CE - Sentencia 11001031500020250584500

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250584500
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil vein ticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2025-05845-00

Demandante GUSTAVO PACHECO GARCÍA

Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, SALA TRANSITORIA Temas Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Tardanza en trámite de primera instancia. Bonificación judic ial como factor salarial. Sala Transitoria. Mora judicial. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera inst ancia la acción de tutela instaurada por el señor Gustavo Pacheco García, de con formidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 17 de septiembre de 20251, el señor Gustavo Pacheco García, actuando a través de apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Transitoria, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de ju sticia, con ocasión a la presunta mora judicial en la que se incurrió al no hab er dado trámite a la primera

del Cauca, Sala Transitoria, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de ju sticia, con ocasión a la presunta mora judicial en la que se incurrió al no hab er dado trámite a la primera instancia del medio de control de nulidad y restablec imiento del derecho 7 6001-2333-000-2019-01148-00. En consecuencia, formularon las siguientes pretensione s2: «PRIMERO: DECLARAR, que la SALA TRANSITORIA DEL TRIBUNAL ADMI NISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, ha incurrido (i) en un claro desc onocimiento del principio de celeridad contenido en el artículo 228 de la Constitución Política, en el artículo 4 de la Ley 270 de 1996, y en el numeral 13 del artículo 3 del C.P.A.C.A., (ii) en una omisión de sus deberes contenidos en el los (sic) numerales 1 y 8 del artículo 42 del C.G.P., y por consiguiente, (iii) en una mora desproporcional e injustificada en el trámite procesal endilgado.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior, TUTELAR los derecho s fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de mi poderdante GUSTAVO

PACHECO GARCÍA.

TERCERO: ORDENAR a la SALA TRANSITORIA DEL TRIBUNAL ADMINIST RATIVO DEL VALLE DEL CAUCA que, dentro del término improrrogab le de 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, proceda sin más demora emitir auto citando a audiencia inicial o, en su defecto, disponga el trámite de sentencia anticipada, dentro del MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, en contra de la NACIÓN –

en su defecto, disponga el trámite de sentencia anticipada, dentro del MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, en contra de la NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, radicado bajo el número 76001-23-33-0002019-01148-00.» (Sic a toda la cita)

2. Hechos Del escrito de tutela se advierten como hechos releva ntes los siguientes:

1 Samai, índice 2. 2 Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05845-00

Demandante: Gustavo Pacheco García

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.1. Para el año 2019, el señor Gustavo Pacheco García , promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Procuraduría General de la Nación, pretendi endo la nulidad del Oficio S-2019-011064 del 26 de junio de 2019 , por el cual se negó su solicitud de reconocimiento, reajuste y reliquidación de la bo nificación por compensación establecida en el Decreto 610 de 1998 y el Decreto 1102 de 2012, incluyendo la liquidación de la prima especial de s ervicios fijada en la Ley 4ª de 1992, las cesantías y sus intereses. 2.2. Por reparto el conocimiento del asunto le correspo ndió conocer al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, bajo el radicado 76001-23-33-000-2019de 1992, las cesantías y sus intereses. 2.2. Por reparto el conocimiento del asunto le correspo ndió conocer al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, bajo el radicado 76001-23-33-000-201901148-00, sin embargo, mediante auto del 13 de marzo de 2020 , los magistrados del Tribunal Administrativo del Cauca ma nifestaron su impedimento para conocer del asunto. 2.3. Con auto del 20 de mayo de 2021, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró fundado los impedimentos manifestados y, ordenó que se devolviera el expediente al tribunal de origen para que se realizara el correspondiente sorteo de conjueces. 2.4. El 14 de abril de 2023, el conjuez Juan Raphael Granja Payán, del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la demanda en el mencionado medio de control. 2.5. El 19 de marzo de 2024, el conjuez Granja Payán ord enó la remisión del expediente a la Oficina de Apoyo Judicial para que s e asignara a los magistrados de la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, conforme a lo dispuesto en el numeral 3° del parágrafo 3° del artículo 1° del Acuerdo PCSJA24-12140 del 30 de enero de 2024.

