CE - Auto interlocutorio 11001032600020240011300

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-26-000-2024-00113-00 (71706)

Demandante: ROSALÍA LOPERA MORENO Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE AMAGA Y OTROS

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Temas: Recurso extraordinario de revisión / rechazo de la demanda

El Despacho se pronuncia sobre la admisión del recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Rosalía Lopera Moreno y otros contra la sentencia de 2 de agosto del 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda

El 9 de agosto de 2024, el abogado Olinto Patiño Hernández , en calidad de apoderado de la señora Rosalía Lopera Moreno y otros, presentó recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de 2 de agosto de 2023, proferida por la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda en la acción de grupo con radicado 05001-33-31-010-2010-00315-03.

B. El auto de inadmisión

Mediante auto de 29 de enero de 2025 se inadmitió la demanda con el fin de que se subsanara en los siguientes aspectos: (i) anexar los poderes especiales

B. El auto de inadmisión

Mediante auto de 29 de enero de 2025 se inadmitió la demanda con el fin de que se subsanara en los siguientes aspectos: (i) anexar los poderes especiales conferidos por los demandantes para instaurar, en su nombre, el recurso extraordinario de revisión; (ii) indicar de forma clara y precisa la causal de revisión que se propone y el fundamento para ello; (iii) acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 7º y 8º del artículo 162 de CPACA.2

Radicación número: 11001-03-26-000-2024-00113-00(71706)

Actor: Rosalía Lopera Moreno y otros

Se explicó, en esa ocasión, que el recurso extraordinario de revisión no permite cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia, o sobre la valoración probatoria que efectuó, de manera que su estudio se restringía a las causales taxativamente establecidas por el legislador. Además, se precisó que la procedencia de la causal quinta de revisión estaba restringida a las causales de nulidad establecidas en el ordenamiento procesal civil y a la vulneración del debido proceso, únicamente, en los específicos supuestos contemplados por la jurisprudencia1.

La decisión se notificó por estado electrónico del 31 de enero de 2025.

C. La subsanación de la demanda

El 7 de febrero de 2025, de manera oportuna, la parte actora subsanó la demanda. Se anexaron los poderes conferidos por los señores Olga Amparo Serna Bedoya; Ruth Yamile Lopera Macías; Jaime Alberto Fernández Serna; Mónica Johana

Se anexaron los poderes conferidos por los señores Olga Amparo Serna Bedoya; Ruth Yamile Lopera Macías; Jaime Alberto Fernández Serna; Mónica Johana Oquendo Molina, en su nombre y en representación de su hijo Johan Sebastián Ossa Oquendo; Jefferson Ramírez León; Jesús Alonso Godoy León; José Alcides Ramírez Soler; Leyber Oviedo León; Marina Aurora León Acosta; Miguel Ángel Fernández; Juan Carlos Ramírez León; David Alonso Ossa Marín; Leidy Yurani Ossa Marín; Nidia del Socorro Marín Taborda; Rubiela del Soco rro Fernández Sánchez y Jorge Alfredo León.

El apoderado indicó que actuaba como agente oficioso de las siguientes personas, bajo el argumento de que se encuentran ausentes o impedidas para otorgar poder, lo que afirmó bajo la gravedad de juramento: Rosalía Lopera Moreno, en nombre y representación de Lina Fernanda Caro Lopera; Carlos Mario Caro Lopera; Geny Cecilia Caro Lopera; Dora Ossa Villa; Floralba del Socorro Ossa Villa; Juan Nicolás Ossa Villa; Bayron Darley Ossavilla; María Lucrecia Holguín de Usma; Hernán Darío Usma Holguín; Manuel Antonio Usma Marín; Libia del Socorro Usma Marín; Álvaro Alberto Usma Marín; Juan Alberto Usma Marín; Gladys Helena Usma Marín; Marta Inés Blandón Arango; María Rocío Agudelo; Juan Esteban Toro Agudelo; Ulvari del Socorro Toro Jaramillo; Luz Amparo Toro Jaramillo; María Rosmira Toro Jaramillo, Juan Rafael Toro Jaramillo; Carmenza Inés Toro Jaramillo; Rosa Inés

Ulvari del Socorro Toro Jaramillo; Luz Amparo Toro Jaramillo; María Rosmira Toro Jaramillo, Juan Rafael Toro Jaramillo; Carmenza Inés Toro Jaramillo; Rosa Inés Ardila Uribe; Alberto Ardila Uribe; Rosa Inés Ardila Uribe; Luis Felipe Álvarez

