CDH - Informe nacional presentado por Colombia 2008

NACIONES

A

UNIDAS

Distr. Asamblea General GÉNÉRAL A/HRC/WG.6/3/COL/1 19 de septiembre de 2008

Original: ESPAÑOL

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal Tercero período des sesiones Ginebra, 1 a 15 de diciembre de 2008

INFORME NACIONAL PRESENTADO DE CONFORMIDAD CON EL

PÁRRAFO 15 A) ANEXO A LA RESOLUCIÓN 5/1 DEL

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS Colombia _________________________ El presente documento no fue objeto de revisión editorial antes de ser enviado a los servicios de traducción de las Naciones Unidas. GE.081

EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL INFORME DE COLOMBIA Septiembre 1 de 2008

CONTENIDO

I. METODOLOGÍA Y AMPLIO PROCESO DE CONSULTAS

II. CONTEXTO HISTÓRICO, MARCO CONSTITUCIONAL E

INSTITUCIONALIDAD EN DDHH

III. AVANCES Y DESAFÍOS PARA LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS

DDHH

A. Lucha contra la violencia y mantenimiento del orden público i) Homicidios en persona protegida, desapariciones forzadas y tortura ii) Minas anti personal

B. Lucha contra la impunidad y acceso a la justicia

C. Discriminación y poblaciones particularmente vulnerables i) Poblaciones indígenas y afrocolombianas ii) Población en situación de desplazamiento forzado iii) Mujeres iv) Niños y niñas v) LGBT vi) Defensoras y defensores de DDHH, sindicalistas y periodistas

1. Personas privadas de la libertad

D. Derechos Económicos, Sociales y Culturales i) Pobreza y desigualdad ii) Educación iii) Salud

IV. CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

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I. METODOLOGÍA Y AMPLIO PROCESO DE CONSULTAS

1. Colombia apoyó el Examen Periódico Universal (EPU) con la convicción de que es útil para evaluar objetivamente la práctica de los Estados, fomentar la cooperación y promover mejores prácticas para garantizar los DDHH. El país asumió voluntariamente este ejercicio para propiciar un análisis profundo de nuestra situación, su mejor comprensión y una cooperación transparente de los demás

Estados.

2. En el ámbito interno Colombia procuró evaluar su experiencia, encontrar retos y desafíos, facilitar el diálogo con múltiples sectores y priorizar los compromisos inmediatos y las necesidades de cooperación.

3. Para la preparación de este examen, se creó un Comité Interinstitucional1 encargado de la realización de un amplio proceso de consultas sobre la situación de DDHH en el país. La consulta incluyó entidades estatales, órganos de control, sociedad civil, otros Estados, y representantes de oficinas del Sistema de Naciones Unidas establecidas en el país.

4. Las consultas se realizaron por escrito, diálogo directo y consulta electrónica. Se distribuyeron matrices elaboradas de conformidad con las Directrices Generales para el EPU, a 31 entidades del Estado, y comunicaciones solicitando la participación de 118 organizaciones sociales y 1.102

Personeros municipales. Se desarrollaron consultas personalizadas con la Oficina de la Alta Comisionada para los DDHH, los Estados miembros del G24 (espacio no formal de trabajo en DDHH

y DIH conformado por países amigos de Colombia), el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y representantes de la sociedad civil. La consulta electrónica se realizó a través de la página web del Programa Presidencial de DDHH2.

5. El Estado lamenta la negativa de algunas organizaciones a participar en este proceso y agradece los valiosos aportes de los participantes en las consultas, cuyas observaciones y sugerencias, muchas veces críticas, fueron siempre analizadas y nutrieron, directa o indirectamente, el contenido de este

Informe.

II. CONTEXTO HISTÓRICO, MARCO CONSTITUCIONAL E INSTITUCIONALIDAD EN

DDHH Contexto histórico

6. Colombia vivió varias confrontaciones armadas durante el siglo XIX en su proceso de conformación como Estado. Desde poco antes de la segunda mitad del siglo XX se presentó una confrontación de amplias proporciones, conocida como la Violencia, que culminó con un pacto entre los dos partidos políticos que la protagonizaron.

