CE - Sentencia 11001031500020250457501
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250457501
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-04575-01
Accionante: Óscar William Almonacid Pérez
Accionados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Revoca y niega por no demostrarse los defectos invocados
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la impugnación formulada por la parte accionante contra la sentencia proferida el 29 de agosto de 2025 por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, a través de la cual declaró improcedente la a cción de tutela al considerar que no cumple los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. El 12 de octubre de 2006 el señor Óscar William Almonacid Pérez, en calidad de apoderado del señor Maximino Cortés Castro, interpuso demanda de reparación directa contra el Hospital Militar Central y el Hospital Universitario Hernando
2. El 12 de octubre de 2006 el señor Óscar William Almonacid Pérez, en calidad de apoderado del señor Maximino Cortés Castro, interpuso demanda de reparación directa contra el Hospital Militar Central y el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Al respecto, el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva accedió a las pretensiones de la demanda, decisión con firmada por el Tribunal
Administrativo del Huila.
3. Con posterioridad, e l señor Cortés Castro formuló queja disciplinaria en contra del abogado Almonacid Pérez, argumentando que no le entregó los dineros derivados del proceso de reparación directa por concepto de indemnización.
4. En consecuencia, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila, mediante providencia del 12 de septiembre de 2023 encontró acreditado que , aunque el señor Almonacid Pérez recibió dineros derivados del trámite de marras desde el 2019, solo los entregó a su poderdante hasta el 2023, situación que le permitió inferir que utilizó los recursos en provecho propio o posiblemente de terceros.
5. Por lo anterior, la autoridad judicial declaró responsable al profesional en derechoAcción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-04575-01
Accionante: Óscar William Almonacid Pérez
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2 Almonacid Pérez por la comisión de la falta prevista en el numeral 4 del artículo 35
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2 Almonacid Pérez por la comisión de la falta prevista en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, en concordancia con el numeral 8 del artículo 28 ibidem, conducta reprochada a título de dolo.
6. En sede de apelación, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial , a través de la sentencia del 9 de abril de 2025, confirmó la decisión judicial anterior y, señaló que no resultaba aplicable el atenuante consagrado en el numeral 2° del literal B del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, en la medida en que la devolución del dinero no ocurrió por iniciativa propia, sino que fue motivada por el desarrollo del proceso disciplinario.
7. Contra la providencia anterior, el señor Almonacid Pér ez formuló solicitud de «nulidad constitucional», argumentando que, para la fecha en que fue proferida, ya se encontraba vencido el término legal previsto para el efecto y, por ende, la autoridad judicial había perdido competencia para ejercer su facultad sancionatoria.
8. Asimismo, el ahora accionante radicó memorial de «aclaración, complementación o adición» de la sentencia de segunda instancia , pues, en su consideración, no se precisaron los criterios de graduación de la sanción bajo los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.
9. Finalmente, mediante providencia del 7 de julio de 2025, la autoridad judicial accionada manifestó que la prescripción fue debidamente analizada y resuelta en el fallo correspondiente. De igual forma, recordó al accionante que las sentencias no
9. Finalmente, mediante providencia del 7 de julio de 2025, la autoridad judicial accionada manifestó que la prescripción fue debidamente analizada y resuelta en el fallo correspondiente. De igual forma, recordó al accionante que las sentencias no pueden ser modificadas por el mismo juez que las profirió, salvo en los casos previstos en el Código General del Proceso. Asimismo, precisó que la corrección, aclaración o adición solo procede en los términos del artículo 140 de la Ley 1952 de 2019 y que la figura de la aclaración únicamente es viable dentro del término de ejecutoria. Por consiguiente, al no cumplirse dichas condiciones, la autoridad judicial decidió rechazar de plano la solicitud presentada.
2.2. Fundamento jurídico
10. La parte accionante sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en los
siguientes defectos:
- Fáctico: por indebida valoración probatoria del acuerdo transaccional entre el señor Maximino Cortés Castro y el ahora accionante, el cual le permitía ser beneficiario de la atenuante contemplada en el artículo 45 literal B, numeral 2° de la Ley 1123 de 2007.