1 Esta Corporación ha identificado los siguientes supuestos transgresores del debido proceso: i) fallo inhibitorio; ii) ausencia de motivación; iii) transgresión del principio de la no reformatio in pejus; iv) condena contra un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; v) falta de competencia o jurisdicción; vi) decisión proferida en un proceso terminado por desistimiento, transacción o perención; v) no contar la decisión con el número de votos requerido para su aprobación, y vi) falta de congruencia por condena extra, ultra o infra petita. En cualquier caso, corresponde al juez definir si la situación analizada quebranta un mandato constitucional, al punto de desvirtuar el efecto de cosa juzgada de la decisión.3

Radicación número: 11001-03-26-000-2024-00113-00(71706)

Actor: Rosalía Lopera Moreno y otros

Álvarez; Sebastián Álvarez Álvarez, Mariangel Álvarez Álvarez; Marina Aurora León Acosta, en nombre y representación de Leyber Oviedo León; María Oliva Munera de Holguin; María Docelina Holguín Munera; María Domitila Holguín Munera,; Israel Antonio Holguín Munera; Rosa Oliva Holguín Munera; Bertha Irene Ossa; María Adelaida Ossa; Bertha Inés González; Juan Alberto González; Lina Marcela González; Sandra Yaneth Correa Álvarez; Diego Fernando Vásquez Correa; Yeimi

Adelaida Ossa; Bertha Inés González; Juan Alberto González; Lina Marcela González; Sandra Yaneth Correa Álvarez; Diego Fernando Vásquez Correa; Yeimi Hilary Vasco Correa; Olivia del Socorro Vasco Agudelo; Alfonso Pérez Vasco; Maribel Restrepo Palacio; Anderson Jiménez Restrepo; Libardo Jiménez; Amparo del Socorro Holguín Herrera; Libardo Antonio Jiménez Holguín; María Yaneth Jiménez Holguín; Ricardo Pastor Santamaría Gallego; Libia de Jesús Villa de Ossa; Reynaldo Antonio Ossa Villa; Joel Alfredo Ossa Ospina; María Elicenia Ossa Villa; Cecilia Inés Ossa Villa; Dora Emilce Ossa Villa; Gustavo Hernando Ossa Villa; Antonio José Ossa Villa; Santiago Ossa Ospina; Ana Sofía Ossa Ospina; Luz Elena Fernández Sánchez; María Patric ia Fernández Sánchez; Eugenia del Socorro Chaverra; Faustino Alonso Castañeda Trujillo; Birley Antonio Ossa Trujillo; Liliana María Trujillo Chaverra; Yuliana Andrea Castañeda Trujillo; Marceliano Antonio Ossa Álvarez; Ana del Carmen Vanegas de Ossa; Antonio de Jesús Ossa Vanegas; Ángela del Socorro Ossa Vanegas; Norberto Emilio Ossa Vanegas; Luis Carlos Ossa Vanegas; Pedro Pablo Ossa Vanegas; María del Carmen Ossa Vanegas; Bertha Inés Ossa Vanegas; Flor Marina Ossa Vanegas; Alberto de Jesús Ossa Vanegas; Elvia del Socorro Ossa Vanegas y Beatriz Elena Ossa Vanegas.

Señaló que se comprometía a prestar la caución que estableciera el Despacho.

En relación con la causal de revisión, precisó que invocaba la contenida en el

Vanegas; Elvia del Socorro Ossa Vanegas y Beatriz Elena Ossa Vanegas.

Señaló que se comprometía a prestar la caución que estableciera el Despacho.

En relación con la causal de revisión, precisó que invocaba la contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA, referida a la existencia de nulidad originada en la sentencia contra la que no procede recurso de apelación.

Afirmó que la providencia cuestionada violó el principio de iura novit curia por cuanto se «ancló en un régimen exclusivo de responsabilidad como fue la falla del servicio» pese a que, en su criterio, «era parte del debido proceso explorar otras fuentes de responsabilidad del Estado o títulos de imputación jurídica como era el riesgo excepcional, en las modalidades de riesgo-beneficio y riesgo-peligro».