7. Como consecuencia de las dificultades del Estado para controlar el territorio, los efectos de la guerra fría y las limitaciones de nuestra democracia surgió una nueva confrontación armada de grupos guerrilleros contra el Estado. La degradación por parte de estos grupos y la debilidad estatal propiciaron el surgimiento de grupos de justicia privada. El narcotráfico facilitó los recursos para que estos grupos se fortalecieran de manera significativa hasta contar con cerca de 50.000 miembros en el pasado reciente.

8. Desde 1984 se han intentado innumerables procesos de negociación y se han realizado importantes reformas para perfeccionar nuestra democracia. Como consecuencia de ello, 7 grupos guerrilleros, 3

3 grupos de milicias urbanas y 36 bloques de paramilitares se han desmovilizado, lo mismo que 17.000 personas de manera individual, de los cuales 3.700 eran menores de edad al momento de desmovilizarse. En 1991 se desarrolló la Asamblea Nacional Constituyente con la participación de 4 de esos grupos desmovilizados y diversos sectores antes excluidos de la vida política colombiana. La Constitución que de allí salió renovó las instituciones, fortaleció la democracia participativa y consagró una amplia carta de derechos y mecanismos para su protección.

9. Algunos grupos han desechado estas posibilidades de paz y han incrementado los ataques contra la población y las instituciones democráticas colombianas. Por ejemplo, el último intento de negociación se desarrolló en una zona despejada de 42.000 kilómetros cuadrados durante tres años y con el acompañamiento de 10 países y las Naciones Unidas.

10. En consecuencia, la situación de DDHH en el país debe ser abordada con este prisma, en el cual confluyen una Constitución de creación pluralista y espíritu garantista de los DDHH, y una política de fortalecimiento de la institucionalidad del Estado en el territorio abierta a salidas negociadas si hay voluntad de los grupos armados ilegales.

Marco Constitucional

11. La Constitución de 1991 estableció un Estado Social de Derecho garantista de los DDHH en Colombia. El país es hoy una democracia que elige popularmente a sus gobernantes y representantes, tanto en los niveles locales como en el nivel nacional, y existe una pluralidad de partidos políticos que cuenta con amplias garantías. En el Congreso de la República hay 10 partidos representados y ninguno

ostenta más del 20% de las curules.

12. La democracia se ejerce a través de tres ramas del poder público independientes y un conjunto de organismos de control. Adicionalmente, existen importantes herramientas para ejercer la democracia directa, como la posibilidad de adelantar referendos e iniciativas legislativas populares.

13. La Constitución contiene además un fecundo catálogo de derechos fundamentales con efectivos mecanismos de protección, los cuales han propiciado importantes avances jurisprudenciales que se detallarán más adelante.

14. Colombia es uno de los Estados que más tratados internacionales de DDHH y DIH ha ratificado, tanto del Sistema Universal como del Sistema Interamericano de DDHH (SIDH)3. Estos 61 tratados hacen parte integral de la Constitución de tal manera que cualquier norma que los contradiga debe ser declarada inconstitucional.

Institucionalidad de DDHH

15. El siguiente es el marco institucional encargado de la protección y promoción de los DDHH: • En la rama ejecutiva, el Programa Presidencial de DDHH y DIH y las Direcciones de DDHH en los Ministerios de Interior y Justicia; de Defensa; de Relaciones Exteriores y de Protección Social.

Adicionalmente, existen entidades gubernamentales especializadas que promueven los derechos específicos de poblaciones en situación de vulnerabilidad como las mujeres, l@s niñ@s, l@s discapacitad@s, l@s adult@s mayores, las minorías étnicas, l@s desplazad@s y l@s desmovilizad@s4. • En la rama legislativa, el Congreso bicameral, además de promulgar leyes, ejerce control político sobre las acciones del Gobierno y cuenta con Comisiones de DDHH. Existen además bancadas de

grupos étnicos y de mujeres. • La rama judicial imparte justicia, controla la constitucionalidad de los actos de los demás poderes y protege los derechos de los ciudadanos. 4 • Al Ministerio Público, como órgano de control, le corresponde la guarda y promoción de los DDHH, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. Comprende la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo5 y, a nivel territorial, al menos una Personería en cada municipio.

