CDH - Informe Nacional presentado por Colombia 2013

Naciones Unidas A

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Asamblea General Distr. general 7 de febrero de 2013

Original: español

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal 16º período de sesiones Ginebra, 22 de abril a 3 de mayo de 2013 Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos

Colombia El presente documento se reproduce tal como se recibió. Su contenido no entraña la expresión de opinión alguna por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas. GE.13-10703

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I. Metodología y proceso amplio de consulta

1. La elaboración del presente informe representa un esfuerzo continuado del Estado que inició a partir de la sustentación del informe del primer ciclo. En ese entonces, Colombia adquirió motu proprio un compromiso de seguimiento permanente que ha venido cumpliendo durante los últimos cuatro años1.

2. Se han elaborado siete informes, disponibles para la consulta pública de los interesados2. Como complemento, en 2009 y 2010 se enviaron dos comunicaciones a los Estados que intervinieron en la sesión del Consejo de Derechos Humanos en las que se detalló el mecanismo de seguimiento3 y los resultados y acciones adoptadas por el Estado.

Asimismo, se elaboró un boletín sobre el balance de la implementación del EPU durante 2009.

3. En 2011, el EPU fue socializado en el nivel departamental para concientizar a las autoridades de su papel en el cumplimiento de las recomendaciones y compromisos4.

Posteriormente, se realizó una consulta en los 32 departamentos5 para identificar desde la perspectiva local los logros, mejores prácticas, desafíos y limitaciones en DDHH, así como sus perspectivas del seguimiento al examen presentado en 2008 y los avances en la implementación de las recomendaciones y/o compromisos6.

4. Durante 2012, se adelantaron dos talleres con autoridades nacionales a los que fueron convocados todos los poderes de la administración pública y los órganos de control, con el objetivo de contar con la participación y articulación institucional para la elaboración del informe y su posterior sustentación.

5. Colombia cuenta con diversos espacios de participación y diálogo en DDHH con la sociedad civil. A modo de ejemplo se destacan los espacios propiciados por la Comisión Intersectorial de DDHH y DIH7 y la Mesa Nacional de Garantías8.

6. Adicionalmente, en los últimos dos años, Colombia ha desarrollado un proceso único en el mundo denominado “Conferencia Nacional de DDHH y DIH”9 que tiene su génesis en la Declaración Conjunta entre el Gobierno Nacional, la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República, la Procuraduría General, la sociedad civil y la comunidad internacional, en la que se acordó acompañar y apoyar un proceso participativo10 de construcción e implementación de una política integral nacional, departamental y local de DDHH y DIH11. Para el efecto, se han programado foros en cada uno de los departamentos del país12 y en el Distrito Capital. A diciembre de 2012 se realizaron 25 foros13 en los que participaron más de 12.500 personas14 y en ese mes se desarrolló la Conferencia, que contó

con la presencia de más de 2.000 personas. Este proceso continuará en 2013, siendo uno de los mayores retos la articulación entre el nivel nacional y el local.

7. Con ocasión del presente informe, el Grupo Permanente de Trabajo del EPU15 adelantó, con acompañamiento de la Oficina en Colombia de la OACNUDH, un espacio de diálogo con las principales plataformas de derechos humanos en el país16, no constitutivo de consulta. Una vez el informe sea presentado, el Estado manifiesta su voluntad de adelantar reuniones ulteriores con el fin de tener en cuenta sus consideraciones y observaciones para la sustentación del mismo.

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II. Antecedentes, marco normativo e institucional

A. Contexto

8. Colombia es un Estado unitario, democrático, participativo y pluralista con separación de poderes que se rige por la Constitución Política de 1991. Está organizado administrativamente de manera descentralizada y con entidades territoriales autónomas, gobernadas por un mismo régimen constitucional y legal. Dicha descentralización garantiza que la administración se reparta entre las entidades territoriales y permite mayor capacidad de acción en las diferentes zonas del país.