- Sustantivo: al proferir la sentencia de segunda instancia por fuera del término legal previsto en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011 , y omitir pronunciarse sobre su solicitud de control de constitucionalidad.
Aunado a lo anterior, sostuvo que la autorid ad judicial accionada resolvió de manera parcial sus solicitudes de aclaración , complementación y adición, a pesar de que fueron presentadas dentro del término de ejecutoria de la sentencia, ignorando lo dispuesto en los artículos 16 de la Ley 1123 de 2007
manera parcial sus solicitudes de aclaración , complementación y adición, a pesar de que fueron presentadas dentro del término de ejecutoria de la sentencia, ignorando lo dispuesto en los artículos 16 de la Ley 1123 de 2007 y 285 y 287 del Código General del Proceso.Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-04575-01
Accionante: Óscar William Almonacid Pérez
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3 - Desconocimiento del precedente judicial: en relación con la sentencia de unificación del 29 de septiembre de 2009 del Consejo de Estado, con radicado 11001-03-15-000-2003-00442-01 y, la sentencia C-875 de 2011 de la Corte Constitucional, pues la autoridad judicial accionada no se pronunció sobre la petición de control de legalidad. 2.3. Pretensiones
11. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«I. Tutelar los derechos fundamentales a la confianza legitima, seguridad jurídica, principio de congruencia, derecho de defensa, debido proceso, derecho al trabajo, igualdad ante la ley, principio de la prevalencia del derecho sustancial, dignidad humana, y al mínimo vital al suscrito Óscar William Almonacid Pérez.
Primero.- REVOCAR y dejar sin valor ni efecto, las providencias proferidas por la COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL de fecha 9 de abril de 2025 y 7 de julio de 2025, dentro del proceso radicado bajo el número 41001250200020230006001.
la COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL de fecha 9 de abril de 2025 y 7 de julio de 2025, dentro del proceso radicado bajo el número 41001250200020230006001.
Segundo.- SE PROFIERA DECISION DE REMPLAZO en donde se estudie las normativas que por remisión de los arts. 15 y art. 16 de la ley 1123 de 2007, se encuentran contenidas en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con los artículos 6, 7, 15, 16, 48, 49 de la Ley 1123 de 2007, arts. 6, 14 y 96 de la Ley 734 de 2002, art. 234 de la Ley 1952 de 2019 con respecto a la solicitud de control de legalidad por nulidad procesal; y con el art. 287 del Código General del Proceso; todo bajo el tópico del art. 2 9 de la Carta Constitucional y los derechos invocados amparar en esta acción constitucional». (Sic en toda la cita)
2.4. Intervenciones
12. La acción de tutela objeto de estudio fue admitida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante providencia del 28 de julio de 2025, a través de la cual se ordenó notificar como accionado a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila y al señor Maximino Cortés Castro como terceros interesados en el resultado del proceso.
13. Aunado a lo anterior, la autoridad judicial negó la medida provisional consistente en la suspensión de las providencias cuestionadas, al considerar que no resultaba
señor Maximino Cortés Castro como terceros interesados en el resultado del proceso.
13. Aunado a lo anterior, la autoridad judicial negó la medida provisional consistente en la suspensión de las providencias cuestionadas, al considerar que no resultaba necesario o urgente para evitar un perjuicio cierto e irremediable y no se contaban con los elementos necesarios para analizar y decidir las presuntas vulneraciones.
14. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial argumentó que el accionante no resultó beneficiario de la atenuante contemplada en el artículo 45 literal B, numeral 2° de la Ley 1123 de 2007, debido a que la devolución parcial del dinero se produjo durante el trámite del proceso disciplinario y no por iniciativa propia.
15. Asimismo, indicó que no se vulneró el derecho fundamental al debido proceso del accionante, en la medida en que el actor participó en la audiencia, presentó argumentos y la decisión judicial cuestionada se profirió con estricto apego a la normatividad que rige la materia.Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-04575-01
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16. Adicionalmente, manifestó que la conducta objeto de reproche disciplinario es una falta de carácter permanente a su cliente, pues no entregó el dinero en la mayor brevedad posible y solo lo restituyó parcialmente cuando ya se encontraba vigente una investi gación formal en su contra. Por ende, consideró que el supuesto
una falta de carácter permanente a su cliente, pues no entregó el dinero en la mayor brevedad posible y solo lo restituyó parcialmente cuando ya se encontraba vigente una investi gación formal en su contra. Por ende, consideró que el supuesto vencimiento del término para proferir sentencia de segunda instancia no tiene respaldo legal y es improcedente.
