CCE - Concepto 510 de 2024

TARJETA PROFESIONAL – Exigibilidad – Suscripción – Contrato de prestación de servicios Como condición para las actividades profesionales de la profesión de Administración Publico, se encuentra el enunciado normativo, el cual impone la obligación de estar inscrito en el Registro Único Nacional de Administradores Públicos y tener vigente la Tarjeta Profesional expedida por el Consejo Superior Profesional del Administrador Público. por lo tanto, será posible suscribir un contrato de prestación de servicios profesionales con un profesional de Administración Pública, siempre y cuando se encuentre inscrito en el Registro Único Nacional de Administradores Públicos y tener vigente la Tarjeta Profesional expedida por el Consejo Profesional del Administrador Público EXPERIENCIA PROFESIONAL – Régimen jurídico /Acreditación La acreditación de la experiencia profesional, la misma, se debe verificar de acuerdo con lo regulado en el artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015. En virtud de esta norma, el ejercicio de las diferentes profesiones acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional se contabiliza a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior, salvo para las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud, en las cuales la experiencia profesional se computa a partir de la inscripción o registro profesional. EQUIVALENCIAprestación de servicios En referencia al Contrato de Prestación de Servicios, una vez la entidad ha establecido la experiencia y los estudios que debe tener una persona natural o jurídica para celebrar un contrato de prestación de servicios, en su autonomía y como directora del proceso de contratación debe determinar cómo evaluar que esto se cumpla, sin que

sea obligatorio la aplicabilidad el Decreto 1083 de 2015 respecto de la equivalencia entre experiencia y estudios, ya que el artículo 2.1.1.1. que trata del objeto del decreto señala que es para el sector de la función pública en temas como “empleo público; funciones, competencias y requisitos generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de los organismos y entidades del orden nacional y territorial; administración de personal (…)”. Agencia Nacional de Contratación Pública pág. 1 Colombia Compra Eficiente

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Bogotá D.C., 3 de octubre de 2024 Señor Rolando Alberto Gonzalez Eligio rgonzalezeligio@gmail.com Bogotá D.C Concepto C–510 de 2024

Temas: TARJETA PROFESIONAL – Exigibilidad – Suscripción – Contrato de prestación de servicios/ EXPERIENCIA PROFESIONAL – Régimen jurídico-Acreditación/EQUIVALENCIAContrato de prestación de servicios.

Radicación: Respuesta a consulta con radicado No.

P20240823008607

Estimado señor Rolando: En ejercicio de la competencia otorgada por los artículos 3, numeral 5º, y 11, numeral 8º, del Decreto Ley 4170 de 2011, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente– responde las solicitudes de

consulta traslada por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública del 23 de agosto de 2024. En la cual manifiesta lo siguiente: “(…)

1. Con base en lo dispuesto en el artículo 2.2.2.3.3 del Decreto 1083 de 2015, ¿Es jurídicamente viable que una Entidad estatal celebre un contrato de prestación de servicios profesionales con un profesional en Administración Pública, cuyo título ha sido debidamente acreditado, pero cuya tarjeta profesional se encuentra actualmente en trámite, Agencia Nacional de Contratación Pública pág. 2

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Atención al ciudadano: (+57) 601 7956600 Código: CCE-REC-FM-17 Versión: 02 Fecha: 31-08-2023 considerando que se dispone de un año desde la fecha de posesión para la presentación de dicha tarjeta?

2. De conformidad con el art. 2.2.5.6.7.del Decreto 1083 de 2015

(Adicionado por el Art. 1 del Decreto 952 de 2021) y en consecuencia con el art. 2 de la Ley 2039 de 2020,¿Para la celebración de un contrato de servicios profesionales con jóvenes entre los 18 y 28 años, es posible acreditar como experiencia profesional válida los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión ejecutados antes de la obtención del título (Experiencia Previa) en Administración Pública, siempre que dichos contratos guarden una relación directa con el programa académico cursado, es decir el de Administración pública?

3. Para efectos de acreditar Experiencia Previa como Experiencia

Profesional válida a efectos de celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales, ¿es suficiente la certificación de un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, que incluya la relación de obligaciones directamente asociadas al programa de Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.5.6.5 del Decreto 1083 de 2015?