9. Tanto el Presidente de la República, como los Gobernadores y Alcaldes son electos mediante voto popular. El actual Presidente, Juan Manuel Santos, fue elegido para gobernar entre 2010 y 2014.

10. Según la proyección del DANE17, la población actual estaría por el orden de las 46.375.06118 personas.

B. Marco normativo e institucional

11. Durante los últimos años, Colombia ha experimentado un cambio normativo e

institucional dirigido a garantizar la plena vigencia de los DDHH y reforzar la eficiencia y coherencia de la organización y funcionamiento del Estado.19 La reforma institucional y normativa del Estado puede entenderse en dos grandes bloques, dirigidos por una parte, a garantizar los derechos humanos de toda la población y por otra, a garantizar los derechos de las víctimas con el objeto de alcanzar la reparación integral y la reconciliación y de esta manera sentar las bases para avanzar hacia la terminación del conflicto armado.

12. Bajo los principios del Buen Gobierno: eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas y teniendo como referente el PND 2010-2014 “Prosperidad para todos”, que es la base de todas las políticas gubernamentales, se hizo una revisión de los distintos sectores de la administración pública y se dio curso a la reforma20 con miras a alcanzar los siguientes propósitos: (i) fortalecimiento de la inclusión social y la reconciliación, (ii) fortalecimiento de la política social del Estado, (iii) fortalecimiento institucional para sectores críticos para la competitividad del país y (iv) mayor eficiencia y eficacia.

13. Para fortalecer la respuesta articulada y coordinada del Estado en DDHH y DIH, se creó y organizó el Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH-SNDDHH y DIH-21, se modificó la Comisión Intersectorial de DDHH y DIH y se dispuso la puesta en marcha de un Sistema Nacional de Información22. El SNDDHH y DIH está organizado en varios subsistemas23. La Comisión Intersectorial, liderada por el Vicepresidente, e integrada por

Ministros del Despacho, es la máxima instancia de definición, promoción, orientación, articulación, seguimiento y evaluación de la Política Pública Integral de DDHH y DIH – PPIDDHH-DIH–. Es igualmente la instancia que coordina la respuesta e impulso al cumplimiento de los compromisos internacionales en esas materias, así como la incorporación del enfoque de derechos y diferencial en las políticas sectoriales.

14. Asimismo, se creó el sector para la Inclusión Social y la Reconciliación, liderado por el DPS24 e integrado por el ICBF, el CMH25, la UARIV26, la UCT27 y la ANSPE28, para formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes generales, programas y proyectos para la superación de la pobreza, la inclusión social, la reconciliación, la recuperación de territorios, la atención a grupos vulnerables, población con discapacidad y

3 A/HRC/WG.6/16/COL/1 la reintegración social y económica, así como la atención y reparación a las víctimas del conflicto.

15. La Ley 1448 de 2011 llamada "Ley de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y Restitución de Tierras”, en adelante Ley de Víctimas, junto con sus Decretos Reglamentarios con fuerza de ley29 constituyen la apuesta más ambiciosa del Estado por atender y reparar a las víctimas de la violencia. La ley incluye, entre otros aspectos, medidas de no repetición con enfoque de género, poblacional y étnico30 y sienta las bases para la implementación de la política pública para la atención y reparación integral bajo los principios de progresividad, gradualidad y sostenibilidad. Asimismo, determina las

instituciones encargadas de su implementación y crea el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas-SNARIV.

16. La reforma incluyó además, el fortalecimiento de las áreas y entidades a cargo de la protección de los derechos de las minorías31, y el fortalecimiento de las funciones de justicia32, protección social33, seguridad34, vivienda y ambiente35, cultura, seguridad y protección a población en situaciones de riesgo extraordinario mediante la creación de la Unidad Nacional de Protección-UNPy el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas-CERREM-36, así como aspectos culturales37, entre otras importantes iniciativas38.

17. Para facilitar la transición del conflicto armado hacia una paz estable, se aprobó en el Congreso el denominado “Marco Jurídico para la Paz,” que autoriza la creación de mecanismos extrajudiciales de justicia transicional, el establecimiento de criterios de priorización y selección de casos y la suspensión de la ejecución de la sanción.

