CE - 110010306000202200241001AUTOQUERESUEL20230203120719

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero Ponente: Édgar González López

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitres (2023)

Radicación: 11001-03-06-000-2022-00241-00

Referencia: conflicto negativo de competencias

Partes: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC),

Ministerio de Defensa Nacional y Colfondos S.A.

Asunto: autoridad competente para resolver de fondo una solicitud de reconocimiento de pensión de sobrevivientes a beneficiarios de un conscripto.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2° y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 20211, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El joven Juan Felipe Vargas Hernández , identificado con cédula de ciudadanía n.° 1013690366, ingresó a prestar su servicio militar obligatorio como auxiliar del cuerpo de custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC ) desde el 18 de noviembre de 2019 hasta el 28 de enero de 2021, fecha en la que ocurrió su muerte.

2. Según se extrae del informe de novedad del oficial a cargo de los auxiliares del cuerpo de custodia2, el 28 de enero de 2021, a proximadamente a las 7:40 a.m, mientras se

2. Según se extrae del informe de novedad del oficial a cargo de los auxiliares del cuerpo de custodia2, el 28 de enero de 2021, a proximadamente a las 7:40 a.m, mientras se encontraba en el alojamiento del instituto penitenciario donde prestaba su servicio militar obligatorio, el auxiliar Juan Felipe Vargas Hernández fue herido por un proyectil de arma de fuego disparado presuntamente por uno de sus compañeros. Los testigos aseveraron que el auxiliar señalado de disparar el arma se encontraba jugando con esta. Como consecuencia de la herida que sufrió el joven Vargas Hernández, falleció el mismo día3.

1 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 2 Samai, Archivo119_110010306000202200241007RECIBEMEMORIAL20221118163232, folio 1 3 Samai, Archivo 53_110010306000202200241002MemorialWeb2022102784232_TCZipDossier133146315647818811 , folios 5-9.Radicación: 11001-03-06-000-2022-00241-00 Página 2 de 34

3. Durante el tiempo en el cual el auxiliar Juan Felipe Vargas Hernández prestó su servicio militar obligatorio, estuvo afiliado a la administradora de fondos de pensiones Colfondos S.A. Los certificados allegados al expediente señalan que, entre mayo de 2019 y la fecha de su deceso, el joven Vargas Hernández cotizó un total d e 81,86 semanas.

Colfondos S.A. Los certificados allegados al expediente señalan que, entre mayo de 2019 y la fecha de su deceso, el joven Vargas Hernández cotizó un total d e 81,86 semanas.

4. El 28 de septiembre de 2021, la señora Luz Stella Hernández Leguizamón, madre del joven Vargas Hernández , mediante apoderado judicial, solicitó ante el Ministerio de Defensa Nacional que, en virtud del principio de favorabilidad y condición más beneficiosa, se dé aplicación a lo contenido en la Ley 100 de 1993 y sus normas concordantes, con el fin de que se le reconozca y pague la pensión de sobrevivientes por la muerte de su hijo, así como el retroactivo pensional, mesadas adicionales, rendimientos y los correspondientes aumentos de ley4.

5. Ante la falta de respuesta por parte del Ministerio de Defensa Nacional, la señora Luz Stella Hernández Leguizamón interpuso una acción de tutela con el fin de que le fuese amparado su derecho fundamental de petición. La acción fue admitida el 24 de marzo

de 2022 por el Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo de Bogotá5.

6. Durante el trámite procesal de la acción de tutela se estableció que e l Ministerio de Defensa Nacional remitió el 1 de febrero de 2022, por competencia, la solicitud de la señora Luz Stella Hernández Leguizamón a la Dirección de Prestaciones Sociales del INPEC, mediante oficio RS20211230058405 del 30 de diciembre de 20216.

