CCE - Concepto C-1575 de 2026

RÉGIMEN PRESUPUESTAL Y RÉGIMEN CONTRACTUAL – Conexidad

Es evidente la interdependencia entre el régimen de contratación estatal y el régimen presupuestal, en la medida en que toda actuación contractual de las entidades públicas debe estar respaldada por una disponibilidad de recursos debidamente apropiada en el presupuesto. Ello implica que la celebración de los contratos, están condicionados por las reglas fiscales y los principios presupuestales, porque la contratación pública no puede concebirse de manera aislada del marco presupuestal. Así lo ha señalado el Consejo de Estado al explicar que es inocultable la conexión material que existe entre estos dos regímenes y “parte de la importancia consiste en que a través de los contratos se ejecuta la mayor parte del presupuesto público, representando otra suma importante el pago de la deuda pública –que se adquiere por medio de contratos de créditoy los gastos de funcionamiento –incluye salarios y prestaciones sociales-. Esta simple proporción refleja la importancia que tiene el presupuesto para la contratación estatal y, a la inversa, la contratación estatal para el presupuesto”.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – Deber de elaboración – Obligación de las entidades públicas – Etapa precontractual

la norma establece de manera expresa el momento o la oportunidad en la que las entidades deben expedir el certificado de disponibilidad presupuestal cuando adelanten procesos de contratación. Así, por expresa disposición del legislador, las Entidades Estatales deben contar con este certificado en una fecha previa al momento en que inicia el proceso de selección del contratista. En concordancia con la citada disposición, la Ley 1882 de 2018, que modificó algunas disposiciones del EGCAP, entre ellas, la adición al parágrafo del artículo 8 de la Ley 1150 de 2007, establece que “[…] no es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para realizar la publicación del proyecto de pliego de condiciones”.

En ese orden, la norma precisa que, en procesos competitivos, el certificado de disponibilidad presupuestal debe ser expedido por la entidad contratante antes de que inicie formalmente la etapa de selección del contratista, es decir, previo a la expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso. De esta manera, no es obligatorio contar con el certificado en las etapas preparatorias del proceso de selección, como al momento de publicación del aviso de convocatoria pública, en la publicación de los estudios previos o del proyecto de pliego de condiciones en los procesos licitatorios. No obstante, si la entidad contratante puede expedir el certificado de disponibilidad presupuestal con anterioridad a la expedición del acto de apertura, estará actuando dentro del marco legal existente.

HECHOS CUMPLIDOS – Fundamento normativo – Noción

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no contiene una regulación específica sobre los hechos cumplidos. En efecto, aunque el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en desarrollo del principio de economía, establece la obligación de contar con el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal antes de dar inicio al procedimiento de selección del contratista, dicha disposición no define el concepto de hecho cumplido ni establece los supuestos en los que este se configura. En este sentido, el reconocimiento normativo de esta figura se encuentra en el régimen presupuestal, cuyas disposiciones proscriben la adquisición de obligaciones y la afectación del presupuesto sin el cumplimiento de los requisitos legales, las cuales, por su estrecha relación con la ejecución del gasto público, tienen una incidencia directa en la contratación estatal.

En este contexto, se parte de lo dispuesto en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 –Estatuto Orgánico del Presupuesto–, según el cual, la afectación del presupuesto público está condicionada al cumplimiento previo de una serie de requisitos orientados a garantizar la legalidad del gasto, que implica que toda obligación que pretenda asumirse con cargo al presupuesto debe contar con el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal y con el registro presupuestal que formaliza el compromiso de los recursos públicos. Asi mismo, el artículo 14 de la Ley 2342 de 2025 “Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2026” y los artículos 2.6.6.2.10, 2.10.1.5.3.10, 2.8.3.2.9 del Decreto 1068 del 2015 contemplan expresamente el tratamiento presupuestal de los hechos cumplidos al prohibir expedir actos y obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos.

