CCE - Concepto C-1283 de 2025

DOCUMENTOS TIPO – Inalterabilidad – Fundamentos

[…] todas las resolucionesexpedidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, mediante las cuales se adoptaron los documentos tipo, consagran la regla de la inalterabilidad. Esta prohibición consiste en que las entidades estatales no pueden incluir o modificar en los Documentos del Proceso las condiciones habilitantes, los factores técnicos y económicos de escogencia y los sistemas de ponderación distintos a los señalados en los documentos tipo. En consecuencia, las condiciones establecidas en los documentos tipo son de obligatorio cumplimiento para las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública que adelanten procesos que deban regirse por su contenido, y no pueden variarse los requisitos fijados en ellos. Por lo tanto, las entidades estatales, al realizar sus procedimientos de selección, solo podrán modificarlos en los aspectos en que los documentos tipo lo permitan.

El fundamento legal vigente de la regla de la inalterabilidad está en el artículo 1 de la Ley 2022 de 2020, según el cual “[…] serán de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”. Pero eso no significa que antes no rigiera, pues así también lo disponía el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018. Por vía reglamentaria, también quedó consignado en su momento el carácter inmodificable de los pliegos tipo en el artículo 1 de los Decretos 342 de 2019, Decreto 2096 de 2019 y 594 de 2020, que adicionaron, respectivamente, los artículos 2.2.1.2.6.1.4, 2.2.1.2.6.2.3 y 2.2.1.2.6.3.4 al Decreto 1082 de 2015. En esta línea, las entidades públicas deberán sujetarse de forma irrestricta a las reglas establecidas en los documentos tipo, dispuestas en las diferentes resoluciones expedidas por la Agencia, por lo que no pueden hacer excepciones bajo una supuesta discrecionalidad a estas reglas que son obligatorias.

DOCUMENTOS TIPO – Inalterabilidad – Información en corchetes y resaltado gris

[…] la parte introductoria de los documentos base de los documentos tipo disponen que los aspectos incluidos en corchetes y resaltados en gris –[texto de ejemplo]– deben ser diligenciados por la entidad. Excepcionalmente le corresponde al proponente consignar la información incluida en corchetes y resaltada en gris, como, por ejemplo, los formatos que requieren de la firma del proponente o su representante legal. De todos modos, en cada acápite que esté resaltado en gris la entidad tendrá la libertad de determinar la información que se diligenciará en los documentos tipo, de acuerdo con su necesidad y las instrucciones de los mismos documentos tipo.

Debe indicarse que, la regla de inalterabilidad que recae sobre los documentos tipo, también se encuentra consagrada de forma expresa en el documento base, donde se contienen las normas de interpretación del pliego de condiciones. Por ejemplo, el literal I del numeral 1.17 del pliego tipo de los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte, dispone lo siguiente: “Los Documentos Tipo son inalterables y no se podrán incluir o modificar los Anexos, Formatos y Formularios, ni exigir soportes o requisitos adicionales; salvo cuando se permita en forma expresa, es decir, en los aspectos incluidos en corchetes y resaltados en gris.”

En suma, la regla general frente la aplicación de los documentos tipo es su inalterabilidad, y no podrán incluirse o modificarse en los documentos del proceso las condiciones habilitantes, los factores técnicos y económicos de escogencia y los sistemas de ponderación distintos a los señalados en los documentos tipo. En tal sentido, estos solo se podrán modificar respecto a aquellos contenidos que el mismo documento tipo lo permita.

DOCUMENTOS TIPO – Inalterabilidad – Prevalencia del derecho sustancial

Con todo, la regla de inalterabilidad de los documentos tipo debe armonizarse con principios de orden constitucional, especialmente con el de prevalencia del derecho sustancial, consagrado en el artículo 228 de la Constitución Política. La interpretación armónica de tales principios, a juicio de la Agencia Nacional de Contratación Pública, impide que la entidad que adelanta el proceso contractual le rinda culto a las “formas”, pues, en últimas, el deber que le asiste es el de tener en cuenta y aplicar los aspectos sustanciales de los documentos tipo, sin distingo de la formalidad de la que se sirva para ello los actores de la contratación pública.

FORMATOS – Documentos Tipo – Prevalencia del derecho sustancial – Suprimir expresiones

[…] debe indicarse que, los formatos son documentos que debe diligenciar el proponente de acuerdo con las instrucciones que en ellos se señala, y que hacen parte de su oferta. Concretamente, teniendo en cuenta el objeto de su consulta, resulta oportuno indicar que, eliminar u omitir una expresión o aparte de uno de los documentos señalados, en principio, si se trata de un aspecto formal, no generaría que la entidad no asigne puntaje al proponente [en estos supuestos].

