CE - Sentencia 11001031500020250449201
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250449201
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2025 04492 01
Accionante: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCASECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN F
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando se interpone después de seis meses de notificada la providencia judicial que se cuestiona
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo de tutela proferido el 25 de septiembre de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, actuando por conducto de apoderado, interpuso acción de tutela en contra de la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2024 por la Subsección F, Sección Segunda d el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , en el proceso de nulidad y restablecimiento del
apoderado, interpuso acción de tutela en contra de la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2024 por la Subsección F, Sección Segunda d el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 11001 33 35 010 2019 00367 00/01, y para ello, formuló las siguientes pretensiones1:
1. Que se declare la procedencia de la acción de tutela contra la sentencia del 19 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F.
2. Que se deje sin efectos dicha providencia por vulnerar derechos fundamentales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
3. Que se ordene a ese despacho judicial emitir una nueva decisión, valorando correctamente las pruebas y atendiendo los criterios jurisprudenciales y constitucionales.
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en los índices 2 y 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04492 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 04492 01
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2. SITUACIÓN FÁCTICA
La entidad accionante informó que el señor José Eduardo Patiño Santafé promovió
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2. SITUACIÓN FÁCTICA
La entidad accionante informó que el señor José Eduardo Patiño Santafé promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en su contra, con el fin de obtener el reconocimiento de una relación laboral y el pago de salarios y prestaciones sociales, así como la afiliación al sistema de seguridad social por haber estado vinculado con ellos a través de una verdadera relación de trabajo.
Señaló que la demanda correspondió por reparto al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que, en sentencia del 30 de agosto de 2024 accedió a las pretensiones declarando la existencia de una relación laboral entre las partes.
Inconforme con la decisión anterior, interpuso recurso de apelación y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F, en sentencia del 19 de noviembre de 2024, la confirmó.
Resaltó que «(…) [l]a providencia de segunda instancia quedó ejecutoriada el 20 de enero de 2025, según consta en la correspondiente certificación proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual se adjunta como prueba (…)»2.
Manifestó que «(…) la providencia objeto de esta tutela incurre en un defecto fáctico, pues valoró inadecuadamente el material probatorio obrante en el expediente, omitió pronunciarse sobre pruebas determinantes y construyó una decisión judicial sin motivación suficiente (…)»3.
Indicó que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, Comoquiera que «de encontrarse configurado el defecto fáctico expuesto (…), prosperaría la
sin motivación suficiente (…)»3.
Indicó que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, Comoquiera que «de encontrarse configurado el defecto fáctico expuesto (…), prosperaría la pretensión de amparo de ordenar al tribunal accionado que emita una nueva sentencia en la que tenga en cuenta el material probatorio aportado al plenario y que lo valore de cara a la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado»4.
Anotó que su solicitud de amparo también cumple los demás requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales , debido a que (i) el ordenamiento jurídico no prevé otro mecanismo para controvertir la sentencia acusada; (ii) existe una vulneración actual y grave de l derecho fundamental al debido proceso , comoquiera que la providencia cuestionada «impone (…) el reconocimiento de una relación laboral sin que se hayan acreditado adecuadamente los elementos estructurales del contrato realidad »; (iii) cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que se interpuso dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia y (iv) se configura un perjuicio irremediable, ya que «(…) la sentencia impugnada impone a la entidad pública una obligación de carácter económico, sin que exista prueba plena de la relación laboral que se declara (…)»5.
A su turno, en el acápite denominado « DEFECTOS ATRIBUIBLES A LA PROVIDENCIA», alegó que la providencia acusada incurrió en (i) defecto fáctico y (ii) desconocimiento del precedente.
En cuanto al defecto fáctico, sostuvo que la decisión del tribunal accionado «está
PROVIDENCIA», alegó que la providencia acusada incurrió en (i) defecto fáctico y (ii) desconocimiento del precedente.
En cuanto al defecto fáctico, sostuvo que la decisión del tribunal accionado «está fundada en una apreciación incompleta del expediente, desprovista de análisis
2 Ibidem. 3 Ibidem. 4 Ibidem. 5 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2025 04492 01
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técnico probatorio y contraria a los estándares constitucionales de motivación judicial»”6.
En ese sentido, solicitó que se conceda el amparo «dado que la providencia impugnada fue adoptada sin considerar prueba directa, desconociendo el principio de legalidad probatoria y vulnerando el derecho fundamental al debido proceso de esta entidad pública»7.