HECHOS CUMPLIDOS – Enriquecimiento sin justa causa – Etapa contractual – Escenarios

En atención al desarrollo jurisprudencial y doctrinal en la materia, es posible concluir que el hecho cumplido corresponde a la ejecución de prestaciones en beneficio de una entidad estatal sin el cumplimiento de los requisitos presupuestales y contractuales legalmente previstos. Bajo esta noción, y aunque las circunstancias particulares de cada caso pueden variar, su configuración se puede presentar principalmente en dos escenarios: i) El primero tiene lugar cuando se ejecutan obras, suministran bienes o prestan servicios sin que exista un contrato estatal perfeccionado, esto es, sin que se haya cumplido la solemnidad del escrito exigida por el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. En este evento, la entidad recibe una prestación sin que exista un vínculo contractual que la respalde y sin que se hubieran observado las exigencias presupuestales. En este caso el reconocimiento de la prestación solo procederá en los eventos establecidos por las Sentencias de Unificación del Consejo de Estado referenciadas en torno al enriquecimiento sin justa causa. ii) El segundo escenario se presenta cuando, existiendo un contrato estatal debidamente celebrado, este no cuenta con el certificado presupuestal que respalde la obligación o durante su ejecución se reciben obras, bienes o servicios adicionales que exceden el alcance inicialmente pactado pero que guardan relación directa con el objeto del contrato, sin que previamente se hayan surtido los procedimientos contractuales y presupuestales respectivos. En estos supuestos, aunque existe un contrato que sirve de soporte al negocio juridico, las prestaciones carecen del respaldo presupuestal necesario para comprometer válidamente recursos públicos.

SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA – Régimen contractual – Derecho privado – Hechos cumplidos

El alcance de la configuración de hechos cumplidos en las sociedades de economía mixta depende del régimen contractual aplicable a cada sociedad. En efecto, aquellas sometidas al EGCAP deben observar las disposiciones contractuales y presupuestales correspondientes, por lo que la ejecución de prestaciones sin respaldo contractual o presupuestal, o por fuera del alcance del contrato sin formalizar previamente su modificación, puede dar lugar a la configuración de hechos cumplidos.

Por su parte, en las sociedades de economía mixta cuyo régimen contractual se encuentre exceptuado del EGCAP, la configuración y las consecuencias de estas situaciones deben determinarse conforme a las normas especiales aplicables, los estatutos y el manual de contratación de la entidad, particularmente en lo relativo a la formación, ejecución y modificación de los contratos. Por tanto, no es procedente trasladar automáticamente a estas sociedades la noción y las consecuencias de los hechos cumplidos previstas para las entidades sometidas al EGCAP, sin verificar previamente las reglas que gobiernan el respectivo negocio jurídico.

En todo caso, la aplicación del derecho privado no excluye el cumplimiento de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal que resulten aplicables, ni el control fiscal sobre los recursos públicos. En consecuencia, la ejecución de prestaciones sin el respaldo contractual, la autorización o los requisitos presupuestales exigibles puede generar consecuencias jurídicas y eventuales responsabilidades, siempre que se acrediten sus presupuestos legales. Asimismo, deberá analizarse separadamente si existe una obligación jurídicamente exigible y si procede algún mecanismo de reconocimiento económico, pues la recepción material de bienes o servicios no convalida por sí sola las irregularidades ni genera automáticamente el derecho al pago.

Bogotá D.C., 29 de octubre de 2026

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Señora

Bogotá D.C., 29 de octubre de 2026

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Señora

Deisy Lorena Aponte Cárdenas

abogadalorenaaponte@gmail.com

Ciudad

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Estimada señora Aponte:

En ejercicio de la competencia otorgada por los artículos 3, numeral 5º, y 11, numeral 8º, del Decreto Ley 4170 de 2011, así como lo establecido en la Resolución 469 de 2025 expedida por esta Entidad, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente– responde su solicitud radicada ante esta entidad el 7 de octubre de 2026 en la cual manifiesta lo siguiente:

“1. ¿Qué debe entenderse por hecho cumplido en el marco de la ejecución de un contrato estatal y cuáles son los elementos o presupuestos que deben concurrir para que una actuación o prestación ejecutada pueda ser considerada como tal?

