CE - Auto interlocutorio 11001032400020210042200
Detalles
- Título
- CE - Auto interlocutorio 11001032400020210042200
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Medio de control de nulidad Número único de radicación: 11001032400020210042200
Demandante: Germán Alberto Sánchez Arregocés Demandados: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros1
Asunto: Resuelve sobre una solicitud de medida cautelar
AUTO INTERLOCUTORIO
Este Despacho procede a resolver sobre la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de la disposición acusada expedida por la Nación - Gobierno Nacional.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. Germán Alberto Sánchez Arregocés, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, presidente de la República y Ministerio del Interior , en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad3, para que se declare la nulidad parcial i) del aparte denominado “excluidas las rentas de destinación específica” y ii) del inciso 2° con los respectivos numerales que desarrolló, ambos contenidos en el artículo 2.6.6.2.4. del Decreto 2388 de 11 de diciembre de 20154, que prescribe lo
siguiente:
1 Cfr. Índice 2 de SAMAI. 2 En nombre propio. 3 Previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
2 En nombre propio. 3 Previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”. 4 “[…] Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1617 de 2013 y se adiciona un Capítulo 2 al Título 6 de la Parte 6 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, en lo que respecta al manejo presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local de los Distritos Especiales […]”.2
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“ARTÍCULO 2.6.6.2.4. Ingresos corrientes para asignación de recursos a las localidades. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 1617 de 2013, se entiende por ingresos corrientes, los ingresos tributarios y no tributarios definidos de conformidad con el artículo 27 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, excluidas las rentas de destinación específica.
En el concepto de rentas específicas al que hace referencia este artículo se incluyen:
1. Las destinadas por la Constitución Política, la Ley o Acuerdo Distrital a un fin determinado.
2. Las rentas que estén garantizando contractualmente, el pago de obligaciones originadas en contratos.
3. Las que en virtud de decretos, y en el marco de acuerdos de restructuración de pasivos o programas de saneamiento fiscal y financiero, hayan sido dispuestas para la financiación del correspondiente acuerdo o programa.
4. Los ingresos con destino a financiar los gastos de funcionamiento de
restructuración de pasivos o programas de saneamiento fiscal y financiero, hayan sido dispuestas para la financiación del correspondiente acuerdo o programa.
4. Los ingresos con destino a financiar los gastos de funcionamiento de concejos, personerías y contralorías distritales.
PARÁGRAFO. Para dar cumplimiento al porcentaje de asignación de gasto dispuesto en el artículo 64 de la Ley 1617 de 2013, los Distritos Especiales podrán, dentro de tal porcentaje, computar las inversiones físicas que con recursos corrientes de libre desti nación realicen en las localidades, siempre y cuando con ello no se afecte el funcionamiento de éstas.” (negrillas fuera del texto).
Solicitud de medida cautelar
2. La parte demandante solicitó como medida cautelar la suspensión provisional de los efectos del artículo acusado . Para fundamentar la cautela, se refirió a los argumentos expuestos en el acápite de medida cautelar y, adicionalmente, a los contenidos en el concepto de la violación, ambos de la demanda, que se resumen
a continuación:
2.1. Manifestó que la Constitución (artículo 358) y el Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996 5, artículos 11 y 27) definen los ingresos corrientes exclusivamente como aquellos de naturaleza tributaria (impuestos directos e indirectos) y no tributaria (tasas y multas), excluyendo únicamente los recursos de capital (como créditos o rendimientos finan cieros). La Corte
5 “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto” .3
5 “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto” .3
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Constitucional, en sentencia C-262 de 2015 aplicó al artículo 64 de la Ley 1617 de 2013, confirmando que los distritos deben entenderlos bajo aquellos parámetros.
2.2. Afirmó que e l Gobierno Nacional, en el Decreto 2388 de 2015 amplió indebidamente la definición de ingresos corrientes al excluir también las “rentas de destinación específica” Esta adición excede el marco constitucional y legal, pues ni la Constitución ni el Estatuto Orgánico del Presupuesto contemplan dicha exclusión. Al hacerlo, el decreto reduce arbitrariamente la base de cálculo del 10% que los distritos deben asignar a las localidades, vulnerando la autonomía territorial y el propósito descentralizador de la Ley 1617.