2. Fundamentos de la acción El señor Gustavo Pacheco García alegó la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia porque para la fecha de presentación de la presente acción de tutela, la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no ha dado impulso al medio de

fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia porque para la fecha de presentación de la presente acción de tutela, la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no ha dado impulso al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 76001-23-33-000-2019-01148-00. Afirma que han transcurrido más de 6 años desde que ra dicó su demanda sin que haya finalizado el trámite de primera instancia lo q ue configura una mora judicial injustificada. Explicó que su proceso ha sufrido varias demoras, en un principio para la designación de conjueces y, ahora, al remitirse el e xpediente a Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, se evid encia una mora judicial injustificada. Sostiene que a pesar de presentar múlt iples memoriales de impulso el proceso solo cuenta con la contestación de la demand a y no se ha citado a audiencia inicial, ni se ha dispuesto sentencia ant icipada.

3. Trámite impartido e intervenciones 3.1. Con providencia del 26 de septiembre de 2025 3, el despacho sustanciador admitió la demanda presentada por el señor Gustavo Pacheco G arcía contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Transitoria (despacho del magistrado Diego León Gómez, o a quien hiciera sus ve ces). En calidad de terceros con interés se vinculó a la Nación, Procuraduría Gene ral de la Nación, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defens a Jurídica del Estado.

3 Samai, índice 4.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05845-00

Demandante: Gustavo Pacheco García

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Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defens a Jurídica del Estado.

3 Samai, índice 4.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05845-00

Demandante: Gustavo Pacheco García

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En la misma providencia se ordenó oficiar a la Sala T ransitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que remitiera: (i) el informe del trámite impartido al expediente 76001-23-33-000-2019-01148-00, (ii) el listado de procesos pendientes de trámite ( en el que se identificara el turno en el que se encuentra el mencionado medio de control ) y (iii) la relación de procesos adelantados desde que ingresó el expediente a ese d espacho, o cualquier medio de prueba que demostrara el trámite que ha impartido a ese proceso en calidad de ponente. Adicionalmente, se reconoció pers onería al apoderado judicial de la parte demandante; y se ordenó realizar las notificaciones. 3.2. La Procuraduría General de la Nación 4 manifestó que no ha vulnerado los derechos fundamentales del señor Pacheco García, dado que no tiene injerencia en la celeridad que se le pueda dar a los trámites del medio de control que presentó el actor. Señaló que revisados los sistemas de información de la entidad se advirtió que en efecto el demandante radicó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Procuraduría General de la Nac ión el 14 de abril de

Señaló que revisados los sistemas de información de la entidad se advirtió que en efecto el demandante radicó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Procuraduría General de la Nac ión el 14 de abril de 2023, y que en cumplimiento del auto admisorio proce dió a enviar la contestación de la demanda el 23 de mayo de 2023. 3.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Tra nsitoria5, a través del magistrado Diego León Gómez Martínez rindió inf orme en el que solicitó que se declarara improcedente la acción, o en su defecto, que se negara, pues le ha dado el trámite conforme a las reglas fijadas po r el Consejo Superior de la Judicatura en los acuerdos que crearon las Salas T ransitorias a nivel nacional. Realizó un recuento del trámite que le ha impartido al medio de control así: ▪ Tras ser radicada la demanda le correspondió su co nocimiento al Juzgado Segundo Administrativo Oral de Buga con el radicado 76001-23-33-000-201901148-00. ▪ El 11 de diciembre de 2019 el expediente fue remit ido por competencia al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. ▪ El 11 de marzo de 2020 los magistrados del tribuna l manifestaron su impedimento para conocer el asunto. ▪ El 20 de mayo de 2021 la Sección Segunda del Conse jo de Estado declaró fundado el impedimento y ordenó el sorteo de conjueces. ▪ El 9 de marzo de 2023 se designaron los conjueces. ▪ El 14 de abril de 2023 se admitió la demanda.

