CE - Auto interlocutorio 11001031500020250191900

Demandante: Andrés Felipe Jaramillo Díaz Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01919-00

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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA Bogotá, D. C., cinco [5] de mayo de dos mil veinticinco [2025] Referencia: ACCIÓN TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2025-01919-00 Demandante: ANDRÉS FELIPE JARAMILLO DÍAZ Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO Tema: Resuelve acumulación de procesos AUTO INTERLOCUTORIO 1. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud de amparo El señor Andrés Felipe Jaramillo Díaz, actuando a través de apoderada judicial presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué con el fin de amparar sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Las referidas garantías constitucionales las estimó vulneradas por las autoridades judiciales en mención al proferir las providencias de 19 de julio y 3 de octubre de 2024, respectivamente, por medio de las cuales se declaró, en ambas instancias, la caducidad del medio de control de reparación directa identificado con el radicado 73001-33-33-003-2024-00132-00/01 El 9 de abril de 2025, la magistrada Gloria María Gómez Montoya admitió la solicitud de amparo y dispuso notificar a los despachos demandados.

El 10 de abril de 2025, se corrigió de oficio «el ordinal sexto del auto que admite la demanda, en el sentido de reconocer personería jurídica a la abogada Diana Patricia Álvarez Ramírez para actuar como apoderada del señor Andrés Felipe Jaramillo Díaz».Demandante: Andrés Felipe Jaramillo Díaz Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01919-00

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El 30 de abril de 2025, la ponente ordenó remitir el expediente de la referencia para la posible acumulación con el proceso 11001-03-15-000-2025-01617-001, bajo los siguientes argumentos: Ahora bien, al contrastar la acción de tutela de la referencia con la radicada con el número 11001-03-15-000-2025-01617-00, el Despacho estima que en ambas se comparte una identidad de objeto pues, de hecho, su contenido coincide íntegramente, únicamente variando el sujeto activo. En relación con las pretensiones de los dos procesos se tiene que son exactamente las mismas. Adicionalmente, el amparo constitucional en ambas acciones de tutela se elevó con ocasión de la presunta caducidad en el medio de control de reparación directa que se presentó por el tema de hacinamiento de las personas privadas de la libertad, específicamente en la Permanente Central de la Policía de Ibagué. Lo anterior significa, en otros términos, que existe una identidad desde el punto de vista fáctico, el cual sirve de fundamento a las pretensiones para las acciones de tutela con los radicado 11001-03-15-000-2025-01919-00 y 11001-03-15-000-2025-01617-00. Finalmente, ambos mecanismos constitucionales se presentaron contra el Tribunal Administrativo del Tolima y los juzgados de Ibagué que conocieron en primera instancia el medio de control. Asimismo, se verifica que la acción tutelar es impetrada por la misma profesional del derecho, la señora Diana Patricia Álvarez Ramírez. 2. CONSIDERACIONES 2.1. Acumulación de acciones de tutela El Decreto 1069 de 2015 en su artículo 2.2.3.1.2.3. dispone «[a]cumulación de decisiones. El juez que avoque el conocimiento de varias acciones de tutela con identidad de objeto,

2.1. Acumulación de acciones de tutela El Decreto 1069 de 2015 en su artículo 2.2.3.1.2.3. dispone «[a]cumulación de decisiones. El juez que avoque el conocimiento de varias acciones de tutela con identidad de objeto, podrá decidir en una misma sentencia sobre todas ellas, siempre y cuando se encuentre dentro del término previsto para ello». Por su parte, el Decreto 1834 de 2015 señala en el artículo 2.2.3.1.3.1 que las tutelas en las que se que presente unidad de objeto, causa y parte pasiva deben ser repartidas al mismo despacho judicial o se acumularan al primer proceso en el que se hubiese avocado conocimiento. En relación con la interpretación de la aplicación de las reglas fijadas por el Decreto 1834 de 2015, la Corte Constitucional en el auto 172 de 2016, consideró que «[…] a fin de identificar adecuadamente el objeto de una solicitud de amparo, el operador judicial debe, en contexto, establecer con precisión el verdadero contenido ius fundamental sobre el cual principalmente recae el hecho vulnerador o amenazante de los derechos fundamentales que se reclaman. Para tal efecto, resulta muy útil que la autoridad judicial indague acerca de qué es lo que esencialmente se vulnera o amenaza». 1 Cuyo asunto fue decidido por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 24 de abril de 2025, en el sentido de declarar improcedente y negar el mecanismo constitucional.Demandante: Andrés Felipe Jaramillo Díaz Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01919-00

