CDH - Informe Nacional presentado por Colombia 2023

Naciones Unidas A

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Asamblea General Distr. general 28 de agosto de 2023

Original: español

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal 44º período de sesiones 6–17 de noviembre de 2023 Informe nacional presentado en virtud de las resoluciones 5/1 y 16/21 del Consejo de Derechos Humanos

Colombia El presente documento se publica sin haber sido objeto de revisión editorial oficial. GE.23-16427 (S)

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I. Introducción

1. El presente informe nacional se presenta con ocasión del Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU). Para su elaboración se observaron las directrices contenidas en la Resolución 16/21 y Decisión 17/199 del Consejo de Derechos Humanos (CDH).

2. El Estado colombiano (República de Colombia o Colombia) resalta la importancia de este mecanismo para orientar a los Gobiernos en el fortalecimiento de la promoción, protección y garantía de los derechos humanos (DDHH).

3. Colombia asume el compromiso de cumplir con los mandatos que se derivan de una sociedad verdaderamente democrática, enfocada en defender la vida, la diversidad y la igualdad. De ahí que una de las grandes apuestas del actual Gobierno Nacional sea la construcción de la Paz Total; proyectando una agenda internacional orientada a la luchar contra la emergencia climática, la paz y la dignificación de la vida.

4. El Gobierno actual adelanta las acciones necesarias para afianzar el trabajo conjunto con la comunidad internacional en materia de DDHH y fomentar el fortalecimiento de los

órganos de monitoreo del Sistema de Naciones Unidas.

II. Metodología y proceso de consulta

5. La elaboración de este informe fue coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Consejería Presidencial para los DDHH y el derecho internacional humanitario (DIH) y contó con la participación de múltiples autoridades nacionales y departamentales de Colombia.

6. La construcción del documento demandó sesiones informativas y procesos de diálogo institucional. Se socializaron las características y objetivos del EPU mediante redes sociales, resaltando la importancia de este mecanismo para Colombia.

7. En sesión de la Comisión Asesora de Paz1 se socializó la estructura del presente informe, así como retos y proyecciones identificados durante su construcción, que coinciden con algunos de los desafíos identificados por la sociedad civil y la Autoridad Nacional de DHHH. En este espacio participaron representantes de la Defensoría del Pueblo, la academia, sindicatos y organizaciones sociales dedicadas a la defensa de los DDHH.

8. La metodología implementada para la recolección de información incluyó el desarrollo de un Anexo Técnico (Anexo) que evidencia con mayor detalle los avances alcanzados en el cumplimiento de las recomendaciones y Compromisos Voluntarios (CV), correspondientes al último ciclo examinado.

III. Marco normativo e institucional

9. El Estado se comprometió a ejercer una forma de gobierno justa y participativa visible en la división e independencia de poderes. Las normas internacionales y la Constitución Política de Colombia fijan la base para construir una sociedad igualitaria, solidaria y garante de derechos.

10. En el marco de las nuevas rutas para el cambio social, el Gobierno sentó en el Plan

Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 “Colombia, Potencia Mundial de Vida”, retos y proyectos dirigidos a duplicar esfuerzos en la garantía de derechos individuales y colectivos, con el fin de convertir a Colombia en líder y ejemplo de protección de la vida, la libertad, la paz y otros derechos con un enfoque especial en las personas y su identidad, los territorios, y los recursos naturales. 2

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A. Aceptación de normas internacionales de DDHH Recomendaciones 121.6, 121.1, 121.2, 121.3, 121.4, 121.5, 121.8, 121.9, 121.10, 121.13, 121.14, 121.15, 121.16

11. En el periodo objeto de examen, se avanzó en la adopción e implementación de instrumentos internacionales para la protección de los DDHH (Anexo).

12. En noviembre de 2022, Colombia sancionó la ley que aprueba el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, denominado Acuerdo de Escazú. Para surtir el trámite internacional de ratificación se adelanta internamente su control de constitucionalidad.