fundado el impedimento y ordenó el sorteo de conjueces. ▪ El 9 de marzo de 2023 se designaron los conjueces. ▪ El 14 de abril de 2023 se admitió la demanda. ▪ El 15 de agosto de 2023 se aportó la contestación de la demanda y el agente del Ministerio Público se declaró impedido. ▪ El 4 de octubre de 2023 se aceptó el impedimento. ▪ El 14 de mayo de 2024 se designó como nuevo ponent e al magistrado Diego León Gómez Martínez, conforme al Acuerdo PCSJA24-12140 ▪ El 13 de junio de 2024 la Procuraduría allegó pode r especial. ▪ El 29 de octubre de 2024 el apoderado de la parte demandante radicó impulso procesal. ▪ El 11 de diciembre de 2024 al finalizar la medida el expediente regresó a la Secretaría del Tribunal. ▪ El 24 de enero de 2025 se dictó el Acuerdo PCSJA25 -12255 creándose nuevos despachos transitorios (incluido el 602).

4 Samai, índice 8. 5 Samai, índice 9, 10 y 11.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05845-00

Demandante: Gustavo Pacheco García

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Explicó que con el Acuerdo PCSJA24-12140 del 30 de enero de 2024, se dispuso la creación de despachos transitorios como mecanismo extraordinario para atender la alta congestión judicial, así los proceso s que venían siendo

Explicó que con el Acuerdo PCSJA24-12140 del 30 de enero de 2024, se dispuso la creación de despachos transitorios como mecanismo extraordinario para atender la alta congestión judicial, así los proceso s que venían siendo tramitados por los despachos permanentes fueron reasig nados a los despachos transitorios con el fin de garantizar la con tinuidad del trámite. Dijo que a la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se le asignaron procesos provenientes de los distritos judi ciales administrativos de: Caldas, Caquetá, Cauca, Huila, La Guajira, Meta, Nariño, Risaralda y Valle del Cauca, los cuales se debían resolver «por distrito administrativo, en estricto orden de inventario, a partir de aquél que tenga el menor núm ero de procesos», por esa razón el último lugar le correspondió al Valle del Cauca, pues tenía la mayor cantidad de inventario. Añadió que estos despachos cuentan c on un personal conformado por el Magistrado, un profesional especiali zado y un auxiliar judicial. Destacó que en la Sala Transitoria de la cual hizo part e, el Despacho 402 profirió un total de 1.173 sentencias, correspondiente s a procesos de primera y de segunda instancia, superando la meta estableci da. Agregó que ese despacho dictó 393 sentencias (despacho del cual fue titular). Luego indicó que el Acuerdo PCSJA25-12255 24 de enero de 2025 creó nuevos despachos transitorios en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, entre ellos el 602 en el que fue designado como magistrad o, en el que ha dictado 291 sentencias en lo corrido del año 2025.

despachos transitorios en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, entre ellos el 602 en el que fue designado como magistrad o, en el que ha dictado 291 sentencias en lo corrido del año 2025. Añadió que, el medio de control en cuestión se encu entra en fila, precedido por otros procesos radicados entre los años 2013 a 2018, por lo que considera no existe mora judicial injustificada, sino que se ha dado aplicación al orden establecido en el acuerdo para conocer los asuntos. Indicó que el turno en el que se encuentra el proceso es el Nro. 82, «precedido por 37 procesos más antiguos que deberán tramitarse antes de él». Para apoyar su dicho, adjuntó un documento del que afirma se encuentra el listado de turnos y copia del expediente digital. Explicó que el trámite de p rimera instancia suele ser más demorado en razón a que en algunos procesos no ob ran todas las pruebas y hay que decretarlas. Expuso que la parte actora previo a presentar esta acc ión de tutela debió adelantar el trámite de la vigilancia judicial admin istrativa, mecanismo idóneo ante eventuales demoras o irregularidades en los procesos, lo que demostraría que no se cumple con el requisito de la subsidiarieda d. 3.4. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio a pesar de haber sido notificada en debida forma 6.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 7, fue concebida como un mecanismo

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 7, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la ac ción u omisión de las

6 Samai, índice 7. 7 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tend rá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumari o, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la p rotección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazado s por la acción o la omisión de cualquier autoridad públi ca o de los particulares en los casos que señala este decret o».Radicado: 11001-03-15-000-2025-05845-00

Demandante: Gustavo Pacheco García

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salv o cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremed iable.

