CE - Sentencia 11001031500020230763000

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 25

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07630-00

Sancionados: Diego Fernando Carmona Cardona y otro Origen: Procuraduría General de la Nación Referencia: Revisión automática de sanciones disciplinarias (Ley 1952 de 2019)

Temas: SANCIONES DE DESTITUCIÓN, SUSPENSIÓN E INHABILITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE ELECCIÓN POPULAR – La Procuraduría General de la Nación es competente para imponerlas. Reiteración de jurisprudencia. / REVISIÓN AUTOMÁTICA DE FALLOS DISCIPLINARIOS CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS DE ELECCIÓN POPULAR – Exige un examen integral, a la luz de las causales de nulidad de los actos administrativos , señaladas en el artículo 137 del CPACA, y de revisión, previstas en la Ley 2094 de 2021. / FALLOS DISCIPLINARIOS REVISADOS EN EL CASO CONCRETO– Fueron respetuosos del ordenamiento jurídico aplicable.

1. Como no existen pruebas por practicar en el presente asunto1, la Sala procede a la revisión automática de las sanciones dictadas en el marco del proceso disciplinario con radicado IUS 2016-124904 /IUC D-2016-75-847264, adelantado

a la revisión automática de las sanciones dictadas en el marco del proceso disciplinario con radicado IUS 2016-124904 /IUC D-2016-75-847264, adelantado por la Procuraduría General de la Nación en contra de los servidores públicos de elección popular de la referencia.

SÍNTESIS DEL CASO

2. Los señores Rodrigo Alberto Castrillón y Diego Fernando Carmona Cardona 2, en calidad de concejales del municipio de Armenia , fueron sancionados por la Procuraduría Regional del Quindío -en primera instancia - con destitución e inhabilidad general para el ejercicio de funciones públicas por 12 y 11 años, respectivamente; la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación -en segunda instancia-, modificó la sanción impuesta , por suspensión e inhabilidad especial por 6 y 5 meses, respectivamente. Los hechos que motivaron las sanciones antedichas giraron en torno a la elección y posesión de la personera municipal de Armenia para el período 2016-2020.

ANTECEDENTES

El inicio de la acción disciplinaria y la formulación de cargos

3. La actuación disciplinaria inició con queja presentada el 10 de marzo de 2016

por los señores Javier Andrés Angulo Gutiérrez, Néstor Fabián Herrera

1 La Corporación no estimó procedente su decreto oficioso, y ni los sujetos disciplinados ni la Procuraduría General de la Nación elevaron solicitud probatoria en sus respectivos pronunciamientos. 2 En adelante, también, los sancionados o discipl inados (cuando se haga referencia simultánea a ambos

General de la Nación elevaron solicitud probatoria en sus respectivos pronunciamientos. 2 En adelante, también, los sancionados o discipl inados (cuando se haga referencia simultánea a ambos sujetos).Radicación: 11001-03-15-000-2023-07630-00

Sancionados: Diego Fernando Carmona Cardona y otro Origen: Procuraduría General de la Nación Referencia: Revisión automática de sanciones disciplinarias (Ley 1952 de 2019)

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Fernández, Hernando José Mora, Orle y Ortegón, Gerson Obed Peña, Carlos Eduard Ovalle Morales y Luis Guillermo Agudelo Ramírez , concejales del municipio de Armenia para la época de los hechos3.

4. Según se narra en la queja, los sancionados, en su calidad de Presidente y Segundo Vicepresidente del cabildo municipal, respectivamente, desconocieron el procedimiento establecido en el Acuerdo n° 008 de 2014 (reglamento interno de la corporación) y en las Resoluciones n° 00465 de 2015 y 004 de 2016, para la elección del personero municipal , en tanto ambos sujetos: (i) propusieron y acompañaron una moción (que a la postre prosperó, por voto mayoritario) en la que se comisionó a la Mesa Directiva (que ellos mismos integraban) para que adelantara la fase final del concurso de méritos correspondiente, consistente en la realización de las entrevistas, la calificación de las mismas, la publicación de los resultados, la resolución de las reclamaciones que se presentaran y la conformación posterior de la lista de elegibles ; (ii) propusieron modificar el procedimiento para la calificación de las entrevistas ; (iii) corrigieron el puntaje