Adicionalmente, en septiembre de 2012, el Gobierno Nacional dio inicio a un proceso de diálogo con la guerrilla de las FARC para lo cual se adoptó una hoja de ruta que define con precisión los términos de discusión para llegar a un acuerdo final que establezca la terminación del conflicto armado, lo cual constituye un enorme desafío para la Nación.

C. Interlocución con organismos internacionales

18. En el país tienen presencia 29 oficinas de organizaciones internacionales, incluyendo representaciones de Naciones Unidas39, la OEA, el CICR, el Banco Mundial, entre otros, y 10 agencias de cooperación y/o de desarrollo.

19. Desde 2008, se han recibido 22 vistas de altos dirigentes o representantes de mecanismos del Sistema de Naciones Unidas y el SIDH40, dentro de las cuales se destaca la visita del Secretario General de las Naciones Unidas en junio de 2011, en cuyo marco se sancionó la Ley de Víctimas; la visita de la Representante Especial sobre Violencia Sexual en Conflictos, Margot Wallstrom; de Directores Ejecutivos de Agencias de Naciones Unidas: Michelle Bachelet de ONU Mujeres y Babatunde Osotimehin de UNFPA; así como Alexander Aleinikoff, Director Adjunto de ACNUR y Anders Kompass, Director de Operaciones en Terreno de la OACNUDH.

20. Asimismo, el Magistrado y Presidente de la CPI, Sang-Hyun Song, suscribió con el Presidente de la República un Acuerdo entre Colombia y la CPI sobre la ejecución de las penas impuestas por la Corte. Colombia es el primer país de América y el séptimo del mundo en suscribir este tipo de instrumento.

21. Colombia se ha destacado como un país en progreso dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En diciembre de 2012, como resultado de la visita in loco de la CIDH, Colombia fue retirada del Capítulo IV de su Informe Anual.

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III. Avances, prioridades y desafíos para la promoción y protección de los DDHH

A. Implementación del Plan Nacional de Desarrollo – PND – “Prosperidad para Todos” 2010–2014

22. El PND “Prosperidad para Todos” establece el derrotero en materia de DDHH y orienta el camino a la inclusión social y la reconciliación. El Capítulo V, titulado

“Consolidación de la Paz”, se refiere expresamente en su literal C, a la PPIDDHH-DIH y a la Justicia Transicional, con el propósito de garantizar el Estado de Derecho. La prevalencia del Estado de Derecho es la consolidación de la seguridad, la observancia plena de los DDHH, y el funcionamiento eficaz de la justicia, lo que supone generar acciones encaminadas a consolidar la paz, reducir la impunidad, sumado a la creación de estrategias en materia de cultura y ciudadanía en DDHH, el respeto de los derechos a la vida, la libertad e integridad personal, la lucha contra la discriminación y el respeto de las identidades.

B. Formulación de la política pública integral de DDHH y DIH

23. El compromiso del Estado por cumplir con el más alto estándar de garantía en DDHH se evidencia en los avances en la situación de DDHH en el país. Aunque persisten retos y desafíos, la voluntad del Gobierno en superarlos resulta patente. Como lo demuestra este informe, los planes y acciones adelantados tienen en cuenta las diferentes obligaciones, recomendaciones y/o compromisos internacionales, incluidos los adquiridos por Colombia en el marco del EPU.

24. La formulación de la PPIDDHH-DIH41 que constituye un reto nacional, ha tenido en cuenta el proceso anterior llevado a cabo en el marco del PNA y otras iniciativas que buscaban definir un marco de acción efectivo en materia de DDHH y DIH. Con la creación del SNDDHH y DIH y el proceso de la Conferencia Nacional de DDHH y DIH, la Política Pública se nutre y se formaliza desde el nivel local. Esta Política se refleja como una gran

sombrilla que incorpora las obligaciones y compromisos internacionales del país, se nutre del diálogo constructivo con las organizaciones sociales y la comunidad internacional, así como del proceso de Justicia Transicional.

