CE - Auto interlocutorio 11001032800020250000500

Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe

Demandado: José Joaquín Urbano Martínez Rad: 11001-03-28-000-2025-00005-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., doce (12) de mayo del dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad electoral Radicación: 11001-03-28-000-2025-00005-00

Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe Demandado: José Joaquín Urbano Martínez, magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia Tema: Excepciones previas. Fijación del litigio. Decisión sobre las pruebas.

Sentencia anticipada. Artículo 182A de la Ley 1437 del 2011, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 del 2021.

AUTO QUE RESUELVE EXCEPCIONES PREVIAS, FIJA EL LITIGIO, DECRETA

PRUEBAS Y DISPONE DICTAR SENTENCIA ANTICIPADA

Sería del caso fijar fecha para celebrar la audiencia inicial dentro del proceso de la referencia, de no ser porque se cumplen todos los requisitos para dictar sentencia anticipada, de conformidad c on lo preceptuado en el artículo 175 1 y el numeral 1° , literal c) del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011. Para ello, se deberá decidir de forma

anticipada, de conformidad c on lo preceptuado en el artículo 175 1 y el numeral 1° , literal c) del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011. Para ello, se deberá decidir de forma previa sobre la fijación del litigio, las excepciones, el decreto de pruebas y finalmente, se dispondrá el traslado para alegar de conclusión.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1.1.1. Pretensiones

1. El ciudadano Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, actuando en nombre propio y en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 del 2011, presentó demanda en la que solicitó que se declare la nulidad de (i) el Acuerdo 2444 del 24 de octubre del 2024, por medio de la cual se eligió al señor José Joaquín Urbano Martínez como magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, así como

(ii) de su acto de confirmación expedido el 21 de noviembre de 2024.

2. A su vez, pidió lo siguiente:

«Que se ORDENE a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia que, puesto que con la elección cuestionada se violaron los principios de paridad y equidad de género al interior de la Sala de Casación Penal y de paso se desconocieron los términos que la H. Corte Constitucional mediante la Sentencia C-134 de 20232 estableció para la segunda etapa, que se relaciona con la elección y designación de los magistrados y magistradas de las corporaciones mencionadas (entre ellas la Corte Suprema de Justicia), en virtud de la cual la equidad de género se aplicará

elección y designación de los magistrados y magistradas de las corporaciones mencionadas (entre ellas la Corte Suprema de Justicia), en virtud de la cual la equidad de género se aplicará de manera gradual y paulatina hasta lograr la paridad entre hombres y mujeres . Así, el trámite eleccionario deberá ser retomado desde el momento de la selección a partir de la lista de diez (10) elegibles, que muy juiciosamente el Consejo Superior de la Judicatura había elaborado, integrada mayoritariamente por seis (6) mujeres; o, en su defecto, que se retome el proceso desde la preselección de la lista de diez (10) elegibles para que se formule una lista de elegibles conformada sólo por mujeres y así, de las postuladas, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia elija a quien ocupará la vacante que dejó el Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa en la Sala de Casación Penal de la Corporación.

1 Modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021. 2 Apartado 789Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe

Demandado: José Joaquín Urbano Martínez Rad: 11001-03-28-000-2025-00005-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respecto de la modulación de los efectos de la declaratoria de nulidad , en la segunda propuesta, más allá de que se le ordene al Consejo Superior de la Judicatura dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.° de la Ley 581 de 2000 (por expresa remisión del literal c) del

propuesta, más allá de que se le ordene al Consejo Superior de la Judicatura dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.° de la Ley 581 de 2000 (por expresa remisión del literal c) del artículo 4.° del ACUERDO No. PSAA16-10553 del 4 de Agosto de 2016) y el literal d) del artículo 2.° del mentado ACUERDO, para que así se asegure la paridad y equidad de género en la conformación de lista -en términos formales-, sería conveniente en su lugar que se elabore y formule ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia una lista de diez (10) elegibles integrada única y exclusivamente por mujeres , a efectos de que se garantice, gradual y paulatinamente, la efectiva representación de las m ujeres al interior de la Sala de Casación Penal de la Corporación y se procure así asegurar la paridad y equidad de género -en términos materiales-.