2. ¿Cuál es el alcance y cuáles son los efectos jurídicos de la configuración de un hecho cumplido respecto de las partes que intervienen en la ejecución de un contrato estatal, particularmente cuando se trata de sociedades de economía mixta, consorcios o sus integrantes, y se han ejecutado actividades, recibido bienes o prestado servicios sin que previamente se hubiere formalizado el correspondiente respaldo contractual o su respectiva modificación?”

De manera preliminar, resulta necesario acotar que esta entidad solo tiene competencia para responder consultas sobre la aplicación de normas de carácter general en materia de compras y contratación pública. En ese sentido, resolver casos particulares desborda las atribuciones asignadas por el legislador extraordinario, que no concibió a Colombia Compra Eficiente como una autoridad para solucionar problemas jurídicos particulares de todos los partícipes del sistema de compra pública. La competencia de esta entidad se fija con límites claros, con el objeto de evitar que la Agencia actúe como una instancia de validación de las actuaciones de las entidades sujetas a la Ley 80 de 1993 o de los demás participantes de la contratación pública. Esta competencia de interpretación de normas generales, por definición, no puede extenderse a la resolución de controversias, ni a brindar asesorías sobre casos puntuales.

Conforme lo expuesto, en aras de satisfacer el derecho fundamental de petición se resolverá su consulta dentro de los límites de la referida competencia consultiva, esto es, haciendo abstracción de las circunstancias particulares y concretas mencionadas en su petición, pero haciendo unas consideraciones sobre las normas generales relacionadas con el problema jurídico de su consulta.

1. Problema planteado:

De acuerdo con el contenido de su solicitud, esta Agencia resolverá los siguientes problemas jurídicos: i) ¿Cuándo puede configurarse un hecho cumplido en la contratación estatal y qué responsabilidades genera para el funcionario responsable?, y ii) ¿Cuál es el alcance de la configuración de un hecho cumplido cuando se trata de sociedades de economía mixta?

1. Respuesta:

| i. El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no contiene una regulación específica sobre los hechos cumplidos. Aunque el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en desarrollo del principio de economía, impone contar con el certificado de disponibilidad presupuestal antes de dar inicio al procedimiento de selección, dicha disposición no define el concepto ni fija los supuestos en que se configura, de modo que su reconocimiento normativo se encuentra en el régimen presupuestal, cuyas disposiciones proscriben adquirir obligaciones y afectar el presupuesto sin el lleno de los requisitos legales, con incidencia directa en la contratación estatal. Así, del artículo 71 del Decreto 111 de 1996 se desprende que la afectación del presupuesto está condicionada a que toda obligación cuente con el certificado de disponibilidad y el registro presupuestal que formaliza el compromiso de los recursos, y tanto el artículo 14 de la Ley 2342 de 2025 como los artículos 2.6.6.2.10, 2.10.1.5.3.10 y 2.8.3.2.9 del Decreto 1068 de 2015 contemplan expresamente el tratamiento presupuestal de los hechos cumplidos al prohibir tramitar actos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como tales. De ahí que el hecho cumplido tenga un origen eminentemente presupuestal, aunque produzca efectos directos en la contratación estatal, relación que se refleja en el artículo 25 —que exige disponibilidades presupuestales antes de iniciar los procedimientos de selección— y en el artículo 41 de la misma ley —que somete el perfeccionamiento y la ejecución del contrato a la solemnidad escrita y a las disponibilidades correspondientes—. En atención al desarrollo jurisprudencial y doctrinal, el hecho cumplido corresponde a la ejecución de prestaciones en beneficio de una entidad estatal sin el cumplimiento de los requisitos presupuestales y contractuales previstos, y su

