CE - Auto interlocutorio 50001233300020160041101

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá, D.C., seis (06) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Número interno: 72.245

Radicación: 50001-23-33-000-2016-00411-01

Actor: Iván René Ariza Manrique y otros Demandado: Nación - Ministerio de Transporte y otros

Asunto: Reparación Directa

PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA-Solo proceden en los eventos del art. 212 CPACA. OPORTUNIDADES PROBATORIAS-Las pruebas deben solicitarse en las oportunidades señaladas en el CPACA.

El Despacho se pronuncia sobre la solicitud probatoria formulada por la Universidad Cooperativa de Colombia.

I. ANTECEDENTES

El 16 de junio de 20161, los señores Iván René Ariza Manrique y otros interpusieron demanda de reparación directa, para que se les indemnice por los perjuicios causados por la muerte de su hijo y hermano, Juan Sebastián Ariza Parra. La demanda se justifica en que la vía Villavicencio - Puerto López, donde ocurrió el accidente donde falleció el joven Ariza Parra , no contaba con señalización ni infraestructura adecuada para una vía nacional donde circula tránsito pesado. Se Afirmó que desde 2005 había un plan parcial de desarrollo expedido por el Municipio de Villavicencio, con ocasión de la construcción de una Sede de la Universidad Cooperativa de Colombia, donde se contempla ba a su vez, l a

Afirmó que desde 2005 había un plan parcial de desarrollo expedido por el Municipio de Villavicencio, con ocasión de la construcción de una Sede de la Universidad Cooperativa de Colombia, donde se contempla ba a su vez, l a construcción de un puente peatonal en la zona del accidente.

El 17 de octubre del 20242, el Tribunal Administrativo del Meta profirió sentencia de primera instancia, en donde accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, porque encontró probada la responsabilidad del Municipio de Villavicencio y la Universidad Cooperativa de Colombia, por la falta de adopción de medidas preventivas respecto de la construcción de un puente peatonal sobre esa vía. Medidas que habían sido ordenadas en el marco de una Acción Popular que

1 Cfr. SAMAI, índice 6 de primera instancia. Archivo: Incorpora Expediente Digitalizado (.pdf). Fls. 1-10. 2 Cfr. SAMAI, índice 14 de primera instancia.2 Expediente No. 72.245

Demandante: Iván René Ariza Manrique y otros Pruebas en segunda instancia

protegió los derechos colectivos de la comunidad «al goce del espacio público, a la realización de edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, y a la seguridad pública»3.

El 29 y 30 de octubre de 20244, los demandantes y el Municipio de Villavicencio presentaron recurso de apelación contra la sentencia referida5 y el 19 de noviembre de la misma anualidad, el Tribunal Administrativo del Meta concedió los recursos6.

El 3 de febrero de 20257, este Despacho admitió el recurso de apelación , decisión

de la misma anualidad, el Tribunal Administrativo del Meta concedió los recursos6.

El 3 de febrero de 20257, este Despacho admitió el recurso de apelación , decisión que se notificó por estado del 25 de febrero siguiente8.

El 28 de febrero 9, el apoderado de la Universidad Cooperativa de Colombia en calidad de parte demandada no apelante se pronunció sobre el recurso y solicitó la incorporación del expediente de la Acción Popular No. 50001-2331-000-2016-0000141, dado que e n el fallo apelado hace referencia reiterativamente a la acción popular. Afirmó que la solicitud e ra procedente, porque la decisión apelada se fundamentó en la «documental obrante» en dicha acción.

II. CONSIDERACIONES

1. De conformidad con el artículo 212 del CPACA, se tiene que las partes pueden pedir pruebas en segunda instancia. Su decreto procederá -únicamenteen los eventos allí previstos, esto es: (i) cuando las partes las pidan de común acuerdo;

(ii) cuando decretadas en primera instancia se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió; (iii) cuando versen sobre hechos ocurridos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia; (iv) cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia, por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la contraparte y (v) cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y 4.

3 Cfr. SAMAI, índice 6 de primera instancia. Archivo: Incorpora Expediente Digitalizado (.pdf). Fls. 30 y ss. 4 Cfr. SAMAI, índice 17 de primera instancia.

3 Cfr. SAMAI, índice 6 de primera instancia. Archivo: Incorpora Expediente Digitalizado (.pdf). Fls. 30 y ss. 4 Cfr. SAMAI, índice 17 de primera instancia. 5 Cfr. SAMAI, índices 19 y 20 de primera instancia. 6 Cfr. SAMAI, índice 22 de primera instancia. 7 Cfr. SAMAI, índice 3. 8 Cfr. SAMAI, índice 5. 9 Cfr. SAMAI, índice 10.3 Expediente No. 72.245

Demandante: Iván René Ariza Manrique y otros Pruebas en segunda instancia

Igualmente, por remisión del artículo 306 del CPACA, las pruebas también están sujetas al análisis de los presupuestos del artículo 168 del CGP. Es decir, deben ser lícitas, conducentes, pertinentes y útiles.

