CCE - Concepto C-1534 de 2026

LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES ‒ Finalidad

En este contexto, la Ley de Garantías Electorales establece el marco jurídico para el desarrollo de las elecciones, procurando condiciones de igualdad y transparencia para los aspirantes. Paralelamente, se incluyen restricciones en las actuaciones de los servidores públicos, evitando interferencias en la contienda electoral, así como la posible desviación de recursos públicos en aspiraciones electorales. Por ello, varias de las disposiciones de la Ley 996 de 2005, al contener normas prohibitivas, no admiten una interpretación amplia, sino que deben interpretarse restrictivamente.

LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES ‒ Tipos de restricciones ‒ Ámbito temporal – Celebración – Límite

Por un lado, el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 prohíbe “[…] la contratación directa por parte de todos los entes del Estado” durante los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones presidenciales, salvo “[…] lo referente a la defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito público, los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como también los utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor, y los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias”.

Por otro lado, el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 prevé una restricción, aplicable respecto de cualquier tipo de contienda electoral, que prohíbe a los gobernadores, alcaldes municipales o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital “[…] celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista”.

En efecto, el concepto de celebración en el marco de la contratación estatal se relaciona con el perfeccionamiento, es decir, con los requisitos para que exista un contrato estatal. Al respecto, se destaca que en entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública la existencia de los contratos estatales, es decir, la producción de efectos jurídicos en los términos del artículo 1501 ibídem, depende de la regulación del inciso primero de los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993. Por un lado, “Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen mutación del dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles y, en general, aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad”. Por otra parte, “Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito”.

LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES – Prohibición artículo 33 – Contratación directa – Alcance

De acuerdo con el citado concepto, la prohibición del artículo 33 de la Ley de Garantías Electorales se refiere a “cualquier sistema que no implique convocatoria pública y posibilidad de pluralidad de oferentes”, por lo que excluye las demás modalidades de contratación previstas en la Ley 1150 de 2007, es decir, la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos y la mínima cuantía u otros previstos en normas especiales. Esta posición es congruente con la expedición de la Ley 1150 de 2007 que, entre otras reformas, introdujo la selección abreviada, rediseñó el concurso de méritos y sistematizó las causales de contratación directa, además lo es con la posterior creación de la modalidad de mínima cuantía establecida actualmente en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo con las modificaciones realizadas por leyes posteriores.

LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES – Excepciones

De otro lado, las excepciones a la restricción prevista en la Ley de Garantías, con fundamento en las cuales podrán las entidades públicas adelantar procedimientos de selección directa en períodos previos a la contienda electoral por la Presidencia, se encuentran consagradas expresamente en el inciso final del citado artículo 33 de la Ley 996 de 2005 en lo referente a i) la defensa y seguridad del Estado; ii) los contratos de crédito público; iii) los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres; iv) los utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor; y, v) los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias. Es responsabilidad del respectivo ente del Estado, examinar en cada caso la naturaleza de las actividades que adelanta y determinar si las mismas se enmarcan en alguna de las mencionadas excepciones, de manera que se le permita realizar la contratación que necesite en forma directa.

LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES – Prohibición del artículo 33 – Destinatarios

De acuerdo con estos pronunciamientos de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, la prohibición de la contratación directa también aplica frente a las entidades exceptuadas de la aplicación del EGCAP y que se rigen en materia contractual por el derecho privado. Sin embargo, señaló que algunas de estas entidades, como sucede con las empresas de servicios públicos domiciliarios, los establecimientos de crédito, las sociedades de servicios financieros y las entidades aseguradoras no pueden adquirir los suministros de bienes y servicios necesarios para la realización de su actividad por contratación directa, sino por mecanismos competitivos que impliquen convocatoria pública y la posibilidad de la existencia de pluralidad de oferentes, pero indicó que en estos casos “las empresas no pueden dejar de entregar los servicios públicos a su cargo a nuevas personas, ni dejar de renovar los contratos existentes, pues significaría la parálisis de una actividad propia de la administración, que incluso podría desconocer los derechos fundamentales”.

LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES – Contratos y convenios interadministrativos – Criterio orgánico

Ahora bien, respecto del alcance del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, esta prohibición dispone en primera medida que: “[l]os Gobernadores, Alcaldes Municipales y/o Distritales, Secretarios, Gerentes y directores de Entidades Descentralizadas del orden Municipal, Departamental o Distrital, dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos”. [Énfasis fuera del texto original]

Para tales efectos, debe precisarse que los contratos o convenios interadministrativos están determinados por un criterio orgánico, pues es necesario que los extremos de la relación contractual sean entidades públicas, independientemente de las normas que regulan la relación contractual. En este sentido, los convenios interadministrativos solo pueden ser celebrados entre entidades públicas, pues a éstas corresponde la realización de los fines y tareas que el legislador les ha asignado.

Si bien los contratos o convenios interadministrativos están previstos en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015, no quiere decir que solo puedan celebrarse entre Entidades Estatales que apliquen el régimen de contratación allí previsto. En efecto, una Entidad Estatal de la Ley 80 de 1993 – como es el caso de un municipio – bien puede celebrar esta clase de convenios con una Entidad Estatal de régimen especial y no por ello dejará de ser un contrato o convenio interadministrativo.

LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES – Restricción – Convenios interadministrativos – Postura del Consejo de Estado

De conformidad con los argumentos de dicha providencia, se parte de la distinción entre los conceptos de “convenio” y “contrato” interadministrativos, para diferenciarlos en su naturaleza, contenido y alcance, lo cual ha servido de fundamento para que tanto la Sección Tercera como también la Sala de Consulta y Servicio Civil de esa Corporación hayan realzado la distinción entre uno y otro negocio jurídico. En este sentido, en relación con el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 concluyó que “si el legislador no diferenció al establecer la prohibición o la restricción, mal haría el reglamento en aplicar un efecto expansivo o extensivo para incluir una categoría no cobijada con la limitación, (…)”. Por tal motivo, para efectos de decretar la medida de suspensión provisional de los apartes señalados del numeral 16.2 de la Circular Externa Única, argumentó que “con independencia del propósito loable o plausible de la disposición ya que, procura que no se usen los recursos estatales para incidir o afectar la contienda electoral, no cabe duda de que la entidad demandada incorporó en la prohibición una categoría que no quedó comprendida expresa e inequívocamente en la ley”.

De igual manera, mediante auto del 6 de noviembre de 2025, el Consejo de Estado, Subsección A de la Sección Tercera, decretó la suspensión provisional de los apartes cuestionados del inciso segundo y del inciso cuarto del numeral 16.2 de la Circular Externa Única, versión 3 del 27 de diciembre de 2023, expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente relacionados con los contratos interadministrativos. Para tales efectos, el alto tribunal resaltó la interpretación restrictiva de las normas que contienen prohibiciones, como la del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, por manera que se excluye la analogía legis o iuris y la interpretación extensiva y reiteró los argumentos sobre la diferencia entre contratos y convenios interadministrativos.

Finalmente, mediante sentencia del 17 de octubre de 2025, emitida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del expediente 11001-03-26-000-2023-00139-00, se declaró la nulidad parcial del numeral 16.2 de la Circular Externa Única de 2022 expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente que indicaba: “Esta restricción es aplicable tanto a los convenios como a los contratos interadministrativos […]”.

LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES – Excepciones – Procedencia Urgencia Manifiesta

Por lo tanto, con fundamento en la declaratoria de urgencia manifiesta es posible adelantar la contratación de forma directa, al encontrarse amparada en las excepciones que dispone el artículo 33 de la Ley 996 de 2005. Es decir, con la declaratoria de urgencia manifiesta se garantiza que, en situaciones de emergencia, las autoridades puedan actuar con celeridad y eficacia para atender necesidades inmediatas, sin que ello implique una vulneración de las excepciones dispuestas en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005. En este sentido, la urgencia manifiesta permite que los contratos se celebren de manera directa, como puede ser la adquisición de bienes inmuebles, siempre que se justifique adecuadamente la situación que impide seguir el procedimiento regular. Esto, sin perjuicio de los requisitos y condiciones establecidas en el ordenamiento jurídico para su declaratoria.

LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES – Urgencia Manifiesta – Improcedencia – Artículo 38

Sin embargo, no podrá suscribirse en el marco de la declaratoria de urgencia manifiesta convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos con alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital. Esto se debe a la prohibición contenida en el parágrafo único del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, la cual dispone que no podrán celebrarse convenios interadministrativos con alcaldes municipales y/o distritales, así como con secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden territorial. Esta prohibición busca evitar que, bajo la institución de la urgencia manifiesta, se canalicen recursos públicos hacia actores políticos locales en un contexto que podría prestarse para favorecer intereses particulares o electorales. Así mismo, dicho artículo no contempla excepciones, lo que significa que la prohibición es absoluta y aplicable en cualquier circunstancia. De esta manera, se garantiza que la contratación directa derivada de la urgencia manifiesta se limite a atender necesidades inmediatas y legítimas, sin abrir la posibilidad de suscribir convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos.

Bogotá D.C., 23 octubre 2026

Señores

LINA MARCELA MONDRAGON RÍOS

[image]Secretaria de Despacho

YEISON VELASQUEZ TORO

Director Administrativo

Alcaldía Municipal de Dosquebradas

saianotificaciones@dosquebradas.gov.co

Dosquebradas, Risaralda

Concepto C1534 de 2026

Director Administrativo

Alcaldía Municipal de Dosquebradas

saianotificaciones@dosquebradas.gov.co

Dosquebradas, Risaralda

Concepto C1534 de 2026

| | | | | --- | --- | --- | | Temas: | LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES ‒ Finalidad / LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES ‒ Tipos de restricciones ‒ Ámbito temporal – celebraciónlímite / LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES – Prohibición artículo 33 – Contratación directa – Alcance / LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES – Excepciones / LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES – Prohibición del artículo 33 – Destinatarios / LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES – Contratos y convenios interadministrativos – Criterio orgánico / LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES –RestricciónConvenios interadministrativos – Postura del Consejo de Estado / LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES – Excepciones – Procedencia Urgencia Manifiesta / LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES – Urgencia Manifiesta – Improcedencia – Artículo 38. | | | Radicación: | Respuesta a consulta con radicado No. 1\_2026\_09\_29\_013083 | |

Estimados Señores:

En ejercicio de la competencia otorgada por los artículos 3, numeral 5º, y 11, numeral 8º, del Decreto Ley 4170 de 2011, así como lo establecido por la Resolución 469 de 2025 expedida por esta Entidad, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente– responde la solicitud de consulta presentada el 28 de agosto de 2026, en la cual manifiesta:

“1. ¿La prohibición del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 admite excepciones cuando los convenios interadministrativos tienen por objeto atender una situación de desastre o calamidad pública declarada? ¿Son aplicables por analogía las excepciones del artículo 33?

2. Si la respuesta es afirmativa, ¿la excepción está condicionada a la vigencia de la declaratoria de desastre o calamidad pública, incluidas sus prórrogas (artículo 64 de la Ley 1523 de 2012)? ¿Qué ocurre con los convenios requeridos después del retorno a la normalidad?

3. Para esos efectos, ¿basta la vigencia de la declaratoria nacional de desastre del Decreto 1171 de 2026, o se requiere que esté vigente la declaratoria municipal de calamidad pública?

4. Si la declaratoria nacional de desastre no se prorroga y vence el 11 de agosto de 2027, dentro del periodo de restricción, ¿los convenios interadministrativos celebrados antes de esa fecha al amparo de una eventual excepción por desastre pueden seguir ejecutándose, adicionándose o prorrogándose hasta el 31 de octubre de 2027?

5. ¿Los convenios celebrados al amparo del Decreto Legislativo 1381 de 2026, que habilita la cofinanciación extraterritorial hasta el 31 de diciembre de 2027, están sujetos a la prohibición del parágrafo del artículo 38? ¿Constituye ese decreto, por su fuerza de ley y su carácter especial, una excepción a la prohibición?