la ejecución del contrato a la solemnidad escrita y a las disponibilidades correspondientes—. En atención al desarrollo jurisprudencial y doctrinal, el hecho cumplido corresponde a la ejecución de prestaciones en beneficio de una entidad estatal sin el cumplimiento de los requisitos presupuestales y contractuales previstos, y su configuración se presenta principalmente en dos escenarios: el primero, cuando se ejecutan obras o se suministran bienes o servicios sin contrato estatal perfeccionado, esto es, sin la solemnidad escrita del artículo 41, evento en el cual el reconocimiento solo procede en los términos fijados por las sentencias de unificación del Consejo de Estado sobre enriquecimiento sin justa causa; y el segundo, cuando, existiendo contrato debidamente celebrado, este carece del respaldo presupuestal de la obligación o durante su ejecución se reciben prestaciones adicionales que exceden el alcance pactado pero guardan relación directa con el objeto, sin haberse surtido previamente los procedimientos contractuales y presupuestales. En cualquiera de estos escenarios no se exime de la responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal que corresponde al funcionario encargado. ii. El alcance de la configuración de hechos cumplidos en las sociedades de economía mixta depende del régimen contractual aplicable a cada sociedad. En efecto, aquellas sometidas al EGCAP deben observar las disposiciones contractuales y presupuestales correspondientes, por lo que la ejecución de prestaciones sin respaldo contractual o presupuestal, o por fuera del alcance del contrato sin formalizar previamente su modificación, puede dar lugar a la configuración de hechos cumplidos. Por su parte, en las sociedades de economía mixta cuyo régimen contractual se encuentre exceptuado del EGCAP, la configuración y las consecuencias

de estas situaciones deben determinarse conforme a las normas especiales aplicables, los estatutos y el manual de contratación de la entidad, particularmente en lo relativo a la formación, ejecución y modificación de los contratos. Por tanto, no es procedente trasladar automáticamente a estas sociedades la noción y las consecuencias de los hechos cumplidos previstas para las entidades sometidas al EGCAP, sin verificar previamente las reglas que gobiernan el respectivo negocio jurídico. En todo caso, la aplicación del derecho privado no excluye el cumplimiento de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal que resulten aplicables, ni el control fiscal sobre los recursos públicos. En consecuencia, la ejecución de prestaciones sin el respaldo contractual, la autorización o los requisitos presupuestales exigibles puede generar consecuencias jurídicas y eventuales responsabilidades, siempre que se acrediten sus presupuestos legales. Asimismo, deberá analizarse separadamente si existe una obligación jurídicamente exigible y si procede algún mecanismo de reconocimiento económico, pues la recepción material de bienes o servicios no convalida por sí sola las irregularidades ni genera automáticamente el derecho al pago. |

1. Razones de la respuesta:

1. El presupuesto de una Entidad Estatal está compuesto por los recursos públicos en dinero y su distribución efectiva para viabilizar el cumplimiento de las funciones que la ley le ha señalado a cada organismo del Estado. Para la debida asignación y distribución de los recursos públicos, las Entidades deben cumplir los procedimientos señalados en las normas para su correcta ejecución, observando la regulación presupuestal, donde se establecen diferentes requisitos que comportan deberes ineludibles que tienen como finalidad el control del gasto. Una forma de ejecutar el presupuesto consiste en la celebración de contratos estatales, con la finalidad de adquirir o ejecutar bienes, obras o servicios requeridos para satisfacer las necesidades de las Entidades Estatales.

En este sentido, es evidente la interdependencia entre el régimen de contratación estatal y el régimen presupuestal, en la medida en que toda actuación contractual de las entidades públicas debe estar respaldada por una disponibilidad de recursos debidamente apropiada en el presupuesto. Ello implica que la celebración de los contratos, están condicionados por las reglas fiscales y los principios presupuestales, porque la contratación pública no puede concebirse de manera aislada del marco presupuestal. Así lo ha señalado el Consejo de Estado al explicar que es inocultable la conexión material que existe entre estos dos regímenes y “parte de la importancia consiste en que a través de los contratos se ejecuta la mayor parte del presupuesto público, representando otra suma importante el pago de la deuda pública –que se adquiere por medio de contratos de créditoy los gastos de funcionamiento –incluye salarios y prestaciones sociales-. Esta simple proporción refleja la importancia que tiene el presupuesto para la contratación estatal y, a la inversa, la contratación estatal para el presupuesto[[1]](#footnote-2)”.

