CCE - Concepto C-1595 de 2026

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO – Concepto – Elementos – Regulación

Aunque el contrato de arrendamiento no hace parte del listado enunciativo del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, su regulación se encuentra en el Código Civil y en el Código de Comercio, principalmente, los artículos 1973 al 2078 del Código Civil que lo desarrollan. Particularmente, el artículo 1973 del Código Civil define el contrato de arrendamiento como “[…] un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado”. Se trata pues del acuerdo de voluntades en virtud del cual una de las partes –llamada arrendador o arrendadora– se obliga a concederle a otra –llamada arrendatario o arrendataria– el uso y goce de un bien, a cambio de una renta o canon, diferenciándose del contrato de compraventa en que no opera una transferencia del dominio del bien cuyo uso y goce se entrega.

En cuanto a sus características, la doctrina ha indicado que el arrendamiento es un contrato: 1) bilateral, pues ambas partes se obligan recíprocamente; 2) consensual, dado que se perfecciona con el consentimiento; 3) oneroso, ya que ambas partes obtienen utilidades –el arrendatario, el uso y goce del bien, y el arrendador la renta o canon–; 4) de ejecución sucesiva, en la medida en que se ejecuta en forma periódica; 5) principal, porque existe en forma autónoma; y 6) nominado, porque está tipificado y desarrollado en la ley.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EGCAP – Terminación anticipada – Autonomía de la voluntad

En consecuencia, la terminación anticipada de mutuo acuerdo es una práctica común en la contratación estatal cuando las partes del negocio jurídico tienen la voluntad de no continuar con la ejecución del contrato celebrado. Esto implica que, en ejercicio de la autonomía de la voluntad la Entidad Estatal y el contratista tienen la potestad de convenir la terminación anticipada del contrato, elevándola a escrito. En el escenario en que la entidad actúa como arrendataria, la terminación anticipada supone que liberen los recursos asociados al contrato terminado, los cuales pueden ser destinados a la celebración de un nuevo contrato, en caso de que persista la necesidad que motivó la contratación. Cuando actúa como arrendadora, la entidad puede definir la necesidad de celebrar un nuevo contrato que responda a las condiciones reales del mercado, lo cual puede incluir nuevas cláusulas u obligaciones e, incluso, el cobro de un canon superior al arrendatario.

Esta Agencia ha precisado que la terminación por mutuo acuerdo requiere el consentimiento de la Entidad Estatal y del contratista, y que alcanza existencia, validez y eficacia jurídica cuando se perfecciona por escrito mediante el acuerdo de voluntades de las partes, observando las mismas formalidades exigidas para la celebración del contrato. Las partes pueden convenir, además, que la ejecución culmine en la fecha de suscripción del acuerdo o en una fecha posterior. Esta figura, denominada también mutuo disenso o resciliación, se funda en los artículos 1602 y 1625 del Código Civil, según los cuales todo contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales, y las obligaciones se extinguen, entre otros modos, por la convención de las partes interesadas.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EGCAP – Terminación anticipada – Autonomía de la voluntad – Límites

Con todo, la autonomía de la voluntad de las Entidades Estatales no es absoluta. Los servidores públicos deben buscar el cumplimiento de los fines estatales y la protección de los derechos de la Entidad, y responden por sus actuaciones, en los términos de los artículos 3, 4, 23 y 26 de la Ley 80 de 1993. Por ello, la decisión de terminar anticipadamente el contrato debe estar motivada en una causa real y documentada, soportada en el interés público, como la necesidad de que el aprovechamiento del bien fiscal responda a sus condiciones actuales de uso y a los precios del mercado, y no puede utilizarse como un mecanismo para eludir las normas imperativas que regulan la modificación de los contratos o la selección del contratista.