25. En el marco del SNDDHH y DIH42, se ha iniciado la articulación institucional de todas las entidades con competencia en DDHH y DIH lo que ha significado la interlocución entre 55 entidades del orden nacional, 5 programas presidenciales, 90 direcciones y/o dependencias y 8 altas consejerías.

C. Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales

Pobreza

26. El Estado ha trabajado en pos de robustecer la clase media y de obtener una sociedad más equitativa y justa, mejorando las capacidades y oportunidades de acceso a los distintos servicios sociales de la población pobre y en situación de pobreza extrema.

27. Colombia se comprometió voluntariamente a reducir el porcentaje de personas en pobreza43 al 28.5% y el porcentaje de personas que viven en pobreza extrema al 8,8 % para el 2015. Así, entre 2010 y 2011, la pobreza nacional se redujo del 37,2% al 34,1% y entre 2010 y 2011, la pobreza extrema nacional pasó de 12,3% a 10,6%. Los factores que explican la reducción son las políticas focalizadas y las estrategias integrales con un

5 A/HRC/WG.6/16/COL/1 enfoque diferencial, el crecimiento económico, y la redistribución del ingreso favoreciendo a los más pobres y las políticas focalizadas.

28. Frente al gran desafío que representa la reducción de la pobreza, la nueva Agencia

Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema puso en marcha el Programa “Red Unidos”44, estrategia de oferta de servicios sociales para población pobre y en situación de pobreza extrema. Por otro lado, se destaca el Programa “Más Familias en Acción”,45 que consiste en la entrega condicionada y periódica de una transferencia monetaria para complementar el ingreso económico y mejorar la salud y educación de los menores de 18 años de las familias que se encuentran en condición de pobreza y vulnerabilidad. Durante 2011 se atendieron 2'210.412 familias, de las cuales 382.126 (17.3%) estaban en situación de desplazamiento y 69.485 (3.1%) familias indígenas. Seguridad alimentaria

29. Se estableció la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y se creó la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional46 como máxima instancia de dirección y coordinación para la articulación de políticas y programas en la materia.

Adicionalmente, existe el programa “Red de Seguridad Alimentaria” -ReSAcuyo objetivo es impulsar la generación de alimentos para el auto consumo. A junio de 2012, más de 2.490 familias fueron intervenidas con proyectos de seguridad alimentaria ReSA. En particular, 56.997 mujeres se han beneficiado los programas de superación, pues son ellas las que principalmente reciben las transferencias condicionadas. Empleo y productividad

30. Se encuentra vigente el “Proyecto Alianzas Productivas” que busca la conformación de alianzas de desarrollo empresarial entre el sector privado y las comunidades rurales pobres para lograr mayores niveles de competitividad.

31. Se estima que en 2011, por medio de la “Ley del Primer Empleo”47, se formalizaron

155.753 empresas y 395.266 jóvenes obtuvieron su primer empleo. Por su parte, el programa ‘Trabajemos Unidos’ logró que 15.208 personas contaran con un plan individual de trabajo que, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de capacidades individuales, incluyó la remisión de participantes a procesos de convalidación, formación en oficios, alfabetización y a certificación de competencias48.

32. Igualmente, se crearon programas con enfoque diferencial para la población de especial protección constitucional, incluyendo “Jóvenes Rurales”49; “Mujer Rural”; “Mujeres Ahorradoras en Acción”50, y “Programa de Oportunidades Rurales” para pequeños productores rurales, jóvenes, mujeres, indígenas y afrocolombianos51.

33. Se reguló la formalización y generación de empleo que incorpora un enfoque de género y los beneficios para quienes contraten a mujeres víctimas de la violencia52. Se trabaja también en la promoción del Teletrabajo53 que beneficia a diferentes poblaciones específicas54.

