CDH - Informe Nacional presentado por Colombia 2018

Naciones Unidas A

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Asamblea General Distr. general 26 de febrero de 2018

Original: español

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal 30º período de sesiones 7 a 18 de mayo de 2018 Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos

Colombia El presente documento se reproduce tal como se recibió. Su contenido no entraña la expresión de opinión alguna por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas. GE.18-02895 (S) 

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I. Introducción

1. El presente Informe Nacional de la República de Colombia (en adelante el Informe), se inscribe en el marco del Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU). A efectos de su elaboración se observaron las directrices contenidas en la Resolución 5/1 y en la Decisión 17/199 del Consejo de Derechos Humanos (CDH).

2. El Estado destaca la trascendencia que reviste este mecanismo en el fortalecimiento de la promoción y protección de los derechos humanos (en adelante DDHH), y de la cooperación en la materia en el nivel global. El Estado reitera su pleno compromiso con el proceso y, por ende, con la implementación de las recomendaciones y compromisos voluntarios (CV) asumidos.

3. En los últimos años Colombia evidencia un fortalecimiento institucional y normativo dirigido a proteger y garantizar los DDHH, y responder de forma idónea a las

obligaciones contraídas en la materia.

4. Como hito histórico se registra la suscripción y la progresiva implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (en adelante el Acuerdo de Paz), que constituye la mejor garantía para el ejercicio efectivo de los derechos de la población y del principio de no repetición.

II. Metodología y proceso de consulta

5. La elaboración del Informe fue coordinada por la Consejería Presidencial para los DDHH y el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la participación de las entidades competentes.

6. La construcción del documento demandó un proceso de diálogo en tres niveles institucionales a saber: (i) autoridades del nivel nacional mediante reuniones interinstitucionales destinadas a recaudar información, (ii) autoridades del nivel local, particularmente gobernaciones, a efectos de recabar información escrita sobre los avances y desafíos identificados en su región; y (iii) diálogo con la sociedad civil, en foros y una consulta electrónica.

7. Fueron llevados a efecto cinco foros regionales en las ciudades de Barranquilla,

Bogotá D.C., Bucaramanga, Cali y Medellín, en los meses de noviembre y diciembre de

2017. Esas consultas versaron sobre los progresos, retos y acciones por adelantar en el ámbito de DDHH a partir de las recomendaciones recibidas en los ciclos anteriores del

EPU.

8. Los foros contaron con la participación de distintos sectores de la sociedad civil y el acompañamiento de OACNUDH. Algunos de los avances y retos destacados en esos espacios de diálogo son recogidos en este Informe y también se presentan en detalle en el

Anexo II.

III. Marco normativo e institucional (Recomendaciones II-Ciclo

116.7, 116.8)

9. El Estado, fiel a sus compromisos en el ámbito de DDHH y bajo la convicción que la prevalencia de los mismos garantizará la construcción de una paz estable y duradera, adoptó la decisión de incluir en el PND 2010-2014 “Prosperidad para Todos” el capítulo V consolidación de la paz (Ley 1450/2011) y en el PND 2014-2018 “Todos por un Nuevo País” (Ley 1753/ 2015), los lineamientos y estrategias que fijan el rumbo de la nación en DDHH en los próximos años, con miras a la consolidación de la paz, la equidad y educación de mejor calidad.

10. En el periodo 2013–2017 fueron adoptadas disposiciones legales que contribuyeron al fortalecimiento de la protección de la población. A su vez, han operado ajustes institucionales que han procurado una mejor atención a la población.

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11. El Estado actúa de forma conjunta con la sociedad civil y la comunidad internacional para consolidar una institucionalidad eficaz y las bases de una política pública de efectiva promoción y protección de los DDHH y la articulación en el nivel interinstitucional.

12. En este sentido, destaca la construcción participativa de la Política Integral de DDHH y DIH, proceso tripartito que inició en 2010, en el que participaron 9.000 organizaciones de la sociedad civil y concluyó en el 2013 con el documento “De la Violencia a la Sociedad de los Derechos: Propuesta de Política Integral de DDHH 2014 –

2034”, que trazó la hoja de ruta y se convirtió en la línea base para la construcción de planes, programas, proyectos y acciones dirigidos al goce efectivo de los derechos de la población. Con base en los aportes de este proceso las entidades de Gobierno construyeron la Estrategia Nacional para la Garantía de los DDHH (ENGDDHH) 2014-2034.