Adujo que en virtud de la Ley 685 de 2010, el Estado otorga concesiones mineras y recibe una contraprestación a cambio, por eso no es ajeno a la responsabilidad por la pérdida de vidas humanas en los socavones mineros . Agregó que resulta aplicable el aforismo «Ubi emolumentum ibi onus esse debet», según el cual quien quiera que obtenga beneficios de una actividad generadora de riesgos, asume las cargas que de estos se deriven.4

Radicación número: 11001-03-26-000-2024-00113-00(71706)

Actor: Rosalía Lopera Moreno y otros

Recalcó que «la aplicación del principio iura novit curia es de rutina en el medio de control de reparación directa, puesto que aquí no se están cuestionando actos administrativos, en donde la justicia es rogada. La elusión de este principio en la

Recalcó que «la aplicación del principio iura novit curia es de rutina en el medio de control de reparación directa, puesto que aquí no se están cuestionando actos administrativos, en donde la justicia es rogada. La elusión de este principio en la sentencia, que se limitó a enunciar los diferentes títulos de imputación, constituye una clara violación del debido proceso, aplicable en todas las actuaciones judiciales, conforme con la Constitución, art. 29. La violación del debido proceso tiene infinitos ejemplos; por ende, no son tan solos los que menciona el auto del 29 de enero de 2025, de manera meramente enunciativa».

Sostuvo que en la sentencia de primera instancia «no hubo una adecuada valoración probatoria de las pruebas obrantes en el expediente como son el informe del 9 de junio de 2010 y de los informes posteriores a la tragedia»; además, el fallo de segunda instancia contiene «situaciones incongruentes porque de una parte señala al final que es claro que la actividad minera es una actividad riesgosa y en el comienzo señala que se trata necesariamente de una falla del servicio hablando del régimen de imputacion aplicable»

Afirmó que «tanto el fallador de primera instancia como el de segunda argumentan que no se acreditó el nexo causal, que permita atribuir responsabilidad a las entidades públicas demandadas, aun demostrando en el informe realizado por el Ministerio de Minas y Energía que en ocasiones anteriores le hizo observaciones para el correcto funcionamiento de la mina, y desafortunadamente las pasaron por alto, incluso el Ingeniero Tomás Charris. Según el plan de seguridad y conforme a los artículos 120 y ss del D. 1335 de 1987, la empresa debía hacer las mediciones

para el correcto funcionamiento de la mina, y desafortunadamente las pasaron por alto, incluso el Ingeniero Tomás Charris. Según el plan de seguridad y conforme a los artículos 120 y ss del D. 1335 de 1987, la empresa debía hacer las mediciones antes y después de cada voladura, y el empleador no acreditó en el plenario, por lo menos, que no hizo voladuras desde las 6 de la mañana para intentar justificar una sola medición realizada en ese día. Añadió que las sentencias que deben ser materia de revisión son absolutamente contrarias a derecho, en virtud de a que no fueron valoradas oportunamente ni adecuadamente las pruebas que obran en el expediente y en segundo lugar por que el juez de primera instancia dejo transcurrir mucho tiempo para después de 8 años decir que los peritajes solicitados ya era n impertinentes, inútiles e ineficaces». Por último, hizo alusi ón a extractos jurisprudenciales relacionados con el mecanismo de revisión eventual en acciones de grupo.

II. CONSIDERACIONES5

Radicación número: 11001-03-26-000-2024-00113-00(71706)

Actor: Rosalía Lopera Moreno y otros

El Despacho2, en uso de la competencia que le confiere el artículo 125 del CPACA, rechazará la demanda, por las razones que pasan a exponerse.

En el auto de inadmisión, se requirió a la parte actora para que subsanara la demanda en tres aspectos concretos, a saber: el aporte de los mandatos en debida forma, la indicación de la causal invocada y su fundamento, y el cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 7º y 8º del artículo 162 de CPACA.

forma, la indicación de la causal invocada y su fundamento, y el cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 7º y 8º del artículo 162 de CPACA.

El escrito de subsanación se radicó de manera oportuna . Se allegaron poderes especiales y se acató lo dispuesto en los numerales 7º y 8º del artículo 162 de CPACA.

No se cumplió; sin embargo, con la carga de indicar, de manera precisa y fundamentada, la causal de revisión, pese a la advertencia que se efectuó en el auto de 29 de enero de 2025.

Los interesados manifestaron que invocaban la causal del numeral 5º del artículo 250 del CPACA que contempla el supuesto: «existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».