2. Como se mencionó previamente, en este caso, la Universidad Cooperativa de Colombia, solicitó la incorporación del expediente completo de la Acción Popular con radicado No. 50001-23-31-000-2006-00141-00, cuya sentencia de primera instancia se profirió el 26 de agosto de 2010, dado que fue un elemento que motivó la decisión del a quo.

3. Sobre el particular, se precisa que dicha parte no ofreció mayor argumentación para decretar la prueba solicitada. En consecuencia, este Despacho negará la solicitud, porque no se encuadra en los supuestos del artículo 212 del CPACA, como se verá a continuación.

3.1 De entrada, el Despacho descarta que se cumplan los supuestos de los numerales 1º, 2º, 3º y 5º de la norma citada por cuanto: i) no existe común acuerdo

como se verá a continuación.

3.1 De entrada, el Despacho descarta que se cumplan los supuestos de los numerales 1º, 2º, 3º y 5º de la norma citada por cuanto: i) no existe común acuerdo entre las partes para incorporar la prueba solicitada ; ii) dicha prueba fue decretada en primera instancia ; iii) no recae sobre hechos sobrevinientes ; iv) y con el expediente de la acción popular no se pretende controvertir pruebas incorporadas en esta instancia.

En ese orden de ideas, se continuará con el análisis de la solicitud a la luz de lo establecido en el numeral 4º del artículo 212 del CPACA, esto es , si la prueba solicitada en esta instancia no fue incorporada en su momento, por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

3.2 Se advierte que, el trámite de la Acción Popular referida terminó con sentencia del 26 de agosto de 2010 . Y a partir del 18 de diciembre de 2013, se dio trámite al incidente de desacato, derivado del incumplimiento de la sentencia10.

3.3 Ahora bien, de la revisión de las actuaciones del proceso ordinario, el Despacho concluye que, ninguna de las partes solicitó la incorporación del expediente de la referida Acción Popular ; aunque los demandantes, si aportaron en su momento el fallo de primera instancia proferido el 26 de agosto de 2010, junto al mencionado incidente de desacato y, en consecuencia , el Tribunal

10 Cfr. SAMAI, índice 6 de primera instancia. Archivo: Incorpora Expediente Digitalizado (.pdf). Fls. 30 y ss.4 Expediente No. 72.245

Demandante: Iván René Ariza Manrique y otros

10 Cfr. SAMAI, índice 6 de primera instancia. Archivo: Incorpora Expediente Digitalizado (.pdf). Fls. 30 y ss.4 Expediente No. 72.245

Demandante: Iván René Ariza Manrique y otros Pruebas en segunda instancia

Administrativo del Meta valoró dicha prueba documental , siendo ampliamente referida en el fallo de responsabilidad proferido el 17 de octubre del 2024.

3.4 Aunado a lo anterior, se pone de presente que la Universidad Cooperativa de Colombia, no acreditó dentro de la solicitud de pruebas en segunda instancia, que el expediente de la Acción Popular con radicado No. 50001-23-31-000-2006-0014100, no se hubiese incorporado en el trámite de primera instancia , por configurarse alguno de los presupuestos contemplados en el numeral cuarto del artículo 212 del CPACA, esto es, fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

4. Además de lo expuesto, se observa que en la sentencia objeto del recurso , se hace un recuento exhaustivo de las actuaciones de las entidades demandadas frente al cumplimiento de la sentencia de la Acción Popular del 26 de agosto de

2010. Así como que, en el recurso de apelación no se pretende desvirtuar el análisis que realizó el a quo sobre el particular.

Así las cosas, el Despacho considera que con lo que reposa en el expediente , es más que suficiente para determinar lo relevante sobre la acción popular en mención, de cara a los reparos planteados en el recurso de apelación.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud probatoria formulada por la parte demandadamención, de cara a los reparos planteados en el recurso de apelación.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud probatoria formulada por la parte demandadaUniversidad Cooperativa de Colombia, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Ejecutoriado el presente proveído, ingresar el expediente al Despacho para con el trámite procesal pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM BARRERA MUÑOZ

JMA/GLQ/VF5

Expediente No. 72.245

Demandante: Iván René Ariza Manrique y otros Pruebas en segunda instancia

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.

Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema SAMAI.