13. El PND 2014-2018, incorporó en el artículo 123, la ENGDDHH 2014-2034, para que la precitada Política fuera implementada a través del SNDH y DIH, tanto en los niveles nacional y territorial. A la fecha, todos los departamentos del país han incluido líneas de acción de la ENGDDHH en sus Planes de Desarrollo y 18 de ellos se han construido con el enfoque basado en DDHH. En el nivel nacional, se ha impulsado la implementación priorizada de la ENGDDHH con las entidades que hacen parte SNDH y DIH.

14. La implementación del Acuerdo ha promovido cambios estructurales en el Estado y reformas legales que constituyen avances para la garantía de los DDHH, tal como se procede a explicar infra.

A. Aceptación de normas internacionales de DDHH (Recomendación IICiclo 116.1)

15. Colombia es Estado Parte de los principales instrumentos de DDHH (Ver Anexo I).

En el período objeto del examen, el Estado adhirió a la Convención para Reducir los casos de Apatridia de 1961, vínculo jurídico en vigor a partir de 2014.

B. Cooperación con mecanismos internacionales

16. Colombia es un Estado respetuoso de sus obligaciones y abierto al escrutinio. Así, entre 2013 y 2017, presentó y/o sustentó 10 informes ante los Comités de los Tratados (Ver

Anexo I).

17. Colombia integra el Core Group de Nueva York, que incentivó ante el CDH y la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGONU) la aprobación de resoluciones, proceso que culminó con el establecimiento del mandato del Experto Independiente para la protección contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la entidad de género.

18. El Estado, a su turno, recibió la visita de delegados, comisionados, y relatores de ONU, OEA (CIDH) y CPI1. Destacan las visitas realizadas por el Alto Comisionado para los DDHH en julio de 2013 y septiembre de 2016, así como la visita realizada por el Secretario General de la ONU del 13 al 15 de enero de 2018.

19. El Estado aprecia la cooperación técnica y financiera recibida de la OACNUDH y las 22 agencias, fondos y programas de Naciones Unidas establecidas en el terreno2, acción que fue negociada en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia 2015-2019, cooperación que ha recibido de la comunidad internacional en el curso del proceso de negociación e implementación del Acuerdo de Paz con las FARC. Es de destacar que la OACNUDH ha operado en Colombia por más de dos décadas y desarrolla su mandato con 17 oficinas (entre ellas 6 oficinas satélites), y la sede principal en

Bogotá D.C.3 3

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IV. Promoción y protección de los DDHH

A. Construcción de Paz (Recomendaciones II-Ciclo 116.9, 116.10, 116.11, 116.12, 116.13, 116.14, 116.15, 117.1, 117.7)

20. El Acuerdo de Paz es uno de los eventos históricos más importantes de la nación, que implica la terminación de un conflicto armado de más de cinco décadas. La dejación de armas por las FARC fue verificada por la Misión de la ONU, que posteriormente inhabilitó y destruyó todo el material de guerra, el cual será utilizado para la construcción de tres monumentos conmemorativos.

21. El Acuerdo de Paz alcanzado ha llevado a la disminución considerable de los indicadores de violencia. La tasa de homicidios en 2017, fue la más baja de los últimos 42 años (24 homicidios por cada 100.000 habitantes). El Estado reconoce que la firma del Acuerdo de Paz no es la paz en sí misma, sino un paso necesario y definitivo para la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

22. El Acuerdo de Paz previó la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR)4 cuyo objetivo principal es la satisfacción de los derechos de las víctimas del conflicto armado. El SIVJRNR, incorporado a través del Acto Legislativo 01/2017, contempla un componente judicial que lo constituye la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y dos componentes extrajudiciales, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), y la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD)5.