4. De conformidad con los artículos 1 y 6 de la Ley 2043 de 2020 ¿es posible acreditar prácticas profesionales llevadas a cabo en FONDECUNFondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca como experiencia profesional válida para efectos de celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales con una Entidad Pública si las actividades de la práctica se llevaron a cabo durante un periodo de más de seis meses y si las mismas están directamente relacionadas con el objeto que se pretende contratar?

5. Considerando lo dispuesto en el Artículo 229 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015, ¿puede acreditarse la experiencia adquirida entre la terminación de materias y la obtención del título profesional como experiencia profesional en el ejercicio de la profesión correspondiente? 6. ¿Las equivalencias entre estudios y experiencia de que trata el artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015, son aplicables para contratos de prestación de servicios? De no es así, ¿debe aplicarse entonces la tabla de honorarios y el manual de contratación de cada Entidad para la contratación de servicios profesionales?

7. De conformidad con el Artículo 2.2.5.6.3 y 2.2.5.6.7 del Decreto 1083

de 2015, el Artículo 2 de la Ley 2039 de 2020 que promueve el acceso de jóvenes al sector público y la Sentencia del Consejo de Estado con Radicación número 15001-2331-000-2004-00457-02(3645) del 24 de noviembre de 2005 Consejero ponente: Filemón Jiménez Ochoa ¿El periodo desempeñado como Concejal y como Vicepresidente de un Agencia Nacional de Contratación Pública pág. 3 Colombia Compra Eficiente

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Concejo Municipal (experiencia previa) se puede acreditar como Experiencia Profesional válida para celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales si durante el mismo periodo se cursaba la carrera de Administración Pública y si el Concejal tenía entre 18 y 28 años? De no ser así, ¿Es posible acreditar la misma como Experiencia Relacionada si el objeto del contrato está directamente relacionado con las funciones desempeñadas como Concejal? (…)” De manera preliminar, resulta necesario acotar que esta entidad solo tiene competencia para responder consultas sobre la aplicación de normas de carácter general en materia de compras y contratación pública. En ese sentido, resolver casos particulares desborda las atribuciones asignadas por el legislador extraordinario, que no concibió a Colombia Compra Eficiente como una autoridad para solucionar problemas jurídicos particulares de todos los partícipes del sistema de compra pública. La competencia de esta entidad se

fija con límites claros, con el objeto de evitar que la Agencia actúe como una instancia de validación de las actuaciones de las entidades sujetas a la Ley 80 de 1993 o de los demás participantes de la contratación pública. Esta competencia de interpretación de normas generales, por definición, no puede extenderse a la resolución de controversias, ni a brindar asesorías sobre casos puntuales, ni a determinar grados de responsabilidad por las actuaciones de los diferentes participes del sistema de compra pública. Conforme lo expuesto, en aras de satisfacer el derecho fundamental de petición se resolverá su consulta dentro de los límites de la referida competencia consultiva, esto es, haciendo abstracción de las circunstancias particulares y concretas mencionadas en su petición, pero haciendo unas consideraciones sobre las normas generales relacionadas con el problema jurídico de su consulta. 1.Problema planteado: De acuerdo con el contenido de su solicitud, esta Agencia resolverá los siguientes problemas jurídicos i) ¿Se puede celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales con un profesional en Administración Pública que no cuente con la tarjeta profesional?; ii) ¿Cómo se puede acreditar la experiencia profesional para la celebración de los contratos de prestación de servicios?, iii) le es aplicable las equivalencias que trata el artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015 a los contratos de prestación de servicios? Agencia Nacional de Contratación Pública pág. 4 Colombia Compra Eficiente