6. ¿La urgencia manifiesta puede sustentar la celebración de convenios interadministrativos durante el periodo de restricción? Se trata tanto de la declarada por el municipio con base en la calamidad pública como de la que el artículo 2 del Decreto Legislativo 1420 de 2026 da por comprobada mientras rija el desastre del Decreto 1171. ¿O su efecto se limita a la contratación directa?

7. ¿La prohibición comprende los convenios interadministrativos para financiar estudios técnicos de ordenamiento territorial y de gestión del riesgo, y los convenios para ajustar el POT con ocasión del desastre? ¿O esos objetos quedan cubiertos por una eventual excepción por desastre?

8. Esa Agencia ha señalado (concepto C-221 de 2026) que la restricción recae sobre los convenios y no sobre los contratos interadministrativos. ¿Qué criterios permiten distinguir unos de otros en los acuerdos con entidades descentralizadas del mismo municipio, con el área metropolitana, con empresas de servicios públicos y con universidades públicas para estudios técnicos?

9. ¿Quedan por fuera de la prohibición los convenios que no implican ejecución de recursos públicos, como los de asistencia técnica o cooperación con aportes en especie de entidades nacionales?

10. ¿Los convenios celebrados antes del inicio del periodo de restricción pueden ejecutarse, adicionarse, prorrogarse o modificarse durante ese periodo? ¿Puede suscribirse el acta de inicio durante él?

11. ¿La prohibición se aplica cuando la entidad territorial es la receptora de los recursos, y no la que los aporta, como en los convenios con la Nación o el departamento?

SEGUNDO. Contratación directa y régimen especial de la Ley 1523 de 2012

Interrogantes:

12. En elecciones de autoridades territoriales, ¿rige alguna restricción a la contratación directa distinta de la del parágrafo del artículo 38? ¿La restricción del artículo 33 aplica exclusivamente a la elección presidencial?

13. ¿Puede el municipio aplicar el régimen especial de contratación de los artículos 65 y 66 de la Ley 1523 de 2012 durante el periodo de restricción, mientras esté vigente la declaratoria de desastre o calamidad pública? ¿Ese régimen cubre la contratación de estudios de ordenamiento y de riesgo?

14. ¿La inclusión de los estudios técnicos de riesgo y de ordenamiento territorial en el Plan de Acción Específico de la calamidad pública les confiere la conexidad directa exigida por el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 para contratarlos bajo el régimen especial?

15. ¿Cuál es la relación entre la urgencia manifiesta (artículo 42 de la Ley 80 de 1993 y artículo 2 del Decreto Legislativo 1420 de 2026) y las restricciones de la Ley 996 de 2005 en el contexto de un desastre declarado?

TERCERO. Cómputo del término

Interrogante:

16. Siendo las elecciones el 31 de octubre de 2027, ¿desde qué fecha exacta se computa el periodo de cuatro meses del parágrafo del artículo 38? ¿Se extiende hasta el día de la elección o hasta una eventual segunda vuelta?

De manera preliminar, resulta necesario acotar que esta entidad solo tiene competencia para responder consultas sobre la aplicación de normas de carácter general en materia de compras y contratación pública. En ese sentido, resolver casos particulares desborda las atribuciones asignadas por el legislador extraordinario, que no concibió a Colombia Compra Eficiente como una autoridad para solucionar problemas jurídicos particulares de todos los partícipes del sistema de compra pública. La competencia de esta entidad se fija con límites claros, con el objeto de evitar que la Agencia actúe como una instancia de validación de las actuaciones de las entidades sujetas a la Ley 80 de 1993 o de los demás participantes de la contratación pública. Esta competencia de interpretación de normas generales, por definición, no puede extenderse a la resolución de controversias, ni a brindar asesorías sobre casos puntuales, ni a determinar grados de responsabilidad por las actuaciones de los diferentes participes del sistema de compra pública.

Conforme lo expuesto, en aras de satisfacer el derecho fundamental de petición se resolverá su consulta dentro de los límites de la referida competencia consultiva, esto es, haciendo abstracción de las circunstancias particulares y concretas mencionadas en su petición, pero haciendo unas consideraciones sobre las normas generales relacionadas con los problemas jurídicos de su consulta.