2.3. Precisó que l a distinción creada por el decreto entre ingresos corrientes y rentas específicas carece de sustento normativo, ya que las fuentes superiores solo excluyen los recursos de capital. Esta alteración no solo contradice la jurisprudencia constitucional (sentencia C -262 de 2015 ), sino que debilita financieramente a las localidades, afectando su capacidad para atender necesidades básicas y menoscabando la descentralización administrativa.
2.4. Concluyó que el Decreto 2388 de 2015 viola el principio de jerarquía normativa al introducir exclusiones no previstas en la Constitución o la ley, afectando el
necesidades básicas y menoscabando la descentralización administrativa.
2.4. Concluyó que el Decreto 2388 de 2015 viola el principio de jerarquía normativa al introducir exclusiones no previstas en la Constitución o la ley, afectando el equilibrio financiero de los distritos y sus localidades.
Actuación procesal
Admisión de la demanda
3. Este Despacho, mediante auto de 1°. de diciembre de 20236, admitió la demanda y notificó, en debida forma, a la parte demandante, al presidente de la República, al ministro del Interior, al ministro de Hacienda y Crédito Público y al Ministerio Público. Asimismo, ordenó remitir copia electrónica de la providencia, en conjunto con la demanda y sus anexos, al buzón electrónico de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado7.
6Cfr. índice 6 de Samai. 7 Cfr. Índice 6 de Samai.4
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Procedimiento de la solicitud de medida cautelar
4. Este Despacho, mediante auto de 1°. de diciembre de 202 38, ordenó correr traslado de la solicitud de medida cautelar, de conformidad con lo previsto en el artículo 233 de la Ley 1437 de 2011.
5. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio del Interior, mediante escritos recibidos respectivamente en la Secretaría de la Sección Primera, el 14 y 18 de diciembre de 20239, realizaron su pronunciamiento.
6. El presidente de la República no se pronunció en esta oportunidad procesal10.
escritos recibidos respectivamente en la Secretaría de la Sección Primera, el 14 y 18 de diciembre de 20239, realizaron su pronunciamiento.
6. El presidente de la República no se pronunció en esta oportunidad procesal10.
Pronunciamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito y Público
7. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a la solicitud de medida
cautelar, en los siguientes términos:
8. Manifestó que, de la simple confrontación del acto con las normas superiores invocadas, no surge la infracción manifiesta a que alude el parte demandante. En ese sentido, es necesario hacer una valoración de fondo propia de la fase de juzgamiento.
Pronunciamiento del Ministerio del Interior
9. El Ministerio del Interior se opuso a la solicitud de medida cautelar, en los
siguientes términos:
10. Manifestó que la solicitud no cumple con los requisitos argumentativos que exige la Ley para estudiar sobre la procedencia de la medida cautelar.
11. Expresó que el presidente de la República cuenta con potestad reglamentaria, otorgada por la Constitución, para expedir normas de carácter general destinadas
8Cfr. índice 22 de Samai. 9 Cfr. índices 14 y 17 de Samai. 10 Cfr. índice 18 de Samai.5
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a la ejecución y cumplimiento de la ley. Además, la disposición acusada se expidió con estricto apego de las normas que gobiernan la materia.
12. Afirmó que en la solicitud de medida cautelar no se demostró la existencia de
a la ejecución y cumplimiento de la ley. Además, la disposición acusada se expidió con estricto apego de las normas que gobiernan la materia.
12. Afirmó que en la solicitud de medida cautelar no se demostró la existencia de incompatibilidad con alguna norma superior y que la disposición acusada respetó el principio de legalidad y derecho al debido proceso, previstos en el artículo 29 de
la Constitución Política.
3. CONSIDERACIONES
Competencia
13. De conformidad con : i) el artículo 125 11 de la Ley 1437 de 2011 , sobre la expedición de las providencias; ii) el numeral 1.° del artículo 14912 ibidem, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia; y iii) el numeral 1.° del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 13, sobre distribución de los procesos entre las secciones: este Despacho es competente para resolver la solicitud del asunto.