23. Para la selección de los altos funcionarios del SIVJRNR se conformó el Comité de Escogencia6, que mediante un procedimiento público seleccionó a los 51 magistrados/as de

la JEP (38 titulares y 13 suplentes), a 14 Amicus Curiae, a los 11 integrantes de la CEV, a la Directora de la UBPD y al Director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. En total el Comité escogió un 54% de mujeres, 9% de afrocolombianos, 6% de indígenas, y además el 54% de los escogidos provienen de fuera de la capital del país.

24. La JEP funcionará por 10 años, con un plazo posterior de 5 años para concluir su actividad jurisdiccional. Los magistrados fueron posesionados en enero de 2018. La CEV instalada en diciembre de 2017, fue creada por el Decreto 588/20177 y funcionará por 3 años.

25. A juicio de la sociedad civil, las entidades creadas e instaladas para el funcionamiento del SIVJRNR constituyen una oportunidad para la materialización de los DDHH de las víctimas del conflicto armado, aun cuando se perciben retos importantes para este sistema como son la participación de terceros civiles y de agentes del Estado.

26. En cuanto a la Reforma Rural Integral8 prevista en el Acuerdo de Paz, se han logrado legalizar y formalizar 1.400.000 hectáreas de tierras y el Fondo Nacional de Tierra

(FNT) cuenta con más de 1.000.000 hectáreas. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha adjudicado 22.483 baldíos a igual número de familias; 650.000 hectáreas fueron entregadas a los grupos étnicos; y han sido asignados USD 22 millones en subsidios para compra de tierras y proyectos productivos. Se expidió el Decreto 893/2017 por el cual se crean los

Programas con Enfoque Territorial (PDET) y se avanza en la construcción de 16 PDET, para los 170 municipios priorizados.

27. Se creó el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia (Decreto 885/2017) y fue aprobado por el Congreso de la República el Estatuto de la Oposición Política (en proceso de control previo por la Corte Constitucional, para su adopción final).

28. Se cuenta con la Comisión de Seguimiento y Verificación del Acuerdo de Paz

(CSIVI), conformada por miembros del Gobierno y las FARC que avanza en la formulación de un Plan Marco de implementación del Acuerdo de Paz con plazos de 10 y 15 años.

29. El Gobierno Nacional ha demostrado toda la voluntad de continuar con la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que se adelanta en la ciudad de

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Quito, Ecuador. Esta voluntad debe también contar con manifestaciones claras de parte de ese grupo armado.

1. Participación de las mujeres en el proceso de paz (Recomendación I-Ciclo 15 / II-Ciclo

117.2, 117.6)

30. Las mujeres fueron parte fundamental del proceso de paz. En la mesa de conversaciones se contó con la participación de tres9 mujeres designadas como plenipotenciarias de la delegación gubernamental. Además se conformó la Subcomisión de Género, encargada de incorporar una mirada de género a todos los debates y diálogos para el diseño y aplicación de los acuerdos alcanzados.

31. Para enriquecer el trabajo de la Subcomisión fueron vitales los aportes de 16 líderes

de organizaciones de mujeres, 10 expertas colombianas en violencia sexual, 36 mujeres víctimas (parte de un grupo de 60), comunidad LGTBI, expertas internacionales y ex guerrilleras de varias partes del mundo. En los espacios generados para la participación de la sociedad civil se recibieron 7.172 contribuciones de más de 301 organizaciones de mujeres. Ello se tradujo en una propuesta de incorporación del Enfoque de Género en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz.

32. Además, fue instalada la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos y la Instancia Especial encargada de garantizar el enfoque de género, ambas para el seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz.

33. El Secretario General de la ONU en su informe sobre violencia sexual en el marco del conflicto señaló que Colombia ha “abordado las cuestiones de género de una manera sistemática, en concordancia con las resoluciones 1325 (2000) y 1820 (2008)”10.

2. Desminado Humanitario y Educación en el Riesgo de Minas (ERM) (CV I-Ciclo 8, 9,

10. Recomendación II-Ciclo 116.47)

34. El Estado ha fortalecido la política de desminado humanitario, lo que ha permitido liberar 180 municipios (23 a través de operaciones de despeje y 157 a través de cualificación de información) y tener intervención de organizaciones de desminado humanitario en otros 242 municipios. A diciembre de 2017, se alcanzó 5.219.385 m2 de área liberada y 5.699 artefactos destruidos o neutralizados11. Se aumentó la capacidad

operacional de desminado y se cuenta con 11 operadores12.