16. Además, debe mencionarse la valiosa contribución de las organizaciones de la Sociedad Civil al objetivo de la vigencia de los DDHH en Colombia, así como su participación en muchos espacios de trabajo con entidades del Estado que han enriquecido el contenido de las políticas públicas en la materia.

Rol de la Comunidad Internacional

17. Colombia es un país abierto al escrutinio internacional y comprometido con los órganos de Naciones Unidas y del SIDH. Cuenta con una Oficina de la Alta Comisionada desde 1997, cuyo acuerdo ha sido prorrogado hasta octubre de 2010; hay 23 oficinas entre agencias, fondos y programas de Naciones Unidas y una delegación del CICR. Adicionalmente, existe una invitación abierta a los órganos y procedimientos especiales de DDHH de Naciones Unidas y del SIDH y se conformó un grupo de 39 embajadas que revisa periódicamente la situación de DDHH de manera conjunta con el Gobierno y la sociedad civil. Desde el 2002, han visitado al país ocho mecanismos de evaluación de la ONU, y 4 del

SIDH, y durante este semestre se esperan dos visitas más6.

18. Además, el Estado está al día en materia de presentación de informes y practica un atento seguimiento a las recomendaciones de los distintos órganos. En relación con el seguimiento a las recomendaciones de OACNUDH, se ha implementado un espacio de diálogo abierto en el que participan representantes de la sociedad civil y de las 39 embajadas mencionadas.

III. AVANCES Y DESAFIOS PARA LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DDHH

19. Las acciones cada vez más degradadas de los grupos armados ilegales, la incapacidad del Estado para controlar el territorio, las acciones u omisiones de agentes estatales y los efectos en la cultura ciudadana de la violencia produjeron una grave situación de violaciones a los DDHH. A comienzos de este siglo, se cometían cada año cerca de 30.000 homicidios, 200 masacres, 3.000 secuestros y se desplazaban forzadamente hasta 450.000 personas.

20. Es evidente que persisten retos para lograr la plena garantía de los DDHH que exigen mayores esfuerzos y eficacia del Estado; también es cierto que se han logrado grandes progresos en materia de garantía y protección de los mismos.

21. Esto ha sido posible por el trabajo decidido y coordinado de todas las instituciones que, en cooperación con la población civil, han aplicado una política dentro de la cual cabe destacar los siguientes elementos: • Compromiso al más alto nivel y a todos los niveles de las autoridades públicas con la garantía y respeto a los derechos humanos. • Política de Seguridad Democrática aplicada con transparencia y para garantizar el ejercicio de derechos y libertades para todos los habitantes sin distinción, en todo el territorio.

• Fortalecimiento de la justicia y combate a la impunidad: cero tolerancia con las violaciones de los derechos humanos. • Garantías para el funcionamiento sin presiones de todas las instituciones. • Estrategias de prevención a las violaciones de los derechos humanos: sistema de alertas tempranas y programas de protección, entre otros. • Políticas de protección y garantía de los derechos a las poblaciones más vulnerables. 5 • Impulso a una cultura de DDHH. • Relaciones de cooperación con la comunidad internacional. • Combate por igual a todos los grupos armados ilegales. • Incorporación de la perspectiva de DDHH en la elaboración de planes de desarrollo a todos los niveles. • Incremento significativo de las partidas presupuestales para atención a víctimas, protección y acciones en DDHH. • Procesos de desmovilización con obligación de responder por los derechos de las víctimas. • Interlocución permanente con todos los sectores sociales.

22. Adicionalmente, se inició el proceso de elaboración concertada del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y DIH. En el 2006, se instaló la Instancia de Coordinación del Plan, conformada por representantes de las entidades estatales, de la sociedad civil y de la comunidad internacional, la cual debe definir los parámetros y características del mismo. Se definieron los cinco ejes temáticos7 y se avanza en el proceso de concertación a partir de un documento preparado por el Estado.