En este punto conviene precisar el alcance de la causa. La terminación y la posterior recontratación suponen una circunstancia sobreviniente, esto es, surgida o conocida con posterioridad a la celebración del contrato, que altera de manera real las condiciones de uso, aprovechamiento o valor del inmueble. Si la variación invocada ya existía y era conocible al momento de estructurar el contrato inicial, no se está ante una causa sobreviniente sino ante una deficiencia de planeación, que esta Agencia ha señalado que no constituye, por sí sola, justificación suficiente para alterar lo pactado. La entidad debe documentar en los estudios previos la naturaleza sobreviniente de la causa, de modo que la decisión no encubra una corrección de errores de la etapa precontractual ni un favorecimiento del arrendatario en ejecución.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EGCAP – Terminación anticipada – Nuevo contrato – Mismo arrendatario y nuevo canon

Terminado el contrato, si la Entidad Estatal requiere celebrar un nuevo contrato de arrendamiento sobre el mismo inmueble, podrá definir las características del negocio de acuerdo con las condiciones del mercado y celebrarlo, incluso, con el mismo arrendatario. Como se explicó, el literal i) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 permite acudir a la contratación directa para el arrendamiento de inmuebles, con independencia de que la Entidad actúe como arrendadora o como arrendataria. Sin embargo, el nuevo contrato es un negocio jurídico autónomo y no implica la continuación del anterior, de modo que debe cumplir todos los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico para su celebración y respetar los principios de la contratación estatal.

Finalmente, las condiciones del nuevo contrato deben ser acordes a la planeación de la Entidad. El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece que “La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo”. En el arrendamiento de inmuebles, este análisis comprende el estudio del mercado inmobiliario en el que se encuentra el bien, las condiciones normativas de uso y aprovechamiento que le son aplicables y su incidencia en el valor del canon. Con base lo anterior, la Entidad debe definir el canon, el plazo y los mecanismos de ajuste del canon durante la ejecución, de manera que el contrato se mantenga en condiciones de mercado a lo largo de su vigencia.

En esta medida, cuando el nuevo contrato contempla un canon superior al inicialmente pactado, la operación puede, incluso, resultar beneficiosa para el patrimonio público, dado que la Entidad obtiene una mayor contraprestación, lo cual resulta, en términos generales, acorde con los fines de la contratación estatal y con los principios de economía y eficiencia de la gestión fiscal. Sin embargo, la Entidad deberá en cualquier caso cumplir los requisitos descritos y las condiciones propias del arrendamiento de bienes fiscales, entre ellas, que el uso autorizado al arrendatario sea compatible con la destinación del bien y con las normas que regulan su aprovechamiento, y que el canon corresponda efectivamente a las condiciones del mercado.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EGCAP – Renovación tácita – Prórroga automática – Prohibición

[…] el Consejo de Estado concluyó que las disposiciones del Código de Comercio sobre la renovación tácita y prórroga automática de los contratos de arrendamiento no se integran al régimen del contrato estatal. De acuerdo con la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, en el contrato de arrendamiento estatal no tiene lugar la cláusula de prórroga automática ni la renovación tácita o reconducción, a la cual se refiere el artículo 2014 del Código Civil, pues este tipo de disposiciones suponen un derecho de permanencia indefinida de la relación contractual que contraviene el deber de igualdad y los principios de moralidad, eficiencia y economía en el ejercicio de la función administrativa, según lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Nacional.

[image]Bogotá D.C., 26 de octubre de 2026

Señora

[image]Yenny Paola Núñez Gómez

nunezgomezpaola@gmail.com

Bogotá D.C.

[image]Bogotá D.C., 26 de octubre de 2026

Señora

[image]Yenny Paola Núñez Gómez

nunezgomezpaola@gmail.com

Bogotá D.C.

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Estimada señora Núñez:

En ejercicio de la competencia otorgada por los artículos 3, numeral 5º, y 11, numeral 8º, del Decreto Ley 4170 de 2011, así como lo establecido en el artículo 4 de la Resolución 1707 de 2018 expedida por esta Entidad, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente– responde su solicitud de consulta del 09 de octubre de 2026, en la cual manifiesta lo siguiente:

“[…]Una entidad estatal sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública es propietaria de un bien fiscal que tiene entregado en arrendamiento a un particular, mediante contrato estatal vigente y en ejecución.

Con posterioridad a la celebración del contrato, se precisaron las condiciones normativas de uso y aprovechamiento aplicables al inmueble, lo que permite considerar un incremento del canon de arrendamiento, condicionado a la ampliación del plazo contractual. Un plazo mayor brinda al arrendatario un horizonte más amplio para desarrollar el aprovechamiento autorizado del inmueble y, con ello, asumir un canon de mayor valor.