Al respecto, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de la Sección Quinta, los fallos anulatorios pueden ser modulados por el juez de lo electoral cuando NO existe una norma que defina la manera de restablecer la actuación viciada».

1.1.2. Concepto de la violación

3. A juicio del actor se desconocieron los artículos 13, 16, 26, 40.7, 43, 209 y 231 de la Constitución Política de Colombia, 53B de la Ley 270 de 1996, el cual fue condicionado en su constitucionalidad por la sentencia C -134 del 2023 3. Así mismo, consideró que se desconoció la Ley 581 del 2000 y «las demás normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad», conforme se explica a continuación:

su constitucionalidad por la sentencia C -134 del 2023 3. Así mismo, consideró que se desconoció la Ley 581 del 2000 y «las demás normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad», conforme se explica a continuación:

4. El Consejo Superior de la Judicatura dictó el Acuerdo PCSJA24-12157 del 13 de marzo del 2024, que contiene la lista de cand idatos para suplir una vacante en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Just icia. Con dicho acto, se cumplió con los principios de paridad y equidad de género que se predican de las normas alegadas como desconocidas, ya que incluyó a un total de 6 mujeres y 4 hombres.

5. Su reproche se centra en la actuación del órgano elector, dado que aquel incumplió el deber que le impone la Constitución y la reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, según la cual, incluso en la etapa de selección de magistrados, debe alcanzarse la equidad de género y la paridad al interior de las altas cortes de manera gradual y paulatina.

6. La subrepresentación de las mujeres en la Corte Suprema de Justicia ha sido un patrón persistente, especialmente en la Sala de Casación Penal, que sólo ha contado con 4 magistradas en toda su historia y nunca ha tenido dos mujeres al mismo tiempo, por lo que:

«…, las selecciones recientes parecen seguir confirmando el pacto de exclusión implícito en ese dicho: Hoy solamente hay una (1) mujer en la Sala de Casación Penal (Myriam Ávila Roldán), porque en los últimos dos (2) años se abrieron cuatro (4) vacantes (de un total de nueve -9dicho: Hoy solamente hay una (1) mujer en la Sala de Casación Penal (Myriam Ávila Roldán), porque en los últimos dos (2) años se abrieron cuatro (4) vacantes (de un total de nueve -9magistrados) y todas se llenaron con varones. Urbano Martínez -aquí demandadofue el último en esta seguidilla de selecciones. Es decir, se ‘renovó’ casi la mitad de la Sala, sin mujeres, lo que contraría la orden impartida por la H. Corte Constitucional y del legislador estatutario, en el sentido de que gradual y paulatinamente se logre la equidad de género y la paridad al interior de las Altas Cortes que, en el sub examine, hace referencia a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia».

7. Hizo referencia a la sentencia C -134 del 2023, en la cual se declaró constitucional el artículo 20 que adiciona el artículo 53B a la Ley 270 de 1996, bajo el siguiente entendido:

(i) Que en la selección de integrantes del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia se aplicará también el criterio de equilibrio entre quienes provienen del ejercicio profesional, de la Rama Judicial y de la academia, consagrado en el artículo 231 de la Constitución; y

(ii) Que el criterio de equidad de género implicará asegurar por lo menos la paridad entre hombres y mujeres en la conformación de las respectivas corporaciones.

3 M.P. Natalia Ángel Cabo.Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe

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8. Indicó que con la reforma a la Ley Estatuaria de Administración de Justicia (Ley 2430 de 2024) se estableció un parámetro de participación equilibrada entre hombre y mujeres en el acceso a las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, y, considerando que la misma fue sancionada y posteriormente publicada el 9 de octubre del mismo año, aquel resultaba obligatorio y vinculante para la referida corporación al momento de adelantar el proceso electoral en el que resulto designado el demandado.