35. Conforme al Sistema de Gestión de Información sobre Minas Antipersonal

(IMSMA), desde 1990 a 2017 se registraron a nivel nacional 11.523 víctimas por estos artefactos explosivos (7.037 fuerza pública y 4.486 civiles)13, siendo 2017 el año con menos víctimas (50 víctimas: 16 de fuerza pública y 34 civiles).

36. A efectos de mejorar la atención a las víctimas de minas en el 2017 se adoptaron: (i) Medidas sobre prestación humanitaria periódica para víctimas del conflicto armado14, (ii) Instrucciones para la ruta de atención en salud y rehabilitación física de víctimas15, (iii) Acceso a medidas de reparación16 y (iv) Diseño e implementación del Servicio de Información de Sobrevivientes de Minas Antipersonal (SISMAP)17.

37. Para fortalecer la atención de NNA víctimas de MAP y MUSE, se creó en 2016 los Lineamientos para la asistencia integral, que se acompañan de una Caja de Herramientas.

Esta medida ha beneficiado a 186 NNA víctimas directas, 77 familias y comunidad y 30 servidores públicos. De igual manera, se cuenta con la Ruta para el restablecimiento de derechos, atención, asistencia y reparación integral a NNA víctimas del conflicto armado.

38. Frente a ERM se ha implementado: (i) el modelo de ERM en situaciones de emergencia que ha beneficiado a 7.018 personas (2014-2016), (ii) el modelo de ERM para ámbitos educativos que ha beneficiado a 1.702 personas (2014-2017), y (iii) la Estrategia

para formación de líderes indígenas como multiplicadores de comportamientos seguros que ha beneficiado a 4.532 personas. 5

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3. Prevención del reclutamiento forzado y uso de NNA (Recomendaciones I-Ciclo 19, 20, 46/ II-Ciclo 116.112, 116.113, 116.114, 116.115, 116.116, 116.117, 116.26, 116.47)

39. Como parte de la implementación del Acuerdo de Paz, 135 adolescentes y jóvenes salieron de las filas de las FARC, de los cuales 124 ingresaron al Programa Camino Diferencial de Vida y 11 al Programa Especializado del ICBF. En ambos casos para recibir la protección del Estado y garantizar un proceso de restablecimiento de derechos adecuado e integral. Es la primera vez en Colombia que en el marco de un proceso de paz se generan acuerdos respecto de la salida y atención de los menores de edad de un grupo armado ilegal.

40. En su informe anual de agosto de 2017, la Representante Especial para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados del Secretario General de la ONU destacó la importancia y primacía que se otorgó en el Acuerdo de Paz a los derechos de los NNA.

Igualmente, resaltó la disminución sustancial de los casos de reclutamiento infantil a partir del inicio de las conversaciones de paz.

41. Se adelanta el Programa Mi Futuro es Hoy: creando entornos de paz para la niñez, dirigido a la prevención del reclutamiento, uso y utilización de NNA por parte de grupos armados ilegales. Este Programa, que hace parte de la implementación del Acuerdo de Paz,

llegará a 500 veredas en 166 municipios priorizados para el posconflicto, con éste se busca fortalecer y desarrollar las capacidades de cerca de 27.000 NNA entre 12 y 18 años, alrededor de 15.000 familias, así como escuelas y otras instituciones, para la construcción colectiva de entornos protectores y garantes de los derechos de la niñez.

42. La Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra NNA por parte de grupos armados al margen de la ley y grupos delictivos organizados, creada en 2007, continúa adelantando estrategias para garantizar derechos y prevenir las vulneraciones en aproximadamente el 90% del país.

