CE - Sentencia 11001031500020250417301
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250417301
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C, veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-04173-01
Accionante: SOCIEDAD INVERTRAC S.A.
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Tutela contra providencia judicial . Medio de control de nulidad y restablecimiento del derech o en el que se rechazó la demanda .
Defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial. Requisito de relevancia constitucional
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la sociedad Invertrac S.A. , quien actúa a través de apoderado judicial, contra la sentencia de 3 de septiembre de 2025, dictada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que negó las pretensiones de la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 4 de julio de 2025, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 4 de julio de 2025, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. Que se ampare el derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la justicia de
INVERTRAC S.A.
2. Que se deje sin efectos el Auto Interlocutorio No. 264 del 20 de junio de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
3. Que se ordene al Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Cali admitir y tramitar la demanda presentada por INVERTRAC S.A.
4. Como medida provisional , se solicita la suspensión de los efectos del Auto Interlocutorio No. 264 de 2025 mientras se resuelve de fondo la presente acción de tutela, a fin de evitar un perjuicio irremediable”.
2. Hechos
La sociedad accionante relató que el 24 de junio de 2024 presentó demanda contra el Distrito Especial de Santiago de Cali, en ejercicio del medio de control de nulidadRadicado: 11001-03-15-000-2025-04173-01
Demandante: Sociedad Invertrac S.A.
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2 y restablecimiento del derecho, con el fin que se declarara la nulidad de la
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2 y restablecimiento del derecho, con el fin que se declarara la nulidad de la Resolución no. 4131.040.21.1.0045 de 15 de febrero de 2024, mediante la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución no. 4131.041.21.1 de 8 de m arzo de 2023, y de la liquidación oficial de revisión contenida en la Resolución no. 4131.041.21.1 de 8 de marzo de 2023.
Manifestó que a título de restablecimiento del derecho pidió que se dispusiera la firmeza de la declaración de impuesto de industria y comercio presentada por la sociedad por el año gravable 2019, a través del formulario no. 000700546665 de 30 de julio de 2020.
Refirió que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 1 mediante auto interlocutorio no. 240 de 24 de julio de 2024 inadmitió la demanda , al considerar que la parte demandante debía acreditar el envío de la demanda con sus anexos a la parte demandada, teniendo en cuenta que no había manifestado desconocer la dirección electrónica de la parte demandada. En consecuencia, le concedió el término de 10 días para que realizara la estimación razonada de la cuantía, aportara los actos demandados, la constancia de la notificación y aportara los demás medios de prueba.
Agregó que la sociedad subsanó la demanda de forma oportuna, sin embargo, precisó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió el auto interlocutorio no. 350 de 24 de octubre de 2024, mediante el cual declaró la falta de
Agregó que la sociedad subsanó la demanda de forma oportuna, sin embargo, precisó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió el auto interlocutorio no. 350 de 24 de octubre de 2024, mediante el cual declaró la falta de competencia para tra mitar el asunto en razón a la cuantía, por lo que remitió el asunto al Juzgado Administrativo del Circuito de Cali (reparto).
Señaló que el proceso le correspondió por reparto al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cali, que mediante decisión de 22 de enero de 2025 resolvió rechazar la demanda presentada por la sociedad, en tanto se configuró el fenómeno jurídico de la caducidad de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), al considerar que el plazo de cuatro meses para interponer la demanda se debía contar a part ir del día siguiente a la notificación personal de la Resolución 4131.040.21.1.0045 de 15 de febrero de 2024, lo cual ocurrió en la misma fecha de su expedición. Por lo tanto, agregó que el Juzgado concluyó que el término para ejercer el medio de control venció el 16 de junio de 2024, pero como correspondía a un día inhábil, el vencimiento de dicho término se corrió hasta el 17 de junio de 2024.
Mencionó que contra la anterior determinación presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en providencia de 20 de junio de 2025, mediante la cual confirmó el auto interlocutorio de 22 de
Mencionó que contra la anterior determinación presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en providencia de 20 de junio de 2025, mediante la cual confirmó el auto interlocutorio de 22 de enero de 2025 proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cali que rechazó la demanda por configurarse la caducidad del término para interponerla, al estimar que la misma fue presentada de manera extemporánea el 24 de junio de 2024, toda vez que la resolución demandada fue notificada a la parte demandante el 15 de febrero de 2024, por lo que el plazo para hacer uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho venció el 17 de junio de 2024.