Aseveró que el tribunal accionado no valoró adecuadamente los documentos contractuales aportados por la entidad demandada, entre ellos, los contratos de prestación de servicios, certificaciones de cumplimiento y comunicaciones donde , según estima, se evidenciaba la ejecución autónoma de las actividades pactadas.
Reprochó, por una parte, que se haya prescindido del decreto y práctica de pruebas claves, como el interrogatorio de la parte demandante en el proceso ordinario; y por otra, que se haya atribuido valor probatorio absoluto a la permanencia del vínculo contractual y al cumplimiento de funciones misionales, sin que se haya verificado ,
claves, como el interrogatorio de la parte demandante en el proceso ordinario; y por otra, que se haya atribuido valor probatorio absoluto a la permanencia del vínculo contractual y al cumplimiento de funciones misionales, sin que se haya verificado , de forma concreta, la existencia del elemento esencial de la subordinación.
Frente al desconocimiento del precedente, adujo que la sentencia acusada incurrió en dicho defecto «al no aplicar el estándar vinculante en materia de contrato realidad establecido por la Sentencia de Unificación 00260 de 2016 del Consejo de Estado, y complementado por la Sentencia SL828 de 2024 de la Corte Suprema de Justicia, en lo que respecta a la ne cesidad de acreditar de forma concreta y objetiva el elemento de subordinación»8.
Al respecto, argumentó que «en la sentencia de unificación del Consejo de Estado se precisó expresamente que la subordinación, como elemento estructural del contrato laboral, no puede presumirse, deducirse ni sustentarse exclusivamente en la naturaleza misional de las funciones o en la reiteración del vínculo contractual»9.
Posteriormente, en un documento adicional aportado el cual denominó complementación del escrito de tutela, expuso lo siguiente10:
Por medio de la presente, respetuosamente me permito remitir complementación de la acción de tutela interpuesta para que sea tenida en cuenta al momento de la admisión.
DEFECTOS ATRIBUIBLES A LA PROVIDENCIA – DEFECTO FACTICO:
Complementando la tutela anterior, en lo que respecta a este capítulo, es necesario indicar que en el caso sub examine, la providencia de primera y segunda instancia incurre en un defecto fáctico al dar por acreditado el
Complementando la tutela anterior, en lo que respecta a este capítulo, es necesario indicar que en el caso sub examine, la providencia de primera y segunda instancia incurre en un defecto fáctico al dar por acreditado el elemento estructural de la subordin ación sin que existiera prueba directa, idónea y concluyente que permitiera llegar a tal determinación. La Sala fundamentó su decisión en inferencias subjetivas derivadas del perfil del actor, atribuyendo un carácter probatorio a condiciones generales de l os contratos suscritos y a funciones abstractas, sin respaldo empírico en el expediente.
6 Ibidem. 7 Ibidem. 8 Ibidem. 9 Ibidem. 10 Visto en los índices 2 y 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04492 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 04492 01
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Particularmente, en la página 20 del fallo, se sostiene que el perfil administrativo del actor era suficiente para concluir que carecía de autonomía, dado que debía sujetarse a la agenda del Subdirector de Servicios Ambulatorios, asistir a reuniones, tomar dictados y redactar correspondencia. También se hace alusión a lineamientos técnicos impartidos en los perfiles de analista e ingeniero de sistemas. Sin embargo, tales afirmaciones no se derivan de prueba alguna que acredite
correspondencia. También se hace alusión a lineamientos técnicos impartidos en los perfiles de analista e ingeniero de sistemas. Sin embargo, tales afirmaciones no se derivan de prueba alguna que acredite subordinación efectiva, sino de una equiparación errada entre coordinación contractual y subordinación laboral, desdibujando los límites entre ambas figuras.
Durante el proceso no se practicaron pruebas testimoniales que permitieran verificar hechos relevantes sobre dependencia funcional. A solicitud de la parte actora, se decretó el testimonio de David Leonardo Peñuela Escobar, pero este no asistió a la audiencia de pruebas del 15 de marzo de 2023, y el accionante omitió promover su comparecencia, incumpliendo así su carga probatoria y desconociendo la carga dinámica de la prueba dentro del proceso. Asimismo, pese a que se decretó el interrogatorio de parte del demandante, solicitado por la entidad demandada, el actor decidió no comparecer, frustrando la producción de un medio de prueba idóneo.