7. Por lo anterior, el juez de tutela, en Sentencia del 5 de abril de 2022, resolvió amparar el derecho de petición de la señora Luz Stella Hernández Leguizamón y ordenó al

7. Por lo anterior, el juez de tutela, en Sentencia del 5 de abril de 2022, resolvió amparar el derecho de petición de la señora Luz Stella Hernández Leguizamón y ordenó al INPEC dar respuesta a la peticionaria 7. La Sentencia fue objeto de impugnación por parte del INPEC, la cual fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección E, el 12 de mayo de 2022. En dicha providencia se confirmó el amparo al derecho constitucional de la peticionaria8.

8. El INPEC, en cumplimiento de la referida orden judicial, dio respuesta a la petición de la señora Luz Stella Hernández Leguizamón mediante oficio del 17 de mayo de 2022.

En este señaló que no era competente para resolver la solicitud y dio traslado al

Ministerio de Defensa Nacional:

4 Samai, Archivo 69_110010306000202200241007ALEGATOSDECON20221027120359, folios 3-18 5 Samai, Archivo 74_1100103060002022002410012ALEGATOSDECON20221027120359, Folios 1 -3 6 Samai, Archivo 76_1100103060002022002410014ALEGATOSDECON20221027120359, folios 3-5 7 Samai, Archivo 83_1100103060002022002410021ALEGATOSDECON20221027120359, folios 1 -9. 8 Samai, Archivo 90_1100103060002022002410028ALEGATOSDECON20221027120359, folios 4 -19.Radicación: 11001-03-06-000-2022-00241-00 Página 3 de 34

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que el Instituto Nacional PenitenciarioDe acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que el Instituto Nacional PenitenciarioINPEC no es autoridad del Servicio de Reclutamiento y Movilización, como se expuso en precedencia, no tiene la competencia para decidir o resolver de fondo la solicitud impetrada por Luz Stella Hernández Leguizamón de: reconocimiento y pago la pensión de sobrevivientes, reconocimiento y pago del retroactivo pensiona l, reconocimiento y pago de mesadas adicionales, emolumentos de ley y rendimientos causados, toda vez que dicho asunto le corresponde a la Dirección de prestaciones sociales del Ministerio de Defensa Nacional.

[…] en tal sentido me permito informarle que esta coordinación trasladó por competencia a la Dirección de prestaciones socia les del Ministerio de Defensa Nacional, su soli citud de acuerdo con la Ley 1437 de 2011, artículo 21, modificada por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, quien deberá dar respuesta en los términos establecidos por la Ley9.

9. Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional, el 23 de agosto de 2022, resolvió devolver la petición de la señora Luz Stella Hernández Leguizamón al INPEC, por considerar que esa entidad sí era la competente para dar respuesta de fondo:

Lo anterior en atención a que este Grupo carece de competencia para pronunciarse al respecto, en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.4.7.4 del Decreto 1069 de 2015, que señala:

“ARTÍCULO 2.2.1.4.7.4 Prestaciones por muerte. Los Auxiliares de Bachill eres del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, que fallezcan durante la prestación del Servicio Militar Obligatorio, tendrán derecho a las prestaciones señaladas

Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, que fallezcan durante la prestación del Servicio Militar Obligatorio, tendrán derecho a las prestaciones señaladas en las normas que regulen las Fuerzas Militares y con cargo al presupuesto del Inpec.”.

10. La anterior situación provocó que la peticionaria adelantara un incidente de desacato, el cual fu e resuelto por el Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo de Bogotá mediante providencia del 29 de septiembre de 2022, en la cual resolvió lo siguiente:

PRIMERO: En el marco del cumplimiento del fallo de 12 de mayo de 2022, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –Sección Segunda –Subsección E, ORDENAR al (Sic)Director de Prestaciones Sociales del INPEC dar cumplimiento al artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 para promover el correspondiente conflicto de competencia administrativa ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, por las razones expuestas.

11. Mediante oficio del 5 de octubre de 2022, en cumplimiento de la orden judicial dada en el marco de l incidente de desacato, el INPEC solicitó a la Sala de Consulta que dirima el presunto conflicto de competencias suscitado entre esta entidad y el Ministerio de Defensa Nacional, respecto a cuál autoridad es la competente para resolver de fondo la solicitud elevada por la señora Luz Stella Hernández Leguizamón.