1 Radicado no. 76001-33-33-007-2024-00266-01.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04173-01
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3 Finalmente, refirió que el auto que confirmó el rechazó de la demanda “ sostuvo erróneamente que la disposición del artículo 566 -1 E.T. no es aplicable en sede jurisdiccional, ignorando que esta norma regula la firmeza de los actos administrativos tributarios y, por tanto, impacta directamente el momento en que inicia el térmi no de caducidad conforme al artículo 164 numeral 2 literal d) del
CPACA”.
3. Fundamentos de la acción
administrativos tributarios y, por tanto, impacta directamente el momento en que inicia el térmi no de caducidad conforme al artículo 164 numeral 2 literal d) del
CPACA”.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora manifestó que se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales. En relación con el requisito de subsidiariedad, precisó que “no procede recurso de revisión porque el rechazo no es sentencia ni genera cosa juzgada material. La tutela es el único mecanismo disponible”.
En relación con el requisito de inmediatez, la parte actora indicó que la decisión objetada fue proferida el 20 de junio de 2025, por lo que se cumple con el plazo razonable de los seis meses para interponer la acción de tutela.
En lo que atañe a las causales especiales de procedibilidad explicó que en la decisión objetada se configuró un defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial . Respecto del defecto sustantivo , precisó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca realizó una interpretación “restrictiva y formalista de los términos de caducidad para la presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, ignorando normas expresas del ordenamiento jurídico especial tributario y del régimen excepcional de notificaciones por medios electrónicos”.
Señaló que el artículo 566 -1 del Estatuto Tributario estableció que cuando las notificaciones se realiza n por medios electrónicos, los términos para los contribuyentes com ienzan a contarse cinco días hábiles después del envío del mensaje al correo electrónico y , en ese sentido, resaltó que la autoridad judicial accionada ignoró esa norma especial, pues computó los términos a partir del día
contribuyentes com ienzan a contarse cinco días hábiles después del envío del mensaje al correo electrónico y , en ese sentido, resaltó que la autoridad judicial accionada ignoró esa norma especial, pues computó los términos a partir del día siguiente al recibo del mensaje “ desconociendo el margen legal expresamente concedido por el legislador tributario para garantizar el principio de confianza legítima, seguridad jurídica y debido proceso”.
Adicionalmente, sostuvo que la providencia cuestionada desconoció el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, la cual regula las notificaciones judiciales por medios electrónicos en sede contencioso administrativa, toda vez que en dicha disposición se señala que la notificación personal se entiende surtida dos días hábiles siguientes al envío del correo salvo constancia de apertura previa.
Concluyó que “la exclusión de estas normas especiales configura un defecto sustantivo en la medida en que el operador judicial omite aplicar el bloque de legalidad vigente y relevante al caso concreto. Se trata de un desconocimiento del principio de legalidad en su dim ensión material, pues se desatiende el contenido normativo imperativo que debe guiar la interpretación de los plazos procesales en contextos electrónicos”.
Ahora bien, en cuanto al desconocimiento del precedente judicial, la parte actora afirmó que la Corte Constitucional en la sentencia C -420 de 2020 señaló que lasRadicado: 11001-03-15-000-2025-04173-01
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4 reglas procesales debían interpretarse bajo principios de razonabilidad, garantismo y acceso efectivo a la justicia, y que los cambios en la forma de notificación derivados del “estado de emergencia” exigían criterios de interpretación garantista.
Asimismo, sostuvo que la sentencia T-324 de 2021 dispuso que “en escenarios de virtualización forzada, los jueces deben evitar un uso formalista de las reglas procesales que impidan el ejercicio pleno de los derechos de defensa”, por lo tanto, al desconocer la aplicación del artículo 566 -1 del Estatuto Tributario representaba un retroceso frente a los avances normativos y jurisprudenciales en materia de garantía procesal.