23. Igualmente, el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos es un instrumento que pretende convertirse en política pública para que, mediante la educación formal e informal, el ejercicio de los DDHH sea una práctica cotidiana en los ámbitos sociales, culturales, políticos y económicos. Para la

implementación de este Plan, el Ministerio de Educación creó en el 2006 un plan piloto en 7 departamentos del país.

24. A continuación, se revisan los avances y desafíos en los temas donde se presentan las mayores dificultades: A) Lucha contra la violencia; B) Lucha contra la impunidad y acceso a la justicia; C) Discriminación y poblaciones vulnerables; y D) Derechos económicos, sociales y culturales. Es importante anotar que no es posible consignar en este Informe una visión exhaustiva de los DDHH en el país.8

A) Lucha contra la violencia y mantenimiento del orden público

25. Los indicadores de criminalidad y violencia en el país hablan por sí solos: en el año 2002 se perpetraron 28.837 homicidios, para una tasa anual de 66 homicidios por cada 100.000 habitantes. El año 2007 finalizó con 17.198 homicidios y una tasa de 36.2 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que equivale a una reducción del 45.2%. Los homicidios colectivos disminuyeron de manera aún más pronunciada: de 115 casos con 680 víctimas en el 2002, el número descendió a 26 casos con 128 víctimas al finalizar el 2007 para una reducción del 77.4% en número de casos y de 81.2% en número de víctimas. Por otro lado, los atentados terroristas pasaron de 1.645 en 2002, a 387 al finalizar 2007 logrando una reducción del 76.5%. El secuestro extorsivo, perpetrado esencialmente por las FARC y

el ELN, disminuyó en un 87% de 2002 a 2007, pasando de 1708 secuestros en 2002 (y de 2587 en 1999), a 226 en el 2007. En general, la reducción de estos indicadores ha sido progresiva y constante.

26. El Estado mantiene abiertas las puertas al diálogo para lograr la desmovilización definitiva de los grupos armados ilegales. Para ello, ha presentado propuestas para el diálogo y la negociación, ha acudido a gestos unilaterales como la liberación de dirigentes y miembros de las organizaciones guerrilleras detenidos y ha acudido a los buenos oficios de miembros de la sociedad, de actores internacionales y de la Iglesia católica. Desde el 2002, se ha mantenido un diálogo con el ELN que ha resultado infructuoso; con las FARC no ha sido posible iniciar diálogos; y con las autodefensas se 6 logró la desmovilización colectiva de 31.671 personas sometidas a un marco jurídico respetuoso de los derechos de las víctimas.

27. Igualmente, existe una tendencia creciente de desmovilizaciones individuales, que pasó de 412 desmovilizados en el año 2002, a 3.192 en el 2007, para un total de 17.161 desmovilizados individuales durante este período, de los cuales aproximadamente el 80% provenía de las FARC y el 13% del ELN.

28. Recientemente, se han pretendido formar nuevos grupos armados, denominados bandas criminales emergentes, con la pretensión de controlar el negocio del narcotráfico (alrededor de 500 toneladas

métricas anuales) y de desarrollar otras actividades criminales o extorsivas, aprovechando las dificultades que impone la difícil topografía de Colombia y la corrupción.

29. La decisión del Estado ha sido clara en combatir con toda su capacidad a estos grupos. Para el efecto, se ha creado el Mecanismo de Verificación Conjunto contra las Bandas Criminales a nivel nacional y regional; así como el Centro Integrado de Inteligencia contra las Bandas Criminales; y cada mes se hace un informe público sobre los resultados de este combate. Se destaca la valiosa contribución de la Misión de la OEA en el seguimiento a este fenómeno. Muchas de estas bandas se han desarticulado, sus jefes han sido encarcelados o han caído abatidos al enfrentar a la Fuerza Pública. Se ha logrado establecer que el 12.7% de los capturados o abatidos eran desmovilizados.

30. Combatir a todos los grupos con transparencia es un requisito para la plena vigencia de los DDHH.

Baste recordar que la Defensoría del Pueblo señala que, en los últimos cinco años, ha recibido 34.743 quejas por infracciones al DIH, de éstas, sólo en el 3.1% (1.107) se atribuye responsabilidad a miembros de la Fuerza Pública, en las demás a los grupos armados ilegales. El registro de quejas de la Defensoría indica que, en los últimos cinco años, fueron los grupos guerrilleros los que más infracciones cometieron.