Problema jurídico
14. De acuerdo con la solicitud de la medida cautelar y los pronunciamientos sobre esta, el problema jurídico consiste en determinar si l a disposición acusada viola o no las normas de carácter superior invocadas y, en consecuencia, si se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en los artículos 229, 230 y 231 de la Ley 1437 de 2011, para decretar o no la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos14.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos
1437 de 2011, para decretar o no la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos14.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos
11 Modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[...] Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011 -y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción [...]”. 12 Modificado por el artículo 24 de la Ley 2080. 13 Reglamento interno del Consejo de Estado. 14 Cfr. índice 2 de Samai.6
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15. Son aplicables los artículos: i) 229 de la Ley 1437 de 2011 , sobre la procedencia de las medidas cautelares; ii) 230 ibidem, referente al contenido y el alcance de las medidas cautelares; y iii) 231 ibidem, que regula los requisitos para decretar las medidas cautelares.
16. De conformidad con lo previsto en la Ley 1437 de 2011 , para decretar la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, cuando esta se fundamente en la violación de las disposiciones superiores que se invoquen, bien sea en la demanda o en escrito separado, necesariamente se le impone al juez un deber de análisis de las normas, en confrontación directa con el acto demandado o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.
17. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto de 26 de junio de
deber de análisis de las normas, en confrontación directa con el acto demandado o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.
17. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto de 26 de junio de 202015, consideró que el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011 se divide para su estudio en tres partes: la primera, hace referencia a los requisitos para decretar una medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, en el medio de control de nulidad; la segunda, a los requisitos para decretar una medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; y la tercera, se refiere a los requisitos para decretar otros tipos de medidas cautelares diferentes a la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, como son las de carácter preventivo, conservativo y anticipativo.
18. Asimismo, indicó que cuando se trata de medidas cautelares de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo y se acredita que los actos acusados contravienen el ordenamiento jurídico superior, de manera implícita se satisfacen los requis itos de periculum in mora y fumus boni iuris porque en un Estado Social de Derecho estos elementos siempre concurren cuando se trata de la transgresión del ordenamiento jurídico por las autoridades públicas16.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; núm. único de radicación: 110010324000201600295-00. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Auto de 24 de febrero de 2022;
Sánchez; núm. único de radicación: 110010324000201600295-00. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Auto de 24 de febrero de 2022; C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés; núm. Único de radicación: 11001032400020210042100.7
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19. Conforme a la normativa indicada supra, la decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.
Análisis del caso concreto
20. Para empezar, el artículo 358 de la Constitución Política prescribe: “para los efectos contemplados en los dos artículos anteriores [artículos 356 y 357] , entiéndese por ingresos corrientes los constituidos por los ingresos tributarios y no tributarios con excepción de los recursos de capital”.
21. De acuerdo con lo previsto en el artículo indicado supra, resulta necesario revisar el contenido de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política que prevén: i) artículo 356 “[…] salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, fijará los servicios a cargo de la Nación y de los Departamentos, Distritos, y Municipios. Para efecto de atender los servicios a cargo de éstos y proveer los recursos para financia r adecuadamente su prestación, se crea el Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios […]”; ii) artículo 357 “[…] Los municipios de menores categorías y población, según la clasificación que determine el Gobierno naciona l, podrán destinar libremente el porcentaje que defina la ley, para inversión y otros gastos inherentes al
[…]”; ii) artículo 357 “[…] Los municipios de menores categorías y población, según la clasificación que determine el Gobierno naciona l, podrán destinar libremente el porcentaje que defina la ley, para inversión y otros gastos inherentes al funcionamiento de la administración municipal, de los recursos que perciban por concepto del Sistema General de Participaciones de Propósito General […]”.
22. Ahora, el artículo 357 Constitucional preceptúa que los principios y las disposiciones establecidos en este título (XII que corresponde a los artículos 332 a 373) se aplicarán, en lo que fuere pertinente, a las entidades territoriales, para la elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto.