Por último, indicó que “en el ámbito estrictamente judicial, la Ley 2213 de 2022 (que convirtió en permanentes muchas de las reglas del Decreto 806 de 2020) establece en su artículo 8º que cuando la notificación personal se realiza por correo electrónico, esta se entiende surtida dos (2) días hábiles después del envío del mensaje, salvo que haya acuse de recibo o constancia de lectura anterior. En este caso, el mensaje fue enviado y recibido el 15 de febrero de 2024. En ausencia de constancia de apertura anticipada, los dos días hábiles posteriores corresponden al 16 y 19 de febrero, por lo que la notificación se entendió surtida el martes 20 de febrero de 2024. El término para presentar la demanda inició entonces el miércoles
constancia de apertura anticipada, los dos días hábiles posteriores corresponden al 16 y 19 de febrero, por lo que la notificación se entendió surtida el martes 20 de febrero de 2024. El término para presentar la demanda inició entonces el miércoles 21 de febrero de 2024, y el plazo de cuatro meses vencía el 21 de junio de 2024. Por tanto, incluso bajo el régimen general de notificación judicial, la demanda presentada el 21 de junio fue tempestiva”.
4. Oposición
El Tribunal Administrativo del Cauca y los terceros interesad os -Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali y Distrito Especial de Santiago de Cali, pese a ser notificados en debida forma guardaron silencio.
5. Sentencia de tutela impugnada
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 3 de septiembre de 2025, negó las pretensiones de la acción de tutela y resolvió lo siguiente:
“Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de la sociedad Invertrac SA, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria”.
Señaló que se encontraron superados los requisitos de procedibilidad de la acción
siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria”.
Señaló que se encontraron superados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, por lo tanto, se estudiaría de fondo el amparo. En ese orden de ideas, señaló que la parte actora acudió al juez de tutela para que se ampararan los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia y se dejara sin efecto el auto de 20 de junio de 2025 proferido por el TribunalRadicado: 11001-03-15-000-2025-04173-01
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5 Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se confirmó la decisión de rechazar la demanda por haberse configurado el fenómeno jurídico de la caducidad.
Así las cosas, explicó que la oportunidad para presentar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se encuentra regulad o en el literal c) del numeral 2° del artículo 164 del CPACA, el cual establece que el término será de cuatro meses contados a partir del día siguiente a la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto demandado. Asimismo, aclaró que “la solicitud de conciliación extrajudicial interrumpe el término de caducidad hasta que: i) se llegue a un acuerdo conciliatorio; ii) se expidan las constancias de que trata el artículo 2.º
conciliación extrajudicial interrumpe el término de caducidad hasta que: i) se llegue a un acuerdo conciliatorio; ii) se expidan las constancias de que trata el artículo 2.º de la Ley 640 de 2001; o iii) transcurran tres (3) meses a partir de la presentación de la solicitud, lo que ocurra primero, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 3° del Decreto 1716 de 2009”.
Por lo tanto, precisó que se encontraba razonable la conclusión a la que había arribado el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca relacionada con el rechazo de la demanda por caducidad, toda vez que efectuó una interpretación razonable de los supuestos acreditados frente a la normativa que establece el término para ejercer el medio de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativ o. Asimismo, explicó que dicha normativa difería de lo establecido en el artículo 5661 del Estatuto Tributari o, comoquiera que la misma solamente es aplicable para actuar en sede administrativa y no judicial.
Aclaró que es el literal d) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, el que determina el plazo para presentar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual corre a partir del día siguiente al de la notificación del acto demandado, “razón por la que, no resultaba aplicable el artículo 566-1 del Estatuto Tributario, el cual reglamenta el término para que los actores tributarios actúen en sede administrativa, más no judicial. Se resalta que las normas procesales son de orden público y, por lo tanto, de obligatorio cumplimiento”.
Finalmente, concluyó que la decisión cuestionada no incurrió en un defecto
sede administrativa, más no judicial. Se resalta que las normas procesales son de orden público y, por lo tanto, de obligatorio cumplimiento”.
Finalmente, concluyó que la decisión cuestionada no incurrió en un defecto sustantivo, toda vez que fue proferida de conformidad con las normas que regulan el caso concreto y al acervo probatorio aportado al proceso.
6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte actora impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revoque , al considerar que la demanda fue presentada el 21 de junio de 2024, es decir, dentro del término de los cuatro meses de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5661 del Estatuto Tributario.
Reiteró que la decisión cuestionada incurrió en un defecto sustantivo “por exclusión del bloque de legalidad aplicable ”, toda vez que desconoció lo dispuesto en el artículo 566-1 del Estatuto Tributario y el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022.