Vivienda digna

34. Se expidió la Ley de Vivienda de Interés Prioritario55, en cuyo marco se planea la entrega de 100.000 viviendas gratuitas en diversas partes del país a la población priorizada56. Igualmente, el Ministerio de Agricultura, para facilitar el acceso a la vivienda de interés social rural y la formalización de la propiedad rural, ha implementado programas estratégicos con enfoque diferencial, dirigidos a grupos en condición de vulnerabilidad57. El Estado58 también ha implementado programas dirigidos a facilitar el acceso a la vivienda de interés social rural y la formalización de la propiedad rural.

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35. En la actualidad se encuentra en trámite el proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural59. El desafío es fomentar el desarrollo rural integral con enfoque diferencial.

Educación60

36. El Estado reglamentó61 la gratuidad educativa62 para todos los estudiantes de las instituciones estatales matriculados entre los grados de transición y undécimo. El Estado avanza en la implementación del Sistema de Información de Seguimiento a la Gratuidad, que permitirá hacer un monitoreo de los recursos asignados para la gratuidad educativa.

37. Asimismo, se trabaja en incrementar la cobertura en los diferentes niveles educativos. En 2011, Colombia alcanzó la universalidad en la cobertura de los niveles de básica primaria y secundaria y disminuyó la brecha en la cobertura urbano-rural63.

Adicionalmente, se dio prioridad a la asignación de recursos a las entidades territoriales con mayores rezagos educativos, mayor ruralidad y que atienden a mayor población vulnerable y diversa64.

38. En 2011, con la creación de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral a la Primera Infancia, se definieron los estándares de calidad65 para la atención de niños y niñas en Centros de Desarrollo Infantil públicos y se atendieron 589.826 menores, lo que representa 24.300 menores más que en 2010. Además, se construyeron 72 Jardines, Hogares Múltiples y Centros de Desarrollo Infantil para atención de la primera infancia.

39. Para enfrentar el gran reto de bajar la tasa de analfabetismo de personas entre los 15 y 24 años al 1%, se ha promovido el Programa Nacional de Alfabetización y Educación

Básica y Media para Jóvenes y Adultos, cuyo objeto es apoyar el proceso de formación del joven y el adulto iletrado. Desde el 2005 a agosto de 2012 se alfabetizaron 212,716 jóvenes entre 15 y 24 años. Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - TIC

40. Para mejorar la calidad de vida de cada colombiano, el Estado promueve el acceso, uso efectivo y apropiación masiva de las TIC. En el marco estratégico del “Plan Vive Digital”66 se despliegan 85 iniciativas que pretenden desarrollar el ecosistema digital del país en dimensiones relacionadas con la infraestructura, servicios, aplicaciones o redes sociales y apropiación tecnológica.

Salud

41. Desde 2009, Colombia cumplió su compromiso de unificar el Plan Obligatorio de Salud –POS–67 para los niños y niñas, beneficiando a 15.838.549 niños(as) y adolescentes en el país, entre 0 y 17 años de edad68. En 2011 se igualó el Plan de Beneficios para la población mayor de 60 años. En julio de 2012 se unificaron los regímenes de salud, de tal forma que toda la población afiliada al Régimen Subsidiado cuenta con el mismo plan de beneficios del Régimen Contributivo. Más de 42,5 millones de personas afiliadas a ambos regímenes tienen el mismo plan de beneficios.

42. El Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS ha logrado mantener una cobertura cercana al 96%; esto se traduce en 2,3 millones de nuevos afiliados en Salud entre 2010 y 201269. Se estima que en 1993, la cobertura para los más pobres, era tan sólo

del 4,3%, en 2003 alcanzó el 48%, mientras que en 2011 se acercó al 90%. Se requiere de un esfuerzo adicional en particular en los territorios de población dispersa, para llegar al 100%. Considerando los retos que persisten, Colombia implementó el Plan Cuatrienal de Salud e implementó una ley para fortalecer el Sistema70.

43. Comprometido con la reducción de morbilidad materna, mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños, el Estado creó la Comisión Intersectorial para la promoción y

7 A/HRC/WG.6/16/COL/1 garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, a partir de enero de 2012, se incluyó la Vigilancia Obligatoria de la Morbilidad Materna Extrema en el SIVIGILA71 del Instituto Nacional de Salud y se elaboró el Modelo de Vigilancia de Morbilidad Neonatal Extrema.