En desarrollo de lo anterior, los artículos 345, 346 y 347 de la Constitución Política establece los principios esenciales que rigen el presupuesto público y que gobiernan el régimen contenido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto –EOP–[[2]](#footnote-3). Entre estos presupuestos esenciales, la Corte Constitucional ha explicado que la disponibilidad presupuestal constituye un instrumento protector del principio constitucional de la legalidad del gasto público, al respecto señaló que:

“[e]n relación con la exigencia de disponibilidad presupuestal, ella hace parte del principio de legalidad del gasto público, estableciendo en los artículos 345, 346 y 347 de la Constitución Política, […] la disponibilidad se concibe como un instrumento mediante el cual se busca prevenir o evitar que el gasto sea realizado por encima del monto máximo autorizado por la correspondiente ley anual del presupuesto durante su ejecución. […]”[[3]](#footnote-4).

De esta forma, según el marco jurídico y la interpretación realizada por la jurisprudencia constitucional, las entidades del Estado tienen el deber de contar con la disponibilidad de recursos para asumir gastos u obligaciones. Esta obligación es una expresión del principio de legalidad del gasto público que se enmarca en el mandato constitucional de la legalidad de las actuaciones públicas y que permea todo el régimen regulado por el Estatuto Orgánico del Presupuesto. En materia contractual, su cumplimiento se refleja necesariamente mediante la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) de forma previa a que la entidad asuma obligaciones o compromisos de este tipo, como una garantía de la existencia de recursos suficientes para atender los gastos que serán asumidos por el Estado durante la ejecución.

El Consejo de Estado se ha referido a las normas que regulan la disponibilidad y el registro presupuestal, junto con la autorización para comprometer vigencias futuras de carácter ordinario y excepcional. De acuerdo con la alta corporación, la regulación de estos elementos presupuestales se soporta en dos grandes cuerpos normativos:

“[…] i) normativa presupuestal prevista en la Ley 80 de 1993 y ii) normativa presupuestal especial contenida en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, compuesto, a su vez, por varias normas: a) Decreto 111 de 1996 -que compiló las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995-; b) Decreto 115 de 1996, por el cual se establecieron normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquéllas dedicadas a actividades financieras; c) Ley 819 de 2003, que modificó la Ley 179 de 1994; y d) Ley 1483 de 2011, que autorizo las vigencias futuras excepcionales en las entidades territoriales”[[4]](#footnote-5).

Específicamente, el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 estableció el régimen presupuestal en la contratación estatal. En desarrollo del principio de economía, el Estatuto impone las siguientes reglas:

“6o. Las entidades estatales abrirán licitaciones e iniciarán procesos de suscripción de contratos, cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales.

7o. La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso.

[…]

7o. La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso.

[…]

12. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda.

[…]

13. Las autoridades constituirán las reservas y compromisos presupuestales necesarios, tomando como base el valor de las prestaciones al momento de celebrar el contrato y el estimativo de los ajustes resultantes de la aplicación de la cláusula de actualización de precios.

14. Las entidades incluirán en sus presupuestos anuales una apropiación global destinada a cubrir los costos imprevistos ocasionados por los retardos en los pagos, así como los que se originen en la revisión de los precios pactados por razón de los cambios o alteraciones en las condiciones iniciales de los contratos por ellas celebrados […]”[[5]](#footnote-6). [Énfasis fuera del texto original]

Como se observa, la norma establece de manera expresa el momento o la oportunidad en la que las entidades deben expedir el certificado de disponibilidad presupuestal cuando adelanten procesos de contratación. Así, por expresa disposición del legislador, las Entidades Estatales deben contar con este certificado en una fecha previa al momento en que inicia el proceso de selección del contratista. En concordancia con la citada disposición, la Ley 1882 de 2018, que modificó algunas disposiciones del EGCAP, entre ellas, la adición al parágrafo del artículo 8 de la Ley 1150 de 2007, establece que “[…] no es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para realizar la publicación del proyecto de pliego de condiciones”.

