CE - Sentencia 11001031500020250538001

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05380-01

Referencia: Acción de tutela

Actora: DILUO S.A.S.

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE NO SE CUMPLE

CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, LOS

ARGUMENTOS DE LA TUTELA FUERON OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO POR

PARTE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHO FUNDAMENTAL: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de 25 de septiembre de 2025 , mediante la cual la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO 1 declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1 En adelante la Sección Quinta.2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05380-01

Actora: DILUO S.A.S.

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Actora: DILUO S.A.S.

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I.1.- La Solicitud

La sociedad DILUO S.A.S., actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN TERCERASUBSECCIÓN “B” - DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA2, al haber proferido la providencia de 28 de abril de 2025 dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2022-00438-01.

I.2.- Hechos

Afirmó que, en el mes de septiembre de 2020, por medio de la compañía SAM IMPO -EXPO, adquiri ó varios ejemplares equinos, entre ellos, el animal GITANA.

Relató que cuando el ejemplar arribo a Colombia fue remitido a las instalaciones del INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

2 En adelante la Sección Quinta.3

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(ICA), y luego a la CLINICA DE GRANDES ANIMALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL , siendo diagnosticada con las patologías de pleuroneumonía y neumonía bacteriana.

Aseguró que para el 14 de marzo de 2021 se evidenciaba mejoría en la salud del animal, sin embargo, el 25 de ese mes y año falleció de manera fulminante por causa de un errado medicamento que le fue suministrado por personal del mencionado centro veterinario.

Arguyó que, como consecuencia de lo anterior, promovi ó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la UNIVERSIDAD NACIONAL , el cual correspondió por reparto al

JUZGADO SESENTA Y TRES ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

DE BOGOTÁ3 que, en sentencia de 31 de mayo de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, le ordenó a dicha entidad el reconocimiento y pag o de los perjuicios materiales causados con ocasión de la muerte del ejemplar.

Indicó que la UNIVERSIDAD NACIONAL interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el TRIBUNAL que, mediante

3 En adelante el Juzgado.4

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Actora: DILUO S.A.S.

3 En adelante el Juzgado.4

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sentencia de 28 de abril de 2025, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda.

I.3. Fundamentos de derecho

Manifestó que la decisión judicial cuestionada incurrió en defecto fáctico al realizar una indebida valoración del material probatorio , entre ellas, la historia médica del equino GITANA y las testimoniales recaudadas, que evidenciaban que su muerte ocurrió por la administración equivocada de cloruro de potasio.

Añadió que también incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial establecido por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en las sentencias T-292 de 6 de abril de 2006 y SU1184 de 13 de noviembre de 2021 4, en las que se determinó la responsabilidad extracontractual del estado por fallas m édicas y/o veterinarias en animales.

Adujo que la providencia cuestionada incurrió en defecto procedimental, puesto que se vulneró el principio de

4 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.5

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Actora: DILUO S.A.S.

4 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.5

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congruencia, ya que en el asunto no se cuestionaba la administración en el equino el cloruro de potasio, por lo que no se podía arribar a la conclusión que no se había probado que tal medicamento hubiese sido la causa de su fallecimiento. I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de su s derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia: “[…] 2.1. Se declare que la Accionada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la Accionante al proferir la Sentencia de Segunda Instancia, de acuerdo con lo expuesto a lo largo de este escrito.

2.2. Se declare el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la Accionante y los demás derechos fundamentales que su Honorable Despacho Judicial encuentre vulnerados por la Accionada.

2.3. Se deje sin efectos la Sentencia de Segunda Instancia.

2.4. Se ordene a la Accionada reiniciar el análisis del proceso judicial administrativo con Radicado No. 11001334306320220043801, para emitir una sentencia que cumpla con los estándares de carácter constitucional, legal y jurisprudencial expuestos en la presente acción […]”.

judicial administrativo con Radicado No. 11001334306320220043801, para emitir una sentencia que cumpla con los estándares de carácter constitucional, legal y jurisprudencial expuestos en la presente acción […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL se limitó a remitir el expediente contentivo del proceso ordinario objeto de controversia.6

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I.6. – Intervinientes

I.6.1.- La UNIVERSIDAD indicó que no puede advertirse la vulneración de derecho fundamental alguno, pues los medios probatorios fueron debidamente valorados por la autoridad judicial accionada atendiendo la pertinencia, utilidad y eficacia, y ajustándose a las reglas de apreciación de la prueba en los términos que establece el ordenamiento jurídico.

Solicitó declarar improcedente el amparo deprecado, en razón a que la providencia cuestionada no incurrió en vulneración de algún derecho fundamental, por el contrario, lo que pretende la actora es crear un recurso adicional de revisión para controvertir interpretaciones judiciales o valoraciones probatorias con las cuales no está de acuerdo.