Ante esa circunstancia, la entidad arrendadora y el arrendatario consideran terminar anticipadamente el contrato por mutuo acuerdo y celebrar uno nuevo en el que se pacte un canon superior, acorde con las nuevas condiciones del inmueble.

[…]

Con fundamento en lo expuesto, de manera respetuosa solicito a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente absolver las siguientes preguntas:

1. ¿Puede una entidad estatal, en su condición de arrendadora de un bien fiscal de su propiedad, terminar anticipadamente y de mutuo acuerdo el contrato de arrendamiento vigente, para celebrar un nuevo contrato en el que se pacte un canon superior, cuando el canon inicialmente pactado ya no corresponde a las condiciones de mercado?

2. En caso afirmativo, ¿la precisión normativa del aprovechamiento y uso del inmueble arrendado constituye una causa jurídicamente idónea para que la entidad estatal termine anticipadamente el contrato de mutuo acuerdo y celebre uno nuevo con un canon superior? Lo anterior teniendo en cuenta además que el contrato inicial prevé derecho de preferencia a favor del arrendatario inicial para la suscripción de posteriores contratos de arrendamiento.

3. La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ha señalado que los contratos estatales no pueden modificarse en sus condiciones sustanciales y que, cuando el cambio tiene esa entidad, lo procedente no es modificar el contrato sino celebrar uno nuevo. Con base en ello ¿un aumento del canon superior al 50% del valor inicialmente pactado puede acordarse mediante otrosí al contrato vigente, o, por el contrario, debe tramitarse mediante la terminación anticipada por mutuo acuerdo y la posterior celebración de un nuevo contrato en el que se reconozcan las condiciones actuales de aprovechamiento y uso del inmueble”.

De manera preliminar, resulta necesario acotar que esta entidad solo tiene competencia para responder consultas sobre la aplicación de normas de carácter general en materia de compras y contratación pública. En ese sentido, resolver casos particulares desborda las atribuciones asignadas por el legislador extraordinario, que no concibió a Colombia Compra Eficiente como una autoridad para solucionar problemas jurídicos particulares de todos los partícipes del sistema de compra pública. La competencia de esta entidad se fija con límites claros, con el objeto de evitar que la Agencia actúe como una instancia de validación de las actuaciones de las entidades sujetas a la Ley 80 de 1993 o de los demás participantes de la contratación pública. Esta competencia de interpretación de normas generales, por definición, no puede extenderse a la resolución de controversias, ni a brindar asesorías sobre casos puntuales.

Conforme lo expuesto, en aras de satisfacer el derecho fundamental de petición se resolverá su consulta dentro de los límites de la referida competencia consultiva, esto es, haciendo abstracción de las circunstancias particulares y concretas mencionadas en su petición, pero haciendo unas consideraciones sobre las normas generales relacionadas con los problemas jurídicos de su consulta.

1. Problema planteado:

De acuerdo con el contenido de su solicitud, esta Agencia resolverá los siguientes problemas jurídicos: i) ¿Puede una entidad estatal arrendadora de un bien fiscal terminar de mutuo acuerdo el contrato vigente y celebrar uno nuevo con canon superior, cuando una precisión normativa sobreviniente del uso del inmueble justifica ese mayor valor, y pese a existir una cláusula de preferencia a favor del arrendatario? y ii) ¿puede una Entidad Estatal arrendadora de un bien fiscal mediante otrosí pactar un canon superior al 50% del valor inicial?