1.2. Trámite procesal relevante

1.2.1. Admisión

9. El 20 de enero del 2025, se admitió la demanda.

1.2.2. Contestaciones

10. Dentro de la oportunidad procesal dispuesta para el efecto 4, se presentaron las

siguientes intervenciones:

a) El demandado5

11. Actuando a través de su apoderada6, expuso lo siguiente:

Excepciones previas.

12. Ineptitud sustantiva de la demanda: de conformidad con los artículos 162, 163 y 166 de la Ley 1437 del 2011, se requiere que la demanda exprese con toda claridad el concepto de la violación, en tanto aquel constituye el marco jurídico del litigio que se pone de presente al juez y al mismo tiempo es una garantía al debido proceso de las partes.

13. En el escrito inicial, de manera general, se alegó el desconocimiento de la Ley 581 del

de presente al juez y al mismo tiempo es una garantía al debido proceso de las partes.

13. En el escrito inicial, de manera general, se alegó el desconocimiento de la Ley 581 del 2000; sin embargo, no se especificó qué artículo o conjunto de ellos fue el transgredido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Así mismo se indicó la infracción de «las demás normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad», sin indicar, específicamente, a qué instrumentos internacionales hace referencia.

14. Si bien el concepto de la violación se centra en el artículo 53B de la Ley 270 de 1996, también en otros apartados de la demanda se refiere al «53A», «lo cual genera confusión, y atenta contra el derecho de defensa y debido proceso, por cuanto el libelo introductorio impide discernir si el cargo único se está edificando sobre el artículo 53A o 53B ejusdem».

15. Indebida acumulación de pretensiones: el demandante elevó dos pretensiones que fueron planteadas como principales a saber: (i) la nulidad del acto de nombramiento y su confirmación y (ii) la de realizar nuevamente el proceso de elección a partir de la lista suministrada por el Consejo Superior de la Judicatura, sugiriendo para el efecto realizar un nombramiento de una mujer, o en su defecto que la lista de elegibles se conforme únicamente por dicho género.

16. El accionante incluye peticiones que no son propias del medio de control de nulidad electoral, como aquellas que buscan que la Cor te Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura lleven a cabo nuevamente el procedimiento bajo unos lineamientos específicos, las cuales están encaminadas a restablecer los derechos de las

electoral, como aquellas que buscan que la Cor te Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura lleven a cabo nuevamente el procedimiento bajo unos lineamientos específicos, las cuales están encaminadas a restablecer los derechos de las mujeres que participaron en el trámite de selección.

4 De conformidad con el informe secretarial de paso al despacho obrante en el índice 25 del sistema SAMAI. 5 SAMAI. Índice 19. 6 Abogada María Victoria Castaño Lemus identificada con la cédula de ciudadanía N.º 55.300.717 de Barranquilla y portadora de la tarjeta profesional 146.808 del C.S.J.Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe

Demandado: José Joaquín Urbano Martínez Rad: 11001-03-28-000-2025-00005-00

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17. Concluyó que con la solicitud se busca imp oner un condicionamiento específico a la autoridad electoral para el ejercicio de su competencia nominadora, situación que no se acompasa con la naturaleza del medio de control de nulidad electoral.

18. Caducidad: estima que la Ley 2430 d el 2024 es aplicable a la expedición del acto demandado, por lo que la demanda fue radicada por fuera del término de caducidad que consagra el numeral 2º del literal a) del artículo 164 de la Ley 1437 del 2011.

19. Lo anterior, porque en que la reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, específicamente, en su artículo 697, se modificó el artículo 1233 de la Ley 270 de

19. Lo anterior, porque en que la reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, específicamente, en su artículo 697, se modificó el artículo 1233 de la Ley 270 de 1996, eliminando el trámite de confirmación del nombramiento de los magistrados de las altas cortes.