los resultados, la resolución de las reclamaciones que se presentaran y la conformación posterior de la lista de elegibles ; (ii) propusieron modificar el procedimiento para la calificación de las entrevistas ; (iii) corrigieron el puntaje asignado a la concursante Juliana Victoria Ríos Quintero para, al día siguiente, posesionar a la concursante Ángela Viviana López Bermúdez como personera municipal para el período 2016-2020, a pesar de que dicho acto debía realizarse ante la plenaria del cabildo. Se argumentó en la queja que tales actuaciones privaron a los restantes concejales de participar en la conformación de la lista de elegibles, lo que limitó su voto posterior, y supusieron un direccionamiento del proceso de selección.

5. Mediante auto del 15 de abril de 2016, la Procuraduría Regional del Quindío inició indagación preliminar en contra de los sujetos disciplinados 4.

Posteriormente, el 27 de enero de 2017 se dio apertura formal a la investigación5.

6. Por auto del 17 de mayo de 2019, la dependencia en mención, formuló pliego de cargos en contra de los disciplinados de la referencia, en el que se efectuaron 2 imputaciones: (i) al señor Rodrigo Alberto Castrillón, en calidad de Presidente de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Armenia , se le reprochó falta grave con culpa gravísima por infringir el artículo 34, numeral 2 de la Ley 734 de 20026, en concordancia con los artículos 171 de la Ley 136 de 1994 ; 31, literal A, numeral 8 del Acuerdo Municipal n° 08 de 2014 7; por presuntamente haber practicado, en forma irregular , la posesión de la señora Ángela Viviana López

numeral 8 del Acuerdo Municipal n° 08 de 2014 7; por presuntamente haber practicado, en forma irregular , la posesión de la señora Ángela Viviana López Bermúdez como Personera Municipal de Armenia, el día 20 de enero de 2016; (ii) a los señores Rodrigo Alberto Castrillón y Diego Fernando Cardona Carmona, en calidad de Presidente y Vicepresidente Segundo de la Mesa Directiva del

3 Folios 2 a 30 del cuaderno digital 1, visible en el índice 2 del aplicativo SAMAI. 4 Folios 88 y 89 del cuaderno digital 1, visible en el índice 2 del aplicativo SAMAI. 5 Folios 205 a 219 del cuaderno digital 3, visible en el índice 2 del aplicativo SAMAI. 6 “ARTÍCULO 34. DEBERES. Son deberes de todo servidor público: (…)

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función”.

7 “Artículo 31. Atribuciones del Concejo Pleno: El concejo municipal ejercerá las atribuciones previstas en las disposiciones normativas contenidas en los artículos 313 de la constitución política de 1991, 32 de la ley 136 de 1994 (modificado por el artículo 18 de la ley 1551 de 2012) y en las demás normas jurídicas pertinentes con sujeción al sistema de bancadas, Así las cosas, sus funciones concretas serán: A) Atribuciones Constitucionales del Concejo: son funciones constitucionales del concejo: (…) 8. Elegir personero y contralor municipal, y

sujeción al sistema de bancadas, Así las cosas, sus funciones concretas serán: A) Atribuciones Constitucionales del Concejo: son funciones constitucionales del concejo: (…) 8. Elegir personero y contralor municipal, y posesionarlos. (…)”Radicación: 11001-03-15-000-2023-07630-00

Sancionados: Diego Fernando Carmona Cardona y otro Origen: Procuraduría General de la Nación Referencia: Revisión automática de sanciones disciplinarias (Ley 1952 de 2019)

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Concejo Municipal de Armenia, se les endilgó falta gravísima dolosa, por infringir el artículo 48, numeral 61 de la Ley 734 de 2002 8, en concordancia con los artículos 1, inciso segundo del Decreto 2485 de 2014, y 159 de la Resolución n° 00465 de 201 510; por presuntamente haber realizado, en forma irregular , la calificación de las entrevistas a los aspirantes al cargo de Personero Municipal de Armenia, el día 6 de enero de 2016.