13. En noviembre de 2022, Colombia se adhirió a la Declaración sobre Escuelas Seguras.

14. En atención a la recomendación anotada sobre la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en febrero de 2023, el Gobierno radicó el Proyecto de Ley 273 de 2023 ante el

Congreso, para iniciar su posterior trámite de ratificación.

15. Respecto al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, estableció el compromiso de adelantar las gestiones para ratificar este instrumento.

B. Cooperación con mecanismos internacionales

16. En virtud de la invitación permanente formulada por el Estado a los procedimientos especiales de Naciones Unidas, el Gobierno Nacional estableció una agenda de visitas que inició en mayo de 2023 con la visita oficial de la Representante Especial del secretario general de Naciones Unidas sobre Violencia Sexual en Conflictos. Esta agenda contempla la visita de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, que se prevé para el año 2024.

17. El Alto Comisionado de la ONU para los DDHH adelantó una visita oficial a Colombia en enero de 2023 y el Gobierno extendió el mandato de su oficina en el país hasta el 4 de abril de 2032, reforzando el trabajo conjunto en aras de la promoción, protección y garantía de los DDHH.

18. En atención al cumplimiento de las obligaciones adquiridas en los instrumentos internacionales, Colombia presentó y/o sustentó 8 informes ante los Comités de los Tratados

(Anexo).

C. Seguimiento e implementación del EPU Recomendaciones 120.6, 120.5, 120.8, CV1232

19. Atendiendo al CV123 del ciclo II, el mecanismo de seguimiento al EPU continúa ejecutándose en el marco del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (SNDH-DIH). Colombia articuló planes de trabajo con dos

importantes herramientas de planeación la Estrategia Nacional para Garantizar los DDHH (ENGDDHH) y el Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final de Paz (PMI).

D. Promoción y protección de los DDHH Recomendaciones 120.1, 120.4, 120.3, 120.10, 120.7, 120.11, 120.26,

120.121, CV1213, CV1224, CV1245, CV123.56

20. Desde 2018, Colombia ha fortalecido sus capacidades en materia de DDHH con la inclusión de importantes cuerpos normativos en su ordenamiento jurídico (Anexo).

21. Mediante Acto Legislativo 01/2018, se modificaron los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política. Se reglamentó el procedimiento de doble instancia en los procesos

3 A/HRC/WG.6/44/COL/1 penales iniciados en relación con aforados constitucionales. Esta medida obedeció, entre otras cosas, a la necesidad de armonizar el ordenamiento interno con las obligaciones internacionales establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.5), y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH, art. 8º literal h).

22. El PND actual, garantizó la participación ciudadana y la consulta previa. Incluyó la salvaguarda para la garantía de los derechos a la autonomía, la integridad étnica y cultural, el territorio y la participación. Adicionalmente, enfocó la administración pública al servicio de las comunidades, mediante: buenas prácticas y formalización laboral del empleo público;

transformación de entidades; cualificación del talento humano; y fortalecimiento de administraciones públicas territoriales.

23. Por otro lado, la Estrategia Nacional para la garantía de los derechos humanos

(ENGDDHH) 2014-2034 continúa implementándose y se articula hoy con el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI). Su contenido se ha materializado a través de los instrumentos de planeación y proyectos de inversión que implementación de la política pública general de derechos humanos y DIH en las diferentes entidades de la rama ejecutiva del nivel nacional.

24. El Estado cuenta con una propuesta preliminar de mapa de ruta para la Construcción del Plan Nacional de Acción en DDHH, que pretende fortalecer la implementación de acciones concretas para el goce efectivo de derechos.

25. En relación con el CV121 del ciclo II y el CV123.5 del ciclo III, asociados a lograr avances en cultura de DDHH, el Estado actualizó el Plan Nacional de Educación en DDHH.

Para ello contempló estándares normativos nacionales e internacionales y recomendaciones de los sistemas de protección universal e interamericano de DDHH.