43. Colombia cuenta con el Programa de atención especializado para el restablecimiento de derechos a NNA víctimas de reclutamiento ilícito que se desvinculan de los grupos armados organizados al margen de la ley, que atendió entre 2013 y 2017 a

1.336 NNA.

44. La Fiscalía General de la Nación (FGN) ha adelantado actuaciones relevantes en el marco de la investigación del delito de reclutamiento ilícito de menores de edad. Entre 2012 y junio de 2017 se han proferido 100 aperturas de instrucción, 106 escritos de imputación y 149 sentencias condenatorias, que vinculan alrededor de 160 víctimas.

45. En el marco de la Ley 975/2005, se han registrado 4.900 eventos de reclutamiento y 5.100 víctimas de este delito incluidas en el Sistema de información de Justicia y Paz

(SIJYP). El número de hechos confesados por los postulados fue de más de 1.500 y los

hechos que imputaron los fiscales fueron superiores a 2.400. El número de condenas equivale a 15 sentencias que a su vez relacionan 353 hechos y 1.250 víctimas de reclutamiento ilícito.

4. Reintegración y reincorporación (Recomendación II-Ciclo 116.16)

46. Se impulsan acciones para asegurar que la reincorporación de los ex miembros de las FARC constituya una verdadera garantía de no repetición. Más de 12.000 excombatientes iniciaron su paso a la vida civil. Las Zonas Veredales Transitorias se transformaron en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).

47. Se creó el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR)18, que cuenta con 25

Consejos Territoriales de Reincorporación como medida para descentralizar el proceso. En el marco de la reincorporación temprana se han implementado programas para la bancarización, el desarrollo de proyectos productivos, la afiliación al Sistema de Seguridad Social en salud y pensiones (SSGSP), la escolarización y la formación de capital humano para el trabajo.

48. Desde 2003 a 2017 se han desmovilizado 59.761 personas que pertenecían a grupos armados ilegales. El 76% de los participantes en el proceso de reintegración y/o reincorporación se mantienen en la legalidad19.

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5. Búsqueda de personas desaparecidas

49. El Acuerdo de Paz contempló acciones para enfrentar la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. Se creó la UBPD mediante el Decreto 589/2017.

50. En tanto esta entidad inicia su operación formal se encuentran en desarrollo dos

medidas temporales: (i) La implementación de las medidas inmediatas humanitarias (Comunicado Conjunto No. 06220) que permitieron la intervención en diferentes cementerios21 logrando la exhumación de más de 600 cuerpos y la entrega de más de 63 a sus familiares y; (ii) un proceso especial de aporte y recolección de información estrictamente humanitaria, que inició su implementación con los miembros de las FARC y que continuará con capacitación a organizaciones sociales y miembros de fuerza pública.

6. Atención y reparación integral a las víctimas (CV I-Ciclo 38. Recomendaciones IICiclo 116.17, 116.18, 116.22, 116.23, 116.24, 116.25)

51. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV)22, a diciembre de 2017, se tiene 8.625.63123 víctimas registradas. Entre la población registrada se cuenta con 4.271.327 hombres, 4.289.790 mujeres y 2.472 personas que se identifican como LGBTI24.

El 64% de los hechos declarados a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (en adelante Ley de Víctimas), corresponden a hechos ocurridos con anterioridad a 2012.

52. A partir de la implementación de la Ley de Víctimas, el Estado ha avanzado en la reparación integral en cinco áreas: satisfacción, rehabilitación, indemnización, restitución y garantías de no repetición. En reparación individual se destaca: • Entrega de indemnización a 791.801 víctimas por diferentes delitos, con cobertura en 32 departamentos y 819 municipios. De las cuales, 7.775 son mujeres, víctimas

de violencia sexual. • Entrega de mensaje estatal de dignificación y reconocimiento a 150.059 víctimas. • Implementación de la Estrategia de Recuperación Emocional Grupal con 138.471 víctimas participantes: 102.172 mujeres y 36.299 hombres. • Acompañamiento en la entrega de restos a 2.368 familiares de personas desaparecidas en coordinación con la FGN. • Desarrollo de jornadas de reparación integral con enfoque diferencial y de género, en las que han participado más de 22.000 personas: 3.328 niños y niñas, 12.323 jóvenes y adolescentes, 2.296 mujeres víctimas de violencia sexual, 1.742 personas con discapacidad y 2.474 personas mayores. • Implementación la Estrategia de Reparación Individual a mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.