1. Respuesta:

| i. Las Entidades Estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en adelante EGCAP, que actúan como arrendadoras de un bien fiscal pueden, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, terminar anticipadamente y de mutuo acuerdo el contrato vigente. Esta figura tiene fundamento en los artículos 1602 y 1625 del Código Civil, aplicables por remisión de los artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, y exige el consentimiento de ambas partes, que debe constar por escrito con las mismas formalidades exigidas para la celebración del contrato. Si luego de la terminación la Entidad Estatal requiere celebrar un nuevo contrato de arrendamiento sobre el mismo bien, puede definir sus condiciones de acuerdo con el mercado y celebrarlo con el mismo arrendatario, mediante la contratación directa prevista en el literal i) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Sin embargo, debe respetar los principios de la contratación estatal y justificar en los estudios previos y en el acto administrativo la necesidad y la conveniencia de contratar en esas condiciones, esto es, la existencia de un interés legítimo de la Entidad; garantizar que la escogencia del arrendatario responde al principio de selección objetiva; y la concordancia de las condiciones del contrato con la planeación y con el análisis del sector, incluidos los potenciales ajustes del canon. Que la Entidad obtenga un canon superior puede resultar beneficioso para el patrimonio público, siempre que este corresponda a las condiciones del mercado y se cumplan las reglas propias del arrendamiento de bienes fiscales, en particular, que el uso autorizado al arrendatario sea compatible con la destinación del bien y con las normas que regulan su uso y aprovechamiento. En cuanto al derecho de preferencia, debe tenerse en cuenta que en los contratos de arrendamiento estatales no procede la prórroga automática ni la renovación tácita, de acuerdo con la

arrendatario sea compatible con la destinación del bien y con las normas que regulan su uso y aprovechamiento. En cuanto al derecho de preferencia, debe tenerse en cuenta que en los contratos de arrendamiento estatales no procede la prórroga automática ni la renovación tácita, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado acogida por esta Agencia. Por ello, las Entidades Estatales deben abstenerse de pactar o aplicar cláusulas que, en la ejecución del contrato, impliquen materialmente una prórroga automática o un derecho de permanencia indefinida del arrendatario. El alcance de una cláusula de preferencia depende de sus términos y, en todo caso, no puede sustituir el deber de planeación, la justificación de la modalidad de selección ni el principio de selección objetiva. ii. El parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 prohíbe adicionar los contratos estatales en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado en salarios mínimos legales mensuales. Este límite se aplica, en principio, a todos los contratos estatales, incluido el arrendamiento en el que la Entidad actúa como arrendadora. Además, las modificaciones contractuales no pueden alterar las condiciones sustanciales del contrato. Por tanto, cuando el incremento del canon supera ese límite, o cuando responde a condiciones de uso y aprovechamiento del inmueble y a un plazo distintos de los que sirvieron de base para la celebración del contrato, no procede pactarlo mediante otrosí. Dentro de este marco, al tratarse de un análisis que debe realizarse frente a cada asunto particular y concreto, esta Agencia no puede definir un

criterio universal y absoluto por vía consultiva, sino que brinda elementos de carácter general para que los partícipes del Sistema de Compras y Contratación Pública adopten la decisión que corresponda, lo cual es acorde con el principio de juridicidad. Así, cada Entidad Estatal establecerá la forma de adelantar su gestión contractual y determinará, bajo su propia responsabilidad los aspectos objeto de consulta, sin que sea atribución de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente definir, autorizar o validar esa decisión. |

1. Razones de la respuesta:

1. El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública define los contratos de obra, consultoría, prestación de servicios, concesión, encargos fiduciarios y fiducia pública. Sin embargo, se trata de un listado enunciativo, pues la Ley 80 de 1993 se integra con las tipologías contractuales previstas en el derecho privado. Por ello, el inciso primero del artículo 13 dispone que “Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2o. del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley”.

Dicha idea también se reitera en el EGCAP considerando que “Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad” –art. 32, inciso primero–. Asimismo, dispone que “Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza” –art. 40, inciso primero–.

De esta manera, los contratos de las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación se rigen generalmente por el derecho privado y excepcionalmente por el derecho público, pues las normas civiles y comerciales son el derecho común de los contratos estatales[[1]](#footnote-2). Para la doctrina, la mixtura del régimen contractual:

“[…] no hace otra cosa que aprovechar ciertos principios rectores de la contratación general que aunque tengan su consagración en códigos de derecho privado como el civil o el comercial, no son propios y exclusivos de este derecho. Baste pensar en los requisitos de consentimiento válido, objeto y causa lícitos, capacidad, elementos esenciales según la naturaleza de cada contrato, responsabilidad, naturaleza de las obligaciones emanadas de los mismos, etc. etc. Extremos éstos que de derecho privado no tienen sino su presentación formal o el nombre y que la tradición, desde su origen romano, se acostumbró a calificarlos así y a no preocuparse por su cuestionamiento o definición.