17. En consecuencia, avizoró que el accionante pretende reabrir un debate judicial que fue debidamente abordado por el juez natural del proceso y por ello, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, máxime cuando no existió una vulneración de los derechos fundamentales invocados.
2.5. Sentencia impugnada
18. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 29 de agosto de 2025 declaró improcedente la acción de tutela por carecer de relevancia constitucional, pues, a su juicio, los cargos relativos a los yerros por el rechazo de plano de las solicitudes de aclaración y complementación no están debidamente justificados y parecían ser un medio dirigido a revivir el análisis efectuado por el juez natural .
19. Adicionalmente, estimó que la acción de tutela no cumplía el requisito de subsidiariedad en relación con su reproche sobre la prescripción del proceso, en la medida en que el accionante no lo puso de presente el día en que supuestamente venció el plazo, sino después de conocerse el sentido de la decisión adoptada , y aunque se llevó a cabo otra actuación por intermedio de su defensora de oficio, en esta no hizo alusión a los argumentos que pretende hacer valer a través del mecanismo constitucional.
2.6. Impugnación
aunque se llevó a cabo otra actuación por intermedio de su defensora de oficio, en esta no hizo alusión a los argumentos que pretende hacer valer a través del mecanismo constitucional.
2.6. Impugnación
20. La parte accionante impugnó la decisión judicial ant erior, argumentando que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado omitió valorar los principios invocados conforme a los artículos 6, 7, 12, 15 y 16 de la Ley 1123 de 2007 y con ello, adoptó una decisión que contravino los principios de l egalidad, favorabilidad, seguridad jurídica y duda en favor del disciplinable. De otra parte, manifestó que la autoridad judicial vulneró su derecho fundamental al debido proceso al omitir pronunciarse sobre la solicitud de control de legalidad.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
21. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-04575-01
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5 3.2. Cuestión previa
22. Si bien la parte accionante manifestó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial desconoció la sentencia de unificación del 29 de septiembre de 2009 del
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5 3.2. Cuestión previa
22. Si bien la parte accionante manifestó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial desconoció la sentencia de unificación del 29 de septiembre de 2009 del Consejo de Estado, con radicado 11001 -03-15-000-2003-00442-01 y, la sentencia C-875 de 2011 de la Corte Constitucional, lo cierto es que no precisó de qué manera dichas providencias guardan relación directa con el caso objeto de análisis ni en qué sentido las considera desconocidas. Por lo tanto, no se abordará el estudio del desconocimiento del precedente judicial. 3.3. Problema jurídico
23. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en determinar si la Comisión Nacional de Disciplina Judicial incu rrió en los defectos fáctico y sustantivo, al proferir las providencias del 9 de abril y 7 de julio de 2025, al interior del proceso disciplinario con radicado 41001-25-02-000-2023-00060-01.
Previamente, se verificará el cumplimiento de los requisitos gene rales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial los de relevancia constitucional y subsidiariedad cuyo cumplimiento no se encontró acreditado en primera instancia.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
24. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
24. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando estos sean vu lnerados o amenazados por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afi rmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
25. De igual forma, de acuerdo con l a jurisprudencia constitucional vigente, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administr ar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.
26. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
26. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios c omo extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que seAcción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-04575-01
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6 busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jur isprudencia, que habilitan su interposición.
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jur isprudencia, que habilitan su interposición.
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos fundamentales presuntamente vulnerados se encuentran plenamente individualizados.
3.4.1.2. A pesar de que la Subsección C de la Sección Tercera de l Consejo de Estado, mediante la sentencia del 29 de agosto de 2025 afirmó que la acción de tutela no cumple la subsidiariedad frente a los cargos derivados de la supuesta expedición de la decisión judicial de segunda instancia por fuera del término previsto en la ley, esta Sala no considera que la formulación de un memorial informando el vencimiento del término antes de que se profiriera la sentencia cuestionada constituyera un medio o mecanismo de defensa idóneo para salvaguardar los intereses de la parte accionante. Por lo tanto, sí se encuentra cumpli do el requisito invocado.