31. Colombia seguirá desarrollando esfuerzos para proteger a la población de la acción de estos grupos.

Convoca la solidaridad internacional para combatir al narcotráfico que alimenta su existencia y para

negar todo espacio al movimiento de logística, dinero y personas comprometidos en estas violaciones. Particular atención se pondrá en el desarrollo de estrategias para prevenir el reclutamiento y los efectos de este accionar en mujeres y niñ@s.

32. Dicho lo anterior, y de acuerdo con el amplio proceso de consultas, hay situaciones particulares sobre las que se comparte una enorme preocupación y que ameritan un examen mas detallado. Así, se revisarán las acciones para prevenir y combatir i) la existencia de casos de homicidios en persona protegida, desapariciones forzadas y tortura y ii) el uso de minas antipersonal por parte de los grupos armados ilegales. i) Homicidios en persona protegida, desapariciones forzadas y tortura

33. Motivo de gran preocupación han sido las denuncias respecto a presuntos homicidios cometidos por la Fuerza Pública en personas protegidas o por fuera de combate. Estas denuncias han sido asumidas con toda seriedad y como respuesta a ellas se han desarrollado las siguientes acciones: • Emisión de las Directivas 10 y 19 de 2007 del Ministerio de Defensa donde se reiteran las obligaciones de prevención de estos hechos, se crea el Comité de Seguimiento a Denuncias por estos casos, el control al estricto cumplimiento del carácter restrictivo del fuero penal militar y la obligación de garantizar la presencia de la Fiscalía en la escena de los hechos. • Emisión de la Directiva 300-28 de 2007 del Comando General de las Fuerzas Militares, en virtud de la cual se revisaron los parámetros de evaluación e incentivos aplicados para medir los resultados 7 operacionales de la Fuerza Pública, restando la importancia de las “bajas” y aumentando el valor de

“las desmovilizaciones y las capturas” como criterio de evaluación de oficiales y unidades. • Disposiciones de la Fiscalía para que sus fiscales asuman en forma inmediata la investigación una vez ocurridos los hechos de muertes de civiles en el marco de enfrentamientos. • Creación de una sub unidad especial de la Unidad de DDHH para el desarrollo de las investigaciones correspondientes a este tipo de denuncias. • Al 30 de julio de 2008, han sido vinculados 748 miembros de la Fuerza Pública, se han expedido órdenes de captura contra 242 de ellos, y han sido acusados 110 ante los Jueces. Actualmente, se han producido 14 sentencias condenatorias que han recaído sobre 42 miembros del Ejército. • En asocio con OACNUDH, se han realizado visitas durante el 2007 y 2008 a todas las divisiones del Ejército, con el propósito de revisar conjuntamente los casos denunciados, los métodos de instrucción y control, las lecciones aprendidas y la aplicación de las Directivas arriba mencionadas. • Instrucciones impartidas a la Fuerza Pública con el fin de afianzar la interlocución con el Comité Internacional de la Cruz Roja, aprovechar al máximo su asesoría y facilitar la implementación del DIH en asocio con ellos. • Aplicación por parte de la Justicia Penal Militar de criterios emitidos por la Corte Constitucional sobre competencias. Como consecuencia de ello, a julio de 2008 se han enviado 226 investigaciones a la justicia ordinaria sin interponer conflicto de competencia. • Capacitación a miembros de la Fiscalía y de la Justicia Penal Militar en la investigación de estos casos

aplicando estándares internacionales. • Solicitud a la Procuraduría de intervención prioritaria en la atención a estas denuncias. Actualmente, la Procuraduría adelanta más de 700 investigaciones disciplinarias relacionadas con estos casos.