En este sentido, debe señalarse que, sin perjuicio de la obligatoriedad de los documentos tipo y de su inalterabilidad, el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas exige que, en supuestos de hecho como el que se plantea en este concepto, el examen para determinar la procedencia de un puntaje trascienda una simple verificación del uso adecuado de los formatos. En tales casos, si se cumplen los supuestos para acceder a los puntajes, la entidad correspondiente, en virtud del mencionado principio, deberá verificar si el diligenciamiento del formato cumple efectivamente con lo allí establecido y con lo exigido por el pliego de condiciones y la normativa para acceder al beneficio.

En ese orden de ideas, la supresión u omisión en el diligenciamiento de una expresión o parte de un formato, no impide que la entidad que adelanta el proceso de contratación —si determina que se cumplen los supuestos establecidos en el reglamento y que procede materialmente el otorgamiento del puntaje— efectúe dicho reconocimiento, pues en aplicación del principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial, el carácter inalterable de los documentos tipo no puede hacerse extensivo a los aspectos meramente formales de tales documentos. Todo porque estos aspectos en nada afectan la aplicación y alcance del formato, es decir, porque no afectan su contenido esencial.

Bogotá D.C., 15 Octubre 2025

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Señores

Bogotá D.C., 15 Octubre 2025

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Señores

INGEDUCTOS INGENIERÍA ESPECIALIZADA S.A.S.

Guillermo Fernando Valdes Beltrán

Funza, Cundinamarca

| | | | --- | --- | | | Concepto C – 1283 de 2025 | | Temas: | DOCUMENTOS TIPO – Inalterabilidad – Fundamentos / DOCUMENTOS TIPO – Inalterabilidad – Información en corchetes y resaltado gris / DOCUMENTOS TIPO – Inalterabilidad – Prevalencia del derecho sustancial / FORMATOS – Documentos Tipo – Prevalencia del derecho sustancial – Suprimir expresiones | | Radicación: | Respuesta a consulta con radicado No. 1\_2025\_09\_08\_009722 |

Estimados señores:

En ejercicio de la competencia otorgada por los artículos 3, numeral 5º, y 11, numeral 8º, del Decreto Ley 4170 de 2011, así como lo establecido en el artículo 4 de la Resolución 1707 de 2018 expedida por esta Entidad, la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– responde su solicitud de consulta de fecha de 8 de septiembre de 2025, en la cual manifiesta lo siguiente:

“[…] Una entidad estatal ha estado negando otorgar puntajes a los proponentes que, al presentar sus ofertas, suprimen los encabezados y pies de página de los formatos incluidos en los pliegos tipo. La entidad argumenta que, al hacer dicha supresión, los oferentes no están utilizando los formatos oficiales del pliego tipo.

En atención a lo anterior y como proveedores interesados en mayor claridad y transparencia, solicitamos cordialmente que se aclare si es procedente y ajustado a la normatividad vigente que una entidad estatal desconozca o no otorgue puntajes dentro de los criterios ponderables a los oferentes que hayan eliminado los encabezados y pies de página de los formatos contenidos en los pliegos tipo proporcionados.”

De manera preliminar, resulta necesario resaltar que esta entidad solo tiene competencia para responder consultas sobre la aplicación de normas de carácter general en materia de compras y contratación pública. En ese sentido, resolver casos particulares desborda las atribuciones asignadas por el legislador extraordinario, que no concibió a Colombia Compra Eficiente como una autoridad para solucionar problemas jurídicos particulares de todos los partícipes del sistema de compra pública. La competencia de esta entidad se fija con límites claros, con el objeto de evitar que la Agencia actúe como una instancia de validación de las actuaciones de las entidades sujetas a la Ley 80 de 1993 o de los demás participantes de la contratación pública. Esta competencia de interpretación de normas generales, por definición, no puede extenderse a la resolución de controversias, ni a brindar asesorías sobre casos puntuales.

Conforme lo expuesto, en aras de satisfacer el derecho fundamental de petición se resolverá su consulta dentro de los límites de la referida competencia consultiva, esto es, haciendo abstracción de las circunstancias particulares y concretas mencionadas en su petición, pero señalando algunas consideraciones sobre las normas generales relacionadas con el problema jurídico de su consulta.