9 Samai, Archivo 76_1100103060002022002410014ALEGATOSDECON20221027120359, folios 7 -9Radicación: 11001-03-06-000-2022-00241-00 Página 4 de 34

II. ACTUACIÓN PROCESAL

En cumplimiento del artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, se comunicó la presentación del conflicto de competencias a las autoridades involucradas. Asimismo, se fijó un edicto por el término de cinco (5) días, contados desde el 20 hasta el 26 de octubre de 2022. Lo anterior con el objeto de que se presentaran los alegatos o consideraciones pertinentes dentro del conflicto de competencias planteado ante la Sala de Consulta y Servicio Civil.

Al respecto, obra en el expediente informe de la Secretaría de la Sala del 27 de octubre de 2022 que da cuenta del acatamiento del referido trámite. Dentro de este se señala que la comunicación se llevó a cabo a través de correo electrónico, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 062 del 21 de abril de 2020 del Consejo de Estado 10, en el sentido de que las actuaciones que competen a la Sala de Consulta y Servicio Civil pueden adelantarse por vía electrónica, aún en los periodos en que se encuentren suspendidos los términos judiciales, garantizando el derecho de intervención de los interesados.

Adicionalmente, en el referido informe secretarial se señaló que, dentro del término de fijación del edicto, el juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá, allegó copias del expediente de una acción de tutela y su incidente de desacato. Durante el referido término también presentaron consideraciones el Ministerio de Defensa Nacional, el INPEC y el apoderado de la señora Luz Stella Hernández Leguizamón.

En los alegatos presentados ante esta Sala, el Ministerio de Defensa Nacional indicó

el referido término también presentaron consideraciones el Ministerio de Defensa Nacional, el INPEC y el apoderado de la señora Luz Stella Hernández Leguizamón.

En los alegatos presentados ante esta Sala, el Ministerio de Defensa Nacional indicó que, ya que la peticionaria solicitó la aplicación de normas de la Ley 100 de 1993, por ser estas más favorables, la autoridad competente para reconocer la pensión de sobrevivientes bajo dicho régimen sería la administradora de fondos de pensiones a la cual se encontraba afiliado el auxiliar Juan Felipe Vargas Hernández. Por lo anterior, el consejero ponente decidió vincular a Colfondos S.A. al presente conflicto de competencias, mediante Auto del 1 0 de noviembre de 2022 , con el fin de analizar su posible competencia sobre el asunto.

Mediante informe de la Secretaría de la Sala del 2 3 de noviembre de 2022, se informó que Colfondos S.A. presentó sus consideraciones vía correo electrónico.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Apoderado de la señora Luz Stella Hernández Leguizamón

10 A través del Acuerdo 062 del 21 de abril de 2020, el Consejo de Estado adicionó su Reglamento, con el fin de facilitar y agilizar los trámites relativos a las actuaciones de su competencia, mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC.Radicación: 11001-03-06-000-2022-00241-00 Página 5 de 34

El apoderado de la señora Luz Stella Hernández Leguizamón manifestó en sus alegatos lo siguiente: Es del caso poner de presente que, la solicitud pensional elevada el 28 de septiembre de

El apoderado de la señora Luz Stella Hernández Leguizamón manifestó en sus alegatos lo siguiente: Es del caso poner de presente que, la solicitud pensional elevada el 28 de septiembre de 2021 por la señora Luz Stella Hernández Leguizamón, […], pretendiendo se le reconociera a ésta, pensión de sobreviviente, en atención a su calidad de madre del fallecido, puesto que para la calenda (sic) en que falleció el joven Juan Felipe Vargas Hernández (28 de enero de 2021), éste se encontraba prestando servicio militar obligatorio como auxiliar del cuerpo de custodia del Instituto Nacional Penitenciari o y Carcelario -INPECdesde el 18 de noviembre de 2019, y estuvo asignado al Establecimiento Penitenciario la Esperanza, ubicado en el municipio de GuaduasCundinamarca, percibiendo una asignación básica mensual de $248.435.00.