44. Se diseñó el Plan Decenal de Salud Pública 2012-202172, y se implementó el modelo de gestión programática en VIH. Actualmente se trabaja en la aplicación del esquema de los “Mil primeros días73”.

Protección social

45. Para abordar las necesidades de la población de adultos mayores, que constituye el 10% de la población total, el Estado formuló la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2007–2019, diseñó e implementó el “Programa de Protección Social al Adulto Mayor”74; el “Programa Nacional de Formación para la Atención Integral de las Personas Mayores”; el “Programa Nacional de Alimentación para el Adulto Mayor – Juan Luis Londoño de la Cuesta”, así como el “Método Integral de Participación Social del Adulto

Mayor”.

46. Con el fin de protegerlos contra el riesgo económico de la imposibilidad de generar ingresos, el Estado ha diseñado dos mecanismos principales, uno de tipo preventivo y otro de tipo asistencial. El primero se encuentra sustentado en el sistema pensional75 y el segundo76 dispuso que la ley puede determinar los casos en que se puedan conceder beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo a personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión77.

47. Adicionalmente, se lanzó el Programa “Colombia Mayor” para enfrentar el reto de proteger a las personas de la tercera edad que se encuentran desamparadas y no cuentan con una pensión o viven en la indigencia y/o en extrema pobreza78. Este programa cuenta con 627.428 adultos mayores beneficiarios que cada dos meses reciben un subsidio para financiar sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida.

Cultura

48. El Estado ha aumentado sus recursos en materia de cultura79. Adicionalmente se ha creado el Plan Nacional de Lectura y Escritura “Leer es mi cuento”; ha cofinanciado iniciativas y proyectos de organizaciones y ONG sin ánimo de lucro; ha implementado el “Programa Nacional de Estímulos” y ha prestado apoyo al “Programa Nacional de Concertación”. A través del premio Vida y Obra ha reconocido la labor de los creadores, investigadores y gestores culturales colombianos. Por último, se han adelantado esfuerzos para formalizar espectáculos públicos de las artes escénicas80.

Medio ambiente

49. Trabajar por el Medio Ambiente garantiza el goce de otros derechos.81 Así se

fortaleció la institucionalidad en la materia con la creación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA– que busca ejecutar las actividades de licenciamiento, permisos y trámites ambientales de manera transparente y eficiente para lograr el equilibrio sostenible entre la protección del ambiente y el desarrollo del país. También se creó la Unidad Nacional de Fiscalías-UNF-, especializada en delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales.

50. Colombia ha participado activamente en el Mecanismo de Desarrollo Limpio82 y cuenta con un portafolio de 182 proyectos de reducción de emisiones de gases efecto invernadero (77 nuevos desde agosto de 2010). Se formuló el marco conceptual para el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, y se prohibió la importación de todo tipo de desechos peligrosos. Actualmente, Colombia cuenta con la Política Nacional de Educación

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Ambiental83 y la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos. Además, se viene implementando el “Programa de Integración y Cambio Climático” mediante el proyecto “Piloto Nacional de Adaptación al Cambio climático: Componente B, Alta Montaña” y se diseñó la Política para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos.

51. El diseño de estas y otras políticas de relevancia que buscan garantizar el pleno ejercicio y disfrute de los DESCA, evidencian la voluntad y el compromiso en continuar trabajando en el cumplimiento de los compromisos internacionales.

D. Lucha contra la violencia y mantenimiento del orden público84

Prevención contra la violencia

52. En un contexto de conflicto armado, con las complejidades y dificultades que ello conlleva, Colombia ha venido trabajando en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia, en el logro de la paz y en garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos para el pleno ejercicio de los DDHH.