34. El Ministerio de la Defensa Nacional adoptó en febrero de 2008 la Política Integral de DDHH y DIH para la Fuerza Pública, elaborada en consonancia con las recomendaciones de OACNUDH. Esta política es la hoja de ruta que enmarca el comportamiento de la Fuerza Pública en el desarrollo de las operaciones y contempla cinco líneas de acción: instrucción, mecanismos de control, defensa de los miembros de la fuerza pública, atención a poblaciones vulnerables y cooperación con las demás instituciones. La política creó además el cargo de Asesor Jurídico Operacional en el Ministerio de Defensa a todos los niveles, figura que prevé el DIH y cuya finalidad es velar por el estricto cumplimiento del marco constitucional y legal vigente durante las operaciones.

35. Mediante sentencias de la Corte Constitucional, políticas del Ministerio de Defensa, capacitación y adecuación a normas internacionales se ha logrado restringir la esfera de acción de la Justicia Penal Militar a delitos cometidos con ocasión del servicio o delitos militares. Igualmente, la jurisprudencia constitucional ha otorgado la posibilidad de revisión, por parte de la justicia ordinaria, de fallos absolutorios dictados por la primera.

36. En Colombia, se han tomado medidas para prevenir, investigar y sancionar el delito de desaparición forzada. En el diseño de las políticas para combatir este flagelo han jugado un importante rol las

organizaciones de la sociedad civil; algunas de las medidas son: • Creación del Mecanismo de Búsqueda Urgente para personas desaparecidas. • Instauración de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CBPD) conformada por entidades del Estado y la Sociedad Civil, con el objeto primordial de apoyar y promover la investigación de este delito. • Este organismo ha coordinado el diseño y puesta en marcha del Sistema de InformaciónRed de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC). • Elaboración, en el año de 2007, de un Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que ha comenzado a implementarse a través de un plan piloto en el departamento de Casanare. 8 • Rrealización, por parte de la Fiscalía, de comisiones de impulso, brigadas de recolección de información y toma de muestras biológicas en todo el país. • Exhumación, con base en las versiones de la ley de Justicia y Paz, de 1.559 cadáveres, de ellos se han identificado y entregado 202.

37. En relación con el delito de tortura, las siguientes son las principales medidas preventivas adoptadas: • La prohibición de la tortura se incluye en el Modelo Único Pedagógico para la enseñanza de los DDHH y DIH en las escuelas de formación de las Fuerzas Militares. • La Fiscalía capacita a nivel nacional a fiscales especializados e investigadores en el carácter de lesa humanidad del delito, su imprescriptibilidad, la tipificación internacional, la adecuación típica de las conductas en el derecho interno, y las herramientas idóneas para su investigación y prueba. • Con apoyo de OACNUDH se han realizado capacitaciones en el Protocolo de Estambul a miembros de

instituciones civiles y militares para que se acojan y difundan las directrices internacionales en la materia.

38. A pesar de todas las medidas tomadas por el Estado en la lucha contra la comisión de los anteriores delitos, aún existen grandes desafíos comunes: • Fortalecer los sistemas de información y bases de datos consolidadas e interconectadas sobre estos delitos9, para lo cual Colombia considera importante contar con asistencia técnica internacional. • Propender por la judicialización efectiva de todos los victimarios. • Consolidar una política de atención integral a las víctimas y sus familiares. • Fortalecer el rol de la Procuraduría en las investigaciones disciplinarias a miembros de la Fuerza Pública. • Consolidar la CBPD y fortalecer su capacidad para el seguimiento del delito de desaparición forzada y para elaborar propuestas de política. • Iniciar en el Congreso el proceso de ratificación de la Convención para la Protección de las personas contra las desapariciones forzadas. ii) Minas anti personal

39. Otro gran problema al que debe enfrentarse el país es el de las minas anti personal que utilizan los actores armados ilegales. La utilización de dichas minas está proscrita en Colombia y desde hace varios años el Ejército dejó de utilizarlas. Sin embargo, entre 1990 y julio de 2008, las Minas antipersonal y las Municiones sin explotar sembradas por los grupos armados ilegales han afectado a un total de 7.084 víctimas. En Colombia se presentan tres víctimas por día, de las cuales dos resultan mutiladas y una muere en el accidente. Durante 2005 y 2006 Colombia fue el país que más nuevas víctimas de estos artefactos presentó.