2. Planteamiento del problema jurídico De acuerdo con los antecedentes y pretensiones de la acción de tutela, le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Admini strativo del Valle del Cauca, Sala Transitoria, incurrió en mora judicial injustific ada en el trámite de la primera

De acuerdo con los antecedentes y pretensiones de la acción de tutela, le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Admini strativo del Valle del Cauca, Sala Transitoria, incurrió en mora judicial injustific ada en el trámite de la primera instancia del medio de control de nulidad y restable cimiento del derecho 76001-2333-000-2019-01148-00.

3. La mora judicial y la noción de plazo razonable Como lo establece el artículo 29 de la Constitución, el derecho fundamental al debido proceso se aplica a todas las actuaciones ju diciales y administrativas, y al momento de determinar su alcance, la norma señala qu e toda persona tiene derecho a «un debido proceso público sin dilaciones injustificadas».

La Corte Constitucional ha indicado que la vulneración de este elemento del derecho al debido proceso, trátese de un proceso judicial o ad ministrativo, se configura cuando: «(i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente; (ii) que la mora desborde el concepto de plazo razonable que involucra análisis sobre la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y el análisis global de procedimiento; (iii) la falta de motivo o justificación razonable en la demora»8. Con base en lo anterior, se puede afirmar que el sólo incumplimiento de un término establecido en la ley no basta para considerar vulnera do el derecho al debido proceso, sino que debe comprobarse que tal dilación e s injustificada. Frente a la mora judicial, esta Sala ha reconocido que quien interpone una acción judicial o algún recurso dentro de un proceso judicia l tiene derecho a que se le

proceso, sino que debe comprobarse que tal dilación e s injustificada. Frente a la mora judicial, esta Sala ha reconocido que quien interpone una acción judicial o algún recurso dentro de un proceso judicia l tiene derecho a que se le resuelva dentro de los términos establecidos en la l ey. Sin embargo, se ha insistido en que dadas las condiciones que producen congestión y lentitud en los despachos judiciales, no toda dilación en la decisión equival e a negligencia9. Debe decirse entonces que, la mora judicial correspon de al incumplimiento injustificado de los plazos legales por parte de los funcionarios judiciales para la tramitación o decisión de los procesos a su cargo. Por lo anterior, al juez de tutela le corresponde valorar en cada caso, si la conducta del funcionario o corporación judicial es injustifi cada y negligente, pues, existen causas imprevisibles y externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los jueces cumplan con los plazos para decidir o para dictar alguna decisión, como lo son la excesiva carga laboral o la falta de una infraestructura básica en los despachos judiciales, que impiden que los funcionar ios judiciales adopten decisiones oportunas. Circunstancias que no pueden se r atribuibles a los funcionarios judiciales. De hecho, la jurisprudencia de altas cortes, como el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, ha reconocido que la razón principa l por la que se incumplen los términos judiciales no se debe al actuar de los fun cionarios, sino a las dificultades prácticas que debe afrontar la Rama Judicial. Por lo tanto, en el evento en que exista una justificación que explique la tardanza o cuando esta no sea imputable al actuar

prácticas que debe afrontar la Rama Judicial. Por lo tanto, en el evento en que exista una justificación que explique la tardanza o cuando esta no sea imputable al actuar

8 Corte Constitucional. Sentencia T-297 de 2006. 9 Consejo de Estado. Sentencia de 4 de septiembre de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez R. Radi cado: 11001-03-15-000-2014-01444-00.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05845-00