Las razones que se esgrimieron como fundamento cuestionan directamente el análisis probatorio e interpretativo que hizo el Tribunal Administrativo de Antioquia, con la única finalidad de que se estudie el caso discutido en el proceso ordinario, nuevamente, a manera de una tercera instancia. De hecho, la controversia que se propone se cimenta en la supuesta valoración equivocada de las pruebas y la aplicación de un título de imputación diferente al que pretendían los demandantes, aspectos que además de estar reservados exclusivamente al juez natural, también fueron expuestos en el recurso de apelación que se interpuso contra el fallo de primera instancia en la acción de grupo.

Ahora, la enunciación de la violación del debido proceso por el desconocimiento del principio de iura novit curia resulta contradictoria con los argumentos que le sirven

primera instancia en la acción de grupo.

Ahora, la enunciación de la violación del debido proceso por el desconocimiento del principio de iura novit curia resulta contradictoria con los argumentos que le sirven de base, si se tiene en cuenta que dicho principio alude a la potestad que tiene el juez de resolver el caso conforme a las reglas de derecho que considere aplicables lo que, en el caso discutido, se traduciría en la posibilidad de apartarse del título de imputación señalado por la parte demandante y aplicar el que se estime correcto3

2 La magistrada ponente adopta la presente decisión, por cuanto se profiere en un proceso con vocación de única instancia. 3 Consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de enero de 2000, exp. CE-SEC3-EXP2000-N10867, M.P. Alier Hernández Enríquez, reiterada en sentencia de 22 de octubre de 2015, exp. 2001-02697-01(33.977), M.P. Hernán Andrade Rincón y en sentencia de 136

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Actor: Rosalía Lopera Moreno y otros

En realidad, a lo que apunta el requisito relacionado con la «indicación precisa y razonada de la causal invocada» es a una debida motivación, que resulte congruente y pertinente con la hipótesis de revisión, lo cual no se da en el presente asunto.

Es cierto que l a redacción de la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA no permite conocer cuáles situaciones dan lugar a la nulidad de la sentencia. Por esa razón, la jurisprudencia se ha ocupado de

Es cierto que l a redacción de la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA no permite conocer cuáles situaciones dan lugar a la nulidad de la sentencia. Por esa razón, la jurisprudencia se ha ocupado de establecer los supuestos que pueden configurar dicha nulidad, con la finalidad de evitar un uso desmesurado y abusivo del recurso extraordinario de revisión.

Se ha sostenido, así, que la sentencia es nula por las causales de nulidad procesal establecidas en el ordenamiento de procedimiento civil. Al respecto, la jurisprudencia contencioso administrativa ha identificado ciertos vicios4 que afectan la validez de la sentencia, los cuales fueron sintetizados en la sentencia de 31 de mayo de 20115, como pasa a exponerse:

En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de jurisdicción o competencia6, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta 7, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de

parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión8 o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación9.

de agosto de 2020, exp. 2011 -00052-01(47772), M.P. José Roberto Sáchica Méndez. Al respecto, se indicó que «en virtud del principio iura novit curia, cuando el demandante alega determinado régimen de imputación de responsabilidad -subjetivo u objetivo-, y el juzgador encuentra que es otro el que se ajusta a los hechos narrados en el libelo introductorio, puede, si así lo considera necesario, apartarse de aquél y aplicar el que considere correcto; sin que ello sea causal de rechazo de la demanda o de motivo para que se profiera un fallo inhibitorio; sin embargo, sea uno u otro el régimen de imputación procedente, los elementos que lo configuran deben aparecer plenamente demostrados en el plenario». 4 Al respecto, se pueden consultar, por ejemplo, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 11 de mayo de 1998, rad. REV -093; 18 de octubre de 2005, rad. 2000 -00239 y de 20 de octubre de 2009, Rad. REV -2003-00133. Consejo de Estado,

Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 11 de junio de 2009, rad. 836-06; y Sección Primera, sentencia de 14 de diciembre de 2009, rad. 2006-00123. 5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. 11001 -03-15-000-200800294-00, M.P. Mauricio Torres Cuervo. 6 “Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de diciembre de 1997, Rad. REV-080”. 7 “Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de mayo de 1998, Rad. REV-093”. 8 “Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección ‘A’, sentencia de 3 de febrero de 2009, Rad. REV-1998-00170”. 9 “Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de junio de 2005, Rad. REV-062”.7

Radicación número: 11001-03-26-000-2024-00113-00(71706)