53. En relación con la reparación colectiva se cuenta con 644 sujetos (391 étnicos, 214 no étnicos y 39 organizaciones y grupos), se destacan los siguientes avances: • 127 cuentan con planes de reparación colectiva aprobados y ubicados en 29 departamentos. • 57 procesos de consulta previa realizados con sujetos de reparación colectiva étnicos, de los cuales 12 se han protocolizado.25 • 14 procesos de incidencia nacional26 y 9 constituidos por mujeres.27 • 274 medidas de satisfacción implementadas, beneficiando a 113 sujetos de reparación.28 • 191 sujetos de reparación beneficiados de la Estrategia Entrelazando, para el acompañamiento psicosocial comunitario.

54. Respecto a la restitución de tierras, 222.484 hectáreas de tierra han sido restituidas y

los jueces han fallado 2.967 sentencias que benefician a 30.220 personas. Se han invertido más de USD 24.621.878 en proyectos productivos, beneficiando a más de 2.700 familias. En cuanto a la restitución de derechos territoriales de comunidades étnicas, se han 7 A/HRC/WG.6/30/COL/1 caracterizado 43 casos y se encuentran en proceso 66 más y, en etapa judicial, cursan 32 demandas y se han consolidado 26 medidas cautelares y 6 sentencias de restitución.

55. Sobre la política de reparación a víctimas, el Estado reconoce los retos en generación de ingresos, empleo, indemnización, así como la implementación integral de las medidas de reparación colectiva, pero considera que el Acuerdo de Paz constituye una oportunidad para el fortalecimiento a la política.

7. Desplazamiento forzado (Recomendaciones I-Ciclo 36, 37, 38, 40. CV I-Ciclo 34)

56. Hasta enero de 2018 el RUV registra 7.671.124 víctimas de desplazamiento forzado.

En los últimos años se ha presentado una reducción en el número de personas desplazadas forzadamente; no obstante, el Estado reconoce que aún se registran desplazamientos en algunas regiones del país producto del actuar de grupos ilegales, por lo que se continuará adoptando las medidas necesarias para la prevención y atención de este fenómeno.

57. En materia de atención humanitaria a diciembre de 2017 se habían realizado 6.686.360 giros (desde el 2012), por USD 1.378.396.248. Se ha indemnizado a 313.049

víctimas de desplazamiento forzado y han sido acompañadas en su proceso de retorno o reubicación voluntario aproximadamente 180.000 víctimas.

58. La Encuesta de Goce Efectivo de Derechos, realizada por la Unidad para las Víctimas y el DANE a 27.727 hogares29 mostró que el 78% de los hogares desplazados viven actualmente en el lugar donde piensan desarrollar su proyecto de vida, así como la reducción en el número de hogares desplazados que se encontraban en pobreza extrema al pasar del 74% al 33%, mientras que los hogares con pobreza general disminuyeron, al pasar del 97% al 63%. Asimismo, 314.402 víctimas han superado la situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento.

8. Educación y Cultura en DDHH (CV I-Ciclo 51/ II-Ciclo 121)

59. Desde el SNDH y DIH y la ENGDDHH 2014-2034, se ha trabajado en cumplimiento del Acuerdo de Paz en el fortalecimiento de los componentes de la política de DDHH, haciendo énfasis en Cultura y Educación en DDHH y Paz, en tres líneas de acción: I. desarrollo de pedagogías y metodologías didácticas en el sistema educativo

(Educación Formal); II. generación de procesos de educación para el trabajo y el desarrollo humano (Educación no Formal); III. impulso e implementación del desarrollo cultural para la transformación social (Informal). Se continuará el proceso de posicionar y fortalecer el Plan de Educación en DDHH (PLANEDH).

60. Desde el SNDDHH se busca posicionar el componente de Cultura y Educación en DDHH y Paz en la agenda pública nacional. De igual manera se fortalecerá el componente

de desarrollo cultural buscando la transformación social y los cambios culturales que el país requiere para avanzar en la reconciliación nacional.