La decisión de primera instancia

7. Adelantadas las actuaciones correspondientes, mediante Fallo n° 09 del 3 de septiembre de 2020, la Procuraduría Regional del Quindío, dispuso: (i) declarar probados los cargos n° 1 y 2, formulados en contra del señor Rodrigo Alberto Castrillón, y sancionarlo con destitución e inhabilidad general de 12 años para el ejercicio de funciones públicas; (ii) declarar probado el cargo n° 2 formulado en contra del señor Diego Fernando Cardona Carmona , y sancionarlo con destitución e inhabilidad general de 11 años para el ejercicio de funciones

ejercicio de funciones públicas; (ii) declarar probado el cargo n° 2 formulado en contra del señor Diego Fernando Cardona Carmona , y sancionarlo con destitución e inhabilidad general de 11 años para el ejercicio de funciones públicas11.

8. Como sustento de su decisión, frente al primer cargo, señaló lo siguiente:

9. Contrario a lo sostenido por la defensa del señor Castrillón, no existe un v acío normativo en las disposiciones empleadas por la autoridad disciplinaria para sustentar la tipicidad de la conducta, pues tanto el artículo 177 de la Ley 136 de 1994 como el artículo 31, literal A, numeral 8 del Acuerdo n° 08 de 2014, señalan con claridad que la posesión del personero y el contralor municipal deb ía practicarse ante el concejo en pleno . Añadió que el hecho de que el acto de posesión no hubiese producido efectos -por razón de su revocación posteriorno desvirtuó la irregularidad cometida por el señor Castrillón , ni despojó a la conducta de ilicitud sustancial, pues para su comprobación se debía atender a la infracción del deber funcional de l investigado, consistente en el “desconocimiento de la función social que le incumbe al servidor público o al particular que cumple funciones públicas”.

10. En el caso concreto, prosiguió, los elementos probatorios demostraron de forma efectiva que el investigado en mención abusó de las funciones que ostentaba, dio posesión a la personera municipal de Armenia en contravía directa de la s disposiciones aplicables, desconoció la finalidad de esa normativa -garantizar la moralidad y la transparencia en el ejercicio de la función administrativa -,

dio posesión a la personera municipal de Armenia en contravía directa de la s disposiciones aplicables, desconoció la finalidad de esa normativa -garantizar la moralidad y la transparencia en el ejercicio de la función administrativa -, defraudó la autoridad atribuida a la plenaria del concejo y privó a los restantes cabildantes del conocimiento y participación en el acto de posesión.

11. De otro lado, en el apartado de culpabilidad afirmó que se encontraba acreditada en su modalidad gravísima por desatención elemental. Sostuvo para el efecto

8 “ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas las siguientes: (…) 61. Ejercer las funciones con el propósito de defraudar otra norma de carácter imperativo.” 9 “ARTÍCULO 15°. PRUEBAS A APLICAR, CARÁCTER Y PONDERACIÓN. Las pruebas o instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación del aspirante y establecer una clasificación de los mismos, respecto de las competencias y calidades requeridas para desempeñar con eficiencia las funciones y responsabilidades del cargo. La valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos; que respondan a criterios de objetividad e imparcialidad, con parámetros previamente establecidos.” 10 Folios 151 a 202 del cuaderno digital 7, visible en el índice 2 del aplicativo SAMAI. 11 Folios 2 a 73 del cuaderno digital 9, visible en el índice 2 del aplicativo SAMAI.Radicación: 11001-03-15-000-2023-07630-00

Sancionados: Diego Fernando Carmona Cardona y otro

Origen: Procuraduría General de la Nación

Sancionados: Diego Fernando Carmona Cardona y otro Origen: Procuraduría General de la Nación Referencia: Revisión automática de sanciones disciplinarias (Ley 1952 de 2019)

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que la situación -en apariencia - confusa para el disciplinado , tenía respuesta clara y precisa en la ley y el reglamento, normativa que debía estar en su esfera de conocimiento, con independencia de lo que otros servidores y asesores -por él consultadosconsideraran.