26. Como parte del mencionado Plan, se incluyeron 163 acciones para que en diferentes niveles de la educación se consideraran normas, estrategias pedagógicas y metodologías didácticas tendientes a garantizar la protección, promoción y respeto por los DDHH. Este plan se articula con la ENGDDHH, específicamente al componente de Cultura y Educación en DDHH y Paz con la Política Integral de Educación Nacional.

27. En cumplimiento del CV124, mediante 21 proyectos de Cooperación Sur-Sur se logró el intercambio de conocimiento y asistencia técnica sobre DDHH a nivel bilateral y regional; trabajados en su mayoría con socios de la región. Proyectos que se abocaron principalmente

en la promoción y garantía de los derechos a la igualdad, salud, bienestar, trabajo, libertad sindical y educación.

28. En materia de transparencia en la contratación y democratización de compras públicas, se construyeron herramientas de gobierno electrónico, datos abiertos y plataformas que simplifican tramites, mejoran la interoperabilidad y potencian el buen gobierno.

29. Se elaboraron instrumentos para el mejor entendimiento y aplicación de normas, conceptos y buenas prácticas en contratación. Se avanzó en la construcción participativa de

la Política Pública de Transparencia, Integridad, Legalidad y Estado Abierto.

30. La Procuraduría General de la Nación orientó, exhortó y supervisó a las entidades sobre la aplicación de herramientas dispuestas por el ordenamiento jurídico para una correcta y transparente contratación pública. En materia penal y frente a las presuntas infracciones que atentan la contratación pública, la Dirección Especializada contra la Corrupción de la FGN se encarga de adelantar las investigaciones correspondientes.

E. Objeción de conciencia

Recomendación 121.23.

31. Los ciudadanos cuentan con garantías para adelantar el trámite del derecho a la objeción de conciencia ante la Comisión Interdisciplinaria de Objeción de Conciencia al servicio militar obligatorio del Ministerio de Defensa. El procedimiento está definido en la Ley 1861 de 2017. Se recibieron 1281 solicitudes 854 reconocidas como causal de exención al servicio militar obligatorio.

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F. Construcción de paz Recomendaciones 120.2, 120.12, 120.42, 120.48, 120.18, 120.9, 120.17,

120.14, 120.15, 120.13, 120.154, 120.155, 120.45, 120.43, 120.171, 120.174, 121.22, 120.16, 120.68, 120.82 ,120.83, 120.151, 120.161,

120.164, CV123.27, CV123.38

32. Colombia ha consolidado una amplia trayectoria y valiosa experiencia en procesos tendientes a la construcción de paz, evidenciando el cumplimiento de los CV123.2 y CV123.3. En 2019 se creó la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación.

En 2022, esa entidad fue suprimida y se creó la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz (AFP) de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP).

33. En el ordenamiento jurídico se incluyeron normas de distinta naturaleza: decretos leyes, decretos reglamentarios, documentos de política pública, y actos administrativos orientados a garantizar la implementación del AFP.

34. Se destaca el Acto Legislativo 02/2021 mediante el cual se crearon 16 curules transitorias de paz para la Cámara de Representantes en los periodos 2022-2026 y la reforma constitucional efectuada mediante Acto Legislativo de julio de 2023, que dio lugar a la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural, fundamental para atacar una causa histórica del Conflicto Armado Interno (CAI): las disputas sobre la tierra.

35. El Gobierno ha provisto los recursos para el adecuado funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) el cual contó con un

presupuesto que superó los ($2.000.000.000USD)9.

36. El SIVJRNR está integrado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) y busca contribuir a la reparación de los efectos del CAI, la lucha contra la impunidad de manera judicial y extrajudicial y a través de las investigaciones y sanciones a las graves violaciones a DDHH y al DIH, el esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. El Gobierno respeta la independencia y autonomía de las entidades que conforman el SIVJRNR.

37. Desde la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se han abierto 10 macrocasos en los que se investiga, esclarece y sanciona a los máximos responsables de los hechos más graves del CAI.