1. Problema planteado:

De acuerdo con el contenido de su solicitud, esta Agencia resolverá el siguiente problema jurídicos: en virtud de la regla de inalterabilidad que recae sobre los documentos tipo, ¿suprimir expresiones en los formatos de asignación de puntaje vulnera dicha regla e impide el otorgamiento del respectivo puntaje?

1. Respuesta:

| Todas las resolucionesexpedidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, mediante las cuales se adoptaron los documentos tipo, consagran la regla de la inalterabilidad. Esta prohibición consiste en que las entidades estatales no pueden incluir o modificar en los Documentos del Proceso las condiciones habilitantes, los factores técnicos y económicos de escogencia y los sistemas de ponderación distintos a los señalados en los documentos tipo. En consecuencia, las condiciones establecidas en los documentos tipo son de obligatorio cumplimiento para las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública que adelanten procesos que deban regirse por su contenido, y no pueden variarse los requisitos fijados en ellos. Por lo tanto, las entidades estatales, al realizar sus procedimientos de selección, solo podrán modificarlos en los aspectos en que los documentos tipo lo permitan. En relación con su solicitud, debe indicarse que, los formatos son documentos que debe diligenciar el proponente de acuerdo con las instrucciones que en ellos se señala, y que hacen parte de su oferta. Concretamente, teniendo en cuenta el objeto de su consulta, resulta oportuno indicar que, eliminar u omitir una expresión o aparte de uno de los documentos señalados, en principio, si se trata de un aspecto formal, no generaría que la entidad no asigne puntaje al proponente [en estos supuestos]. En este sentido, debe señalarse que, sin perjuicio de la obligatoriedad de los documentos tipo y de su inalterabilidad, el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas exige que, en supuestos de hecho como el que se plantea en este concepto, el examen para determinar la procedencia de un puntaje trascienda

una simple verificación del uso adecuado de los formatos. En tales casos, si se cumplen los supuestos para acceder a los puntajes, la entidad correspondiente, en virtud del mencionado principio, deberá verificar si el diligenciamiento del formato cumple efectivamente con lo allí establecido y con lo exigido por el pliego de condiciones y la normativa para acceder al beneficio. En ese orden de ideas, la supresión u omisión en el diligenciamiento de una expresión o parte de un formato, no impide que la entidad que adelanta el proceso de contratación —si determina que se cumplen los supuestos establecidos en el reglamento y que procede materialmente el otorgamiento del puntaje— efectúe dicho reconocimiento, pues en aplicación del principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial, el carácter inalterable de los documentos tipo no puede hacerse extensivo a los aspectos meramente formales de tales documentos. Todo porque estos aspectos en nada afectan la aplicación y alcance del formato, es decir, porque no afectan su contenido esencial. En consecuencia, si los requisitos se encuentran debidamente acreditados, la supresión u omisión en el diligenciamiento de una expresión o de una parte de los formatos, no puede considerarse una razón suficiente para negar un puntaje adicional, en tanto que el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas impone privilegiar el cumplimiento de los presupuestos sustantivos por encima de las formalidades. Así, aunque lo recomendable es utilizar los formatos en los términos en que han sido dispuestos, nada impide que, una vez verificado el cumplimiento efectivo de los requisitos para el puntaje, este sea otorgado, sin que razones meramente formales lo obstaculicen. Sin perjuicio de

lo anterior, le corresponderá a la entidad estatal que adelanta el proceso de contratación, realizar el correspondiente análisis para determinar el otorgamiento de puntaje, de acuerdo con la situación fáctica y jurídica particular del caso concreto, como el planteado en su solicitud, para lo cual las consideraciones expuestas en el presente concepto constituyen un instrumento orientador. |

1. Razones de la respuesta:

Lo anterior se sustenta en las siguientes consideraciones:

Los documentos tipo expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en ejercicio de la potestad otorgada por la Ley 2022 de 2020 son de obligatoria observancia por parte de las Entidades Estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública –EGCAP–. Debido a esto, tales entidades deben aplicar de manera forzosa los documentos tipo para desarrollar los Procesos de Contratación en los objetos y modalidades cobijadas por los documentos tipo.