12. Señaló, a su vez, que no se acreditó la causal de exclusión de responsabilidad por error invencible alegado por el señor Castrillón, pues: (i) para el momento de ocurrencia de los hechos , había ostentado la calidad de concejal en períodos anteriores y, por ende, conocía plenamente el procedimiento para la posesión del personero municipal -y prueba de ese conocimiento la constituía su propia intervención en sesi ón plenaria del 23 de enero de 2016-; y (ii) la consulta elevada por el disciplinado a abogados de reconocida trayectoria, previo a desplegar el comportamiento censurado, no dotaba de invencibilidad al error alegado, pues bastaba una lectura juiciosa e integral del reglamento interno del concejo para concluir que la competencia para posesionar al personero municipal estaba atribuida a la plenaria de la corporación.

13. Finalmente encontró que, si bien la falta cometida había sido calificada como grave en el pliego de cargos, existía mérito para degradarla a falta leve, atendiendo al hecho de que no se acreditó perturbación del servici o ni se demostró una finalidad ilícita en los motivos determinantes del comportamiento,

grave en el pliego de cargos, existía mérito para degradarla a falta leve, atendiendo al hecho de que no se acreditó perturbación del servici o ni se demostró una finalidad ilícita en los motivos determinantes del comportamiento, todo lo cual, en los términos del artículo 44, numeral 5 de la Ley 734 de 2002 , contempla una sanción consistente en amonestación escrita.

14. En cuanto atañe al segundo cargo, arguyó el ente disciplinario lo siguiente:

15. Los criterios de objetividad e imparcialidad que rigieron la convocatoria al concurso público de méritos para la elección del personero municipal de Armenia para el período 2016-2020 constituyeron norma imperativa (conforme al Decreto n° 2485 de 2014 y la Resolución n° 00465 de 2015), y su inobservancia por parte de los disciplinados al momento de efectuar la calificación de los aspirantes entrevistados permitía tener por acreditado el elemento de tipicidad del cargo imputado. Esa inobservancia, refirió, se demostró con: (i) la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, confirmada en segunda instancia por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en las que se declaró la nulidad del acto de elección de la señora Ángela Viviana López Bermúdez como Personera Municipal; (ii) las pruebas practicadas, que acreditaron que el mecanismo adoptado para obtener el puntaje final de la prueba de entrevista fue variado de forma sorpresiva e intempestiva, pues en lugar de tener en cuenta la sumatoria de los valores asignados por los 3 miembros de la Mesa Directiva -como correspondía-, los disciplinados optaron por aplicar la regla de 2 votos

forma sorpresiva e intempestiva, pues en lugar de tener en cuenta la sumatoria de los valores asignados por los 3 miembros de la Mesa Directiva -como correspondía-, los disciplinados optaron por aplicar la regla de 2 votos favorables, sin un criterio matemático objetivo, razonable, transparente e igualitario; y (iii) el hecho de que, por esa modificación al método de calificación, se diera por ganadora a una persona que, si se hubiesen computado los puntajes de forma integral, habría obtenido un resultado inferior respecto de otro de los aspirantes.

16. En el apartado de la ilicitud sustancial señaló que los investigados, con su conducta, quebrantaron los principios rectores de la actividad administrativa del Estado, al desatender los principios de moralidad e imparcialidad que debíanRadicación: 11001-03-15-000-2023-07630-00

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observar al ejercer como evaluadores en el concurso de méritos para la elección del personero municipal de Armenia 2016-2020. Ese comportamiento, complementó, arrojó una sombra de duda sobre la confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados para verificar la capacidad y competencia de los participantes en la convocatoria , lesionando de forma sustancial la finalidad pública que la Mesa Directiva del concejo estaba llamada a cumplir.

17. En cuanto atañe al elemento subjetivo de la conducta reprochada, sostuvo que había mérito probatorio suficiente para considerar que la misma fue cometida a

pública que la Mesa Directiva del concejo estaba llamada a cumplir.