1. Problema planteado:

De acuerdo con el contenido de su solicitud, esta Agencia procede a resolver los siguientes problemas jurídicos: i) ¿La prohibición prevista en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 respecto de la celebración de convenios interadministrativos admite excepciones cuando estos tienen por objeto atender situaciones de desastre o calamidad pública, y cuál es el alcance de dichas excepciones frente a las declaratorias de desastre, calamidad pública, sus prórrogas y los regímenes especiales o transitorios expedidos para atender tales situaciones?; ii); ¿Cuál es la relación entre la urgencia manifiesta y las restricciones previstas en la Ley 996 de 2005 y, en consecuencia, puede la declaratoria de urgencia manifiesta sustentar la celebración de contratos mediante contratación directa durante el período de restricción electoral y permitir la participación de entidades públicas como contratistas?; iii) ¿Qué criterios permiten distinguir los convenios interadministrativos de los contratos interadministrativos para efectos de la aplicación de la prohibición contenida en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 y cuáles son las consecuencias de dicha distinción frente a acuerdos celebrados con entidades descentralizadas, áreas metropolitanas, empresas de servicios públicos y universidades públicas?; iv) ¿Cuál es el alcance temporal de la restricción prevista en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 y qué actuaciones pueden adelantarse respecto de convenios interadministrativos celebrados antes del inicio del período de restricción?

1. Respuesta:

| En torno a los problemas jurídicos objetos de consulta, se expresa: i) La prohibición prevista en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 recae sobre la celebración de convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos por parte de los sujetos expresamente señalados en dicha disposición durante los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones. Dado su carácter restrictivo, esta norma debe interpretarse de manera estricta y no admite aplicación extensiva ni analógica de excepciones previstas en otras disposiciones de la Ley de Garantías Electorales. En consecuencia, las excepciones contempladas en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 para la contratación directa en época de elecciones presidenciales, entre ellas las relacionadas con emergencias, desastres, fuerza mayor o urgencias sanitarias, no son extensibles a la prohibición del parágrafo del artículo 38, pues este último no contiene excepción alguna respecto de la celebración de convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos. Por esta razón, la sola existencia de una declaratoria de desastre o calamidad pública, nacional o territorial, ni la expedición de normas especiales dirigidas a atender una situación de desastre, constituyen por sí mismas una habilitación para celebrar convenios interadministrativos prohibidos por el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 durante época preelectoral. No obstante, los convenios interadministrativos celebrados y perfeccionados antes del inicio de la restricción pueden continuar su ejecución durante el periodo electoral. Asimismo, las actuaciones relacionadas con la ejecución contractual, tales como la suscripción de actas de inicio, modificaciones, prórrogas o adiciones, deberán analizarse conforme a la naturaleza jurídica de cada actuación y a las reglas generales desarrolladas por la doctrina y la jurisprudencia sobre la Ley de Garantías Electorales. ii) La Ley de Garantías Electorales distingue dos restricciones diferentes: a)

o adiciones, deberán analizarse conforme a la naturaleza jurídica de cada actuación y a las reglas generales desarrolladas por la doctrina y la jurisprudencia sobre la Ley de Garantías Electorales. ii) La Ley de Garantías Electorales distingue dos restricciones diferentes: a) La contenida en el artículo 33, aplicable exclusivamente durante las elecciones presidenciales y; b) La contenida en el parágrafo del artículo 38, aplicable respecto de cualquier elección y dirigida específicamente a la celebración de convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos. En relación con el artículo 33, la contratación directa derivada de una declaratoria de urgencia manifiesta constituye una de las hipótesis que puede encuadrarse dentro de las excepciones previstas para atender emergencias, calamidades o desastres. En consecuencia, la declaratoria de urgencia manifiesta permite adelantar contratación directa para atender de forma inmediata las situaciones que la justifican. Sin embargo, la urgencia manifiesta no constituye una excepción a la prohibición contenida en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005. Por tanto, aun en presencia de una declaratoria de urgencia manifiesta o de disposiciones especiales expedidas para atender una situación de desastre, no resulta posible celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos cuando se configure el supuesto prohibido por dicha disposición. En consecuencia, la urgencia manifiesta habilita la contratación directa en los términos previstos por el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 y las normas especiales aplicables, pero no elimina ni suspende la prohibición de celebrar convenios interadministrativos prevista en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005. iii) La jurisprudencia reciente del Consejo de Estado y la doctrina de la Agencia han señalado que contratos y convenios interadministrativos corresponden a figuras jurídicas distintas y no pueden ser equiparados para