38. El Decreto 588/2017 dispuso el funcionamiento de la CEV por 3 años hasta 2021. Sin embargo, la Corte Constitucional, dadas las limitaciones generadas por el COVID-19, extendió su mandado por 9 meses más, hasta junio de 2022, fecha en que la CEV entregó el Informe Final y se dio continuidad al mandato otorgado al Comité de Seguimiento y Monitoreo a las recomendaciones de la Comisión (CSM).

39. Colombia cuenta con un trazador presupuestal para la paz, herramienta que identifica recursos financieros destinados al AFP. El Fondo Colombia en Paz es el vehículo financiero para la administración, coordinación, focalización y ejecución de los recursos destinados a la implementación del AFP (Anexo).

40. Se invirtieron cerca de $11,400,000,000USD excediendo la estimación inicial en

$1,450,000,000USD. Se acelera la inversión pública con la adición de mayores recursos en la Ley del Presupuesto General 2023.

41. El PMI contiene el conjunto de pilares, estrategias, productos, metas trazadoras e indicadores necesarios para la implementación del AFP, es referente para la inclusión de los componentes de paz dentro de los PND. Para su seguimiento se creó el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto. El PMI incluye más de 30 indicadores relacionados con el respeto por los DDHH fundamentales para la sostenibilidad de la paz.

42. Desde 2022, el Gobierno Nacional adelanta acciones para acelerar el cumplimiento del PMI. Entre ellas la estrategia de reactivación de las instancias y sistemas creados por el AFP con el firme propósito de trabajar articuladamente para la reducción de la violencia y la criminalidad en el territorio Nacional. Se ha impulsado y fortalecido las 7 instancias que componen el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.

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43. Respecto a Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se evidencian resultados relevantes que aportan a la paz: despliegue de infraestructura para el acceso a Internet en 1.108 cabeceras municipales, 170 corresponden a municipios bajo el Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Se apoyó a las comunidades de territorios históricamente afectados por el CAI con especial participación de los pueblos étnicos, con instrucción técnica para poner en funcionamiento el servicio comunitario de radiodifusión, producción audiovisual con contenidos orientados a fomentar la cultura de paz. Se pusieron

en funcionamiento canales de televisión abierta destinados a divulgar contenidos relacionados con derechos de poblaciones vulnerables, paz con justicia social y reconciliación.

44. En 2022, el Gobierno anunció la reinstalación de las mesas de conversación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La agenda inicial de negociación contempla 6 componentes (i). Participación de la sociedad en la construcción de paz, (ii). Democracia para la paz, (iii). Transformaciones para la paz, (iv). Víctimas, (v). Fin del CAI, (vi).

Implementación. El 2 de agosto de 2023 inició un cese al fuego bilateral pactado con el ELN. Lo anterior, en el marco del CV123.3.

45. Se aprobó la Ley Estatutaria 2272 de 2022, sobre Seguridad Humana y Paz total, que incorpora mecanismos de diálogo y concertación con Grupos Armados Organizados al margen de la ley. Esta norma establece la política de paz como una política de Estado, en lo concerniente a los acuerdos de paz firmados y a los que se llegaren a pactar, así como a los procesos dirigidos al sometimiento y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.

46. La Paz Total es una expresión de voces territoriales de procesos comunitarios que padecen las violencias no resueltas ni por la vía militar, ni judicial y de las que mutaron o se transformaron como consecuencia de procesos de paz incumplidos. El objetivo del Gobierno, de retomar la implementación del AFP y consolidar la Paz Total surge, entre otras, de los aprendizajes y conclusiones del Informe Final de la CEV, que puso en evidencia las causas históricas y estructurales del conflicto.

47. Colombia ha sido un referente internacional en la participación de las mujeres en materia de construcción de paz y ha destinado recursos específicos para el cierre de brechas de desigualdad de género. El PMI cuenta con 54 indicadores de mujer y género. “Así Avanzan las Mujeres en la Paz”, es una herramienta digital que analiza y presenta los avances en materia de genero del AFP. Más del 70% de los indicadores están finalizados o tienen avances significativos.