17. En cuanto atañe al elemento subjetivo de la conducta reprochada, sostuvo que había mérito probatorio suficiente para considerar que la misma fue cometida a título doloso, comoquiera que obraron con el conocimiento y voluntad de que, con la modificación del método de calificación de las entrevistas , excluirían el puntaje que asignara el tercer miembro de la Mesa Directiva -concejal Javier

Andrés Angulo Gutiérrez-.

18. Replicó las consideraciones vertidas respecto al primer cargo, para concluir que no se acreditó la causal de exclusión de responsabilidad por error invencible, alegada por los disciplinados.

19. Finalmente, el Despacho calificó la falta cometida como gravísima, en tanto la conducta reprochada -y acreditadase encuentra enunciada en el artículo 48 , numeral 61 de la Ley 734 de 2002 , esto es, “Ejercer las funciones con el propósito de defraudar otra norma de carácter imperativo ”, lo que, en los términos del artículo 44 ibidem, trae aparejado como sanción la destitución e inhabilitación general.

20. Para la dosimetría de la sanción impuesta, expuso: (i) el legislador otorgó al operador disciplinario un margen para la dosificación de la sanción de inhabilidad general que oscila entre 10 y 20 años, en función de los criterios agravantes que se configuren el caso concreto; (ii) respecto del señor Rodrigo Alberto Castrillón, en el asunto estudiado concurrieron los criterios agravantes consistentes en el conocimiento de la ilicitud -consagrado en el literal i) del artículo 47 ibidem-, y la

en el asunto estudiado concurrieron los criterios agravantes consistentes en el conocimiento de la ilicitud -consagrado en el literal i) del artículo 47 ibidem-, y la infracción de varias disposiciones disciplinarias -consagrado en el numeral 2 del mismo artículo-, razón por la cual se imponía aumentar en 2 años el término mínimo de inhabilidad -para un total de 12 años-; y (iii) en cuanto al señor Diego Fernando Cardona Carmona, solo concurrió el criterio agravante referido al conocimiento de la ilicitud, por lo que el término de inhabilidad general debía establecerse en 11 años.

El recurso de apelación

21. La defensa de los disciplinados apeló el fallo de primera instancia12, arguyendo, en resumen, que: (i) el despacho de primera instancia carecía de competencia para sancionarlos, pues en los términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos tal determinación solo podía ser adoptada por un juez penal;

(ii) no hay tipicidad frente al Cargo n° 2, pues no se reflejó en el fallo cual era la norma imperativa que se afirma desconocida; (iii) la sanción impuesta como consecuencia de encontrar acreditado el Cargo n° 2 fue adoptada bajo un régimen de responsabilidad objetiva, en tanto no existieron pruebas que demostraran el dolo imputado; y (iv) en caso de mantener la conclusión sobre la

12 Folios 79 a 114 del cuaderno digital 9, visible en el índice 2 del aplicativo SAMAI.Radicación: 11001-03-15-000-2023-07630-00

Sancionados: Diego Fernando Carmona Cardona y otro

12 Folios 79 a 114 del cuaderno digital 9, visible en el índice 2 del aplicativo SAMAI.Radicación: 11001-03-15-000-2023-07630-00

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responsabilidad de los investigados, debía revisarse la dosificación de la sanción, atendiendo al trato más favorable otorgado por el nuevo estatuto disciplinario (Ley 1952 de 2019) a la conducta reprochada en el Cargo n° 2.

La decisión de segunda instancia

22. Mediante Fallo del 5 de octubre de 2023, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento13 de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación dispuso, en segunda instancia 14: (i) confirmar parcialmente la decisión de primera instancia, en cuanto declaró la responsabilidad disciplinaria de los investigados; y (ii) modificar la sanción impuesta, por suspensión e inhabilidad especial por 6 meses -para Rodrigo Alberto Castrillóny 5 meses -para Diego

Fernando Cardona Carmona-.

23. En primer lugar, sostuvo que , en los términos del artículo 277, numeral 6 constitucional, las Leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021 , así como la sentencia C-030 de 2023, la Procuraduría General de la Nación está investida de potestad normativa para investigar, juzgar y sancionar a servidores públicos de elección

C-030 de 2023, la Procuraduría General de la Nación está investida de potestad normativa para investigar, juzgar y sancionar a servidores públicos de elección popular. Agregó que , e l Decreto 1851 de 2021 , expedido para garantizar la división de las etapas de instrucción y juzgamiento previstas en la referida Ley 2094, asignó a la Sala Disciplinaria de Juzgamiento la competencia para conocer de los recursos de apelación que se presenten contra las decisiones adoptadas contra servidores públicos de la referida naturaleza.

24. En segundo lugar, señaló que en el Cargo n° 2, por el que los disciplinados fueron sancionados con destitución e inhabilidad general, el fallador de primera instancia expuso de forma clara y explícita las normas imperativas quebrantadas, aplicables en la época de los hechos , así: (i) el artículo 1° del Decreto n° 2485 de 2014, que fijó las bases y pautas mínimas para adelantar el concurso de méritos, y en particular los criterios de objetividad e imparcialidad a los que debía sujetarse el concejo municipal; (ii) el artículo 15 de la Resolución n° 00465 de 2015, que estableció los lineamientos concretos de la convocatoria para la elección del personero municipal de Armenia para el período 2016-2020.

25. Al efecto, consideró el operador disciplinario de segunda instancia que la modificación de la metodología de calificación de las entrevistas, reemplazando la ponderación integral del puntaje asignado por la regla de las mayorías, supuso excluir la votación del tercer integrante de la Mesa Directiva, sin aplicación de un método técnico que permitiera determinar de forma objetiva e imparcial el orden

la ponderación integral del puntaje asignado por la regla de las mayorías, supuso excluir la votación del tercer integrante de la Mesa Directiva, sin aplicación de un método técnico que permitiera determinar de forma objetiva e imparcial el orden de elegibilidad de los postulantes, lo que a la postre derivó en que la candidata que había obtenido el mayor puntaje acumulado no resultara elegida para el cargo de personera municipal. Añadió que existió congruencia entre el reproche disciplinario efectuado en la imputación de cargos y el consignado en el fallo de primera instancia, de manera que el principio de legalidad , materializado en la adecuada tipificación de la falta enrostrada, fue respetado por el operador de primer grado.

13 En adelante, también, Sala Disciplinaria de Juzgamiento. 14 Folios 256 a 275 del cuaderno digital 9, visible en el índice 2 del aplicativo SAMAI.Radicación: 11001-03-15-000-2023-07630-00

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26. En tercer lugar, expuso que los medios de convicción que reposan en la actuación sancionatoria dieron cuenta de que los investigados exhibieron la firme intención de evadir los criterios de objetividad e imparcialidad a los que estaban sujetos en la práctica y calificación de las entrevistas, y en su lugar atendieron a otros, de naturaleza subjetiva, pese a la consciencia que les asistía sobre la ilicitud de su comportamiento , lo que confirmaba la comisión de la falta a título doloso.

otros, de naturaleza subjetiva, pese a la consciencia que les asistía sobre la ilicitud de su comportamiento , lo que confirmaba la comisión de la falta a título doloso.

27. Finalmente, en lo que respecta a la dosimetría de la sanción, sostuvo la Sala Disciplinaria de Juzgamiento que, efectivamente la Ley 1952 de 201915 incorporó la conducta por la que fueron sancionados los investigados, pero le otorgó un tratamiento punitivo más favorable pues, a diferencia de lo normado por el artículo 48, numeral 61 de la Ley 734 de 2002, la misma dejó de considerarse falta gravísima y pasó a ser una prohibición, constitutiva de falta grave -para el caso de los disciplinados-. En ese sentido, en aplicación de los criterios para la graduación de la sanción previstos en el Código General Disciplinario (artículos 50 y 51), consideró que frente a ambos investigados se acreditó el criterio agravante de conocimiento de la ilicitud, así como el atenuante referido a la ausencia de antecedentes y dispuso una sanción de suspensión y 6 meses de inhabilidad especial para el señor Rodrigo Alberto Castrillón; así como de 5 meses para el señor Diego Fernando Cardona Carmona.

Lo argumentado por los disciplinados de cara al trámite de revisión

28. En escrito radicado ante la Procuraduría General de la Nación el 13 de diciembre de 2023 16, el profesional del derecho que fungió como apoderado de los investigados en el trámite disciplinario, presentó escrito pronunciándose en torno a las sanciones impuestas , en el que consignó lo siguiente: (i) precisó que los

de 2023 16, el profesional del derecho que fungió como apoderado de los investigados en el trámite disciplinario, presentó escrito pronunciándose en torno a las sanciones impuestas , en el que consignó lo siguiente: (i) precisó que los argumentos que se esbozan en dicho documento no constituyen una restricción a alguna de las causales de revisión previstas por la Ley 2094 de 2021, pues en los términos de la sentencia C -030 de 2023, la revisión que corresponde adelantar al Consejo de Estado es integral y automática; (ii) sostuvo que en la actuación desplegada por el ente disciplinario no se demostró la configuración del dolo como elemento subjetivo del tipo en que se fundó la sanción impuesta; en particular , las consultas y gestiones desplegadas por los disciplinados en torno a la legalidad de las actuaciones que a la postre fueron censuradas por la Procuraduría, desvirtúan la existencia del elemento volitivo o, por lo menos, generan dudas sobre la intención de defraudar una norma de carácter imperativo que se afirma en los fallos que ahora se revisan ; (iii) la Procuraduría carece de competencia para suspender, destituir e inhabilitar a servidores públicos de elección popular, pues ello contraviene las normas de orden convencional, ratificadas por Colombia; y (iv) en el curso del proceso disciplinario se solicitó acoger el precedente fijado por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, pues en un caso de similares connotaciones, absolvió de responsabilidad a otros servidores públicos de elección popular, en aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

15 En adelante, también, CGD.

Vigilancia Administrativa, pues en un caso de similares connotaciones, absolvió de responsabilidad a otros servidores públicos de elección popular, en aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

15 En adelante, también, CGD. 16 Folios 296 a 310 del cuaderno digital 9, visible en el índice 2 del aplicativo SAMAI.Radicación: 11001-03-15-000-2023-07630-00

Sancionados: Diego Fernando Carmona Cardona y otro Origen: Procuraduría General de la Nación Referencia: Revisión automática de sanciones disciplinarias (Ley 1952 de 2019)

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Pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación

29. En escrito radicado el 5 de febrero de 2025 17, la Procuraduría General de la Nación18, por intermedio de su apoderada judicial, se pronunció en los siguientes

términos:

30. Señaló, en primer lugar, que el “recurso” de revisión procede siempre y cuando el servidor público de elección popular se encuentre en ejercicio de su cargo, pero el recurrente de be cumplir con una mínima carga argumentativa para exponer alguna de las causales establecidas en el artículo 238C de la Ley 1952 de 2019, situación que en este caso no se evidencia.

31. En segundo lugar, afirmó que las sanciones disciplinarias objeto del presente trámite cumplieron con los presupuestos de tipicidad, ilicitud sustancial, culpabilidad y proporcionalidad, en la medida que: (i) la tipicidad de la conducta reprochada al demandante en el pliego de cargos y en los fallos de primera

trámite cumplieron con los presupuestos de tipicidad, ilicitud sustancial, culpabilidad y proporcionalidad, en la medida que: (i) la tipicidad de la conducta reprochada al demandante en el pliego de cargos y en los fallos de primera instancia y de segunda instancia fue consistente; (ii) la conducta reprochada fue descrita, las normas vulneradas fueron determinadas y se realizó el ejercicio de subsunción típica; (iii) la conducta vulneró de manera sustancial los deberes que le asistían a los disciplinados , y se desconoció la finalidad que perseguía la normatividad por ellos d