Demandante: Gustavo Pacheco García

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del juez no existirá mora judicial injustificada y en consecuencia no se habrán vulnerado los derechos fundamentales de quien acudió a la justicia10. Sobre el particular, en la Sentencia T-366 de 2005, la Corte Constitucional señaló que «la dilación injustificada de los procesos constituye una grave y seria vulneración de los derechos fundamentales mencionados. No obstante, esa dila ción ha de ser injustificada, como lo dispone la propia Carta Política, pues, si la mora jud icial obedece a circunstancias objetivas y razonables, ajenas a la voluntad del fallador, mal po dría la Corte Constitucional acceder a las pretensiones de una tutela en ese sentido, sin analiza r con sumo cuidado las razones de la mora judicial que se alega». En cambio, habrá mora judicial injustificada si el afectado con la dilación del proceso comprueba que el juez u órgano judicial excedió desp roporcionadamente el plazo

judicial que se alega». En cambio, habrá mora judicial injustificada si el afectado con la dilación del proceso comprueba que el juez u órgano judicial excedió desp roporcionadamente el plazo razonable para pronunciarse sobre el asunto, sin que e xista motivación para justificar la demora en que incurrió. Es decir, que al j uez de tutela le corresponde realizar una valoración de los aspectos objetivos y subjetivos que rodean la tardanza. En la Sentencia SU-394 de 2016, la Corte Constitucional precisó que la mora judicial injustificada, se presenta cuando (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo razonable que justifique la dilación y (iii) la tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión si stemática de los deberes del funcionario judicial. Y para identificar la ocurrencia de un plazo irrazonable, la alta Corte señaló que se deben tener en cuenta: (i) las circunstancias generales del caso concreto; (ii) la complejidad del caso; (iii) la conducta procesal de las partes; (iv) la valoración global del procedimiento; y (v) los intereses que se debaten en el trámite.

4. Análisis del caso 4.1. El señor Gustavo Pacheco García cuestionó que a la fecha de interposición de la presente acción de tutela (17 de septiembre de 2025) la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no haya dado impulso al medio de control de nulidad y restablecimiento del derech o 7 6001-23-33-000-201901148-00, considerando que han transcurrido más de 6 años desde que radicó

del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no haya dado impulso al medio de control de nulidad y restablecimiento del derech o 7 6001-23-33-000-201901148-00, considerando que han transcurrido más de 6 años desde que radicó su demanda (año 2019), sin que haya finalizado el trámite de la primera instancia. Añadió que a pesar de presentar múltiples memoriales d e impulso, el citado proceso solo cuenta con la contestación de la demand a y no se ha programado fecha para la realización de la audiencia inicial, ni se ha dispuesto sentencia anticipada. 4.2. Como se explicó previamente, la situación de co ngestión judicial por regla general no es imputable a los funcionarios judiciales o a quien transitoriamente administra justicia, sino a las dificultades prácti cas que debe afrontar la Rama Judicial y a condiciones exógenas, como el alto núm ero de demandas que diariamente se presentan, a la complejidad de los asu ntos que allí se deciden y al número servidores judiciales, entre otros factores . Del estudio del expediente 76001-23-33-000-2019-01148-00, en el Sistema de Gestión Samai y en los documentos aportados por el Tr ibunal Administrativo del Valle del Cauca, se puede advertir que el trámite que se le ha impartido a ese proceso es el siguiente:

10 Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2013.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05845-00

Demandante: Gustavo Pacheco García

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Demandante: Gustavo Pacheco García

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Trámite impartido en primera instancia al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho nro. 76001-23-33-000-2019-01148-00 Fecha de actuación Descripción de la actuación adelantada 29 de octubre de 2019 Se surtió el reparto de la demanda correspondiéndole su conocimiento al Juzgado Segundo Administrativo de Buga. 29 de noviembre de 2019 El Juzgado Segundo Administrativo de Buga dictó auto e n el que declaró su falta de competencia en razón a la cuantía y remitió el expediente al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. 11 de diciembre de 2019 Se surtió el reparto entre los despachos del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. 13 de marzo de 2020 Los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca manifestaron su impedimento para conocer del asunto al argumentar que les asistía interés directo en las resultas del pro ceso. (Consulta unificada de procesos) 20 de mayo de 2021 La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado resolvió el impedimento, declarándolo fundado y, en co nsecuencia, ordenó devolver el expediente al tribunal y proceder con el sorteo de los conjueces. 21 de octubre de 2021 El expediente regresó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. 24 de febrero de 2023 La Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca remitió el expediente a «Correspondencia Sustanciación Tribunal Administrativo