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Además, la corte también consideró que para analizar si coincide la causa, a efectos de la acumulación de procesos cuando se interpone más de una acción de tutela, se debe verificar si las solicitudes se promueven «[…] con ocasión del mismo presunto hecho vulnerador». 2.2. Caso concreto En primera medida se recuerda que en el expediente 11001-03-15-000-2025-01617-00 se controvierten las decisiones que definieron la controversia al interior del proceso contencioso 73001-33-33-009-2024-00117-00/01. Así mismo, se tiene que las accionadas fueron el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué2 y el Tribunal Administrativo del Tolima3, cuya sala de decisión, respecto de este último, se resalta que estuvo integrada por los magistrados José Aleth Ruíz Castro y José Andrés Rojas Villa. Por su parte, se advierte que en el expediente 11001-03-15-000-2025-01919-00, se pretende dejar sin efectos las providencias de 19 de julio y 10 de octubre de 2024 proferidas en el compendio identificado con el número 73001-33-33-003-2024-00132-00/01. Además, que las autoridades judiciales son el Tribunal Administrativo del Tolima, particularmente la Sala integrada por los funcionarios Belisario Beltrán Bastidas, Luis Eduardo Collazos Olaya y Carlos Arturo Mendieta Rodríguez, y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué. De lo expuesto es posible concluir que no se cumple con el presupuesto de la identidad de parte pasiva de quien se predica la vulneración, en atención a que no se trata del mismo juzgado demandado ya que en el caso 2025-01617 es el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y en el 2025-02057 es el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué. Por su

en atención a que no se trata del mismo juzgado demandado ya que en el caso 2025-01617 es el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y en el 2025-02057 es el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué. Por su parte, se tiene que tampoco se acreditan los requisitos de la identidad de objeto y causa4, comoquiera que: [i] las decisiones que se pretenden dejar sin efectos en la tutela 11001-03-15-000-2025-01919-00, no son las que se requirieron en el caso 11001-03-15-000-2025-01617-00, luego las pretensiones no son las mismas, [ii] además se tiene que los hechos que motivaron, tanto los procesos 2 Auto de 7 de junio de 2024. 3 Providencia de 26 de septiembre de 2024. 4 Ver al respecto Auto 1140 de7 de diciembre de 2021, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera: «[...] Existe identidad de objeto en los eventos en los cuales las acciones de tutela cuya acumulación se persiga presenten uniformidad en sus pretensiones, entendidas estas últimas, como aquello que se reclama ante el juez para efectos de que cese o se restablezca la presunta vulneración o amenaza de los derechos invocados. En lo que respecta a la identidad de causa, estimó que su materialización ocurre cuando las acciones de amparo que busquen ser acumuladas se fundamenten en los mismos hechos o presupuestos fácticos -entendidos desde una perspectiva amplia-, es decir, la razones que se invocan para sustentar la solicitud de protección. Finalmente,

como su nombre lo indica, la confluencia del sujeto pasivo se refiere a que el escrito de tutela se dirija a controvertir la actuación del mismo accionado o demandado [...]».Demandante: Andrés Felipe Jaramillo Díaz Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01919-00

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co contenciosos, como las acciones constitucionales, si bien surgen en el marco de casos por hacinamiento carcelario, los perjuicios y las trasgresiones de garantías devienen de diferentes sujetos [víctimas], lo que permite concluir que los hechos no pueden ser los mismos, ya que cada caso contiene sus particularidades. En efecto se advierten las siguientes diferencias: 11001-03-15-000-2025-01617 11001-03-15-000-2025-01919-00 Hecho relevante del proceso de reparación directa La víctima directa estuvo recluida por el delito hurto calificado y agravado La víctima directa estuvo recluida por el delito concierto para delinquir Autoridades judiciales accionadas Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y Tribunal Administrativo del Tolima Pretensiones «Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al accionante y, en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 9 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 7 de junio de 2.024, y la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 26 de septiembre de 2.024, en el proceso de REPARACIÓN DIRECTA de MARLON DANIEL RUBIO AVENDAÑO, radicado No. 73001-33-33-009-202400117-00, […]. »

«Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al accionante y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto de primera instancia proferido por el Juzgado 3 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 19 de julio de 2.024, y el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima el 3 de octubre de 2.024, en el proceso de REPARACIÓN DIRECTA de ANDRÉS FELIPE JARAMILLO DÍAZ, radicado No. 73001-33-33-003-202400132-00, […]» Fechas de privación de la libertad desde el 5 de octubre de 2021 hasta el 1 de septiembre de 2022 desde el 27 de agosto de 2021 hasta el 25 de abril de 2022 En este punto se debe aclarar que, el hecho de que en ambos asuntos pretendan dejar sin efectos providencias que definieron la caducidad en temas de hacinamiento carcelario, ello no implica que este despacho deba conocer, como ponente, todas las tutelas que se refieran a ello, ya que la norma contempla una serie de requisitos para que proceda la acumulación de acciones de tutelas, y la temática generalizada al interior de tutela contra providencia judicial no es uno de ellos. 2.3. Conclusión Comoquiera que no se acreditaron los requisitos para la acumulación de procesos, se negará dicha figura procesal. En mérito de lo expuesto, este despacho, en uso de sus facultades constitucionales y legales:Demandante: Andrés Felipe Jaramillo Díaz Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01919-00 5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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3. RESUELVE PRIMERO: NEGAR la acumulación de la acción de tutela de la referencia con el expediente con radicado 11001-03-15-000-2025-01617-00. SEGUNDO: DEVOLVER la acción de tutela identificada con el número 11001-03-15-000-2025-01919-00, al despacho de origen para lo pertinente. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA Magistrado Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.