48. La construcción de lineamientos para la transversalización del enfoque de género en los planes y programas establecidos en el AFP incluye orientaciones estratégicas para la participación de las mujeres en la definición e implementación de todas las medidas.

49. La Instancia Especial de Mujeres es interlocutora directa de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI).

Comisión integrada por 7 personas, 4 de ellas mujeres.

50. Respecto a los Grupos Étnicos, se incluyó en el PMI un capítulo específico para grupos indígenas, población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera (N.A.R.P.) y Rrom, líneas que fueron acordadas en el marco de la consulta previa. Es notable la labor de la CSIVI para afianzar el trabajo articulado con la Instancia Especial de Alto Nivel con

Pueblos Étnicos.

51. La actual Vicepresidencia de Colombia asumió el compromiso de fortalecer y reactivar el capítulo étnico del AFP con el fin de superar los desafíos que ha enfrentado su implementación. Además, se solicitó apoyo a la comunidad internacional para el efecto.

52. En cumplimiento del AFP, se expidió el Decreto 1444/2022, con el objeto de adoptar

la política pública de reconciliación, convivencia y no estigmatización en el marco del Acuerdo, que consta de 4 ejes temáticos, 151 acciones, 8 acciones sobre la participación de la niñez en las estrategias de paz y convivencia.

53. Respecto al desarrollo de programas específicos de rehabilitación y reinserción para niños, niñas y adolescentes (NNA) desmovilizados, continúa en ejecución el “Programa

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Camino Diferencial de Vida” que presta especiales medidas de atención a NNA que salieron de los campamentos de las FARC-EP en virtud de los protocolos aprobados en el PMI. 124 adolescentes y jóvenes hicieron parte del programa, 103 menores de edad al momento de la entrega.

54. En el “Programa de Atención Especializado para el Restablecimiento de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Reclutamiento Ilícito”, se incluyeron 67 adolescentes y jóvenes. Cumplida la mayoría de edad transitaron a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). En la vigencia 2020 finalizó la atención de los últimos 3 jóvenes que permanecían en este programa.

55. Se avanzó en el fortalecimiento del Consejo Nacional de Reincorporación, responsable del seguimiento a los procesos de reincorporación de los integrantes de las FARC-EP a la vida legal. Esta instancia impulsó avances sobre: reincorporación temprana, Consejos Territoriales de Reincorporación, Programa Integral Especial para la Restitución de los Derechos de los NNA, lineamientos de la Ruta de Reincorporación, enfoque de género

y étnico en procesos de reincorporación, evaluación de proyectos entre otras.

56. A nivel territorial existen los Consejos Territoriales de Reincorporación (CTR), instancia encargada de articular la gestión interinstitucional y el relacionamiento con sectores públicos, privados y sociales. A diciembre de 2022 el 70% de CTR se encontraban creados y en funcionamiento.

G. Atención y reparación integral a las víctimas Recomendaciones 120.80, 120.63, 120.39, 120.53, 120.36, 120.170, 120.181, 120.183, 120.72

57. La ley 1448/2011 Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley de Víctimas) se creó con una vigencia de diez años. Sin embargo, se evidenció que su expiración tendría repercusiones importantes frente al cumplimiento del AFP y en la atención y garantía de los derechos de las víctimas del CAI, por lo que se extendió su vigencia hasta el 10 de junio de 2031.

58. De acuerdo con el Registro Único de Victimas (RUV), entre 2018-2022 se incluyeron 1.105.870 personas, 566.418 mujeres, 537.234 hombres, 2.115 personas que se identifican como LGBTIQ+ y 50 como intersexuales. Del total, 332.755 son NNA, 137.245 víctimas con enfoque étnico y 50.392 de estas personas en condición de discapacidad.

59. El Estado continúa avanzando en la reparación integral en cinco áreas, satisfacción, rehabilitación, indemnización, restitución, y garantías de no repetición.