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2.Respuesta: En primer lugar, es pertinente señalar que para la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales con una persona que sea profesional de Administración Pública, es obligatorio que se encuentre inscrito en el Registro Único Nacional de Administradores Públicos y tener vigente la Tarjeta Profesional expedida por el Consejo Superior Profesional del Administrador Público. En segundo lugar, la acreditación de la experiencia profesional, la misma, se debe verificar de acuerdo con lo regulado en el artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015. En virtud de esta norma, el ejercicio de las diferentes profesiones acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional se contabiliza a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior, salvo para las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud, en las cuales la experiencia profesional se computa a partir de la inscripción o registro profesional. Por otro lado, valga mencionar que, a partir de la Ley 1955 de 2019 se permite contar como experiencia profesional las prácticas laborales realizadas por estudiantes para obtener el título de grado. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, la practica laboral es una actividad formativa desarrollada por un estudiante de programas de formación complementaria ofrecidos por las escuelas normales superiores y educación superior de pregrado, durante un tiempo determinado, en un ambiente laboral real, con supervisión y sobre asuntos relacionados con su área de estudio o desempeño. Finalmente se precisa que para el Contrato de Prestación de Servicios, una vez la entidad ha establecido la experiencia y los estudios que debe tener una persona natural o jurídica para celebrar un contrato de prestación de

servicios, en su autonomía y como directora del proceso de contratación debe determinar cómo evaluar que esto se cumpla, sin que sea obligatorio la aplicabilidad el Decreto 1083 de 2015 respecto de la equivalencia entre experiencia y estudios, ya que el artículo 2.1.1.1. que trata del objeto del decreto señala que es para el sector de la función pública en temas como “empleo público; funciones, competencias y requisitos generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de los organismos y Agencia Nacional de Contratación Pública pág. 5 Colombia Compra Eficiente

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Atención al ciudadano: (+57) 601 7956600 Código: CCE-REC-FM-17 Versión: 02 Fecha: 31-08-2023 entidades del orden nacional y territorial; administración de personal (…)”, entre otros.

De acuerdo con el concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública1, “La relación contractual tiene como características la autonomía e independencia del contratista, por consiguiente, los contratistas no son servidores públicos sino particulares que prestan una función pública (…)”, por lo que no es aplicable el Decreto 1083 de 2015. Ahora bien, la entidad en su autonomía y como rectora del proceso de contratación puede determinar la observancia de la equivalencia entre experiencia y estudios allí establecida y tendrá que justificarlo en los estudios previos y análisis del sector. 3.Razones de la respuesta: Lo anterior se sustenta en las siguientes consideraciones: Para iniciar, se debe acudir a la tipología del contrato de prestación de

servicios, el cual, es uno de los tipos contractuales consagrados en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública-EGCAP-, que pueden celebrar las entidades estatales. Se trata de un contrato típico, ya que se encuentra definido en la ley. Concretamente, el numeral 3 del artículo 32, de la Ley 80 de 1993, el cual establece: “Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable”. La celebración de dicho contrato se debe efectuar a través de la modalidad de la contratación directa. Así lo prevé el literal h numeral 4 del artículo 2, de la Ley 1150 de 2007, que dispone: “[…] Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa solamente procederá en los siguientes casos: […] 1 Concepto 193201 del 25 de mayo de 2022 del Departamento Administrativo de la Función Pública. Agencia Nacional de Contratación Pública pág. 6 Colombia Compra Eficiente

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Atención al ciudadano: (+57) 601 7956600 Código: CCE-REC-FM-17 Versión: 02 Fecha: 31-08-2023 h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión,

o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales”. A partir de estos enunciados normativos, entre otros, de carácter legal y reglamentario, que complementan su regulación, y de los pronunciamientos judiciales más destacados sobre el tema, es posible señalar las siguientes características del contrato de prestación de servicios: i) Solo puede celebrarse para realizar “actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad”, es decir, que hagan parte de su giro ordinario o quehacer cotidiano. ii) Admite que se suscriba tanto con personas naturales como con personas jurídicas. Y requiere que la entidad estatal justifique en los estudios previos que las actividades que buscan encomendarse a aquella “no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados”.2 iii) Si bien se celebran para obtener la prestación personal de un servicio, se diferencian del contrato de trabajo3 en que quien celebra el contrato de prestación de servicios debe mantener autonomía e independencia en la ejecución de la labor, lo que significa que no puede existir la subordinación y dependencia, que es uno de los elementos constitutivos del vínculo laboral. Por ello el numeral 3º del artículo 32, de la Ley 80 de 1993 establece que “En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales”, inciso que debe interpretarse en el sentido de que los contratos de 2 Decreto 1068 de 2015: “Artículo 2.8.4.4.5. Condiciones para contratar la prestación de servicios. Los contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista personal de planta