3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición 1 del mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6 meses desde la notificación de la última providencia c uestionada2.
3.4.1.4. Aunque la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la sentencia del 29 de agosto de 2025 sostuvo que la acción de tutela carece de relevancia constitucional en relación con los defectos derivados del rechazo de plano de la solicitud de aclaración, complementación y adición, esta Sala sí encuentra acreditado dicho requisito, en la medida en que la parte accionante alega una vulneración iusfundamental derivada del desconocimiento de las normas
rechazo de plano de la solicitud de aclaración, complementación y adición, esta Sala sí encuentra acreditado dicho requisito, en la medida en que la parte accionante alega una vulneración iusfundamental derivada del desconocimiento de las normas aplicables al caso concreto , inconformid ad que se encuentra razonadamente fundamentada.
27. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra providencia judicial
28. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del
1 24 de julio de 2025. 2 18 de julio de 2025.Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-04575-01
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7 supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte Constitucional3 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa4, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa. Esta dimensión, comprende la indebida valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez.
b. Una dimensión positiva5, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
de los hechos analizados por el juez.
b. Una dimensión positiva5, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
29. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos probatorios»6.
30. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina a obtener una nueva valorac ión de la actividad evaluativa realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.
3.5.1. Análisis del presunto defecto fáctico en el caso concreto
31. La parte accionante manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria del acuerdo transaccional entre el señor Maximino Cortés Castro y el ahora accionante, el cual le permitía ser beneficiario de la atenuante contemplada en el artículo 45 literal B, numeral 2° de la Ley 1123 de 2007.
32. En relación con este aspecto , la autoridad judicial accionada , mediante la sentencia del 9 de abril de 2025 indicó lo siguiente:
Ley 1123 de 2007.
32. En relación con este aspecto , la autoridad judicial accionada , mediante la sentencia del 9 de abril de 2025 indicó lo siguiente: «En relación con este asunto, es necesario precisar que no era procedente aplicar la atenuante prevista en el numeral 2 del literal B) del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, que establece: “haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causa do (…)”. Lo anterior se debe a que el disciplinado devolvió parte del dinero adeudado a su cliente solo en julio de 2023.
En ese sentido, no puede afirmarse que el mencionado acuerdo haya sido fruto de una iniciativa propia, ya que, para esa fecha, se enco ntraba en curso un proceso disciplinario iniciado el 6 de marzo de 2023, en el cual ya se habían adelantado varias actuaciones. Asimismo, no puede pasarse por alto que, antes de la presentación de la queja, el señor Maximino Cortés había solicitado
3 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras. 4 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía. 5 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 6 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-04575-01
6 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-04575-01
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8 información a su apoderado sobre el estado del dinero, sin obtener ninguna respuesta respecto al pago».
33. Como se observa, la autoridad judicial accionada explicó de manera razonada y suficiente las razones por las cuales el beneficio contemplado en el numeral 2 d el literal B) del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, no resultaba aplicable en el caso concreto. Al respecto, indicó que la devolución parcial del dinero no obedeció a una iniciativa espontánea del señor Óscar Almonacid, sino como resultado del proceso disciplinario, circunstancia que excluye el supuesto previsto en la norma precitada.
34. En consecuencia, esta Subsección advierte que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial sí realizó una valoración cualitativa y detallada del contrato de transacción suscrito entre las partes , analizando principalmente su motivación. Por ende, se concluye que la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada no transgredió los derechos fundamentales invocados ni configuró el defecto fáctico aludido.
3.6. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra providencia judicial
35. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aludido.
3.6. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra providencia judicial
35. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los siguientes
términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y razonabilidad que orientan al sistema jurídico»7.
36. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:
judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
7 Corte Constitucional, sentencia T -1143 de 28 de nov iembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo Montealegre Lynett.Acción De Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-04575-01
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9 inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y, finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con
de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e independenc ia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico p reestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que convierte en vía de hecho una sentenci a judicial, opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no produ ce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (
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