En otras palabras, extremos como los indicados no son ni de derecho público ni de derecho privado, sino, simplemente, de derecho propio, aplicables a toda relación contractual, con prescindencia de la naturaleza de los sujetos involucrados en la misma”[[2]](#footnote-3).

Ello no implica una privatización absoluta del régimen contractual de las entidades públicas, pues la Ley 80 de 1993 –entre otros aspectos– regula especialmente la capacidad jurídica –inhabilidades, incompatibilidades, consorcios y uniones temporales y registro único de proponentes–, las reglas de selección objetiva –procedimientos de selección–, así como algunos aspectos de ejecución contractual –manejo del riesgo, cláusulas exorbitantes y tipologías contractuales–. Por ello, con excepción de las materias expresamente reguladas en el Estatuto de Contratación, es posible la aplicación de las normas de derecho privado. Esta precisión es importante, porque el arrendamiento se encuentra tipificado en el Código Civil y allí se encuentra gran parte de su régimen jurídico, sin perjuicio de normas especiales sobre la materia.

El artículo 1973 del Código Civil define el arrendamiento como “[…] un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado”. Se trata pues del acuerdo de voluntades en virtud del cual una de las partes –llamada arrendador– se obliga a concederle a otra –llamada arrendatario– el uso y goce de un bien, a cambio de una renta o canon[[3]](#footnote-4). Por tanto, se diferencia del contrato de compraventa en que no opera una transferencia del dominio del bien cuyo uso y goce se entrega.

En cuanto a sus características, la doctrina ha indicado que el arrendamiento es un contrato: i) bilateral, pues ambas partes se obligan recíprocamente; ii) consensual, dado que se perfecciona con el consentimiento[[4]](#footnote-5); iii) oneroso, ya que ambas partes obtienen utilidades –el arrendatario, el uso y goce del bien, y el arrendador la renta o canon–; iv) de ejecución sucesiva, en la medida en que se ejecuta en forma periódica; v) principal, porque existe en forma autónoma; y v) nominado, porque está tipificado y desarrollado en la ley[[5]](#footnote-6).

Respecto los procedimientos de selección, la exposición de motivos de la Ley 1150 de 2007 señala las razones por las cuales se establecieron, pues “[…] las experiencias exitosas a nivel internacional demuestran que el criterio de distinción que debe gobernar un esquema contractual eficiente es el de modular las modalidades de selección en razón a las características del objeto”[[6]](#footnote-7). Así, las modalidades pueden dividirse en i) competitivas y ii) no competitivas. Sobre el particular, la guía de competencia en las compras públicas de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente señala que “[…] la competencia, entendida como rivalidad efectiva entre empresas de un mismo mercado, incentiva la reducción de precios, el aumento de la calidad, la lucha contra la corrupción y la innovación por parte del sector privado”[[7]](#footnote-8).

Por ejemplo, procesos como la licitación pública y el concurso de méritos son modalidades de selección abiertas a competencia, pues en ellas tiene lugar la participación de varios proponentes en una fase pública de presentación de ofertas. Esto permite que todas las personas interesadas concurran al proceso en igualdad de condiciones y compitan en el mismo. En contraste, la contratación directa es una modalidad no competitiva, es decir, no está abierta al público para que los proponentes presenten sus ofertas. En esta modalidad la entidad estatal determina, de forma directa y no pública, la persona que puede participar y que será seleccionada.

Lo expuesto se complementa con lo explicado por la Corte Constitucional en Sentencia C-713 de 2009, la cual estudió la constitucionalidad de los artículos 2 ‒parcial‒ y 5 ‒parcial‒ de la Ley 1150 de 2007. En esa decisión judicial se desarrollaron los principios de libre concurrencia y selección objetiva en la contratación pública, como expresiones del derecho a la igualdad de oportunidades para quienes tengan interés en participar en la contratación estatal. La materialización de esos principios pretende que no exista discriminación y que las entidades no impongan limitaciones a través de reglas que impidan la concurrencia para obtener mejores condiciones de contratación. Sin embargo, se admiten excepciones que busquen condiciones del contratista que sean favorables a los intereses del Estado y aseguren la transparencia del procedimiento como las inhabilidades e incompatibilidades[[8]](#footnote-9).