60. Así, culminaron 54 Planes Integrales de Reparación Colectiva, implementando el

100% de las acciones formuladas, logrando la indemnización colectiva de 72 sujetos.

61. En 2018 inició la implementación de la Ruta de Protección Colectiva (RPC) que tiene en cuenta la etnia, el género y las circunstancias regionales. Se atendieron más de 300 solicitudes y sobre 152 se recomendaron medidas de protección.

62. A nivel individual, han sido indemnizadas 492.826 personas, cerca del 25% con pertenencia o autorreconocimiento étnico.

63. En total, 215.416 víctimas accedieron a medidas de satisfacción y 153.910 a medidas de rehabilitación psicosocial. Se acompañaron 122.836 hogares víctimas de desplazamiento forzado en su decisión de retorno, el 18% con pertenencia o autorreconocimiento étnico.

64. Ingresaron al Fondo de Reparación a las Víctimas de la Fiscalía General de la Nación

(FGN) bienes cuyo avalúo patrimonial supera los $215.000.000USD, lo que representa la mayor cuantía patrimonial entregada durante la implementación de la Ley de Justicia y Paz.

65. Fueron focalizadas y atendidas, 13.832 mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del CAI. Durante el 2022, se implementó la estrategia VIVIFICARTE, programa de atención psicosocial diseñado bajo un enfoque de mujer y género en el que participaron 4.437 mujeres víctimas de violencia sexual.

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66. La “Estrategia Defensoría a la Mano” permitió fortalecer la presencia permanente de la Defensoría del Pueblo en los 170 municipios PDET. Su objetivo es atender problemáticas

relacionadas con migración, reclutamiento forzado y conflictividad social en los municipios donde se concentra la mayor cantidad de víctimas individuales y colectivas.

67. Para intensificar la presencia del Gobierno en zonas rurales y prevenir el desplazamiento forzado se avanzó en la desarticulación de Grupos Armados Organizados

(GAO) y Grupos de Delincuencia Organizada y en la Sustitución de economías ilícitas por lícitas. En particular, la afectación de miembros del Clan del Golfo y los Pelusos y se desarticuló el GAO Caparros.

68. Se adelantaron operaciones militares aéreas y control de zonas de responsabilidad terrestre, marítima y fluvial prohibiendo el uso de estas áreas a los distintos agentes generadores de inestabilidad y desplazamiento forzado. Se expidió Directiva para que las estrategias de la Fuerza Aérea Colombiana cumplan con los requisitos de seguridad en procesos de retorno y reubicación de la población víctima del desplazamiento forzado.

69. Consciente de las múltiples variables que afectan la sostenibilidad y celeridad en los Procesos de Restitución de Tierras, el Estado construyó un plan de trabajo para evacuar solicitudes antiguas con trámite vigente. Mejoró continuamente los Procesos de Restitución de Tierras, fortaleció instancias y mecanismos creados para evaluar las condiciones de seguridad, identificar riesgos y facilitar la coordinación operativa.

70. Colombia innovó en mecanismos, metodologías, equipos y herramientas de georreferenciación logrando efectividad en campo del 80%. Se instauró la demanda

electrónica, garantizando celeridad a los procesos judiciales de restitución y facilitando el control de la información a jueces y magistrados.

71. Los Jueces y Magistrados de Restitución de Tierras, han proferido 3.967 sentencias de ruta individual, ordenado restituir y/o compensar más de 93.147 hectáreas. Se evidencia un aumento del 25% en los fallos con relación al informe 2014-2017. Se invirtieron $25.684.904USD en 4.386 proyectos productivos, 3.128 corresponden a proyectos familiares.

72. Se solicitaron 41 medidas cautelares ante la Jurisdicción Especial de Restitución de Tierras en favor de las comunidades N.A.R.P., para que puedan ejercer en plena autonomía el autogobierno y garantizar su derecho a la posesión, uso y goce del territorio colectivo.