I.6.2.- El JUZGADO, a pesar de ser notificado en debida forma, guardó silencio.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

no está de acuerdo.

I.6.2.- El JUZGADO, a pesar de ser notificado en debida forma, guardó silencio.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN QUINTA mediante sentencia de 25 de septiembre de7

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2025, declaró improcedente el amparo al considerar que no se encontró satisfecho el requisito general de relevancia constitucional.

Advirtió que la parte actora pretende que el juez de tutela reproche las conclusiones adoptadas por el juez natural del asunto y obtener un resultado favorable a sus intereses, sumado a ello, indicó que, de la interpretación probatoria realizada por el TRIBUNAL, no se evidencia que la muerte del equino fue ra a causa de l cloruro de potasio que le fue suministrado.

Recalcó que la interpretación probatoria y la manera como el juez ordinario desarrolla el juicio de responsabilidad no puede ser revalorado por el juez constitucional, pues ello implicaría la vulneración de la autonomía e independencia con la que e ste interpreta y adecua los títulos de imputación por presunta responsabilidad del Estado.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó que se revoque . Para el efecto, reiteró los fundamentos

responsabilidad del Estado.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó que se revoque . Para el efecto, reiteró los fundamentos jurídicos plasmados en el escrito introductorio.8

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Señaló que la solicitud de amparo no pretende reabrir una tercera instancia, por el contrario, la finalidad es que se protejan sus derechos, pues, a su juicio, la autoridad judicial accionada interpretó de manera caprichosa el material probatorio allegado al expediente ordinario, pues tuvo por probadas unas circunstancias fácticas que no son ciertas.

Indicó que el a quo omitió pronunciarse sobre el defecto procedimental por la falta de congruencia, puesto que, en el recurso de apelación interpuesto en el proceso ordinario censurado , no se discutió sobre la causalidad entre el cloruro de potasio y la muerte del equino, es decir, que este hecho estaba aceptado tácitamente.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 20219

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y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello, magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de de rechos constitucionales fundamentales, debiéndo se observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de de rechos constitucionales fundamentales, debiéndo se observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de10

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unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la11

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proporcionado a partir del hecho que originó la11

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vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,12

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para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance

y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende que se deje sin efecto la providencia de 28 de abril de 2025 ,13

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proferida por el TRIBUNAL dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2022-00438-01.

Los disensos de la parte actora radican en que la autoridad judicial incurrió en defecto fáctico al realizar una indebida valoración del material probatorio , entre ellas, la historia médica del equino GITANA y las testimoniales recaudadas, que evidenciaban que su muerte ocurrió por la administración equivocada de cloruro de potasio.

Añadió que también incurrió en desconocimiento del precedente

GITANA y las testimoniales recaudadas, que evidenciaban que su muerte ocurrió por la administración equivocada de cloruro de potasio.

Añadió que también incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial establecido por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en las sentencias T -292 de 6 de abril de 2006 y SU1184 de 13 de noviembre de 2021 5, en las que se determinó la responsabilidad extracontractual del estado por fallas médicas y/o veterinarias en animales.

Adujo que la providencia cuestionada incurrió en defecto procedimental, puesto que se vulneró el principio de

5 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.14

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congruencia, ya que en el asunto no se cuestionaba la administración en el equino el cloruro de potasio, por lo que no se podía arribar a la conclusión que no se había probado que tal medicamento hubiese sido la causa de su fallecimiento.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN QUINTA que, mediante sentencia de 25 de septiembre de 2025, declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que, no se cumplió con el presupuesto de la relevancia constitucional.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión

2025, declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que, no se cumplió con el presupuesto de la relevancia constitucional.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó que se revoque . Para el efecto, reiteró los fundamentos jurídicos plasmados en el escrito introductorio.

Señaló que la solicitud de amparo no pretende reabrir una tercera instancia, por el contrario, la finalidad es que se protejan sus derechos, pues, a su juicio, la autoridad judicial accionada interpretó de manera caprichosa el material probatorio allegado al expediente ordinario, pues tuvo por probadas unas circunstancias fácticas que no son ciertas.15

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Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe confirmar, modificar o revocar la decisión de l a quo, para lo cual se verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial ; y, de ser así, se establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos deprecados e incurrió en los defectos alegados.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias

establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos deprecados e incurrió en los defectos alegados.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, e n especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede16

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encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».7

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».7

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los

6 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 7 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.17

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05380-01

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jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [10].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [11].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [12].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En

requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [12].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de

[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso” ) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 ( “el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su apl icación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del

importancia para la interpretación de la Constitución, para su apl icación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”18

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05380-01

Actora: DILUO S.A.S.

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