23. En otros términos , la Constitución Política establece que la definición de ingresos corrientes contenida en el artículo 358 se aplica específicamente al Sistema General de Participaciones, mientras que el artículo 353 extiende, en lo pertinente, los principios del Título XII sobre régimen económico y hacienda pública a las entidades territoriales para la formulación y ejecución de sus presupuestos.8
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24. Ahora, el literal a) del artículo 11 del Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico del Presupuesto), disposición normativa expedida en virtud de lo dispuesto en el artículo 352 Constitucional17, dispone que Presupuesto General de la Nación se compone, entre otras partes por, el Presupuesto de Rentas que contendrá la estimación de los ingresos corrientes de la Nación; de las contribuciones parafiscales cuando sean administradas por un órgano que haga parte del presupuesto, de los fondos especiales, de los recursos de capital y de los ingresos
estimación de los ingresos corrientes de la Nación; de las contribuciones parafiscales cuando sean administradas por un órgano que haga parte del presupuesto, de los fondos especiales, de los recursos de capital y de los ingresos de los establecimientos públicos del orden nacional.
25. Por su parte , el artículo 27 ibidem señala que “los ingresos corrientes se clasificarán en tributarios y no tributarios. Los ingresos tributarios se subclasificarán en impuestos directos e indirectos, y los ingresos no tributarios comprenderán las tasas y las multas”.
26. Finalmente, respecto de los recursos de capital el artículo 31 ejusdem prescribe que “[…] comprenderán: Los recursos del balance, los recursos del crédito interno y externo con vencimiento mayor a un año de acuerdo con los cupos autorizados por el Congreso de la República, los rendimientos financieros, el diferencial cambiario originado por la monetización de los desembolsos del crédito externo y de las inversiones en moneda extranjera, las donaciones, el excedente financiero de los establecimientos públicos del orden nacional y de las empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional, y de las sociedades de economía mixta con el régimen de aquéllas, sin perjuicio de la autonomía que la Constitución y la ley les otorga, y las utilidades del B anco de la República, descontadas las reservas de estabilización cambiaria y monetaria […]”.
27. En este punto es importante precisar que el Consejo de Estado18 ha señalado que, en materia presupuestal, existe una cierta preponderancia de lo nacional sobre lo local, sin que ello implique desconocer la autonomía de las entidades territoriales. Dicha autonomía se manifiesta en la facultad de los municipios y
que, en materia presupuestal, existe una cierta preponderancia de lo nacional sobre lo local, sin que ello implique desconocer la autonomía de las entidades territoriales. Dicha autonomía se manifiesta en la facultad de los municipios y
17 “ARTICULO 352. Además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes de scentralizados de cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar.” 18 Consejo de Estado, Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 1 de febrero de 2018, radicación: 08001-23-31-000-2010-00987-01.9
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departamentos para expedir sus normas orgánicas de presupuesto y definir sus presupuestos anuales de rentas y gastos. No obstante, este ejercicio debe ajustarse a los parámetros constitucionales y a las regulaciones establecidas en la ley orgánica de presupuesto, conforme a lo señalado por la jurisprudencia.
28. Así, la Corte Constitucional 19, de tiempo atrás, indicó que “[l]os principios contenidos en el título XII de la Carta Política, y dentro de ellos los que se agrupan bajo el acápite de “presupuesto” en el Capítulo 3 de ese Título, se aplicarán a los procesos presupuestales territoriales, cuando su sentido, normalmente genérico o encauzado al nivel nacional, tenga alguna proyección en el ámbito local
bajo el acápite de “presupuesto” en el Capítulo 3 de ese Título, se aplicarán a los procesos presupuestales territoriales, cuando su sentido, normalmente genérico o encauzado al nivel nacional, tenga alguna proyección en el ámbito local presupuestal”.
29. Precisamente, el artículo 104 del Decreto 111 de 1996, en desarrollo del artículo 352 constitucional, estableció que las entidades territoriales debían ajustar sus normas presupuestales a las disposiciones de la ley orgánica nacional.
30. En consecuencia, las entidades territoriales deben adaptarse a las disposiciones orgánicas del presupuesto nacional , siempre y cuando sean compatibles con sus condiciones específicas, pues lo contrario constituiría una vulneración a su autonomía en esta materia, pues el ordenamiento jurídico les reconoce expresamente este margen de configuración dentro de los límites constitucionales.