H. Rehabilitación y reintegración de las víctimas de las minas terrestres y educación en riesgo de minas Recomendaciones 120.54 y 120.165

73. En el RUV, se registraron 767 víctimas por minas antipersonal. Para la atención en salud de esta población se implementó la Estrategia de Seguimiento y Monitoreo, que identifica a las víctimas, establece canales de comunicación y articula con autoridades locales, instituciones de salud baja y alta complejidad. La estrategia implica una ruta de rescate, primeros auxilios, evacuación, atención en urgencias y atención integral en los servicios de salud y psicología continua. 74. 306 NNA se vieron afectados por este hecho. En estos casos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las

Víctimas (UARIV) y ONG brindaron apoyo complementario y se activó la ruta de la Estrategia de Seguimiento.

75. Se dio continuidad a los esfuerzos en Educación en Riesgo de Minas (ERM) con más de 41.262 acciones formativas. Los establecimientos educativos de territorios afectados por la presencia de Minas Antipersonal (MAP), Municiones Sin Explotar (MSE) y/o Trampas Explosivas (TE) en articulación con Descontamina Colombia (Dependencia de la OACP) atienden eventos por sospecha o presencia. Continúa en ejecución el Programa de Rehabilitación y Discapacidad, modelo biopsicosocial de atención centrada en el usuario como sujeto activo de su proceso de rehabilitación.

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I. Cooperación internacional para proteger y salvaguardar los DDHH en las zonas fronterizas

Recomendación 120.182

76. La Estrategia Nacional de Cooperación Internacional orientó la gestión en la respuesta, atención y protección de población migrante y DDHH. Se hizo seguimiento a 525 proyectos de Cooperación Internacional en los 11 departamentos fronterizos y a la implementación de 3 Planes Regionales de Respuesta Migratoria y 3 Planes de Respuesta Humanitaria en los territorios más impactados.

77. Colombia adelantó Planes Anuales Binacionales de Seguridad Fronteriza con Panamá, Ecuador, Perú y Brasil con acciones coordinadas, conjuntas, combinadas y transnacionales para promover la legalidad en las fronteras.

J. Prevención del reclutamiento Recomendaciones 120.154, 120.156, 120.161, 120.162, 120.163, 121.27

78. Colombia presentó programas enfocados a la prevención del reclutamiento, algunos centrados en el desarrollo de habilidades, conocimientos y talentos de los NNA en entornos seguros protectores, como la “Estrategia de Prevención Generación Futuro”, “Súmate por mí”, “Abre tus Ojos”, y “Mambru no va a la Guerra”. Este último, implementado en 29 de 32 departamentos, llegando a 85 de los más retirados y olvidados municipios, benefició a 2.800 NNA y de forma indirecta alrededor de 14.250.

79. La Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, la Utilización y la Violencia Sexual contra NNA (CIPRUNNA), adelantó 1.472 asistencias técnicas a 476 municipios priorizados por sus niveles de riesgo, con el fin de fortalecer las capacidades locales para la supresión, disminución y eliminación de los factores de riesgo o amenaza de reclutamiento. Se promovió la conformación y dinamización de Equipos de Acción Inmediata instancias que materializan la aplicación de rutas de prevención del reclutamiento.

80. El Sector Defensa atendió 161 denuncias de reclutamiento ilícito, realizó actividades de comunicaciones estratégicas y eventos masivos que beneficiaron a 7.520 personas.

81. Colombia cuenta actualmente con el Índice de Probabilidad de Riesgo de Reclutamiento. Así, implementó la Estrategia de Prevención de Reclutamiento Ilícito, Uso, Utilización y Violencia contra los NNA en municipios con probabilidad de ocurrencia, trabajo coordinado de las instituciones garantes de la protección de los derechos de los NNA,

tanto del nivel nacional como regional.

82. Para la investigación y judicialización de NNA reclutados por grupos armados, el Estado cuenta con la Fiscalía Delegada contra la Criminalidad Organizada.

83. Con el Auto 029/2019, la JEP abrió el caso 007 para investigar el reclutamien