con capacidad para realizar las actividades que se contratarán. Se entiende que no existe personal de planta en el respectivo organismo, entidad, ente público o persona jurídica, es imposible atender la actividad con personal de planta, porque de acuerdo con los manuales específicos, no existe personal que pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la prestación del servicio, o cuando el desarrollo de la actividad requiere un grado de especialización que implica la contratación del servicio, o cuando aun existiendo personal en la planta, éste no sea suficiente, la inexistencia de personal suficiente deberá acreditarse por el jefe del respectivo organismo. Tampoco se podrán celebrar estos contratos cuando existan relaciones contractuales vigentes con objeto igual al del contrato que se pretende suscribir, salvo autorización expresa del jefe del respectivo órgano, ente o entidad contratante. Esta autorización estará precedida de la sustentación sobre las especiales características y necesidades técnicas de las contrataciones a realizar”. 3 El artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo establece: “1. Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración.

2. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, empleador, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario”.

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prestación de servicios profesionales no pueden generar relación laboral, ni dar lugar a que las entidades estatales paguen por su cuenta los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del contratista. iv) Deben ser temporales. Así lo señaló la Corte Constitucional expresando que: “La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido. En el caso de que las actividades con ellos atendidas demanden una permanencia mayor e indefinida, excediendo su carácter excepcional y temporal para convertirse en ordinario y permanente, será necesario que la respectiva entidad adopte las medidas y provisiones pertinentes a fin de que se dé cabal cumplimiento a lo previsto en el artículo 122 de la Carta Política, según el cual se requiere que el empleo público quede contemplado en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente”4. v) Los contratos de prestación de servicios constituyen un género que incluye, como especies, los contratos de prestación de servicios profesionales, los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión y los contratos de prestación de servicios artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales5. vi) Su celebración debe realizarse a través de la modalidad de contratación directa, independientemente de la cuantía y del tipo de servicio, siempre que este no ingrese dentro del objeto del contrato de consultoría vii) Para su celebración no se requiere en algunos casos la expedición del acto administrativo de justificación de la contratación directa6. 4 Corte Constitucional Sentencia C-154 de 1997, Magistrado Ponente Dr. Hernando Herrera Vergara

5 El Decreto 1082 de 2015 lo establece así: “Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los estudios y documentos previos”. 6 Así lo prevé el artículo 2.2.1.2.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015: “La Entidad Estatal debe señalar en un acto administrativo la justificación para contratar bajo la modalidad de contratación directa, el cual debe contener:

1. La causal que invoca para contratar directamente.

2. El objeto del contrato.

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Atención al ciudadano: (+57) 601 7956600 Código: CCE-REC-FM-17 Versión: 02 Fecha: 31-08-2023 viii) Admiten el pacto de cláusulas excepcionales. Es decir, en los contratos de prestación de servicios se puede estipular la caducidad, así como la modificación, interpretación o terminación unilaterales, como elementos accidentales, o sea que para que puedan ejercerse dichas exorbitancias han debido quedar incluidas expresamente en el contrato, ya que no se entienden pactadas por naturaleza. Así se infiere del artículo 14, numeral 2º, de la Ley 80 de 19937. ix) En algunos casos no es obligatoria la liquidación, pues así lo estableció el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, que modificó el artículo 60 de la Ley 80 de 19938, refiriéndose a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. x) Para su celebración no se requiere inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP), según lo prevé el artículo 6 de la Ley 1150 de 20079. xi) En ellos no son necesarias las garantías10.