A pesar de esta falta de pruebas esenciales, la Sala decidió tener como demostrado el elemento de subordinación, acudiendo exclusivamente a documentos contractuales y a una comunicación interna titulada “Recomendaciones de entrega y recepción de documentos, novedades de los contratistas y datos de producción”, suscrita por el Subdirector de Apoyo Diagnóstico y Tratamiento. Dicha comunicación establece un límite temporal para la entrega de informes en los primeros días de cada mes, pero no contiene disposición alguna que imponga un horario de trabajo o evidencia un control jerárquico sobre la jornada del contratista. La interpretación que convierte ese documento en prueba de subordinación no se ajusta ni a su
contiene disposición alguna que imponga un horario de trabajo o evidencia un control jerárquico sobre la jornada del contratista. La interpretación que convierte ese documento en prueba de subordinación no se ajusta ni a su contenido real ni a las reglas de la sana crítica.
(…)
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL
Complementando la tutela anterior, en lo que respecta a este capítulo, es necesario indicar que el fallo de primera y segunda instancia incurren en un desconocimiento del precedente judicial vinculante, al declarar la existencia de una relación laboral sin aplicar de manera rigurosa y específica las reglas jurídicas fijadas por las altas cortes para la configuración del contrato realidad, en especial respecto al elemento estructural de la subordinación. Esta omisión constituye una causal autónoma de procede ncia de la acción de tutela contra providencias judiciales, conforme lo ha reconocido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 18 de julio de 2025 11 a través del aplicativo de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y correspondió
11 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04492 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 04492 01
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por reparto a la Sección Quinta del Consejo de Estado que, por auto del 28 de julio de 202512 la inadmitió para que el accionante allegará el poder conferido conforme con los requisitos establecidos en el artículo 5 de la Ley 2213 de 2022 , el cual fue remitido13.
3.2. Por auto del 11 de agosto de 2025 14 el despacho de conocimiento admitió la acción de tutela y dispuso notificar 15 a la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca como parte accionada; así como vincular16 al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Bogotá y al señor José Eduardo Patiño Santafé, como terceros interesados en el resultado del proceso.
De igual forma, requirió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F y al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Bogotá, para que allegaran copia digital o hipervínculo del expediente correspondiente al proceso identificado con el radicado nro. 11001 33 35 010 2019 00367 00/01.
3.3. El magistrado ponente de la providencia cuestionada rindió informe17 en el que se opuso a las pretensiones de la parte actora.
3.3. El magistrado ponente de la providencia cuestionada rindió informe17 en el que se opuso a las pretensiones de la parte actora.
Señaló que «(…) no le asiste razón a la entidad accionada cuando afirma que se omitió emitir pronunciamiento respecto de la solicitud probatoria para que se lleve a cabo el interrogatorio de la parte accionante (…)».
Al respecto, explicó que, «(…) la entidad accionada en efecto solicitó el interrogatorio del señor Patiño Santafé en primera instancia, prueba que efectivamente fue decretada por el a -quo en audiencia inicial de 23 de agosto de
2022. No obstante, en la audiencia de pruebas celebrada el 15 de marzo de 2023 la parte demandante no asistió (…)».
Aseveró que «(…) no le asiste razón al accionante en el fundamento expuesto en su acción de amparo ya que la solicitud probatoria que alega desatendida no fue formulada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur en trámite de apelación (…)».
3.4. El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá remitió el expediente18 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho solicitado, sin embargo, no se pronunció sobre los hechos de la acción de tutela.
12 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04492 00. 13 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04492 00.
11001 03 15 000 2025 04492 00. 13 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04492 00. 14 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04492 00. 15 Esta orden se cumplió el 13 de agosto de 2025. Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 0 4492 00. 16 Ibidem. 17 Visto en el índice 208 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04492 00. 18 Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04492 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 04492 01
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3.5. Mediante el escrito del 15 de agosto de 2025 19 la accionante solicitó que, al momento de proferir la sentencia, se tuviera en cuenta el escrito de complementación remitido mediante correo electrónico el día 21 de julio de 2025.
momento de proferir la sentencia, se tuviera en cuenta el escrito de complementación remitido mediante correo electrónico el día 21 de julio de 2025.
3.6. Por auto del 5 de septiembre de 2025 20, se ordenó a la Secretaría General realizar la notificación correspondiente del escrito de complementación de la acción de tutela. Asimismo, se requirió a las partes la información necesaria para efectuar la notificación al señor José Eduardo Patiño Santafé , tercero vinculado al trámite tutelar.
La precitada providencia fue notificada en debida forma el 17 de septiembre de
2025. Igualmente, el accionante 21, el juzgado vinculado 22 y el tribunal accionado23 remitieron a información correspondiente para la notificación del señor José
Eduardo Patiño Santafé.