Es de recalcar, que el 28 de enero de 2021, día en que falleció el joven Juan Felipe Vargas Hernández, este se encontraba en uno de los alojamientos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Guaduas - Cundinamarca, donde fue mortalmente herido por un impacto de proyectil disparado por uno de sus compañeros de nombre Fabián Estiven Vivas Sora; así mismo, se destaca que el joven Juan Felipe prestó sus servicios como soldado regular durante 1 año, 2 meses y 13 días, y que además éste cotizó con la entidad Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías un total del 81,86 semanas al - SGSS.

Así mismo, se exalta […] que la señora Luz Stella tiene derecho a la aplicación del régimen de pensión de sobrevivientes previsto en el régimen general contenido en la Ley

Así mismo, se exalta […] que la señora Luz Stella tiene derecho a la aplicación del régimen de pensión de sobrevivientes previsto en el régimen general contenido en la Ley 100 de 1993, en tanto que el régimen especial de prestaciones por muerte en simple actividad de los soldados regulares, no consagra dicha prestación.

Así entonces, conforme lo expuesto, se solicita al Honorable ponente, que al momento de desatar el conflicto de competencia que motiva el asunto de la referencia, tenga en cuenta lo expuesto, a fin de determinar la entidad administrativa competente para resolver la solicitud pensional elevada por la señora Luz Stella Hernández Leguizamón.

2. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) El director jurídico del INPEC, en escrito con fecha del 25 de octubre de 2022, sostuvo que dicha entidad no es la competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento de pensión de sobrevivientes elevada por la señora Luz Stella Hernández Leguizamón. En cambio, indicó que dicha competencia recae en el Ministerio de Defensa Nacional, por las razones que pasan a sintetizarse: En primer lugar, manifestó que su falta de competencia deriva de que esa entidad «[…] no tiene como función el recaudo de los aportes, ni cuenta con un fondo de administración de los mismos, ni siquiera para los funcionarios que conforman la planta global del Instituto […]», pues sus funciones se limitan a las indicadas en el Decreto 4151 de 2011. Más adelante agregó «Que el Instituto Nacional Penitenciario y CarcelarioINPEC, no tiene dentro de sus funciones el reconocimiento de pensiones, pensiones de

global del Instituto […]», pues sus funciones se limitan a las indicadas en el Decreto 4151 de 2011. Más adelante agregó «Que el Instituto Nacional Penitenciario y CarcelarioINPEC, no tiene dentro de sus funciones el reconocimiento de pensiones, pensiones de sobrevivientes en torno a "conscriptos", ni de ninguna clase de funcionarios, pues ello esRadicación: 11001-03-06-000-2022-00241-00 Página 6 de 34

de resorte de Fondos Públicos y Privados de Pensiones, y/o Ministerio de Defensa de conformidad con el Decreto 4433 de 2004».

Adicionalmente, señal ó que aquellos que prestan su servicio militar obligatorio como auxiliares del Cuerpo de Custodia «[…]no ingresan como funcionarios a los cuales se les realicen aportes en pensión y sus coberturas se realizan mediante póliza, la cual se suscribe en riesgos totalmente diferentes a los pensionales […]». [Se resalta] En segundo lugar, puso de presente que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley 1861 de 201711, el INPEC no hace parte de las autoridades que tienen a su cargo el manejo, a dministración y responsabilidad sobre el reclutamiento de personas que prestan el servicio militar obligatorio, sino que tales actividades se encuentran en cabeza del Ministerio de Defensa. En ese sentido afirmó lo siguiente: En consecuencia de lo anterior es el Ministerio de Defensa quien deberá reconocer de conformidad con lo dispuesto en el precitado artículo, las pensiones establecidas en el artículo 6º de la Ley 923 del 30 de diciembre de 2004, en cuanto a aquellos miembros de la institución que se encontraban vinculados en razón del cumplimiento del servicio militar,