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente expidió documentos tipo para los sectores de infraestructura de transporte, agua potable y saneamiento básico y social. Asimismo, esta Agencia acogió los documentos tipo de gestión catastral con enfoque multipropósito y para la contratación directa de convenios solidarios para la ejecución de obras hasta la menor cuantía con organismos de acción comunal.[[1]](#footnote-2)

En relación con el problema jurídico planteado en la solicitud, debe indicarse que todas las resoluciones[[2]](#footnote-3) expedidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, mediante las cuales se adoptaron los documentos tipo, consagran la regla de la inalterabilidad. Esta prohibición consiste en que las entidades estatales no pueden incluir o modificar en los Documentos del Proceso las condiciones habilitantes, los factores técnicos y económicos de escogencia y los sistemas de ponderación distintos a los señalados en los documentos tipo. En consecuencia, las condiciones establecidas en los documentos tipo son de obligatorio cumplimiento para las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública que adelanten procesos que deban regirse por su contenido, y no pueden variarse los requisitos fijados en ellos. Por lo tanto, las entidades estatales, al realizar sus procedimientos de selección, solo podrán modificarlos en los aspectos en que los documentos tipo lo permitan.

El fundamento legal vigente de la regla de la inalterabilidad está en el artículo 1 de la Ley 2022 de 2020, según el cual “[…] serán de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”. Pero eso no significa que antes no rigiera, pues así también lo disponía el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018. Por vía reglamentaria, también quedó consignado en su momento el carácter inmodificable de los pliegos tipo en el artículo 1 de los Decretos 342 de 2019, Decreto 2096 de 2019 y 594 de 2020, que adicionaron, respectivamente, los artículos 2.2.1.2.6.1.4, 2.2.1.2.6.2.3 y 2.2.1.2.6.3.4 al Decreto 1082 de 2015. En esta línea, las entidades públicas deberán sujetarse de forma irrestricta a las reglas establecidas en los documentos tipo, dispuestas en las diferentes resoluciones expedidas por la Agencia, por lo que no pueden hacer excepciones bajo una supuesta discrecionalidad a estas reglas que son obligatorias.

La inalterabilidad de los documentos tipo es una manifestación en mayor grado de las potestades regladas, lo cual implica una reducción de la discrecionalidad de la Administración en el momento de tomar una decisión en el proceso de contratación[[3]](#footnote-4). Cada entidad pública sujeta a los documentos tipo deberá hacer una aplicación o constatación íntegra de las reglas y condiciones dispuestas en estos, salvo que las mismas posibilitan la discrecionalidad en determinados aspectos.

Además, las entidades estatales deben garantizar el principio de economía, del cual se desprende que no pueden exigir documentos o requisitos más allá de los que permitan la Constitución, la ley y los reglamentos. Este postulado ha sido recogido no solo en la contratación estatal[[4]](#footnote-5) sino además en la normativa antitrámites[[5]](#footnote-6), pues se inscribe dentro de la tendencia de simplificación y racionalización de los procedimientos administrativos. De ahí que cuando las autoridades solicitan la entrega de documentación innecesaria desconocen el principio de economía.

Otro aspecto sobre el principio que inalterabilidad que debe destacarse es que, sin mínimos inalterables, los documentos tipo, estándar o normalizados, sencillamente, perderían sus características. Bajo riesgo de señalar una obviedad, se debe decir que la definición del término estándar es “Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia”[[6]](#footnote-7). Si las autoridades pudiesen agregar, eliminar o modificar todos y cada uno de los aspectos contenidos en los pliegos tipo, estos documentos, llanamente, no podrían ser llamados pliegos tipo.

De otra parte, a la luz de los objetivos perseguidos, si la normativa permitiera la alteración de todo el documento tipo, sería imposible verificar en la práctica las ventajas perseguidas por el legislador. Así, por ejemplo, si cada autoridad pudiese rediseñar por completo el documento, la transparencia del sistema de compras públicas no sería mayor con la introducción de la estandarización de documentos. De similar manera, bajo la hipótesis de trabajo referida, las entidades podrían modificar todo el contenido del pliego, retornando a una de las prácticas que se buscó eliminar: la elaboración de “pliegos sastre”, que eliminan la competencia. En ese orden, si se permite ilimitadamente introducir ajustes, las entidades estatales podrían reintroducir los sesgos interpretativos incorrectos que se buscaron erradicar con la introducción de la herramienta analizada.

Con base en lo dicho, se observa con toda claridad la necesidad de que existan unos mínimos inalterables que permitan, de un lado, que los pliegos tipo sean propiamente tales y, del otro, que se garanticen los fines expresamente perseguidos por el legislador con su introducción al ordenamiento nacional.