B. Derechos civiles y políticos

1. Derecho a la vida y a la integridad personal (Recomendaciones II-Ciclo 116.3, 116.35)

61. Se estableció la Política Pública de Prevención de Violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades, que creó un marco de articulación para que las diferentes entidades operen de manera adecuada en la identificación de riesgos y en la adopción de medidas de no repetición (Decreto

1581/2017).

62. Se reglamentó el Sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia, acciones y/o actividades de las organizaciones, hechos y conductas criminales que pongan en riesgo los derechos de la población y la implementación del Acuerdo de Paz

(Decreto 2124/2017), disposición que fortalece el Sistema de Alertas Tempranas. 8

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2. Personas privadas de la libertad

63. Frente a los desafíos del sistema penitenciario y carcelario se han adoptado medidas para lograr una política criminal coherente y preventiva: (i) modificación del Código Penitenciario y Carcelario (Ley 1709/2014) con el cual se fortalecieron una serie de garantías para la población privada de la libertad. (ii) Sanción de las Leyes 1760/2015 y 1786/2016 para la racionalización y limitación del uso de la detención preventiva, y la Ley 1826/2017 para descongestionar el sistema judicial. (iii) Promulgación de la Política

Penitenciaria y Carcelaria (CONPES 3828/2015). (iv) Expedición del Reglamento General de los Establecimientos de Reclusión a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), con enfoque en DDHH (Resolución 6349/2016). (v) Puesta en marcha del Plan Nacional de Resocialización.

64. La población penitenciaria y carcelaria a cargo del INPEC disminuyó en un 4,3% (5.206 personas menos), al pasar de 120.914 en 2016 a 115.708 a septiembre de 2017.

65. En materia de infraestructura, entre 2014 y 2015, fueron entregados 3.336 cupos entre nuevos y rehabilitados, proyectándose entregar a 2018 un total de 3.881 cupos nuevos entre los que se contemplan 3 proyectos de ampliación de establecimientos. Pese a estos esfuerzos, persisten retos en materia de hacinamiento.

3. Trata de Personas (Recomendaciones II-Ciclo 116.58, 116.59, 116.60, 116.61, 116.62, 116.63, 116.64, 116.65, 116.66. CV II-Ciclo 125)

66. Se adoptó la Estrategia Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas 20162018 (Decreto 1036/2016), para combatir el delito y garantizar los DDHH de las víctimas, como resultado de un proceso de construcción con los diferentes actores en la lucha contra este flagelo30.

67. Se han implementado acciones para la prevención de este delito entre las que se destacan: (i) Capacitación a funcionarios de gobierno, líderes comunitarios e instituciones

educativas, con el fin de contar con multiplicadores para la prevención del delito, (ii) Acompañamiento al funcionamiento de los Comités Departamentales, Municipales y Distritales, logrando un fortalecimiento de las competencias de los mismos en la asistencia y protección a las posibles víctimas del delito y en la elaboración y ejecución de planes de acción acordes a la Estrategia Nacional, y (iv) Mecanismos de cooperación bilateral y regional con el objetivo de fortalecer la lucha integral contra la Trata de Personas. Adicionalmente, entre 2012 y 2015, se han suscrito 8 memorandos de entendimiento con: Ecuador, Chile, Argentina, Honduras, El Salvador, Paraguay, Costa Rica y Perú.

68. En el marco de la investigación del delito de trata entre el 2013 y 2017 se han adelantado 118 imputaciones, 95 escritos de acusación y 55 condenas.

4. Defensores de DDHH y líderes sociales (Recomendaciones I-Ciclo 52/ II-Ciclo 116.6, 116.19, 116.20, 116.21, 116.73, 116.74, 116.75, 116.76, 116.77, 116.78, 116.79, 116.80, 116.81, 116.82, 116.83, 116.85. CV I-Ciclo 48, 50, 51)

69. El Estado reitera su reconocimiento a la labor que realizan los defensores de DDHH para la reivindicación de los derechos y consolidación de la democracia, por lo que mantiene una permanente interlocución con esta población. A su vez, comparte la

preocupación que