20. Precisado esto, indicó que el término para la presentación oportuna de la demanda debió contabilizarse desde el día siguiente a la fecha en que se publicó el acto de nombramiento demandado, por lo que a partir de allí se tiene que la demanda se radicó por fuera del plazo de 30 días que dispone la norma procesal.

Excepciones de mérito:

21. «LOS ARGUMENTOS DEL CARGO ÚNICO FORMULADO NO GUARDAN CORRESPONDENCIA CON LA SUPUESTA TRASGRESIÓN DE LOS ARTÍCULOS 13, 16, 26, 40.7, 43, 209, y 231 SUPERIORES, LA LEY 581 DE 2000, Y «DEMÁS NORMAS QUE HACEN PARTE DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD»: mencionó el contenido de las normas antes referidas para señalar que de ninguna de ellas se deriva que la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de su facultad electoral, tenga como co nsideración principal para adoptar una decisión, la garantía de paridad y equidad de género en la integración de esa corporación judicial.

22. «AL ACTO ELECTORAL DEMANDADO NO LE ERA APLICABLE EL ARTÍCULO 53B DE LA LEY 270 DE 1996, POR LO CUAL NO RESULTABAN EX IGIBLES LAS CONSIDERACIONES PLANTEADAS EN LA SENTENCIA C -134 DE 2023» : el trámite

DE LA LEY 270 DE 1996, POR LO CUAL NO RESULTABAN EX IGIBLES LAS CONSIDERACIONES PLANTEADAS EN LA SENTENCIA C -134 DE 2023» : el trámite electoral se inició y desplegó conforme las reglas contenidas en la Ley 270 de 1996, antes de la entrada en vigencia de la Ley 2430 de 2024, por lo que considera que el artículo 53B no era exigible ni aplicable a su elección, lo anterior, en tanto la norma entró a regir hasta el 9 de octubre de 2024, y para esa fecha, ya se habían cumplido con cada una de las etapas del proceso, estando pendiente que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligiera al aspirante que ocuparía la vacante.

23. «EL ACTO ELECTORAL DEMANDADO OBSERVÓ EL ARTÍCULO 53B DE LA LEY 270

DE 1996 Y LAS CONSIDERACIONES POSTULADAS EN LA SENTENCIA C-134 DE 2023» indicó que la Corte Constitucional, al declarar su exequibilidad condicionada, no dispuso alguna especie de prelación entre los criterios de selección que allí se consagran, por lo que «no es cierto que la alta corporación determinó que la utilización o valoración del criterio de equidad y participación paritaria en las Altas Cortes implicaba que en las elecciones subsiguientes era imperativo que se eligiera exclusivamente a las mujeres como magistradas en las corporaciones judiciales para así lograr la paridad en los cuerpos colegiados».

7 Para proceder al nombramiento como titular en un empleo de funcionario en propiedad, el nominador deberá verificar previamente que reúne los requisitos y calidades para desempeñar el cargo, así como la inexistencia de inhabilidades o incompatibilidades para

7 Para proceder al nombramiento como titular en un empleo de funcionario en propiedad, el nominador deberá verificar previamente que reúne los requisitos y calidades para desempeñar el cargo, así como la inexistencia de inhabilidades o incompatibilidades para su ejercicio. Al efecto, el Consejo Superior o seccional de la Judicatura remitirá al nominador la lista de elegibles, que previo a efectuar el correspondiente nombramiento, deberá requerir al interesado los documentos con base en los cuales se acredita el cumplimiento de requisitos para el cargo y la declaración juramentada de no estar inhabilitado ni impedido moral o legalmente para el ejercicio del cargo, para lo qu e dispondrá de diez (10) días desde la solicitud . El nombramiento será comunicado al interesado dentro de los ocho días siguientes y este deberá aceptarlo o rehusarlo dentro de un término igual. Una vez aceptado el nombramiento, el interesado dispondrá de quince (15) días para tomar posesión del mismo. PARÁGRAFO. El término para la posesión en el cargo podrá ser prorrogado por el nominador por un término igual y por una sola vez, siempre que se considere justa la causal invocada y que la solicitud se formule antes del vencimientoDemandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24. «NO SE ACREDITÓ QUE EL ACTO DE ELECCIÓN DEMANDADO INFRINGIÓ EL ARTÍCULO 53B DE LA LEY 270 DE 1996, ADICIONADO POR EL ARTÍCULO 20 DE LA