53. En 2012, el Ministerio del Interior prestó asesoría y asistencia técnica a los 32 departamentos en gestión preventiva del riesgo de violaciones a los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad y a la seguridad personal, dentro de lo cual se encuentra el fortalecimiento de los espacios de prevención85 y formulación y/o actualización de los planes integrales de prevención y protección.86 En cuanto a estos últimos, se formularon y/o actualizaron 32, uno por cada departamento. Se han formulado planes como parte de la estrategia de prevención en los procesos de restitución de tierras87, y 51 de 58 municipios de la estrategia de consolidación territorial tienen plan integral de Prevención y

Protección.88 Fortalecimiento de espacios de diálogo con la sociedad civil

54. Reconociendo la labor legítima de las organizaciones sociales como constructoras de democracia, se ha trabajado por fortalecer el diálogo y se ha impulsado la Mesa Nacional de Garantías. Además, se han realizado diversas sesiones temáticas. El Gobierno ha reconocido la labor de defensores, líderes sociales y comunales en distintas regiones del país89 y propuestas que han sido presentadas en este espacio ya han sido materializadas en hechos concretos. A pesar de estos avances debe continuar el trabajo por seguir fortaleciendo y ampliando el diálogo con la sociedad civil, particularmente en las regiones.

Protección a personas en situación de riesgo

55. El Programa de Protección, único en el mundo, tuvo avances importantes producto de las discusiones adelantadas en la Mesa Nacional de Garantías. Fue asignado a una entidad independiente – la UNP y regula los principios y procesos de protección, incorporando el enfoque diferencial en las medidas y en la elaboración de los estudios de riesgo90. A la fecha, la UNP protege a más de 10.000 personas.

Instrucción a FFMM

56. El Ministerio de Defensa Nacional-MDN ha desarrollado instrumentos tendientes a diseñar, desarrollar, evaluar y ajustar sus operativos y operaciones en pleno respeto de las normas internacionales en materia de DDHH y DIH91. Algunos esfuerzos dirigidos a la formación en DDHH y DIH al interior de la Fuerza Pública son: el Plan Estratégico del Sistema Educativo –PESE–, Modelo Único Pedagógico de DDDHH y DIH, Grupos de

Entrenamiento por Escenarios Regionales y Análisis de Lecciones Aprendidas92. 9

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Lucha contra las Bandas Criminales - BACRIM

57. La protección de la población civil93 ha sido y continuará siendo una prioridad para el Gobierno Nacional, razón por la cual se han adoptado diversas estrategias de política pública y de adecuación institucional. El 2012 representó el año en el que mayor éxito se ha tenido en materia de protección al derecho a la vida, evidenciando el descenso más grande de muertes violentas en los últimos 40 años.

58. La lucha contra las BACRIM94 constituye uno de los mayores retos para la Fuerza

Pública. En respuesta a ello se ha avanzado en la definición de una Política Integral con el objetivo de desarticular estas estructuras para proteger a la población. La política posee un enfoque estratégico, integral y multidimensional, en el que los indicadores de éxito serán la desarticulación definitiva de las estructuras, la recuperación de la autoridad estatal en el territorio y la protección de la población.

59. La estrategia integral en contra de estas bandas incluye 8 líneas estratégicas dirigidas a: la caracterización de las BACRIM; consolidación y análisis de información necesaria para conocer su dinámica; judicialización; combate al fenómeno de la corrupción; articulación de la estrategia con la Política Nacional de Consolidación Territorial –PNCT–; diseño de una estrategia integral y unificada contra las finanzas de las BACRIM; prevención de la reincidencia y el diseño de una estrategia proactiva de comunicaciones.

60. El Gobierno, a través de la Fuerza Pública ha logrado la reducción estructural del 29% de estos grupos y 5.175 capturas de sus integrantes. Asimismo, se ha logrado la disminución del 35% de los componentes armados de las BACRIM autodenominada “Los Rastrojos”, logrando 1.910 capturas de sus integrantes, incluyendo 9 cabecillas regionales95.

61. Se creó la Unidad Nacional de Fiscalías-UNFcontra las BACRIM, que redefinió su es