Actor: Rosalía Lopera Moreno y otros

Se ha aceptado, además, que la violación del derecho al debido proceso, estatuido en el artículo 29 de la Constitución Política 10, genera la nulidad de la sentencia, conforme al razonamiento efectuado en ese sentido por la Corte Constitucional11 y en los específicos casos que ha identificado esta Corporación. Ello obedece a la necesidad de restringir el ejercicio de este mecanismo excepcional, en atención a la amplitud interpretativa del principio del debido proceso. Por vía jurisprudencial, se han reconocido los siguientes supuestos transgresores

Corporación. Ello obedece a la necesidad de restringir el ejercicio de este mecanismo excepcional, en atención a la amplitud interpretativa del principio del debido proceso. Por vía jurisprudencial, se han reconocido los siguientes supuestos transgresores del derecho al debido proceso: i) fallo inhibitorio; ii) ausencia de motivación; iii) transgresión del principio de la non reformatio in pejus ; iv ) condena contra un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; v) falta de competencia o jurisdicción; vi) decisión proferida en un proceso terminado por desistimiento, transacción o perención; v) no contar la decisión con el número de votos requerido para su aprobación, y vi) falta de congruencia por condena extra, ultra o infra petita.

En el caso que se analiza, el apoderado que representa a la parte activa sustent ó la existencia de una nulidad por violación del derecho al debido proceso en aspectos sustanciales, diferentes a los consagrados en el artículo 133 Código General del Proceso y en los escenarios que ha contemplado esta Corporación, por vía jurisprudencial. Ciertamente, la inconformidad frente al valor que se otorgó a las pruebas y el título aplicado en la sentencia cuestionada no encuadra en ninguna de las hipótesis de la causal de revisión invocada.

Como se advirtió desde el auto de inadmisión, en el marco d el recurso extraordinario de revisión no le está permitido al fallador entrometerse en la valoración probatoria o en la interpretación normativa efectuada por el juez natural o, en general, sobre el fondo del asunto y, consecuentemente, tampoco es la oportunidad para que las partes aclaren conductas que pudieron haber adoptado

valoración probatoria o en la interpretación normativa efectuada por el juez natural o, en general, sobre el fondo del asunto y, consecuentemente, tampoco es la oportunidad para que las partes aclaren conductas que pudieron haber adoptado durante el trámite del proceso ordinario.

En palabras de esta Corporación, «no se pueden discutir en él los asuntos de fondo (fuente de la mencionada relación), ni fiscalizarse las razones fácticas y jurídicas debatidas en el proceso que dio lugar al aparecimiento del fallo que se impugna 12; no resulta acertado plantear cuestionamientos a la sentencia, motivados en que se realizó una apreciación errada de las pruebas, en que no se aplicó una determinada

10 Al respecto, consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 26, sentencias de 3 de febrero de 2015, rad. 1998-00157-01(REV); de 1 de octubre de 2019, rad. 201700811-00(REV); y Sala Especial de Decisión No. 21, sentencia de 3 de diciembre de 2019, rad. 201401303-00(REV). 11 Ver sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-739 de 2001. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de octubre de 2005, exp. REV–173, M.P. María Elena Giraldo Gómez.8

Radicación número: 11001-03-26-000-2024-00113-00(71706)

Actor: Rosalía Lopera Moreno y otros

regla de derecho, en que se aplicó en forma indebida o en que se interpretó equivocadamente una norma jurídica, pues todas estas observaciones escapan al

Actor: Rosalía Lopera Moreno y otros

regla de derecho, en que se aplicó en forma indebida o en que se interpretó equivocadamente una norma jurídica, pues todas estas observaciones escapan al ámbito de la aludida causal. (…) En este trámite especial el juez no puede salirse de las causales invocadas en la demanda de revisión, ni buscar fundamentos diferentes a las mismas, cuando quiera que ellas se encuentren deficientemente estructuradas»13.

De acuerdo con lo expuesto, forzoso resulta rechazar la demanda toda vez que no se sustentó en debida forma la causal de revisión propuesta , ni resulta viable enmarcar el asunto en alguno de los escenarios que contempla esa causal, aún bajo la aplicación del principio pro actione.

Por lo anterior, se

RESUELVE:

Primero: Rechazar el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia de 2 de agosto del 202 3, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en atención a lo señalado en esta providencia.

Segundo: En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Tercera de la Corporación archívense las diligencias.

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Notifíquese y cúmplase

Firmado electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN

Magistrada

https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Notifíquese y cúmplase

Firmado electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN

Magistrada

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, exp. 35.221, M.P. Mauricio Fajardo Gómez; posición reiterada en sentencia de 15 de febrero de 2018, exp. 39906, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.