www.consejodeestado.gov.co 24. «NO SE ACREDITÓ QUE EL ACTO DE ELECCIÓN DEMANDADO INFRINGIÓ EL ARTÍCULO 53B DE LA LEY 270 DE 1996, ADICIONADO POR EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 2430 DE 2024»: refirió que el acta 34 que contiene su elección como magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, no contiene algún elemento que permita inferir que los integrantes del órgano de elección no hubieren ponderado o considerado el criterio de «equidad de género».

25. Lo anterior, si se tiene en cuenta que de manera simultánea a la elección de la vacante del doctor Luis Antonio Hernández Barbosa se habían publicado otras cuatro ante el retiro de los magistrados Luis Alonso Rico Puerta, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Fernando Castillo

Cadena y Gerardo Botero Zuluaga.

26. Por lo expuesto señaló que: «no se descarta la posibilidad de que se hubiera optado por garantizar progresivamente la paridad de género en la Corporación, a través de las otras vacantes ofertadas. Por consiguiente, no se comparte que las pautas interpretativas fijadas por el tribunal constitucional en la sentencia C -134 de 2023 le exigieron a la Corte Suprema de Justicia que debían elegirse únicamente mujeres desde la entrada en vigencia de la Ley 2430 de 2024, sino que «paulatinamente», y «gradualmente» se rompería la brecha de género en las Altas Cortes».

27. Consideró que en el sub judice, le correspondía al actor «acreditar si en otras elecciones simultáneas se habría privilegiado el criterio de selección de la “equidad de género ” para dar

27. Consideró que en el sub judice, le correspondía al actor «acreditar si en otras elecciones simultáneas se habría privilegiado el criterio de selección de la “equidad de género ” para dar cumplimiento a las reglas de paridad , lo cual se ech a de menos en el concepto de violación desarrollado por el demandante, y en consonancia con las documentales aportadas con el libelo introductorio».

b) El presidente de la Corte Suprema de Justicia y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial -DEAJ-8

28. En un único escrito y a ctuando a través del mismo apoderado 9, las referidas autoridades se opusieron a la prosperidad de las pretensiones de la demanda , bajo las

siguientes consideraciones:

29. Extrañaron que la parte demandante en sus pretensiones, requiriera órdenes que se relacionan con las competencias del Consejo Superior de la Judicatura, como, por ejemplo, la confección de una lista de elegibles integrada exclusivamente por mujeres, cuando lo cierto es que no se pidió la integración de ese órgano en el extremo pasivo.

30. Señalaron que el nombramiento del demandado atendió todos los parámetros normativos exigibles10, en tanto: (i) recibida la lista de candidatos compuesta por el Consejo Superior de la Judicatura, se llevó el estudio de las hojas de vida y las entrevistas en audiencia pública a los diez candidatos; (ii) se sometió a deliberación las calida des y condiciones personales de los aspirantes y se procedió a la votación correspondiente y (iii) elegido el demandado se procedió a la comunicación, ace ptación y confirmación correspondientes.

31. La decisión cuest ionada en el presente medio de control, fue adoptada con

elegido el demandado se procedió a la comunicación, ace ptación y confirmación correspondientes.

31. La decisión cuest ionada en el presente medio de control, fue adoptada con fundamento en los artículos 113 y 228 de la Constitución, que reconocen la autonomía decisoria de la Corte Suprema de Justicia en estos asuntos, por lo que no sería procedente desconocer esas atribuciones.