3.7. Mediante escrito del 16 de septiembre de 2025 24 el abogado William Ricardo Neira Escobar allegó poder otorgado por el señor José Eduardo Patiño Santafé, solicitó el enlace del proceso de la referencia y pidió el reconocimiento de personería jurídica. No obstante, una vez surtido el trámite correspondien te, no se pronunció sobre los hechos de la acción de tutela.
4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Quinta , en sentencia del 25 de septiembre de 2025 25 declaró improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional, al considerar que «(…) lo pretendido por la parte actora es reabrir el debate legal y probatorio que efectuó la autoridad judicial de segunda instancia respecto del análisis de las pretensiones de la demanda ordinaria
relevancia constitucional, al considerar que «(…) lo pretendido por la parte actora es reabrir el debate legal y probatorio que efectuó la autoridad judicial de segunda instancia respecto del análisis de las pretensiones de la demanda ordinaria presentada por la empresa accionante (…)».
Precisó que, en cuanto a la presunta omisión probatoria respecto del interrogatorio de parte del señor José Eduardo Patiño Santafé , «(…) cuando la acción de tutela tenga «origen en hechos adversos ocasionados por el mismo accionante, carece de relevancia constitucional (…)».
Por lo anterior, anotó que la parte accionante «(…) pretende debatir una consecuencia jurídica desfavorable derivada de la omisión de la empresa accionante pues no solicitó su práctica en la oportunidad probatoria en segunda instancia, lo cual implica la ausencia de relevancia constitucional (…)».
19 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04492 00. 20 Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04492 00. 21 Visto en el índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04492 00. 22 Visto en el índice 28 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04492 00. 23 Visto en el índice 29 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2025 04492 00. 23 Visto en el índice 29 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04492 00.
24. Visto en el índice 31 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04492 00.
25. Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04492 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 04492 01
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Indicó que, frente a los demás cuestionamientos relativos al defecto fáctico, con la providencia demandada se modificó el numeral primero de la sentencia de primera instancia para en su lugar declarar probada de oficio la excepción de caducidad ; y además, revocó el numeral 4 «para indicar en su lugar que el restablecimiento del derecho se limita al pago de los aportes a pensión en los términos señalados por el a-quo y no hay lugar al pago de prestaciones sociales y demás acreencias laborales en virtud de la declaratoria de caducidad que antecede».
En este punto, citó algunos a partes de la providencia enjuiciada y sostuvo que «(…) el tribunal se pronunció sobre la prueba testimonial decretada, pero no practicada
en virtud de la declaratoria de caducidad que antecede».
En este punto, citó algunos a partes de la providencia enjuiciada y sostuvo que «(…) el tribunal se pronunció sobre la prueba testimonial decretada, pero no practicada del señor David Leonardo Peñuela Escobar, debido a la inasistencia del testigo y por la falta de justificación suficiente de la parte interesada, no por causa de la autoridad judicial demandada (…)».
Resaltó que , aunque el magistrado ponente de la providencia cuestionada manifestó en su salvamento de voto parcial que no compartía el criterio de la sala sobre la acreditación del elemento de la subordinación, en la decisión acusada se explicó detalladamente el motivo por el cual se demostró que se configuraba dicho presupuesto de la relación laboral, conclusión a la que arribó a partir de la documental y el análisis de las funciones y condiciones del trabajo del señor José Eduardo Patiño Santafé. No obsta nte, aclaró que , la discrepancia de criterio reflejada en el salvamento de voto parcial del magistrado ponente de la providencia acusada no afecta su validez.
Frente a la configuración del desconocimiento del precedente, mencionó que este carece de la carga argumentativa necesaria para analizar el asunto, puesto que la parte accionante se limitó a mencionar la sentencia de unificación 00260 de 2016 del Consejo de Estado y la providencia SL828 de 2024 de la Corte Suprema de Justicia, para destacar que debía demostrarse el elemento de la subordinación en el caso concreto, pero no expuso el motivo por el cual con la sentencia acusada se desconoció tal carga probatoria.
Justicia, para destacar que debía demostrarse el elemento de la subordinación en el caso concreto, pero no expuso el motivo por el cual con la sentencia acusada se desconoció tal carga probatoria.
Anotó que «(…) el asunto formulado no se relaciona con el alcance, contenido o aplicación de un derecho fundamental, sino que se refiere a la aplicación normativa y al análisis interpretativo aplicable al caso concreto que efectuó la autoridad demandada en relación con las pretensiones de la demanda ordinaria (…)».
Advirtió que «(…) un desacuerdo en relación con las conclusiones respecto de la decisión acusada no puede ser razón para que el juez constitucional intervenga en la protección de los derechos fundamentales, puesto que, aceptar lo contrario, sería invadir la órbita del competente natural (…)».