No obstante, la parte introductoria de los documentos base de los documentos tipo disponen que los aspectos incluidos en corchetes y resaltados en gris –[texto de ejemplo]– deben ser diligenciados por la entidad. Excepcionalmente le corresponde al proponente consignar la información incluida en corchetes y resaltada en gris, como, por ejemplo, los formatos que requieren de la firma del proponente o su representante legal. De todos modos, en cada acápite que esté resaltado en gris la entidad tendrá la libertad de determinar la información que se diligenciará en los documentos tipo, de acuerdo con su necesidad y las instrucciones de los mismos documentos tipo.

Debe indicarse que, la regla de inalterabilidad que recae sobre los documentos tipo, también se encuentra consagrada de forma expresa en el documento base, donde se contienen las normas de interpretación del pliego de condiciones. Por ejemplo, el literal I del numeral 1.17 del pliego tipo de los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte, dispone lo siguiente: “Los Documentos Tipo son inalterables y no se podrán incluir o modificar los Anexos, Formatos y Formularios, ni exigir soportes o requisitos adicionales; salvo cuando se permita en forma expresa, es decir, en los aspectos incluidos en corchetes y resaltados en gris.”

En suma, la regla general frente la aplicación de los documentos tipo es su inalterabilidad, y no podrán incluirse o modificarse en los documentos del proceso las condiciones habilitantes, los factores técnicos y económicos de escogencia y los sistemas de ponderación distintos a los señalados en los documentos tipo. En tal sentido, estos solo se podrán modificar respecto a aquellos contenidos que el mismo documento tipo lo permita.

Esta regla de inalterabilidad también aplica a los formatos, formularios, anexos y matrices implementados junto con el “Documento Base”, los cuales deben usarse en el procedimiento de contratación. Estos, al igual que el “Documento Base”, contienen apartes entre corchetes y resaltados en gris, los cuales deben ser diligenciados por la entidad, al igual que otros aspectos relativos a información que debe ser completada por los oferentes al hacer uso del formato.

Con todo, la regla de inalterabilidad de los documentos tipo debe armonizarse con principios de orden constitucional, especialmente con el de prevalencia del derecho sustancial, consagrado en el artículo 228 de la Constitución Política. La interpretación armónica de tales principios, a juicio de la Agencia Nacional de Contratación Pública, impide que la entidad que adelanta el proceso contractual le rinda culto a las “formas”, pues, en últimas, el deber que le asiste es el de tener en cuenta y aplicar los aspectos sustanciales de los documentos tipo, sin distingo de la formalidad de la que se sirva para ello los actores de la contratación pública.

En relación con el principio constitucional sub examine, la Corte Constitucional explica que “[…] por disposición del artículo 228 Superior, las formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender por su realización. Es decir, que las normas procesales son un medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos y no fines en sí mismas”[[7]](#footnote-8).

El carácter inalterable de los documentos tipo no puede, por tanto, hacerse extensivo a los aspectos meramente formales de tales documentos, esto es, el tamaño y tipo de letra, las márgenes o las expresiones que pretenden hacer más comprensible el documento, como es el caso de aquellas que informan que una expresión larga será referida con otra similar pero más corta. Lo anterior considerando que estos aspectos en nada afectan la aplicación y alcance de los documentos tipos, es decir, no afectan su contenido esencial y, mucho menos, las obligaciones, deberes y derechos que se derivan para las partes contratantes.

Bajo este entendimiento principialístico, la inclusión o supresión de expresiones en los formatos y anexos de los documentos tipo no generan per se un rechazo de la oferta, toda vez que lo importante es que lo expresado en el documento sea necesario dentro del proceso de contratación. Por ello, en aras de garantizar la primacía de lo sustancial sobre la forma no podrá rechazarse la oferta por cuestiones formales, ya sea en esta o en los anexos. Así pues, teniendo en cuenta las preguntas motivo de consulta, aquellas modificaciones formales en los diferentes formatos y anexos de los documentos no son un argumento suficiente para un rechazo de la oferta, pues lo que debe garantizarse es el principio de selección objetiva y la libre concurrencia de los proponentes[[8]](#footnote-9).

En relación con su solicitud, debe indicarse que, los formatos son documentos que debe diligenciar el proponente de acuerdo con las instrucciones que en ellos se señala, y que hacen parte de su oferta. Concretamente, teniendo en cuenta el objeto de su consulta, resulta oportuno indicar que, eliminar u omitir una expresión o aparte de uno de los documentos señalados, en principio, si se trata de un aspecto formal, no generaría que la entidad no asigne puntaje al proponente [en estos supuestos].