32. Además, la Ley 2430 de 2024 entró a regir el 9 de octubre del 2024, por lo que sus disposiciones normativas, así como los condicionamientos que fueron señalados por la

8 Índice 21. Sistema SAMAI. 9 Alejandro Campos Pájaro, cédula de ciudadanía 8.851.306, tarjeta profesional 145.616 del Consejo Superior de la Judicatura. 10 Artículos 113,126, 228, 231, 234 y 235 superiores; 5, 15 a 17, 53, 85, 130, 131, 133, 150 y 151 de la Ley 270 de 1996 (sin la reforma de que trata la Ley 2430 de 2024); y 5.º, 6.º, 10, 38 a 42 y 59 del Acuerdo 2175 de 2023 –Reglamento General de la Corte

Suprema de Justicia-.Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe

Demandado: José Joaquín Urbano Martínez Rad: 11001-03-28-000-2025-00005-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Corte Constitucional en la sentencia C-134 del 2023, no le eran ap licables a la presente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Corte Constitucional en la sentencia C-134 del 2023, no le eran ap licables a la presente convocatoria pública que empezó el 12 de noviembre del 2023.

33. Explicaron el sistema de cooptación mixta que rige la integración de la corporación judicial, para indicar que conforme la Corte Constitucional11, no es factible obligar a la selección de uno u otro aspirante, o de personas pertenecientes a un determinado grupo, con fundamento en la existencia de una cuota determinada.

34. Del contenido de la Ley 581 del 2000, se extrae que no tiene como efecto la exclusión de los hombres que aparezcan en las listas de candidatos, dado que , en aquella, se «privilegió el interés general con la escogencia de cualquiera de los enlistados, siempre que se prefiera la opción que satisfaga de mejor manera –desde luego, debidamente acreditada– los requisitos de desempeño, sin importar su sexo (aunque buscando preferencia femenina), entre otros criterios».

35. La tesis que propone el demandante en su escrito, presenta más inquietudes que respuestas12, para referir que en el presente caso, la confección de una lista con un 60% de representación femenina, es el instrumento para materializar la paulatina y gradual paridad de género, «sin que ello desvirtúe la implementación de los principios constitucionales de publicidad, transparencia, participación ciudadana y criterios de mérito para la elección (este último que es el que particularmente reprocha el accionante), entre otros, que, valga decir, son

publicidad, transparencia, participación ciudadana y criterios de mérito para la elección (este último que es el que particularmente reprocha el accionante), entre otros, que, valga decir, son equiparables y/o del mismo nivel que el de equidad de género, como se explicará seguidamente».

36. Advirtieron que una lectura de la sentencia C -134 del 2023, permite colegir que la constitucionalidad condicionada del artículo 20 del entonces proyecto de ley estatutaria, no soslayó la independencia de la Corte Suprema de Justi cia, como órgano elector, para sopesar la diversidad de criterios que se ven involucrado s en el proceso de elección de magistrados.

37. De las excepciones presentadas se fijó aviso 13 y se corrió el traslado correspondiente14.

38. En el plazo anterior, el demanda nte se pronunció para señalar que su escrito inicial atendió todos los parámetros adjetivos y sustantivos de aptitud, tal y como fue descrito en el auto admisorio de la demanda, en tanto presentó la proposición jurídica completa entre los hechos y fundamen tos de derecho, todo ello, en relación con la decisión electoral demandada.

39. Respecto de la caducidad, señaló que, a pesar del argumento expuesto por la defensa, lo cierto es que en el presente asunto se adelantó el trámite de confirmación del nombramiento, que contó con el radicado 11001-02-30-000-2024-01478-00, cuya decisión definitiva se adoptó el 21 de noviembre del 2024 y, por lo tanto, el plazo para la interposición de la demanda debía de contabilizarse desde ese momento.

definitiva se adoptó el 21 de noviembre del 2024 y, por lo tanto, el plazo para la interposición de la demanda debía de contabilizarse desde ese momento.