artículo 6º de la Ley 923 del 30 de diciembre de 2004, en cuanto a aquellos miembros de la institución que se encontraban vinculados en razón del cumplimiento del servicio militar, en el artículo 34 reprodujo la preceptiva contenida en la Ley 447 de 1998, según la cual tendían derecho a u na pensión equivalente a un salario y medio (1.1/2) mínimo legal mensual vigente, los beneficiarios de aquellos que hubieren fallecido en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o participando en operaciones de cons ervación o restablecimiento del orden público. (Decreto 4433 de 2004). Por lo expuesto, solicitó a la Sala «[…] dirimir el conflicto de competencia a favor del INPEC teniendo en cuenta las funciones y misionalidad de esta entidad, reiterando que no somos competentes para resolver la petición de reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes, reconocimiento y pago del retroactivo pensional, reconocimiento y pago de mesadas adicionales, emolumentos de ley y rendimientos causados, frente a petición formulada por la familiar de un auxiliar bachiller lamentablemente fallecido en prestación de su servicio militar obligatorio».

3. Ministerio de Defensa Nacional El director jurídico del Ministerio de Defensa Nacional, dentro del término previsto para ello, presentó sus alegatos. En tal oportunidad indicó que, dado que la señora Luz Stella Hernández Leguizamón solicit ó la aplicación del Régimen General de Pensiones, contenido en la Ley 100 de 1993, por considerar que es la norma más favorable, debe tenerse en cuenta que, bajo tal régimen, las prestaciones p ensionales se encuentran a

11 ARTÍCULO 9o. AUTORIDADES DEL SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN. Son

tenerse en cuenta que, bajo tal régimen, las prestaciones p ensionales se encuentran a

11 ARTÍCULO 9o. AUTORIDADES DEL SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN. Son autoridades del Servicio de Reclutamiento y Movilización; a) El Ministro de Defensa Nacional; b) El Comandante General de las Fuerzas Militares; c) El Comandante de cada Fuerza Militar; […].Radicación: 11001-03-06-000-2022-00241-00 Página 7 de 34

cargo de las administradoras de pensiones a las cuales la persona fallecida estaba afiliada, en el presente caso Colfondos S.A. Así sostuvo lo siguiente: Como punto de partida, téngase en cuenta que lo solicitado por el apoderado de la señora Luz Stella Hernández Leguizamón, tiene como finalidad la aplicación del principio de favorabilidad para que se le reconozca pensión de sobreviviente del Régimen General de Pensiones contemplado en la Ley 100 de 1993, al que considera tener derecho por el fallecimiento de su hijo Juan Felipe Vargas Hernández, quien prestaba su servicio militar obligatorio como auxiliar del cuerpo de custodia en establecimiento carcelario a cargo del INPEC. Tal solicitud la hace por considerar que le es más favorable atendiendo que el fallecido cotizó al Sistema de Seguridad Social en Pensiones haciendo aportes a Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías con un total de 81.86 semanas. Y que de conformidad con lo establecido en la ley 100 de 1993, tal prestación está a cargo de las entidades de seguridad social, en este caso de la administradora de pensiones a la cual estaba afiliado el fallecido conscripto, según lo previsto en el literal c, del artículo 13 de la

entidades de seguridad social, en este caso de la administradora de pensiones a la cual estaba afiliado el fallecido conscripto, según lo previsto en el literal c, del artículo 13 de la ley de seguridad social integral. En ese sentido las prestaciones del régimen pensional consagrado en esta ley serán reconocidos y pagados por la Administradora de Pensiones a la cual se encontraba afiliado.

Por otro lado, manifestó que «[…] la pensión de sobrevivientes se consagró de manera diferente para los miembros de las Fuerzas Militares, uno para los soldados voluntarios (Decreto 2728 de 1968, art 8 y ss y Decreto 1794 de 2000), otro para los oficiales y suboficiales (el Decreto 1211 del 8 de junio de 1990) y otro para los que prestan su servicio militar obligatorio (Ley 447 de 1998)». A lo anterior agregó:

Así por ejemplo, en el Decreto 2728 de 1968, no se señaló el derecho a obtener una pensión de sobrevivientes para los beneficiarios del soldado beneficiario muerto. Para el caso de la muerte simplemente en actividad, solo se determinó una compensación por muerte.

