CE - Sentencia 11001031500020250426301

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 11001031500020250426301
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04263-01

Demandantes: Uriel Ávila Barrios y otros Demandados: Presidencia de la República y otros

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN TUTELA Radicado 11001-03-15-000-2025-04263-01

Demandantes: URIEL ÁVILA BARRIOS Y OTROS

Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Tema: Tutela de fondo – Confirma y adiciona.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de 21 de agosto de 2025, proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El 9 de julio de 20251, los señores Uriel Ávila Barrios, Margarita Vargas de la Rosa y Félix Peluffo Escobar , en nombre propio, radicaron acción de tutela contra el señor Gustavo Petro Urrego, presidente de la República, los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura y Desarrollo Sostenible, en

señor Gustavo Petro Urrego, presidente de la República, los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura y Desarrollo Sostenible, en adelante la ANI , la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en adelante la ANLA y el consorcio SASYR , con el fin de que se le s protejan sus derechos fundamentales de petición, a la vida, a la igualdad y a la seguridad personal.

Las referidas garantías constitucionales las consideraron transgredidas con fundamento en que el 27 de mayo de 2025, los tutelantes y otros firmantes, radicaron ante la Presidencia de la República 2 una petición en la que solicitaron la presencia del señor Gustavo Petro Urrego en un cabildo abierto que se iba a realizar el 7 de junio de 2025.

No obstante, a la fecha de radicación de la presente acción constitucional, la parte actora adujo que no habían recibido una respuesta congruente y de fondo.

1 Por medio de auto de la misma fecha, el Juzgado Promiscuo de Campo de la Cruz, Atlántico remitió por competencia la presente tutela, con fundamento en que «los asuntos atinentes a la presidencia de la República no son de competencia de los Juzgados Promiscuos Municipales, en virtud, con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021 mediante el cual modifica el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, numeral 12». 2 Una vez la Presidencia de la República recibió la petición, por medio de oficio de 29 de mayo de

artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, numeral 12». 2 Una vez la Presidencia de la República recibió la petición, por medio de oficio de 29 de mayo de 2025 le respondió «al señor Uriel Ávila Barrios y demás firmantes» que el señor Petro Urrego no podía asistir, pero que remitiría la solicitud a las autoridades competentes.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04263-01

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2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.2. Pretensión

Presentó la siguiente:

Que se ordene al señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA y a los MINISTROS AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, AMBIENTE DESARROLLO SOSTENIBLE Y TRANSPORTE, LAS ENTIDADES AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI Y CONSORCIO SASYR que nos cumplan realizando el Cabildo Abierto para que nos escuchen y se tomen decisiones que mitiguen el riesgo de los puntos críticos que presenta el Canal del Dique, para garantizar la protección de nuestros derechos fundamentales3.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

1.3.1. El 27 de mayo de 2025, el comité de defensa de la cuenca del Canal del

Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

1.3.1. El 27 de mayo de 2025, el comité de defensa de la cuenca del Canal del Dique, los representantes legales de la Federación Agropecuaria del Sur del departamento del Atlántico, en adelante FEDEAGROSURSEIS y los habitantes del municipio de Campo de la Cruz que respaldaron la convocatoria para que se llevara a cabo el cabildo abierto con el presidente de la República, radicaron una petición en la que invitaron al señor Gustavo Petro Urrego a participar de un cabildo abierto.

En la referida solicitud, los peticionarios solicitaron que el presidente estuviera acompañado también de los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Transporte, de la ANI, de la ANLA y del consorcio SASYR.

1.3.2. Indicaron que el objetivo de la reunión era exponer y debatir los puntos críticos relacionados con la problemática estructural del Canal del Dique, puesto que, durante décadas han esperado soluciones concretas y sostenibles, pero ha existido indiferencia institucional.