3. El presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al contratista.

4. El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos.

Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y para los contratos de que tratan los literales (a) y (b) del artículo 2.2.1.2.1.4.3 del presente decreto. 7

decreto. 7

Esta norma expresa: “Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un

contrato: […] 2o. Pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de obra. En los contratos de explotación y concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula de reversión. Las entidades estatales podrán pactar estas cláusulas en los contratos de suministro y de prestación de servicios. […]”. 8 La norma dispone: “La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión”. 9 Según dicho artículo “Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, se inscribirán en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal. No se requerirá de este registro, ni de clasificación, en los casos de contratación directa; contratos para la prestación de servicios de salud; contratos de mínima cuantía; enajenación de bienes del Estado; contratos que tengan por objeto la adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria que se ofrezcan en bolsas de productos legalmente

constituidas; los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta y los contratos de concesión de cualquier índole. En los casos anteriormente señalados, corresponderá a las entidades contratantes cumplir con la labor de verificación de las condiciones de los proponentes. […]”. 10 Es esto lo que establece el Decreto 1082 de 2015: “Artículo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos”. Agencia Nacional de Contratación Pública pág. 9 Colombia Compra Eficiente

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En relación con la exigencia de la tarjeta profesional para celebrar el contrato de prestación de servicios, el artículo 26 de la Constitución Política indica que: “La Ley podrá exigir títulos de idoneidad”. La Corte Constitucional establece que la Constitución Política autorizó al legislador para exigir determinados títulos de idoneidad a quienes quieren desempeñar actividades que impliquen riesgo social, con el objetivo de demostrar la adecuada aptitud

del aspirante. En este sentido, la Ley, frente a determinadas profesiones, exige el requisito de tarjeta profesional que impliquen riesgo social para garantizar la aptitud del aspirante. Ahora bien, es particular señalar que existen una serie de profesiones que dentro de la normatividad vigente establecen como condición para el ejercicio profesional la expedición de la Tarjeta Profesional, caso puntual, la profesión de administrador/a público, como lo indica el artículo 7 de la Ley 1006 de 2006, en los siguientes términos: (…) Artículo 7: A partir de la sanción de la presente ley, para ejercer la profesión de Administrador Público se requerirá haber obtenido uno de los títulos de que trata el artículo 4º de la presente ley, estar inscrito en el Registro Único Nacional de Administradores Públicos y tener vigentes las respectivas matrícula y Tarjeta Profesional expedidas por el Consejo Profesional del Administrador Público. Parágrafo 1º. No se podrá ejercer la profesión de Administrador Público ni anunciarse como tal sin estar inscrito en el Registro Único Nacional del Administrador Público y tener vigente la Tarjeta Profesional. (…) Como condición para las actividades profesionales de la profesión de Administración Publico, se encuentra el enunciado normativo, el cual impone la obligación de estar inscrito en el Registro Único Nacional de Administradores Públicos y tener vigente la Tarjeta Profesional expedida por el Consejo Superior Profesional del Administrador Público. por lo tanto, será posible suscribir un contrato de prestación de servicios profesionales con un profesional de Administración Pública, siempre y cuando se encuentre inscrito en el Registro

Único Nacional de Administradores Públicos y tener vigente la Tarjeta Profesional expedida por el Consejo Profesional del Administrador Público. Ahora bien, en torno a la acreditación de la experiencia profesional, la misma, se debe verificar de acuerdo con lo regulado en el artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015. En virtud de esta norma, el ejercicio de las diferentes Agencia Nacional de Contratación Pública pág. 10 Colombia Compra Eficiente

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Por otro lado, valga mencionar que, a partir de la Ley 1955 de 2019 se permite contar como experiencia profesional las prácticas laborales realizadas por estudiantes para obtener el título de grado. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, la practica laboral es una actividad formativa desarrollada por un estudiante de programas de formación complementaria ofrecidos por las escuelas normales superiores y educación superior de pregrado, durante un tiempo determinado, en un ambiente laboral real, con supervisión y sobre asuntos relacionados con su área de estudio o desempeño.

No obstante, se debe entender que el artículo 229 del Decreto 019 de 2012 es la regla general para contar el término de la experiencia profesional y, por lo tanto, el cómputo, en principio, se efectúa después de terminadas las materias; pero el caso previsto en el artículo 192 de la Ley 1955 de 2019 es la excepción a esta regla general. En efecto, si el estudiante que opta por un título realiza la práctica laboral antes de terminadas las materias, se debe contar esta experiencia como profesional a pesar de que sea una experiencia que no fue adquirida con posterioridad a la terminación de materias. En los demás casos, e