40. En relación con la indebida escogencia del medio de control, señaló:

11 C-371 del 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 12 Señaló: i) en caso de que ninguna mujer se inscribiera a una convocatoria pública adelantada por el Consejo Superior de la Judicatura para confeccionar listas para que la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado elijan a sus miembro s, ¿daría lugar a declarar desierto el procedimiento electoral?; ¿habría que iniciarse uno nuevo convocando solo mujeres?, ¿los hombres tendrían que ser excluidos expresamente?, ¿la convocatoria tendría q ue fijar un nuevo requisito de « no ser varón »? Ahora, (ii) teniendo en cuenta que la Ley 2424 de 6 de septiembre de 2024 aumentó al 50% el porcentaje mínimo de inclusión de las mujeres en cargos públicos (estaba en el 30%), tratándose del Fiscal General de la Nación o el Auditor General de la República, ¿si dos (2) de los ternados es hombre, desconocería aquella cuota?, o ¿a partir de la entrada en vigor de esa norma, solo puede haber un hombre en la terna?; ¿cuál sería entonces la proporción exigible –y justa– para ternar caballeros y damas?, ¿tendría que a plicarse la fórmula histórica concebida por el Frente Nacional77 para, en este caso, alternar esos cargos entre hombres y mujeres cada período?; ¿esta última solución sería permitida y/o viable

la fórmula histórica concebida por el Frente Nacional77 para, en este caso, alternar esos cargos entre hombres y mujeres cada período?; ¿esta última solución sería permitida y/o viable social y l egalmente? Asimismo, (iii) bajo criterios de orienta ción sexual y/o identidad de género, ¿sería exigible la inclusión de personas lgtbiq+ (lesbianas, gays, transgéneros, transexuales, bisexuales, intersexuales, queer y el resto de identidades y orientaciones incluidas en el +) para ajustar las proporciones?, ¿ellas podrían reclamar cupos en igual proporción? 13 Índice 22. Sistema SAMAI. 14 Índice 23. Sistema SAMAI.Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe

Demandado: José Joaquín Urbano Martínez Rad: 11001-03-28-000-2025-00005-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co «que esa excepción NO puede ser declarada en procesos tramitados con base en el CPACA, pues es abiertamente incompatible con su espíritu según el cual, a diferencia del CCA, hay una única acción de lo contencioso administrativo y varios medios de control (Título III, arts. 135 a 148).

La «indebida escogencia» se predicaba de las acciones y, p or tanto, en un régimen procesal compuesto por una única acción NO podría declararse, tal como lo pretende equívocamente la apoderada del demandado. Además, el CPACA dotó a los jueces de una herramienta procesal tendiente a evitar sentencias inhibitorias por indebida escogencia pues, según el artículo

compuesto por una única acción NO podría declararse, tal como lo pretende equívocamente la apoderada del demandado. Además, el CPACA dotó a los jueces de una herramienta procesal tendiente a evitar sentencias inhibitorias por indebida escogencia pues, según el artículo 171, al proceso se «[…] le dará el trámite que le corresponda, aunque el deman dante haya indicado una vía procesal inadecuada […]» (énfasis del texto original).

41. En cuanto a la indebida acumulación de pretensiones, indicó que la postulación de la petición relacionada con la celebración de un nuevo proceso de elección no es un restablecimiento automático de derechos, sino una «propuesta metodológica» sobre los efectos de una eventual declaratoria de nulidad.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

91. De conformidad con lo establecido en el numeral 4° del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 del 2021 15 y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, modificado por el Acuerdo 434 del 2024 , esta Sección es competente para conocer y tramitar en única instancia el proceso de la referencia.

92. A su vez, la ponente es competente para dictar autos interlocutorios y de trámite, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 125, modificado por el artículo 2016 de la Ley 2080 de 2021 y 175 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el 38 de la Ley