en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005. iii) La jurisprudencia reciente del Consejo de Estado y la doctrina de la Agencia han señalado que contratos y convenios interadministrativos corresponden a figuras jurídicas distintas y no pueden ser equiparados para efectos de aplicar las restricciones de la Ley de Garantías Electorales. Los convenios interadministrativos se caracterizan porque las entidades participantes concurren en condiciones de colaboración o cooperación para alcanzar un fin público común. Sus intereses son convergentes y, en principio, no existe una lógica de intercambio patrimonial ni una relación contratante-contratista. Por el contrario, los contratos interadministrativos tienen por objeto el suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de actividades específicas mediante prestaciones recíprocas, de manera que una entidad actúa como contratante y la otra como contratista. Por ello, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la prohibición del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 recae exclusivamente sobre los convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos y no puede extenderse por analogía ni por interpretación extensiva a los contratos interadministrativos. La determinación de si un negocio jurídico constituye un convenio o un contrato interadministrativo depende de su contenido material, de su finalidad y de las obligaciones efectivamente asumidas por las partes, y no únicamente de la denominación que se utilice en el documento correspondiente. iv) Las restricciones previstas en los artículos 33 y 38 de la Ley 996 de 2005 tienen ámbitos temporales diferentes. El artículo 33 aplica únicamente a las elecciones presidenciales

y se extiende desde los cuatro (4) meses anteriores a la elección hasta la eventual realización de la segunda vuelta presidencial. Por su parte, el parágrafo del artículo 38 aplica respecto de cualquier elección popular y opera durante los cuatro (4) meses anteriores a la respectiva jornada electoral. Para efectos de esta prohibición, la expresión "celebrar" se refiere al perfeccionamiento del negocio jurídico, esto es, a la existencia del acuerdo de voluntades elevado a escrito en los términos de los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993. Por consiguiente, los convenios interadministrativos que se encuentren perfeccionados antes del inicio de la restricción no se ven afectados por la entrada en vigencia de esta. En tal medida, pueden continuar su ejecución durante el periodo electoral, sin perjuicio de que las actuaciones posteriores deban ajustarse a los principios de planeación, transparencia, responsabilidad y demás normas aplicables a la contratación estatal. |

1. Razones de la respuesta:

Lo anterior se sustenta en las siguientes consideraciones:

1. El ordenamiento jurídico colombiano contempla previsiones claras para evitar la obtención de beneficios personales en asuntos propios de la administración pública. Por ejemplo, el artículo 127 de la Constitución Política establece una prohibición contractual a los servidores públicos y, en cuanto a aspectos políticos, establece restricciones a ciertos empleados del Estado, incluso en época no electoral[[1]](#footnote-1).

En el mismo sentido, la Ley 996 de 2005, conocida como “Ley de Garantías Electorales”, se suma al andamiaje de orden constitucional y legal que se ha ocupado de evitar la injerencia inadecuada de intereses particulares en el ejercicio de la función pública. Esta Ley tiene como propósito evitar cualquier tipo de arbitrariedad, de ventaja injustificada, de uso irregular de los recursos del Estado en las campañas o falta de garantías en la elección presidencial[[2]](#footnote-2). En esta medida, introduce limitaciones para realizar nombramientos, postulaciones, contrataciones o cualquier otro tipo de actividad que implique destinación de recursos públicos bajo el devenir propio de las Entidades Estatales.

En armonía con lo anterior, la Corte Constitucional ha abordado la definición de la Ley de Garantías Electorales.