencia T 578 de 1992. 10 aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural. Por lo que su funcionamiento debe circunscribirse a esta. Aunado a lo anterior, el artículo 4 de la mencionada ley establece que cada uno de los servicios señalados en el artículo precedente son servicios públicos esenciales. De otro lado, el agua se considera, también como un derecho fundamental y, se define, de acuerdo con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como “el derecho de todos de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal o domestico”.15 El agua se erige como una necesidad básica, al ser un elemento indisoluble para la existencia del ser humano. Esta necesidad es universal, por cuanto todos y cada uno de los hombre y mujeres, independientemente de la raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, del lugar que se encuentre o la posición social que tenga, requiere de este recurso para su subsistencia; es inalterable, pues nunca se logrará hacerla desaparecer, ni tampoco reducirla mas allá de los topes biológicos y; es objetiva, ya que no tiene que ver con la percepción subjetiva del mundo o está ligado a un concepto indeterminado preestablecido, sino que se instituye como condición ineludible para cada una de las personas que integran el conglomerado social, lo cual la erige como una necesidad normativa y

por tanto se constituye el fundamento del derecho fundamental al agua. Así lo ha reconocido esta Corporación en las sentencias T-578 de 1992, T140 de 1994 y T207 de 1995 en las que manifestó: “el agua constituye fuente de vida y la falta del servicio atenta directamente con el derecho fundamental a la vida de las personas. Así pues, el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto que afecte la vida de las personas, salubridad pública o salud, es un derecho constitucional fundamental y como tal debe ser objeto de protección a través de la acción de tutela”. En este mismo sentido, en otra oportunidad, señaló que: “Así la falta de prestación [del servicio de acueducto] también está llamada a constituir una posible violación de derecho que tienen todas las personas a vivir una vida digna”16 15 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 15. 16 Corte Constitucional, Sentencia T 1104 de 2005. 11 17(negrillas fuera del texto). En igual sentido, ha reconocido esta Corporación que, al ser el agua un derecho fundamental el mismo es susceptible de ser protegido mediante la acción de tutela, siempre y cuando “ ella es necesaria para preservar la vida, la salud o la salubridad de las personas, pero no cuando está destinada a otras actividades, tales como la explotación agropecuaria o a terrenos deshabitado”18; Así mismo, resultará procedente cuando es necesaria para preservar la vida, la salud o la salubridad de las personas, el derecho fundamental que recae sobre ella puede ser protegido a través de la acción de tutela, que resulta procedente tanto contra la autoridad pública como contra el

particular o particulares que estén afectando arbitrariamente el derecho;19 Expuesto lo anterior, procede la Sala a determinar el contenido del derecho fundamental al agua a fin de que pueda ser protegido a través de la acción de tutela. iiContenido del derecho fundamental al agua y obligaciones estatales en materia de prestación del servicio de agua de conformidad con el bloque de constitucionalidad. Reiteración de jurisprudencia. Una vez establecida la doble connotación del derecho al agua como servicio público y como derecho fundamental, resulta necesario determinar que comprende éste último. Respecto del contenido obligacional del derecho al agua, encontramos en primer lugar, lo dispuesto por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el cual ha sostenido que: “existen tres tipos de obligaciones: “respetar”, “proteger” y cumplir” […]. A su vez, este 17 Corte Constitucional Sentencias T-539 de 1993, T-244 de 1994, T-523 de 1994, T-092 de 1995, T379 de 1995, T-413 de 1995, T-410 de 2003, T-1104 de 2005, T-270 de 2007, T-022 de 2008, T-888 de 2008 y T381 de 2009. 18T-504 de 2012 19ibidem 12 ultimo deber ser relacionado con “hacer efectivo” el derecho se subdivide en tres: facilitar proporcionar y promover”.20 Aunado a lo anterior, el citado de Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General No. 15, indicó que respecto al derecho al agua se predican ciertas obligaciones específicas

como son: (i) la disponibilidad, (ii) la accesibilidad y (iii) la calidad, las cuales, de conformidad con lo señalado en sentencia T-740 de 2011, implican lo siguiente: (i) La disponibilidad hace referencia a la cantidad suficiente del líquido vital necesario para la supervivencia humana; a la regularidad en el suministro o distribución del recurso hídrico; y a la sostenibilidad del mismo. En palabras del Comité de Derechos Económicos esta obligación implica que “el abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos”.21 Este nivel obligacional, como se señalo anteriormente, consta de tres dimensiones, a saber: (i) cantidad; (ii) periodicidad o continuidad del servicio de agua; y (iii) la sostenibilidad del recurso hídrico.  La primera dimensión de la obligación de disponibilidad conmina a los Estados a brindar una cantidad suficiente de agua, como mínimo para satisfacer las necesidades básicas de bebida, alimentación o cocción de alimentos, la limpieza y el saneamiento de las personas que habitan en su jurisdicción. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que la cantidad necesaria para este fin es de “ 50 litros por persona al día”22 20 AAVV; Protección internacional de los Derechos Económicos,

Sociales y Culturales: Sistema Universal y Sistema interamericano; Instituto Interamericano de Derechos humanos, San José de Costa Rica, 2008. pp. 130.