31. Establecido lo anterior, es preciso examinar las razones por las cuales se expidió el artículo censurado. En este sentido, el artículo 64 de la Ley 1617 de
201320 dispuso lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 64. PARTICIPACIÓN EN EL PRESUPUESTO DISTRITAL. A partir de la vigencia fiscal de esta ley, no menos del diez por ciento (10%) de los ingresos corrientes del presupuesto de la administración central del distrito se asignará a las localidades t eniendo en cuenta las necesidades básicas insatisfechas de la población de cada una de ellas y según los índices que establezca la entidad distrital de planeación.
19 Corte Constitucional, sentencia C-478 de 1992. 20 “Por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales.”10
establezca la entidad distrital de planeación.
19 Corte Constitucional, sentencia C-478 de 1992. 20 “Por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales.”10
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El concejo distrital, a iniciativa del alcalde mayor, podrá incrementar dicha participación anual y acumulativamente en un dos por ciento (2%) sin que la misma supere el total del treinta por ciento (30%) de los ingresos mencionados […].”
32. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-262 de 2015 , declaró la exequibilidad del artículo 64 de la Ley 1617, al considerar que la asignación del 10% de los ingresos corrientes a las localidades de ciertos distritos no vulneraba la autonomía territorial, sino que, por el contrario, profundiza la descentraliz ación administrativa. Adicionalmente, señaló que la disposición era compatible con el Sistema General de Participaciones, ya que vincula dicha asignación a la atención de “necesidades básicas insatisfechas”.
33. En dicha sentencia, la Corte precisó que el 10% de ingresos corrientes destinado a las localidades puede provenir tanto de rentas endógenas (impuestos distritales, tasas y multas) como de rentas exógenas (transferencias del Sistema General de Participacion es), bajo los siguientes requisitos: i) en el caso de recursos endógenos, debe aplicarse un test estricto de proporcionalidad
(idoneidad, necesidad y adecuación) para evitar afectar el núcleo esencial de la autonomía territorial; ii) respecto a las transf erencias nacionales, se respete su
recursos endógenos, debe aplicarse un test estricto de proporcionalidad (idoneidad, necesidad y adecuación) para evitar afectar el núcleo esencial de la autonomía territorial; ii) respecto a las transf erencias nacionales, se respete su destinación constitucional específica del Sistema General de Participaciones; y iii) se excluyan expresamente los recursos de capital, conforme a la delimitación establecida en el artículo 358 de la Constitución. Así lo puso de relieve al señalar:
“15. En ese sentido, puede decirse que en las rentas municipales y distritales pueden distinguirse también al menos dos grandes géneros. Por una parte los recursos de capital, que se conforman básicamente por las rentas obtenidas a partir de operaciones de crédito público, rendimientos financieros, diferenciales cambiarios, entre otras operaciones de capital. Por otra parte se encuentran entonces los ingresos corrientes, que son el género relevante dentro de este proceso. Los ingresos corrientes tienen núcle o de contenido fuera de duda, conformado por dos sub géneros: las rentas tributarias y las no tributarias. Los ingresos corrientes tributarios del orden distrital son esencialmente impuestos distritales como por ejemplo el predial unificado, el de industria y comercio en sus distintas fases, el de espectáculos públicos, entre otros. Los ingresos corrientes no tributarios comprenden por lo menos las tasas y las multas, según el Estatuto Orgánico del Presupuesto, y los demás ingresos de la misma naturaleza. Cuando el artículo 64 de la Ley 1617 de 2013 emplea la expresión “ingresos corrientes” está usándola entonces cuando menos en este sentido. [….]
17. Todo lo cual es relevante en el presente proceso, habida cuenta del debate que
el artículo 64 de la Ley 1617 de 2013 emplea la expresión “ingresos corrientes” está usándola entonces cuando menos en este sentido. [….]