En este sentido, debe señalarse que, sin perjuicio de la obligatoriedad de los documentos tipo y de su inalterabilidad, el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas exige que, en supuestos de hecho como el que se plantea en este concepto, el examen para determinar la procedencia de un puntaje trascienda una simple verificación del uso adecuado de los formatos. En tales casos, si se cumplen los supuestos para acceder a los puntajes, la entidad correspondiente, en virtud del mencionado principio, deberá verificar si el diligenciamiento del formato cumple efectivamente con lo allí establecido y con lo exigido por el pliego de condiciones y la normativa para acceder al beneficio.

En ese orden de ideas, la supresión u omisión en el diligenciamiento de una expresión o parte de un formato, no impide que la entidad que adelanta el proceso de contratación —si determina que se cumplen los supuestos establecidos en el reglamento y que procede materialmente el otorgamiento del puntaje— efectúe dicho reconocimiento, pues en aplicación del principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial, el carácter inalterable de los documentos tipo no puede hacerse extensivo a los aspectos meramente formales de tales documentos. Todo porque estos aspectos en nada afectan la aplicación y alcance del formato, es decir, porque no afectan su contenido esencial.

En consecuencia, si los requisitos se encuentran debidamente acreditados, la supresión u omisión en el diligenciamiento de una expresión o de una parte de los formatos, no puede considerarse una razón suficiente para negar un puntaje adicional, en tanto que el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas impone privilegiar el cumplimiento de los presupuestos sustantivos por encima de las formalidades. Así, aunque lo recomendable es utilizar los formatos en los términos en que han sido dispuestos, nada impide que, una vez verificado el cumplimiento efectivo de los requisitos para el puntaje, este sea otorgado, sin que razones meramente formales lo obstaculicen.

Sin perjuicio de lo anterior, le corresponderá a la entidad estatal que adelanta el proceso de contratación, realizar el correspondiente análisis para determinar el otorgamiento de puntaje, de acuerdo con la situación fáctica y jurídica particular del caso concreto, como el planteado en su solicitud, para lo cual las consideraciones expuestas en el presente concepto constituyen un instrumento orientador.

Finalmente, debe advertirse que, el análisis requerido para resolver problemas específicos en torno a la contratación de las entidades estatales debe ser realizado por quienes tengan interés en ello. De esta manera, las afirmaciones aquí realizadas no pueden ser interpretadas como juicios de valor sobre circunstancias concretas relacionadas con los hechos que motivan la consulta. Por lo anterior, previo concepto de sus asesores, frente a la solución de situaciones particulares, corresponde a los interesados adoptar la decisión correspondiente y, en caso de conflicto, a las autoridades judiciales, fiscales y disciplinarias.

Dentro de este marco, la entidad contratante definirá en cada caso concreto lo relacionado con el tema objeto de consulta. Al tratarse de un análisis que debe realizarse en el procedimiento contractual específico, la Agencia no puede definir un criterio universal y absoluto por vía consultiva, sino que brinda elementos de carácter general para que los partícipes del sistema de compras y contratación pública adopten la decisión que corresponda, lo cual es acorde con el principio de juridicidad. Así, cada entidad definirá la forma de adelantar su gestión contractual, sin que sea atribución de Colombia Compra Eficiente validar sus actuaciones.

1. Referencias normativas, jurisprudenciales y otras fuentes:

4. Referencias normativas, jurisprudenciales y otras fuentes:

| | | --- | | - Ley 2022 de 2020, artículo 1. - Ley 1150 de 2007, artículo 2. - Documentos Tipo. Disponibles en: <https://www.colombiacompra.gov.co/documentos-tipo/documentos-tipo>. |

5.Doctrina de la Agencia Nacional de Contratación Pública:

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, se ha pronunciado sobre la regla de la inalterabilidad de los documentos tipo en los siguiente conceptos:C-058 del 8 de marzo de 2022, C-657 del 11 de octubre de 2022, C-051 del 28 de abril de 2023, C-513 del 7 de octubre de 2024, C-730 del 27 de noviembre de 2024, C-870 del 15 de diciembre de 2024, C-092 del 4 de marzo de 2025, C-110 del 7 de marzo de 2025, C-133 del 10 de marzo de 2025, C-241 del 14 de marzo de 2025, C-283 del 14 de abril de 2025, C-302 del 21 de abril de 2025, C-386 del 22 de abril de 2025, C-322 del 25 de abril de 2025, C-325 del 25 de abril de 2025, C-342 del 25 de abril de 2025, C-365 del 2 de mayo de 2025, C-382 del 6