21 de octubre de 2021 El expediente regresó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. 24 de febrero de 2023 La Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca remitió el expediente a «Correspondencia Sustanciación Tribunal Administrativo - Valle del Cauca - Cali» para que fuera sometido a sorte o de conjueces. 9 de marzo de 2023 La Secretaría General del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca llevó a cabo el sorteo de conjueces, correspondiéndole a los doctores: Juan Raphael Granja Payán, Rodrigo Javier Rozo y José Eus ebio Moreno. 14 de abril de 2023 El conjuez Juan Raphael Granja Payán dictó auto que adm itió la demanda presentada por el señor Gustavo Pacheco García. 26 de abril de 2023 El Procurador Franklin Moreno Millán manifestó su imp edimento para actuar como agente del Ministerio Público en este caso. 29 de mayo de 2023 La Procuraduría General de la Nación contestó la demanda. 4 de octubre de 2023 El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dictó pro videncia en la que aceptó el impedimento manifestado por el agente del Ministerio Público, separándolo del asunto. 19 de marzo de 2024 El conjuez Juan Raphael Granja Payán dictó auto en el q ue ordenó remitir el expediente a la Oficina de Apoyo Judicial p ara que fuera asignado por reparto a los magistrados de la Sala Tra nsitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, conforme a lo dispuesto en el numeral 3° del parágrafo 3° del artículo 1° del Acuer do PCSJA2412140 del 30 de enero de 2024.

Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, conforme a lo dispuesto en el numeral 3° del parágrafo 3° del artículo 1° del Acuer do PCSJA2412140 del 30 de enero de 2024. 14 de mayo de 2024 Se designó como nuevo ponente del proceso al magistra do Diego León Gómez Martínez. 29 de octubre de 2024 La parte demandante radicó solicitud de impulso procesal. 3 de septiembre de 2025 La parte demandante radicó solicitud de impulso procesal. En este punto, conviene señalar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional11, acogiendo pronunciamientos de la CIDH ha establec ido que para constatar una verdadera amenaza o lesión de de rechos fundamentales, corresponde al juez de tutela verificar, entre otros a spectos «el desbordamiento del plazo razonable, lo que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y la situación global del procedimiento […]», ya que la tardanza desproporcionada en el trámite de un proceso judicial, priva a las partes de la posibilidad de obtener una decisión definitiva, de ejercer plenamente sus derechos y defender sus intereses de m anera efectiva; y además contraviene los principios fundamentales de c eleridad y prontitud en la administración de justicia.

11 Sentencia T-186 de 2017. Reiterando las sentencias T803 de 2012 y T-945A de 2008.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05845-00

Demandante: Gustavo Pacheco García

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Demandante: Gustavo Pacheco García

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De lo anterior se observa que el proceso en primera in stancia ha tenido algunos impulsos, pues se ha surtido el trámite de ley respecto a las manifestaciones de impedimento, la correspondiente de signación de los conjueces, así como se profirió el auto que admitió la demanda. No obstante, se advierte que el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de análisis se h a caracterizado por una mora generalizada, si se tiene en cuenta que el proc eso se encuentra en una etapa inicial, pues todavía no se ha programado fech a para la realización de la audiencia inicial, por lo que resulta desproporcionado el tiempo transcurrido desde la radicación de la demanda (29 de octubre de 2019). Ahora bien, en la contestación de la tutela el magi strado ponente de la Sala Transitoria a cargo del expediente aportó un documento en el que relaciona los procesos de primera instancia que se encuentran pa ra fallo o impulso procesal, con una cantidad de 148, sin embargo, no se logra distinguir el verdadero turno en el que se encuentra el expediente en mención a pesar de que en la contestación se indicó que el turno era el Nro. 82, pues en el cuadro aportado aparecen mezclados los expedientes que estarían para fallo, los que estarían para impulso (sin distinguir la etapa procesal en la que se encuentran) y los que ya habían sido impulsados, sumado a que alg unos de los procesos que se relacionan en el mencionado cuadro ya cuenta n

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