17. Todo lo cual es relevante en el presente proceso, habida cuenta del debate que se ha presentado en torno a si la categoría “ingresos corrientes” incluye, además de las fuentes endógenas o recursos propios de la entidad territorial como es el caso de los impuestos territoriales, las multas y las tasas, también otras rentas no11
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tributarias exógenas que, siendo propiedad del Estado, la nación u otros entes territoriales, se trasfieren a los distritos a título de aportes, de cofinanciación, del Sistema General de Participaciones o del Sistema General de Regalías. [….]. A este respecto, no obstante, la Ley 1617 de 2013 no consagra una enunciación expresa de la totalidad de las rentas corrientes a los cuales se refiere el artículo 64 demandado. Durante las etapas del trámite parlamentario que antecedió la aprobación de la Ley 1617 de 2013 tampoco se observa que hubiese existido una caracterización detallada de las mismas. Finalmente, ni la Constitución ni las leyes orgánicas de presupuesto prevén con exactitud si estas rentas exógenas son ingresos corrientes de las entidades territoriales a las cuales se destinan, como se muestra enseguida. […]
21. En vista de lo anterior, la expresión “ingresos corrientes” en materia presupuestal de los distritos especiales tiene un núcleo de certeza pero también una zona de penumbra. Es claro que son corrientes los ingresos propios tributarios,
[…]
21. En vista de lo anterior, la expresión “ingresos corrientes” en materia presupuestal de los distritos especiales tiene un núcleo de certeza pero también una zona de penumbra. Es claro que son corrientes los ingresos propios tributarios, y algunos no tributarios (las tasas y multas). La pregunta por la clasificación de las transferencias efectuadas por otros órdenes a los entes distritales no tiene sin embargo una respuesta acabada en la Constitución ni en la ley orgánica, por lo cual hay en esto entonces una zona de penumbra. En la cual, no obstante, existen algunas luces o parámetros constitucionales para la clasificación. Estos son esencialmente los mencionados en la jurisprudencia y antes reseñados en el presente fallo. El legislador o en su defecto lo s distritos tienen en ese marco un margen para clasificar cada rubro exógeno. Como ni la Constitución ni las leyes orgánicas prevén hasta el momento criterios suficientes, no es función de la Corte determinar con efectos de cosa juzgada cuáles rentas exógenas deben clasificarse como ingresos corrientes. Lo cual no obsta para advertir que, por sí mismas, las transferencias a los distritos no son de suyo incompatibles con la noción de ingresos corrientes de estas entidades.
[…]
24. En el caso de las rentas exógenas, consideradas exclusivamente desde el punto de vista de la autonomía de las entidades territoriales, la jurisprudencia de la Corte ha señalado desde 1997 que “el legislador está autorizado, en los términos de la Consti tución, para intervenir en la determinación de las áreas a las cuales deben ser destinados”. A esta conclusión la ha conducido el análisis de la
Corte ha señalado desde 1997 que “el legislador está autorizado, en los términos de la Consti tución, para intervenir en la determinación de las áreas a las cuales deben ser destinados”. A esta conclusión la ha conducido el análisis de la regulación constitucional atinente a las transferencias y aportes de la nación hacia las entidades territoriales. Puede decirse que, incluso tras las reformas introducidas a los sistemas generales de participaciones y regalías, dicho régimen constitucional general no ha sufrido alteraciones relevantes y la regla jurisprudencia en torno a los recursos exógenos de propiedad de la nación se conserva. […]
26. Ahora bien, resta por establecer si el Congreso está también facultado para indicar la destinación de los ingresos corrientes que tengan el carácter de rentas endógenas. […] Ciertamente, el artículo 64 de la Ley 1617 de 2013 fija el destino de un porcentaje de los ingresos corrientes de los distritos, dentro de lo cual puede entonces estar predeterminando el de algunas fuentes endógenas. En esa medida, la norma parecería dar la idea de estar interfiriendo en la autonomía de los distritos, pues no les confiere plena independencia a los alcaldes mayores y concejos distritales para asignar parte de los ingresos corrientes endógenos, en tanto sustrae de esa libre administración un porcentaje con el fin de reconducirlo hacia las localidades. Sin embargo, un examen más detenido muestra que la disposición prevé la asignación forzosa de un porcentaje reducido, y de una especie definida de rentas
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