Para quienes prestan el servicio militar obligatorio, la Ley 447 de 1998 estableció entre otros beneficios el derecho a una pensión vitalicia a favor de familiares de conscriptos fallecidos en combate. Luego, en el artículo 34 del Decreto 4433 de 2004, en la misma forma como se señaló en la Ley 447 de 1997, indicando que tendrían derecho a una pensión equivalente a un salario y medio mínimo legal mensual vigente.

Frente a las prestaciones mencionadas en las normas citadas , indicó que le

forma como se señaló en la Ley 447 de 1997, indicando que tendrían derecho a una pensión equivalente a un salario y medio mínimo legal mensual vigente.

Frente a las prestaciones mencionadas en las normas citadas , indicó que le correspondería al Ministerio de Defensa reconocerlas, por cuanto el INPEC no tiene asignada competencia para reconocer, liquidar o pagar acreencias relacionadas con derechos pensionales:

De tenerse derecho a estas prestaciones, correspondería entonces al Ministerio de Defensa Nacional en virtud de lo establecido en los artículos 4 y 19 del Decreto 4433 de 2004) atender las respectivas solicitudes, y por cuanto corresponde a dicha cartera ministerial la gestión de incorporación del personal que prestará el servicio militar obligatorio, aunado a ello que el INPEC, dentro de sus competencias asignadas legalmente (Ley 65 de 1993, Modificado por Decreto 2636 de 2004, Ley 1704 de 2014,Radicación: 11001-03-06-000-2022-00241-00 Página 8 de 34

Decreto 4151 de 2011) no tiene asignada función alguna relacionada con el reconocimiento, liquidación y pago de acreencias relacionadas con derechos pensionales de quienes cumplen su servicio militar obligatorio en los establecimientos carcelarios.

Finalmente, puso de presente que el Ministerio de Defensa y el INPEC suscribieron el Convenio 001 del 26 de febrero de 2016, con vigencia de cinco años, el cual se prorrogó por el periodo comprendido entre el 27 de febrero de 2021 y el 27 de febrero de 2026.

En ese sentido, indicó que:

En la cláusula Segunda, numeral 5 del mencionado convenio, se fijó como obligación del

por el periodo comprendido entre el 27 de febrero de 2021 y el 27 de febrero de 2026.

En ese sentido, indicó que:

En la cláusula Segunda, numeral 5 del mencionado convenio, se fijó como obligación del Ministerio de Defensa Nacional: “Liquidar y remitir al INPEC por intermedio de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional lo relativo a las prestaciones a que hay lugar con ocasión de lesiones o fallecimiento de un Auxiliar Bachiller, según los parámetros de indemnización establecidos en las normas que regula(sic) la materia, para que el INPEC haga efectiva(sic) el respectivo pago". […] Como se evidencia de lo acordado en el mencionado convenio, tanto el Ministerio de Defensa Nacional como el INPEC, tienen obligaciones específicas respecto de las solicitudes de pago de indemnizaciones por lesiones o fallecimiento de un auxiliar bachiller, correspondiéndole al Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio de la dependencia Prestaciones Sociales del Ejercito, atender en primera instancia la solicitud, liquidar los (sic) correspondiente y remitir al INPEC, para que esta entidad proceda al pago.

4. Administradora de fondos de pensiones – Colfondos S.A.

La administradora de fondos de pensiones Colfondos S.A. fue vinculada al presente conflicto de competencias mediante Auto del 10 de noviembre de 2011. E n escrito enviado a la Sala el 17 de noviembre de 2022, se pronunció sobre el asunto, con el fin de negar su competencia y solicitar que se decla re competente para resolver de fondo la solicitud pensional de la señora Luz Stella Hernández Leguizamón al Instituto Nacional

enviado a la Sala el 17 de noviembre de 2022, se pronunció sobre el asunto, con el fin de negar su competencia y solicitar que se decla re competente para resolver de fondo la solicitud pensional de la señora Luz Stella Hernández Leguizamón al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) o, en su defecto, al Ministerio de Defensa.