Así las cosas, la contratación directa es una excepción al principio de libre concurrencia y competencia, que se aplica en los procesos de contratación, para que cualquier persona interesada en satisfacer la necesidad de una entidad pueda presentar una oferta. Por ello, es de aplicación restrictiva, esto es, solo procede por las causales señaladas taxativamente en el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. En tal sentido, su aplicación no puede efectuarse por fuera del contenido normativo citado, ni operar más allá de lo que la misma norma dispone, dentro del contexto del ordenamiento jurídico de la contratación estatal.

Igualmente, esta excepción al deber de procurar la pluralidad de ofertas es considerada por el Consejo de Estado como un método que permite satisfacer la selección objetiva. De esta manera, aunque en la contratación directa no es necesaria la comparación de ofertas, no desconoce lo previsto en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. Por ello, la jurisprudencia explica que: “[…] se ha aceptado que la selección objetiva fundada en el ofrecimiento más favorable no depende únicamente del cotejo entre ofertas sino también de métodos que, aun prescindiendo de dicha comparación, garanticen que la respectiva escogencia se ajuste a los criterios legales de selección objetiva, a los precios o condiciones del mercado y a los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello”[[9]](#footnote-10).

De este modo, en la contratación directa no es necesario que la entidad reciba más de una oferta, pues la contratación se realiza con quien la entidad escoja libremente, bajo criterios que permitan adoptar una decisión objetiva en procura del cumplimiento de las necesidades de la administración[[10]](#footnote-11). Esta contratación puede estar fundada en que el proponente es único, existe alguna situación de urgencia manifiesta o el legislador privilegió algunos objetos contractuales u oferentes para contratarlos de manera directa, teniendo en cuenta las causales expresamente señaladas en la ley.

Todo lo anterior implica que el proceso de contratación directa sea simplificado, corto, ágil y expedito, por no exigir el agotamiento de una convocatoria pública o la realización de un proceso competitivo. Sin embargo, estas características no eximen a las entidades estatales de garantizar los principios rectores de la contratación pública. Por ello, cabe destacar que existe otra diferencia fundamental con las modalidades de selección competitivas mencionadas: en la contratación directa no se otorga puntaje a las ofertas para ponderarlas y elegir el ofrecimiento más favorable, pues la entidad recibe solo una oferta. Sobre este particular el Consejo de Estado explica que “Se define la expresión contratación directa entendida como cualquier mecanismo de escogencia del contratista en el que se prescinde de la licitación o concurso, sin que se tenga en cuenta por el legislador estatutario el régimen de contratación aplicable, ya sea contenido en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - ley 80 de 1993 -, o uno especial en razón del objeto del contrato o del órgano que contrata”[[11]](#footnote-12).

Por consiguiente, en la contratación directa la entidad no establece puntaje para ponderar ofertas, porque se presenta una sola propuesta, la cual corresponde a la de la persona a quien la entidad invitó y seleccionó en forma directa. En todo caso, se debe garantizar el cumplimiento de los principios de la función administrativa y la gestión fiscal consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política.

En este marco, el literal i) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 permite la contratación directa tratándose de “El arrendamiento […] de inmuebles”. Es decir, si se trata de arrendamiento de bienes muebles, la modalidad aplicable será la licitación pública, la selección abreviada o la mínima cuantía, según corresponda dependiendo del valor de la contratación. Lo anterior en la medida que no se encuentran dentro de las causales de contratación directa que expresamente señala la norma precitada.

Esta causal hereda la tradición histórica de los artículos 31.7 y 43.6 de los derogados Decretos Leyes 150 de 1976 y 222 de 1983, pues también permitían la contratación directa “Cuando se tomen o den inmuebles en arrendamiento”. Así, a través de este contrato, las entidades públicas administran el patrimonio público o suplen necesidades para la prestación de sus servicios. En este contexto, pueden tener tanto la calidad de arrendadoras –cuando entregan el bien a un tercero– o de arr