40. A partir de la entrada en vigor de la Convención de Ottawa en el 2001, se han desarrollado las siguientes acciones: • Concertación de políticas y planes con organizaciones de la sociedad civil. • Destrucción de las minas en poder del Estado. Se han destruido 8 de los 34 campos militares minados. • Creación del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal. • Aplicación del Plan estratégico en educación en el riesgo, asistencia a víctimas, desminado humanitario y gestión de información. • Elaboración de una ruta de atención integral para víctimas que incluye atención médica, psicosocial, escolar y laboral. • Capacitación de personal en diferentes labores. • Planes en regiones para el combate a las minas anti personal. • Adopción de estándares para educación en el riesgo y desminado humanitario. • Destinación de una partida presupuestal desde el 2004.

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41. Además, Colombia ha contado con la cooperación de organismos internacionales como UNICEF, la Unión Europea, la OEA, el PNUD, y los gobiernos de Japón, Canadá, Suiza y EE.UU.

42. Colombia asume, entre otros, los siguientes compromisos en esta materia: • Mejorar la atención a víctimas. • Capacitar y graduar cada año a 1000 agentes educativos comunitarios en la acción contra minas. • Formar 10 nuevos equipos de desminado humanitario de 40 integrantes cada uno. • Conformar un equipo de atención de emergencias. • Adecuar la política a los nuevos desafíos. • Destruir los 26 campos minados restantes antes del 1° de marzo de 2011.

B) Lucha contra la impunidad y acceso a la justicia

43. El Estado colombiano comparte la preocupación expresada por la sociedad civil en el proceso de consulta respecto a la imperiosa necesidad de lograr que se imparta justicia de manera pronta, objetiva, imparcial y protegiendo los derechos de las víctimas y de los procesados.

44. En Colombia, el acceso a la justicia para hacer prevalecer los derechos fundamentales se garantiza, entre otros, a partir de los siguientes recursos: • La acción de tutela, la cual puede ser interpuesta por cualquier persona cuando quiera que sus derechos fundamentales resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular10. • Las acciones populares y las acciones de grupo, las cuales tienen por objeto garantizar la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos. • La acción de inconstitucionalidad y la acción de nulidad, que facultan a los ciudadanos para demandar cualquier norma o acto administrativo que consideren contrario a la Constitución.

45. La Corte Constitucional ha hecho grandes aportes jurisprudenciales para proteger los derechos fundamentales y fortalecer la lucha contra la impunidad; tales como: • Ampliación del concepto de derechos fundamentales, estableciendo su conexidad con los DESC, precisando su alcance, fortaleciendo el concepto de igualdad e impulsando la discriminación positiva a los sectores más vulnerables. • Declaraciones del “estado de cosas inconstitucional”, en los cuales se dan órdenes a entidades estatales a fin de superar violaciones graves y repetidas de derechos fundamentales11. • Abrir la posibilidad de revisar procesos en los que ha habido fallo absolutorio, cuando un tribunal

internacional de DDHH establece el incumplimiento del Estado en materia de investigación.

46. Además, la ley prevé varios mecanismos alternativos de solución de conflictos que son promovidos por el Programa Nacional de Conciliación del Ministerio del Interior y Justicia, el Programa Nacional de Casas de Justicia y Paz y la Jurisdicción de Paz.

47. Por otra parte, Colombia ha desarrollado varias acciones de lucha contra la impunidad: • El Gobierno adoptó en el año 2006 la Política de Lucha contra la Impunidad en casos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH. Esta política se desarrolla alrededor de cuatro temas estratégicos: i) fortalecimiento institucional y organizacional, ii) manejo de recursos, iii) atención a víctimas y testigos y iv) mejoramiento de las condiciones operacionales durante la investigación, juzgamiento y sanción.

En el marco de implementación de esta política, se han logrado importantes avances tales como: el 10 fortalecimiento institucional y presupuestal de la Rama Judicial y en particular de la Fiscalía; mejoría de las condiciones de seguridad para los funcionarios judiciales en las regiones; la consolidación de las atribuciones de la jur