Adujo que «(…) la acción de tutela contra providencias judiciales no debe ser vista como una tercera instancia para traer a colación nuevamente los argumentos expuestos dentro del proceso ordinario, sino que es un medio excepcionalísimo por medio del cual se revalúan decisiones que recaen en la arbitrariedad, al sobrepasar los principios rectores de la autoridad judicial (…)».Radicación: 11001 03 15 000 2025 04492 01
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5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte accionante lo impugnó 26 manifestando lo siguiente:
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5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte accionante lo impugnó 26 manifestando lo siguiente:
La decisión recurrida confunde el estándar de procedibilidad con un examen de mérito propio de instancia (…).
- Frente a "la tutela no puede ser tercera instancia; el juez solo debe analizar yerros puntuales".
La tesis de que este amparo pretende una "decisión de reemplazo" y actúa como "tercera instancia" desconoce el verdadero alcance del control solicitado. No pedimos reabrir el mérito ni rehacer la ponderación global del acervo; exigimos un control de valide z constitucional sobre defectos específicos y determinantes que fueron delimitados desde el escrito inicial y su complementación. En particular: (i) la omisión del juicio funcional comparativo con un cargo de planta análogo único procedimiento idóneo para distinguir coordinación de producto propia de un CPS y sujeción jerárquica propia de un vínculo laboral, y (ii) la traslación indebida de material logístico/técnico (agendas, reuniones, lineamientos y comunicaciones de entrega/recepción) a conclusiones de control de jornada y poder de dirección, sin identificar los hechos -tipo que estructuran la subordinación (órdenes concretas, fiscalización funcional permanente y potestad disciplinaria). No se solicita que el ad quem sustituya el criterio del juez natural ; se le pide que corrija el método y la insuficiencia de motivación cuando esas falencias impactan directamente la ratio.
El umbral de relevancia constitucional se supera porque lo planteado no es
corrija el método y la insuficiencia de motivación cuando esas falencias impactan directamente la ratio.
El umbral de relevancia constitucional se supera porque lo planteado no es una discrepancia propia de instancia, sino un vicio de validez con efecto decisivo: aplicando el contraste funcional exigible y depurando la inferencia que confunde coordinación con subordinación, el resultado razonablemente puede modificarse o, cuando menos, impone la emisión de una nueva sentencia con motivación suficiente. El examen constitucional no puede eludirse mediante una etiqueta ("tercera instancia"); debe verificarse si l os yerros concretos alegados existen y son determinantes. Aquí lo son: sin comparación funcional y sin hechos-tipo, no hay soporte para desnaturalizar un CPS.
(…)
- Frente a lo aludido respecto del interrogatorio de parte.
La proyección que hace la Sección Quinta de la regla de autoresponsabilidad para negar la relevancia constitucional del cargo relativo al interrogatorio de parte no es jurídicamente suficiente para clausurar el examen de la tutela. Aun admitiendo -en graci a de discusión - que la no práctica u oportuna insistencia en ese medio de prueba pueda imputarse a la parte accionante, el vicio constitucional denunciado no depende de esa actuación y subsiste de manera autónoma por dos razones: (i) la valoración incomple ta del acervo documental ya obrante y (ii) la omisión del juicio funcional comparativo indispensable para acreditar el elemento subordinación.
26 Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
documental ya obrante y (ii) la omisión del juicio funcional comparativo indispensable para acreditar el elemento subordinación.
26 Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04492 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 04492 01
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El control en sede de tutela contra providencias judiciales no se agota en escrutar un incidente probatorio; exige verificar si, con las pruebas existentes en el expediente, la decisión superó los estándares de debido proceso probatorio y de motivación suficiente cuando de ello depende la definición de un derecho fundamental.
En ese marco, la sentencia impugnada sustituyó el examen constitucional por un óbcie (sic) procesal parcial: al invocar la "propia torpeza", dejó sin respuesta el núcleo del cargo, que era -y sigue siendo que la conclusión de subordinación se edificó sobre indicios genéricos (agenda, reuniones, dictados, lineamientos y una comunicación logística de entrega/recepción de documentos) sin confrontarlos con los hechos -tipo que estructuran verdaderamente la subordinación (órdenes concretas, control horario efectivo, poder disciplinario) y sin realizar el contraste funcional con un cargo de planta análogo. Ese contraste es el método mínimo para distinguir coordinación por productos -propia de un CPSde sujeción jerárquica -propia
efectivo, poder disciplinario) y sin realizar el contraste funcional
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