1.3.3. En la petición, se le indicó al presidente de la República que la fecha de la reunión era el 7 de junio de 2025, y le precisaron lo siguiente:

La presencia suya en este espacio no solo marcaría un hito en el compromiso del Gobierno Nacional con el desarrollo justo y participativo de los territorios históricamente excluidos, sino que también podría evitar que nuestra legitima inconformidad se exprese por otra vía. De no contar con su atención directa y voluntad de dialogar, las comunidades que hacemos parte de la Cuenca del Canal

históricamente excluidos, sino que también podría evitar que nuestra legitima inconformidad se exprese por otra vía. De no contar con su atención directa y voluntad de dialogar, las comunidades que hacemos parte de la Cuenca del Canal del Dique podríamos vernos forzadas a recurrir a mecanismos de presión social y movilización ciudadana para hacer valer nuestros derechos y ser tenidos en cuenta en las decisiones que nos afectan.

Agradecemos de antemano su atención a esta solicitud rogándole nos responda al correo cuencadelcanaldeldique@gmail.com quedamos atentos a su confirmación convencidos que la construcción de soluciones reales requiere de voluntad y escucha activa del más alto nivel del Estado.

3 Transcripción literal, por lo que puede contener errores.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04263-01

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.3.4. Ahora bien, de las pruebas obrantes en el expediente se evidencia que una vez la Presidencia de la República recibió la petición de 27 de mayo de 2025, el director del departamento administrativo de la secretaría general de la Presidencia de la República, el 29 de mayo de 2025, le respondió al «señor Uriel Ávila Barrios y demás firmantes» lo siguiente:

Por consiguiente, el mismo 29 de mayo de 2025, por medio de oficio OFI2500103083 / GFPU 13000000 el director del departamento administrativo de la

y demás firmantes» lo siguiente:

Por consiguiente, el mismo 29 de mayo de 2025, por medio de oficio OFI2500103083 / GFPU 13000000 el director del departamento administrativo de la secretaría general de la Presidencia de la República le remitió la petición a la s ministras de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Transporte para que hicieran cargo del tema, tal y como se puede evidenciar en la siguiente imagen:Radicado: 11001-03-15-000-2025-04263-01

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1.3.5. Los tutelantes, en su escrito de tutela manifestaron que el 30 de mayo de 2025, recibieron la notificación de las anteriores comunicaciones.

1.3.6. Ahora bien, de las pruebas obrantes en el expediente se evidenció que el 18 de junio de 2025, la coordinadora del grupo de Atención a la ciudadanía de la Presidencia de la República – oficina de relacionamiento con el ciudadano le remitió un oficio con radicado OFI25-00116012 / GFPU 13150000 a los actores, en el que les informó que el presidente Gustavo Petro no había podido asistir a la reunión que se convocó el 7 de junio de 2025.

Pero que, a pesar de lo anterior, una vez leída y evaluada la solicitud presentada, y de conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, se le

Pero que, a pesar de lo anterior, una vez leída y evaluada la solicitud presentada, y de conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, se le había dado traslado de la comunicación al «Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la ANI y a la ANLA», entidades legalmente facultadas para conocer del tema objeto de la petición y tomar las acciones a las que hubiere lugar, y así se les brindara una adecuada respuesta.

Por consiguiente, por medio de los oficios con radicados OFI25-00116028/ GFPU 13150000, OFI25 -00116029 / GFPU 13150000, OFI25 -00116030 / GFPU 13150000 y OFI25 -00116031 / GFPU 13150000 se hizo la referida remisión al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a la ANLA, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Agricultura y a la ANI, respectivamente.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora consider ó que el presidente de la República, los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Transporte, la ANI, la ANLA y el consorcio SASYR transgredieron sus derechos fundamentales de petición, a la vida, a la igualdad y a la seguridad personal, dado que, a la fecha de radicación de esta acción no se habían pronunciado con unaRadicado: 11001-03-15-000-2025-04263-01

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co respuesta de fondo y congruente respecto de la solicitud de 27 de mayo de 2025.

Además, expusieron que la situación que están viviendo en la zona donde habitan es preocupante por los niveles altos del río Magdalena, pues en ocasiones llega a superar los siete metros, además, «el Canal del Dique se encuentra en alerta naranja y tiene 19 puntos crítico, siendo el punto seis, conocido como la esmeralda el más crítico de todos; de romperse ese punto abría (sic) una nueva catástrofe en el sur del departamento del Atlántico, donde el municipio más afectado será Campo de la Cruz».

1.5. Trámite en primera instancia

Por medio de auto de 15 de julio de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió la presente acción constitucional y ordenó notificar al señor Gustavo Petro Urrego, presidente de la República, a los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Transporte, a la ANI, a la ANLA y al consorcio SASYR, para que si lo consideraban del caso intervinieran en el presente trámite tutelar.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. ANI

En su intervención, manifestó que la ANI pertenece al sector descentralizado de la

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. ANI

En su intervención, manifestó que la ANI pertenece al sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, según reza el Decreto 4165 de 3 de noviembre de 2011.

En ese sentido, se encarga de administrar, coordinar y gestionar, de manera que no se encuentra de manera expresa e inequívoca la de ejecutar la infraestructura nacional, en razón a que su función principal es la administración de los contratos de concesión mediante los cuales el concesionario obtiene una remuneración por la materialización de unos proyectos de infraestructura, siendo el concesionario, el ejecutor de tales proyectos viales.

Manifestó que la ANI ha actuado de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico, y que en ningún momento ha sido sujeto activo de vulneración de derechos fundamentales de los actores, puesto que, por el contrario, ha desplegado todas las gestiones y trámites necesarios para poder garantizar los derechos fundamentales y garantías procesales y constitucionales de los particulares y /o administrados, siempre en la búsqueda de la garantía del interés general y debido proceso en los contratos de concesión que administra.

Indicó que la petición de 27 de mayo de 2024 se radicó ante la Presidencia de la República y no ante la AN I directamente, por lo que no está transgrediendo derechos fundamentales, sin embargo, aseguró que por medio del oficio EXT25Indicó que la petición de 27 de mayo de 2024 se radicó ante la Presidencia de la República y no ante la AN I directamente, por lo que no está transgrediendo derechos fundamentales, sin embargo, aseguró que por medio del oficio EXT2500077038 de 18 de junio de 2025, remitido por el Grupo de Atención a la Ciudadanía Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano de la Presidencia de la República, se le informó sobre el cabildo abiert o, sin embargo, puso de presenteRadicado: 11001-03-15-000-2025-04263-01

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que esa remisión se hizo después del 7 de junio de 2025, por lo que constituía una notificación extemporánea que impidió la participación oportuna de esa entidad.

Adujo además que «los convocantes al Cabildo Abierto NO cumplieron los requisitos legales como la convocatoria y notificación, afectando el derecho al debido proceso y la participación ciudadana. Por lo anterior, y ante la falta de información o la forma en cómo se realizó la notificación impidieron la participación efectiva de esta Agencia».

Por consiguiente, solicitó negar las pretensiones de la demanda, dado que la ANI no ha vulnerado las garantías fundamentales, «pues la normatividad establece un procedimiento especial y detallado, de obligatorio cumplimiento para que la solicitud de Cabildo Abierto sea válida y eficaz, es así que cuando existe un

no ha vulnerado las garantías fundamentales, «pues la normatividad establece un procedimiento especial y detallado, de obligatorio cumplimiento para que la solicitud de Cabildo Abierto sea válida y eficaz, es así que cuando existe un procedimiento legal específico y eficaz, este debe ser agotado por el ciudadano antes de acudir al juez constitucional, salvo que se acredite la existencia de un perjuicio irremediable o la ineficacia real del mecanismo legal, luego entonces con el escrito no es posible extraer una afectación inminente que amerite la intervención del juez constitucional».

También adujo que, en todo caso, « en cumplimiento de su compromiso institucional con la participación ciudadana y dentro del marco de su responsabilidad social, manifiesta su plena disposición para asistir y participar en el cabildo abierto, siempre y cuando dicho mecanismo sea convocado conforme a los requisitos legales establecidos en la Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015, es decir, previa observancia del debido procedimiento y dentro del marco de competencia de esta Entidad».

Finalmente, solicitó su desvinculación del presente trámite.

1.6.2. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Indicó que, de los anexos allegados con el escrito de tutela, no se evidencia que el ministerio hubiese sido notificado, puesto que, no hay soporte de envío, «lo cual, además, impidió determinar con exactitud si esa Cartera tuvo conocimiento de dicha petición».

Adicionalmente, dijo que el Grupo de Gestión Documental y Biblioteca del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural indicó que después de revisar en el

además, impidió determinar con exactitud si esa Cartera tuvo conocimiento de dicha petición».

Adicionalmente, dijo que el Grupo de Gestión Documental y Biblioteca del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural indicó que después de revisar en el sistema AGRODOC no se había evidenciado la entrada de ese documento al ministerio, por lo que resaltó que el canal dispuesto para comunicaciones relacionadas con peticiones es el correo electrónico atencionalciudadano@minagricultura.gov.co.

Para terminar, solicitó la desvinculación de esta tutela.

1.6.3. ANLA

El Coordinador del Grupo de defensa Jurídica de la Oficina Asesora Jurídica, hizo un recuento de los hechos y las pretensiones que suscitaron la presente acción constitucional y manifestó que la petición fue radicada por los peticionarios en la entidad bajo el radicado ANLA 20256200609112 de 27 de mayo de 2025 yRadicado: 11001-03-15-000-2025-04263-01

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co posteriormente mediante radicado ANLA 20256200713122 de 19 de junio de 2025 la Presidencia de la República les trasladó la misma petición con igual contenido.

Y el oficio mediante el cual se respondió a l Comité de Defensa de la Cuenca del Canal del Dique se identificó con el radicado de salida 20252300437441, el cual

Y el oficio mediante el cual se respondió a l Comité de Defensa de la Cuenca del Canal del Dique se identificó con el radicado de salida 20252300437441, el cual tiene fecha de respuesta el 18 de junio de 2025.

La respuesta fue entregada a través de la comunicación con radicado ANLA 20252300437441 de 18 de junio del 2025, como se mencionó líneas atrás y fue notificada al correo electrónico de los accionantes: urielavila94@hotmail.com.

Por su parte, dijo que el traslado realizado por la Presidencia de la República fue contestado mediante oficio 20252300509411 de 14 de julio de 2025.

Aseguró que la respuesta fue notificada al correo electrónico de los accionantes: urielavila94@hotmail.com, con copia a la Presidencia de la República: contacto@presidencia.gov.co para su conocimiento y fines pertinentes.

Finalmente informó que una vez hizo la consulta con el Grupo de Participación Ambiental de la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental, se evidenci ó que el profesional Ángel Mauricio Rodríguez Anzola, en calidad de líder territorial adscrito a la ANLA, acudió al cabildo abierto de 7 de junio de 2025, de acuerdo con lo solicitado por el comité de defensa.

Por consiguiente, remitió registro fotográfico y el listado de asistencia del Comité de Defensa de la Cuenca de asistencia.

De modo que, adujo que la ANLA no transgredió los derechos fundamentales de los tutelantes, pues la respuesta que se les dio es consecuente con el documento de 27 de mayo de 2025, por lo que solicitó negar las pretensiones.

De modo que, adujo que la ANLA no transgredió los derechos fundamentales de los tutelantes, pues la respuesta que se les dio es consecuente con el documento de 27 de mayo de 2025, por lo que solicitó negar las pretensiones.

1.6.4. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Expuso que la petición de 27 de mayo de 2025 no fue radicada directamente ante ese ministerio, sino que fue ante la Presidencia de la República, y que fue a través de «radicado de ingreso No. 2025E1026788 de fecha 30 de mayo de 2025, quien remitió al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la invitación a cabildo abierto hecha por FEDEAGROSURSEID».

Adujo que la Subdirección de Educación y Participación, mediante radicado número 31102025E2026370 de 29 de julio de 2025, informó a los señores Uriel Ávila Barrios, Margarita Vargas de la Rosa y Félix Peluffo Escobar, que por cuestiones de agenda, la ministra y su equipo tuvieron que atender reuniones agendadas con anterioridad por lo cual no fue posible asistir al espacio de cabildo abierto programado para el 7 de junio de 2025, y además precisó que se encuentra a disposición para llevar a cabo una reunión con el Comité de Defensa de la Cuenca del Canal del Dique de manera virtual o presencial en la fecha que se acuerde.

En ese orden de ideas, solicitó rechazar por improcedente esta acción de tutela.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04263-01

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8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.6.5. Ministerio de Transporte

La directora de Infraestructura del ministerio por medio de memorial adujo que después de revisar el sistema ORFEO se corroboró que existían dos invitaciones al mismo evento.

De allí entonces, indicó que, que se observe que, en lo relativo a la invitación, la misma fue contestada y debidamente notificada , al correo escogido para notificaciones por parte del accionante/peticionario, a saber: cuencadelcanaldeldique@gmail.com, por lo que no hubo una transgresión a los derechos fundamentales.

Para el caso en concreto, refirió que «si bien fue remitida invitación, no es menos cierto que conforme al artículo 22 de la Ley 1757 de 2015, los requisitos de conformación de Cabildo Abierto no fueron cumplidos de ninguna manera, ni respecto al período de las entidades que han de atender la solicitud, ni en el número de ciudadanos necesario para la validez de la iniciativa».

Concluyó solicitando que se le desvinculara de este trámite.

1.6.6. Presidencia de la República

En contestación de 31 de julio de 2025, solicitó que se remitiera el proceso a los juzgados del circuito, dado que según el Decreto 799 de 9 de julio de 2025 al encontrarse demandado en este asunto el presidente de la República, no le correspondía al Consejo de Estado su conocimiento.

juzgados del circuito, dado que según el Decreto 799 de 9 de julio de 2025 al encontrarse demandado en este asunto el presidente de la República, no le correspondía al Consejo de Estado su conocimiento.

Seguidamente, resumió los hechos y las pretensiones de esta acción, y adujo que una vez recibió la petición de 27 de mayo de 2025, desplegó las siguientes actuaciones:

«1. La petición se tramitó por medio de los EXT25 -00077038 y EXT2500077056, los cuales se respondieron mediante OFI25 -00102954 / GFPU 13000000 del 29 de mayo del 2025 y OFI25-00116012 / GFPU 13150000 del 18 de junio de 2025.

2. Mediante OFI25 -00103085 / GFPU 13000000 del 29 de mayo de 2025 se dio traslado a la Ministra de Transporte.

3. Mediante OFI25 -00116028 / GFPU 13150000 del 18 de junio de 2025 se dio traslado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

4. Mediante OFI25 -00116029 / GFPU 13150000 del 18 de junio de 2025 se dio

traslado a la Autoridad Nacional De Licencias Ambientales.

5. Mediante OFI25 -00116030 / GFPU 13150000 del 18 de junio de 2025 se dio traslado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

6. Mediante OFI25 -00116031 / GFPU 13150000 del 18 de junio de 2025 se dio traslado a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI».

Declaró que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en

traslado a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI».

Declaró que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en adelante DAPRE verificó su sistema de gestión documental y encontró que la comunicación radicada bajo los EXT25 -00077038 y EXT25 -00077056, se respondió mediante OFI2500102954 / GFPU 13000000 de 29 de mayo del 2025 y OFI25-00116012 / GFPU 13150000 de 18 de junio de 2025, en los cuales se le informó al accionante que, por cuestiones de la agenda del primer mandatario, noRadicado: 11001-03-15-000-2025-04263-01

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9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co le sería posible comparecer ante la invitación extendida, e igualmente por medio de los demás OFI relacionados en el apartado (IV.II.) de la contestación, se demostró cómo y cuándo se dio traslado a las entidades competentes.

Adujo que después de verificar el sistema de gestión documental del DAPRE el trámite impartido a la petición radicada por el accionante, y encontró que la comunicación radicada bajo los EXT25 -00077038 y EXT25 -00077056, se respondió mediante OFI25-00102954 / GFPU 13000000 de 29 de mayo del 2025 y OFI25-00116012 / GFPU 13150000 de 18 de junio de 2025, donde se le indicó textualmente lo siguiente:

respondió mediante OFI25-00102954 / GFPU 13000000 de 29 de mayo del 2025 y OFI25-00116012 / GFPU 13150000 de 18 de junio de 2025, donde se le indicó textualmente lo siguiente:

Asimismo, reiteró los radicados de los oficios a través de los cuales hizo las remisiones, y también allegó la trazabilidad de cada uno de los oficios remitidos, la cual se puede evidenciar en el documento 043 del expediente digital (paginas 10, 11, 12 y 13).

De modo que, requirió que se niegue la presente acción constitucional, en razón a que ya dio una respuesta a la petición de 27 de mayo de 2025.

1.6.7. Consorcio SASYR

En memorial de 1. ° de agosto de 2025, solicitó que se niegue la pretensión propuesta por la parte accionante y adujo que no ha transgredido sus derechos fundamentales, puesto que, en la base de datos de gestión documental no se registra ninguna solicitud a nombre de los tutelantes.

Además, explicó brevemente de que se trata el «proyecto de restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique», el cual no solo prevé elRadicado: 11001-03-15-000-2025-04263-01

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10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mejoramiento de la calidad del agua, sino que se restauren procesos biológicos de

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mejoramiento de la calidad del agua, sino que se restauren procesos biológicos de manera tal que la vegetación y la fauna asociada a todo el sistema tengan una respuesta acorde con procesos resilientes».

Finalmente, y con relación a la petición dirigida a la convocatoria de un Cabildo Abierto, de acuerdo con lo determinado por la Ley 1757 de 2015, dijo que este mecanismo de participación ciudadana debe ser liderado por la administración municipal.

1.7. Fallo impugnado

El 21 de agosto de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado resolvió:

RIMERO: NEGAR la solicitud de remisión del expediente elevada por la apoderada judicial del presidente de la República, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Agencia Nacional de Infraestructura, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Transporte, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NEGAR el amparo del derecho fundamental de petición respecto del presidente de la República, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Ecosistemas del Dique S.A.S. (Consorcio Sacyr) y el Ministerio de Transporte, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: DECLARAR la carencia de objeto por hecho superado en cuanto al derecho de petición presentado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: DECLARAR la carencia de objeto por hecho superado en cuanto al derecho de petición presentado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por las razones expuestas en esta providencia.

QUINTO: CONCEDER el amparo del derecho fundamental de petición de los accionantes respecto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), por las razones expuestas en esta providencia.

SEXTO: ORDENAR al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Infraestructura que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, dé respuesta de fondo, completa, clara, precisa a la petición radicada el 27 de mayo de 2025, por los aquí accionantes.

SÉPTIMO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela respecto de los derechos a la vida, a la igualdad y a la seguridad personal, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Inicialmente, el a quo se refirió a la competencia para conocer de esta acción y manifestó que si bien según el Decreto 799 de 9 de julio de 2025, al encontrarse demandado en este asunto el presidente de la República, el expediente debía remitirse a los juzgados del circuito para que continuaran con el conocimiento del proceso, de conformidad con las normas vigentes sobre reparto y competencia funcional, lo cierto es que es que el artículo 2 del Decreto contempla lo siguiente:

(...) Artículo 2. Vigencia y derogatorias. El presente Decreto rige a partir del día

proceso, de conformidad con las normas vigentes sobre reparto y competencia funcional, lo cierto es que es que el artículo 2 del Decreto contempla lo siguiente:

(...) Artículo 2. Vigencia y derogatorias. El presente Decreto rige a partir del día siguiente de la fecha de su publicación, modifica el numeral 2 del artículo 2.2.3.1.2.1Radicado: 11001-03-15-000-2025-04263-01

Demandantes: Uriel Ávila Barrios y otros Demandados: Presidencia de la República y otros

11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho y deroga el numeral 12 de

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