Asimismo, precisó que “ el numeral 26 del fallo señala que el artículo 566 -1 E.T. regula exclusivamente la actuación en sede administrativa y que, por ende, no aplica para el conteo de términos en sede judicial. Esta interpretación formalista desconoce el bloque de legalidad apli cable, pues la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que el momento de ejecutoria del acto administrativo defineRadicado: 11001-03-15-000-2025-04173-01
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Estado ha establecido que el momento de ejecutoria del acto administrativo defineRadicado: 11001-03-15-000-2025-04173-01
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6 el inicio del cómputo del término de caducidad, y la ejecutoria sí se ve afectada por los términos del artículo 566-1 E.T. cuando la notificación es electrónica”.
Para terminar , sostuvo que no se alegó una inconformidad subjetiva sino “ una exclusión arbitraria y contraria a derecho de normas legales expresas ”, lo cual impidió que la demanda fuera valorada de fondo. Y sostuvo que el asunto revestía de “trascendencia nacional ” al involucrar actuaciones tributarias notificadas por medios electrónicos y su efecto sobre la caducidad de acciones judiciales.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si debe revocar la sentencia que negó las pretensiones de la acción de tutela, y si se debe acceder a la protección constitucional solicitada porque la autoridad judicial
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si debe revocar la sentencia que negó las pretensiones de la acción de tutela, y si se debe acceder a la protección constitucional solicitada porque la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial con la decisión adoptada en auto de 20 de junio de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó el auto de 22 de enero de 2025 proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cali que rechazó la demanda presentada por la sociedad por configurarse el fenómeno jurídico de la caducidad.
De manera previa se verificará si la solicitud cumple con el requisito de relevancia constitucional necesario para su estudio de fondo, el cual es susceptible de ser verificado de oficio por el juez de tutela inclusive en el trámite de la segunda instancia, como una salvaguarda de los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica y especialidad del juez natural.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones2.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
jurisdicciones2.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
2 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04173-01
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7 sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala 5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
- Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
- Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» . Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
- Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
- Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
- Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dicta n previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de co ntrovertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario.
Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
3 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa. 4 La Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01. 5 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04173-01
5 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04173-01
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8 Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial.
4. Estudio y solución del caso concreto
La sociedad Invertrac S.A. quien actúa a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con la decisión adoptada en auto de 20 de junio de 2025, mediante la cual se confirmó el auto de 22 de enero de 2025 proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cali que rechazó la demanda presentada por la sociedad por configurarse el fenómeno jurídico de la caducidad.
La parte actora alegó en el escrito de tutela que la decisión dictada por la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, al señalar que se realizó una interpretación errónea de los términos de caducidad para la presentación de la demanda de nulidad y
judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, al señalar que se realizó una interpretación errónea de los términos de caducidad para la presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que no tuvo en cuenta el artículo 566 -1 del Estatuto Tributario, el cual establece que cuando las notificaciones se realiza n por medios electrónicos, los términos para los contribuyentes com ienzan a contarse cinco días hábiles después del envío del mensaje al correo electrónico . Asimismo, precisó que se desconoció lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022.
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia de 3 de septiembre de 2025 negó las pretensiones de la solicitud, al considerar que la decisión cuestionada fue proferida de conformidad con las normas que regulan la materia, y concluyó que el artículo 566 -1 del Estatuto Tributario era aplicable para actuar en sede administrativa y no judicial. Con el escrito de impugnación, la parte actora reiteró los argumentos del escrito inicial e insistió en que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en un defecto sustantivo.
La Sala anticipa que revocará la sentencia impugnada que negó el amparo solicitado y, en su lugar, declarara la improcedencia de la acción de tutela por desatender el requisito de relevancia constitucional, como pasa a explicarse:
Teniendo en consideración los antecedentes narrados en precedencia, la Sala observa que la parte actora alegó que la decisión cuestionada incurrió en un defecto sustantivo, ya que, a su juicio, la autoridad judicial accionada realizó una
Teniendo en consideración los antecedentes narrados en precedencia, la Sala observa que la parte actora alegó que la decisión cuestionada incurrió en un defecto sustantivo, ya que, a su juicio, la autoridad judicial accionada realizó una interpretación errónea de la normativ idad aplicable al tema de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues a su parecer debió aplicarse lo dispuesto en el artículo 566-1 del Estatuto Tributario y en el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022.
Ahora bien, revisadas las actuaciones surtidas en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se observa que el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cali mediante auto de 22 de enero de 2025 resolvió rechazar la demanda presentada por la sociedad accionante por configurarse el fenómeno jurídico de la caducidad en virtud d
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