Como fundamento de lo anterior, señaló que de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley 100 de 1993, la pensión de sobrevivientes tiene diferentes fuentes de financiación: i) los valores existentes en la cuenta de ahorro individual, ii) el valor del bono pensional si hay lugar a ello y, iii) la suma adicional a cargo de la aseguradora con la cual se contrató el seguro previsional.

Al respecto señal ó que «Para el caso concreto del afiliado JUAN FELIPE VARGAS HERNÁNDEZ (q.e.p.d.), se observa que falleció el día 28 de febrero de 202112, año para

12 La fecha establecida de muerte del joven Juan Felipe Vargas Hernández es el 28 de enero de 2021.Radicación: 11001-03-06-000-2022-00241-00 Página 9 de 34

el cual se encontraba vigente la póliza de seguro previsional que se había contratado con la compañía SEGUROS BOLÍVAR».

No obstante, agregó que como requisito para el reconocimiento y pago de la pensión por parte de la aseguradora se debe evaluar si el origen del siniestro se atribuye a una causa de origen común o a una enfermedad profesional, pues las competencias de las AFP se restringen a la materialización de riesgos de origen común y no de carácter profesional.

parte de la aseguradora se debe evaluar si el origen del siniestro se atribuye a una causa de origen común o a una enfermedad profesional, pues las competencias de las AFP se restringen a la materialización de riesgos de origen común y no de carácter profesional.

En ese sentido, frente al caso en concreto consideró que la muerte del auxiliar Juan Felipe Vargas Hernández correspondió con la materialización de un r iesgo de origen laboral. En ese sentido manifestó lo siguiente:

Si se analiza el caso concreto y de conformidad con lo que se describe en los hechos de la solicitud del conflicto de competencias, el joven VARGAS HERNÁNDEZ (q.e.p.d.) fallece estando dentro del lugar donde se prestaba el servicio, esto es, el establecimiento carcelario adscrito al INPEC ubicado en la ciudad de Guaduas (Cundinamarca).

Si bien no se tiene el detalle de las circunstancias de tiempo, modo y lugar del fallecimiento, si está plenamente acreditado que se causó dentro de las instalaciones del lugar donde se prestaba el servicio, por lo que no queda duda que estamos en presencia de un accidente de trabajo.

Si el despacho resuelve que la entidad competente para definir la pensión de sobrevivientes es la AFP COLFONDOS y por ende SEGUROS BOLÍVAR, se iría en contravía de la naturaleza de estas entidades, como lo es la de asegurar riesgos de origen común, más no profesional, eludiendo de esa forma el INPEC su responsabilidad como empleador que debe garantizar la prevención de ocurrencia de siniestros derivados del riesgo profesional a sus servidores.

Ahora bien, frente a la competencia subsidiaria del Ministerio de Defensa para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes solicitada, citó la sentencia de unificación

riesgo profesional a sus servidores.

Ahora bien, frente a la competencia subsidiaria del Ministerio de Defensa para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes solicitada, citó la sentencia de unificación SUJ-010-S2 de 2018, de la Sección Segunda del Consejo de Estado:

Teniendo en cuenta lo manifestado por el Honorable Consejo de Estado Sección Segunda, debe señalarse que se extiende la protección de la pensión de sobrevivientes a las situaciones presentadas en servicio, extendiéndose más allá de las hipótesis contempladas en el artículo 1 de la ley 447 de 1998, el cual seguimos considerando inaplicable por inconstitucional.

Por lo tanto y si bien el precedente se aplica exclusivamente al personal de Fuerzas Militares, mutatis mutandi se podría aplicar este precedente al personal auxiliar del INPEC que preste el servicio militar obligatorio, de manera entonces que sea el MINISTERIO DE DEFENSA el que estudie y defina la pensión de sobrevivientes en favor de los beneficiarios del joven VARGAS HERNÁNDEZ (q.e.p.d.).Radicación: 11001-03-06-000-2022-00241-00 Página 10 de 34

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil La Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrat ivo». Su Título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»13 se contienen en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual