CE - Sentencia 11001031500020250179600

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250179600
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01796-00

Demandante: Edwin Arnold Moreno Castiblanco y otra

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01796-00

Demandante: EDWIN ARNOLD MORENO CASTIBLANCO Y OTRA

Demandada: CORTE CONSTITUCIONAL

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POR FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – La Corporación Jurídica Guardianes de la Democracia no es la titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POR FALTA DE SUBSIDIARIEDAD – El accionante puede a cudir directamente a la Corte Constitucional para formular las nulidades y recusaciones alegadas / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES – La Corte Constitucional dio trámite a la solicitud del señor Edwin Arnold Moreno Castiblanco.

La Sala1 decide la acción de tutela instaurada por Edwin Arnold Moreno Castiblanco y la Corporación Jurídica Guardianes de la Democracia contra la Corte Constitucional.

I. ANTECEDENTES

La Sala1 decide la acción de tutela instaurada por Edwin Arnold Moreno Castiblanco y la Corporación Jurídica Guardianes de la Democracia contra la Corte Constitucional.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 26 de marzo de 20252, Edwin Arnold Moreno Castiblanco y la Corporación Jurídica Guardianes de la Democracia instauraron acción de tutela contra la Corte Constitucional, a fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a «la participación ciudadana en el control de constitucionalidad». En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:

(…) 2. Se declare la nulidad de todas las actuaciones procesales adelantadas en el expediente D-15989 a partir del 16 de septiembre de 2024, por haberse vulnerado las garantías procesales relacionadas con la tramitación de los impedimentos y recusaciones, así como por la omisión de valoración del memorial radicado el 19 de marzo de 2025.

1 Se advierte que el 8 de abril de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente , para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 2 Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01796-00

Demandante: Edwin Arnold Moreno Castiblanco y otra

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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3. Se ordene a la Corte Constitucional emitir un pronunciamiento expreso y de fondo

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3. Se ordene a la Corte Constitucional emitir un pronunciamiento expreso y de fondo sobre la solicitud radicada con número ECC -2025-002639, respetando el derecho fundamental de contradicción y participación ciudadana.

4. Se ordene el apartamiento inmediato del [m]agistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar del conocimiento del expediente D-15989, garantizando el principio de imparcialidad en el trámite de la demanda de inconstitucionalidad.

2. Adicionalmente, como medid a provisional, solicitaron la suspensión inmediata de l trámite de control de constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024 —mediante la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común—.

3. De la demanda de tutela, se extraen los siguientes hechos y argumentos jurídicamente

relevantes:

4. El señor Moreno Castiblanco formuló recusación contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, dentro del mencionado trámite de control de constitucionalidad.

5. La recusación se sustentó en los motivos transcritos a continuación:

(i) [L]a militancia previa del [m]agistrado Ibáñez en el Partido Conservador Colombiano, (ii) su elección respaldada mayoritariamente por sectores políticos de oposición al actual Gobierno Nacional, y (iii) pronunciamientos públicos que evidencian un concepto previo respecto a la constitucionalidad de aspectos esenciales de la reforma pensional.

6. A través del auto 282 del 6 de marzo de 2025, la Sala Plena de la Corte Constitucional

evidencian un concepto previo respecto a la constitucionalidad de aspectos esenciales de la reforma pensional.

6. A través del auto 282 del 6 de marzo de 2025, la Sala Plena de la Corte Constitucional rechazó la recusación por impertinente, debido a la falta de legitimación en la causa por activa del señor Moreno Castiblanco.

7. El 19 de marzo siguiente, este reiteró la recusación , reforzó su motivación , aportó pruebas adicionales y solicitó la nulidad de las actuaciones efectuadas desde el 16 de septiembre de 2024. A la fecha de la presenta ción de la acción de tutela, la Corte Constitucional no había proferido una respuesta sustancial al respecto.

8. Expuesto lo anterior, la Corporaci ón Jurídica Guardianes de la Democracia se identificó como coadyuvante del señor Moreno Castiblanco.

B. Trámite impartido e intervenciones

9. Mediante auto del 28 de marzo de 20253, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela y ordenó notificar, como demandados, al presidente, a la vicepresidenta y a la secretaria general de la Corte Constitucional. Igualmente, denegó la medida provisional solicitada por la parte accionante.

3 Samai, índice 4.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01796-00

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10. La vicepresidenta de la Corte Constitucional corroboró los hechos expuestos en la

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10. La vicepresidenta de la Corte Constitucional corroboró los hechos expuestos en la demanda de tutela4 y agregó que el auto 282 del 6 de marzo de 2025 se fundamentó en que el señor Moreno Castiblanco y otro recusante «no concretaron su interés dentro del proceso, por cuanto no intervinieron como impugnadores o defensores de la norma sometida a control constitucional». Adicionalmente, indicó que el magistrado Miguel Polo Rosero avocó conocimiento del escrito del 19 de marzo de 2025 e informó que este debía tramitarse bajo las reglas de las recusaciones.

11. Debido a lo anterior, la vicepr esidenta adujo que la solicitud del señor Moreno Castiblanco fue sometida a trámite y, por ende, la Corte Constitucional no incurrió en una conducta omisiva, poco diligente o inoportuna ni, en consecuencia, vulneró los derechos fundamentales del señor Moreno Castiblanco. Por consiguiente, solicitó negar la solicitud de amparo en relación con él.

12. De otra parte, solicitó declarar la improcedencia de la acción frente a la Corporación Jurídica Guardianes de la Democracia, debido a su falta de legitimación en la causa por activa, debido a que no presentó la solicitud presuntamente desatendida.

II. CONSIDERACIONES

C. Competencia

13. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991,

proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Problema jurídico

14. La Sala determinará si la acción de tutela instaurada por Edwin Arnold Moreno Castiblanco y la Corporación Jurídica Guardianes de la Democracia es procedente. En caso afirmativo, también establecerá si los derechos fundamentales de uno y otra fueron vulnerados por la Corte Constitucional, por no haber atendido la solicitud de recusación y de nulidad presentada el 19 de marzo de 2025.

E. Análisis de la Sala

Improcedencia de la acción en relación con la Corporación Jurídica Guardianes de la Democracia

15. Según el primer inciso del artículo 86 de la Constitución, toda persona podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales.

4 Samai, índice 8.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01796-00

Demandante: Edwin Arnold Moreno Castiblanco y otra

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16. Lo anterior, de acuerdo con la Corte Constitucional5, implica que el amparo debe ser solicitado por el titular de los derechos presuntamente vulnerados. En otras palabras, ha de ser reclamado por quien posea legitimación en la causa por activa.

16. Lo anterior, de acuerdo con la Corte Constitucional5, implica que el amparo debe ser solicitado por el titular de los derechos presuntamente vulnerados. En otras palabras, ha de ser reclamado por quien posea legitimación en la causa por activa.

17. Ahora, tanto en la demanda de tutela como en su contestación , se indicó que l a solicitud de recusación y de nulidad presuntamente desatendida fue prese ntada por Edwin Arnold Moreno Castiblanco —no por la Corporación Jurídica Guardianes de la

Democracia—.

18. La falta de pronunciamiento frente a esa solicitud, precisamente, constituye la causa de la acción de tutela. En consecuencia, aunque el amparo constitucional se demandó en favor del señor Moreno Castiblanco y de la Corporación de manera indistinta, lo cierto es que los únicos derechos fundamentales cuya vulneración se discute son los de aquel —quien, se reitera, presentó la solicitó la recusación y de nulidad—.

19. Así las cosas, la Corporación Jurídica Guardianes de la Democracia carece de legitimación en la causa por activ a, debido a lo cual la acción de tutela resulta improcedente con respecto a ella.

20. Finalmente, es necesario advertir que, aunque dicha corporación se identificó como coadyuvante, no expuso ninguna circunstancia de la cual se infiera su interés legítimo en el asunto, lo cual, en virtud de lo establecido en el artículo 13 del Decreto 2591 de 19916, constituye una exigencia para admitir la coadyuvancia en el trámite de tutela . Así, ni siquiera puede aceptarse su intervención en la calidad aludida.

Improcedencia de la acción frente a las pretensiones de nulidad y «apartamiento»

constituye una exigencia para admitir la coadyuvancia en el trámite de tutela . Así, ni siquiera puede aceptarse su intervención en la calidad aludida.

Improcedencia de la acción frente a las pretensiones de nulidad y «apartamiento» del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar

21. La acción de tutela tiene un carácter subsidiario, motivo por el cual , de conformidad con el numeral 1° del artículo 6° del Decreto Ley 2591 de 1991, resulta improcedente ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, salvo que estos no sean eficaces o idóneos, o que sea necesario evitar la concreción de un perjuicio irremediable7.

22. Ahora, el señor Moreno Castiblanco solic itó que se declare la nulidad de lo actuado 16 de septiembre de 2024 en el trámite de control abstracto de constitucionalidad D15989.

5 Sentencia T-406 de 2017. 6 Según el inciso primero de dicho artículo «[q]uien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud». 7 En la sentencia T-1190 de 2004, la Corte Constitucional explicó que, para concluir que un perjuicio es irremediable, debe verificarse «(i) que sea inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) que sea grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) que las medidas que se requieren para conjurar el

suceder prontamente; (ii) que sea grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) que las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) que la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad». (Énfasis añadido).Radicado: 11001-03-15-000-2025-01796-00

Demandante: Edwin Arnold Moreno Castiblanco y otra

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23. La Sala advierte que en el artículo 49 del Decreto Ley 2067 de 1991 se contempló la posibilidad de formular nulidades en los procesos tramitados por la Corte Constitucional.

En consecuencia, el accionante cuenta con un mecanismo de defensa judicial distinto a la acción de tutela para presentar su reclamo frente a lo actuado desde 16 de septiembre de 2024 en el trámite de control de constitucionalidad aludido.

24. Por otro lado, el señor Moreno Castiblanco solicitó que se ordene el «apartamiento» inmediato del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar del mismo trámite.

25. Sobre el particular, es necesario aclarar que el apartamiento de un funcionario judicial respecto de un asunto es la consecuencia de la aceptación de una recusación formulada en su co ntra. En este sentido , la solicitud del accionante constituye, en realidad, una recusación contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar.

respecto de un asunto es la consecuencia de la aceptación de una recusación formulada en su co ntra. En este sentido , la solicitud del accionante constituye, en realidad, una recusación contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar.

26. Ahora, en el Decreto Ley 2067 de 1991 8 también se contempló la posibilidad de formular recusaciones en los procesos tramitados por la Corte Constitucional, de modo que el accionante cuenta con un mecanismo distinto a la acción de tutela para solicitar el apartamiento del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar del trámite de control d e constitucionalidad ya referido.

27. En suma, las solicitudes de nulidad y de «apartamiento» pueden ser formuladas por una vía distinta a la acción de tutela: directamente ant e la Corte Constitucional, en el trámite de control abstracto de constitucionalidad D-15989, peticiones que, desde luego, estarán siempre sujetas a la verificación que realice el juez natural de la causa sobre aspectos cruciales, como lo es la legitimación para presentarlas.

Ausencia de vulneración de derechos fundamentales por la falta de respuesta de la solicitud de recusación y de nulidad presentada el 19 de marzo de 2025

28. A juicio del señor Moreno Castiblanco, la Corte Constitucional vulneró sus derechos fundamentales porque, a la fecha de la presentación de la acción de tutela, no ha resuelto la solicitud de recusación y de nulidad presentada el pasado 19 de marzo.

29. Para pronunciarse al respecto, la Sala tomará en consideración que los documentos obrantes el expediente D-15989, disponible en el sitio web de la Corte Constitucional9,

demuestran:

29. Para pronunciarse al respecto, la Sala tomará en consideración que los documentos obrantes el expediente D-15989, disponible en el sitio web de la Corte Constitucional9,

demuestran:

30. Primero: que, el 20 de marzo de 2025, la Secretaría General de la Corte Constitucional informó a sus respectivos magistrados sobre la solicitud de recusación y de nulidad del señor Moreno Castiblanco.

8 Artículos 25, 26 y 28.

9 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01796-00

Demandante: Edwin Arnold Moreno Castiblanco y otra

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31. Segundo: que, con posterioridad a esa fecha, la Corte recibió ocho solicitudes más dentro del trámite de constitucionalidad referenciado.

32. En virtud de lo anterior, se colige lo siguiente:

33. Por un lado, la Corte Constitucional dio trámite a la solicitud de nulidad y recusación al día siguiente de su presentación, lo cual da cuenta de un obrar diligente y, consecuentemente, impide atribuirle una vulneración de los derechos fundamentales del accionante en cuanto a la atención inicial del asunto.

34. De otro, ese alto tribunal tiene pendiente la resolución de ocho solicitudes adicionales a la del accionante, dentro de un trámite que posee una complejidad especial, no sólo por su objeto —el control abstracto de constitucionalidad —, sino porque demanda la intervención de la totalidad de los magistrados de la corporación e involucra un asunto

a la del accionante, dentro de un trámite que posee una complejidad especial, no sólo por su objeto —el control abstracto de constitucionalidad —, sino porque demanda la intervención de la totalidad de los magistrados de la corporación e involucra un asunto de gran trascendencia social : la reforma pensional introducida a través de la Ley 2381 de 2024. Por todo ello, es apenas razonable que la solicitud del 19 de marzo de 2025 no hubiera sido resu elta de forma inmediata , como lo pretendía el señor Moreno Castiblanco, quien instauró la acción de tutela el 26 de marzo siguiente, es decir, a los cinco días hábiles de haber presentado dicha solicitud.

35. En línea con lo explicado, se concluye que la Corte Constitucional no vulneró los derechos fundamentales del accionante , motivo por el cual se negará el amparo deprecado en relación con la pretensión aludida.

36. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela frente a la Corporación Jurídica Guardianes de la Democracia , y en relación con las pretensiones de nulidad y «apartamiento» del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar , respecto del trámite de control de constitucionalidad D-15989, por lo razonado en las consideraciones.

SEGUNDO. Negar el amparo deprecado respecto de la solicitud de recusación y de nulidad presentada el 19 de marzo de 2025, conforme a lo señalado en la parte motiva.

SEGUNDO. Negar el amparo deprecado respecto de la solicitud de recusación y de nulidad presentada el 19 de marzo de 2025, conforme a lo señalado en la parte motiva.

TERCERO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01796-00

Demandante: Edwin Arnold Moreno Castiblanco y otra

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente MARÍA ADRIANA MARÍN Firmado electrónicamente

FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

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