21 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 15. 22 Organización Mundial para la Salud (OMS), Informe sobre la cantidad

de agua domiciliaria, el nivel del servicio y la salud y ONU/WWAP (Naciones Unidas/Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos). 2003. 1er Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo: Agua para todos, agua para la vida. París, Nueva York y Oxford. UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y Berghahn Books. 13 Así las cosas, el Estado está obligado, de acuerdo con este subnivel obligacional, entre otras cosas, a (i) abstenerse de privar a una persona del mínimo indispensable de agua23; (ii) facilitar agua y garantizar el suministro necesario de agua a quienes no disponen de medios suficientes24; y (iii) garantizar que todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada tengan acceso permanente a agua potable, a instalaciones sanitarias y de aseo, de eliminación de desechos y de drenaje25 26.  Así mismo, la disponibilidad se encuentra relacionada con la regularidad en el acceso al servicio de agua potable, es decir, que “la periodicidad del suministro de agua sea suficiente para los usos personales y domésticos”27 Este subnivel obligacional insta al Estado a: (i) abstenerse de interrumpir o desconectar de manera arbitraria o injustificada los servicios o instalaciones de agua28; (ii) regular y controlar eficazmente los servicios de suministro de agua29; (iii) garantizar que los establecimientos penitenciario y servicios de salud cuenten con agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas30 ; y (iv) asegurar la prestación eficiente de los

servicios públicos a todos los habitantes31 32. 23 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 15 24 Ibídem 25 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 4. 26 Angélica Molina Higuera; Derecho Humano al Agua en la Constitución, la jurisprudencia y los instrumentos internacionales, Serie Estudios Especiales DESC; Defensoría del Pueblo de la República de Colombia – PROSEDHER, Bogotá, 2005. 27 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 15. 28 Ibídem 29 Ibídem 30 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 14. 31 Artículo 365, Constitución Política. 32 Angélica Molina Higuera; Derecho Humano al Agua en la Constitución, la jurisprudencia y los instrumentos internacionales, Serie Estudios Especiales DESC; Defensoría del Pueblo de la República de Colombia – PROSEDHER, Bogotá, 2005 14  Finalmente, la disponibilidad incluye el concepto de sostenibilidad del recurso hídrico, dirigido a que las generaciones presentes y futuras cuenten con agua suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. (ii) La accesibilidad implica que “el agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles para todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte”33. El elemento de accesibilidad presenta cuatro dimensiones interrelacionadas:  Accesibilidad física hace referencia a que el agua y las instalaciones de agua deben estar al alcance físico de todos los

sectores de la población. En esta medida debe poderse acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Además, los servicios e instalaciones de agua deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, al ciclo vital, a la cultura y a la intimidad. Las principales obligaciones por parte del Estado son (i) garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima de agua, que sea suficiente y apta para el uso personal y doméstico y prevenir las enfermedades34; y (ii) garantizar el acceso físico a las instalaciones o servicios de agua que proporcionen un suministro suficiente y regular de agua salubre; que tengan un número suficiente de salidas de agua para evitar unos tiempos de espera prohibitivos; y que se encuentren a una distancia razonable del hogar35. Aunado a lo anterior, el Estado también está obligado, de acuerdo con este subnivel obligacional a: (iii) abstenerse de limitar el acceso a los servicios e infraestructuras de suministro de agua o destruirlos como medida punitiva36; (iv) abstenerse de generar obstáculos que impliquen la inexistencia de los servicios públicos domiciliarios o impidan su prestación37; (v) adoptar medidas para velar por que las zonas rurales y las 33 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 15. 34 Ibídem. 35 Ibídem 36 Ibídem. 37 Corte Constitucional, Sentencia T-570 de 1992 15 zonas urbanas desfavorecidas tengan acceso a servicios de suministro de agua en buen estado de conservación38; (vi)

proporcionar o asegurar que los desplazados internos disfruten de libre acceso al agua potable39; (vii) adoptar medidas para impedir que terceros denieguen el acceso al agua potable en con