En ese orden, la norma precisa que, en procesos competitivos, el certificado de disponibilidad presupuestal debe ser expedido por la entidad contratante antes de que inicie formalmente la etapa de selección del contratista, es decir, previo a la expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso. De esta manera, no es obligatorio contar con el certificado en las etapas preparatorias del proceso de selección, como al momento de publicación del aviso de convocatoria pública, en la publicación de los estudios previos o del proyecto de pliego de condiciones en los procesos licitatorios. No obstante, si la entidad contratante puede expedir el certificado de disponibilidad presupuestal con anterioridad a la expedición del acto de apertura, estará actuando dentro del marco legal existente.

Este mandato de la Ley 80 de 1993 está en consonancia con el principio constitucional de legalidad del gasto público, el cual acarrea la obligación de contar con disponibilidad presupuestal antes de asumir un gasto o una obligación. Adicionalmente, es una manifestación del principio de economía porque obliga a las entidades contratantes a que verifiquen administrativamente que cuentan con los recursos necesarios para cumplir los compromisos que asuman en la relación negocial, antes de celebrar el contrato, e incluso, antes de expedir los actos administrativos derivados de su actividad contractual.

1. Para abordar la figura de los hechos cumplidos, es necesario precisar, como cuestión preliminar, que el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no contiene una regulación específica sobre esta figura. En efecto, aunque el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en desarrollo del principio de economía, establece la obligación de contar con el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal antes de dar inicio al procedimiento de selección del contratista, dicha disposición no define el concepto de hecho cumplido ni establece los supuestos en los que este se configura. En este sentido, el reconocimiento normativo de esta figura se encuentra en el régimen presupuestal, cuyas disposiciones proscriben la adquisición de obligaciones y la afectación del presupuesto sin el cumplimiento de los requisitos legales, las cuales, por su estrecha relación con la ejecución del gasto público, tienen una incidencia directa en la contratación estatal.

En este contexto, resulta necesario partir de lo dispuesto en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 –Estatuto Orgánico del Presupuesto– que dispone lo siguiente:

“Artículo 71. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos.

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos.

En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del CONFIS o por quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados.

[…]

[…]

Cualquier compromiso que se adquiera con violación de estos preceptos creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones (Ley 38 de 1989, art. 86, Ley 179 de 1994, art. 49)” [Énfasis fuera del texto original].

De lo anterior se desprende que la afectación del presupuesto público está condicionada al cumplimiento previo de una serie de requisitos orientados a garantizar la legalidad del gasto, que implica que toda obligación que pretenda asumirse con cargo al presupuesto debe contar con el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal y con el registro presupuestal que formaliza el compromiso de los recursos públicos. Asimismo, la disposición prohíbe expresamente contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes o sin observar los requisitos previstos por el ordenamiento jurídico, con el propósito de asegurar que las entidades estatales únicamente comprometan recursos previamente autorizados y apropiados.

En consonancia con lo anterior, el artículo 14 de la Ley 2342 de 2025 “Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2026” contempla expresamente el tratamiento presupuestal de los hechos cumplidos en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 14. Prohíbase tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma”. [Énfasis fuera del texto original].

Esta disposición ratifica la prohibición de afectar el presupuesto mediante actos u obligaciones que desconozcan los requisitos legales de ejecución del gasto y, además, reconoce expresamente que esa prohibición comprende los hechos cumplidos. De esta manera, el legislador incorpora esta figura al ámbito del régimen presupuestal y confirma qu